Institucionalización del Régimen Franquista. Relaciones Internacionales y …

La dictadura franquista se divide en tres etapas diferenciadas. La primera, el primer franquismo (1939-1959), se caracterizó por una dictadura totalitaria dominada por militares y falangistas, destacando figuras como Serrano Suñer. Se llevó a cabo una intensa represión contra los vencidos y, a partir de 1942, tras las derrotas del Eje en la Segunda Guerra Mundial, los ministros más cercanos a Alemania fueron sustituidos por católicos, como Martín Artajo, reduciéndose gradualmente la represión y la simbología fascista. El régimen sufrió un fuerte aislamiento internacional, lo que agravó la crisis económica y prolongó el uso de la cartilla de racionamiento hasta 1952. Para intentar mejorar su imagen, Franco impulsó reformas como el Fuero de los Españoles, la Ley de Referéndum Nacional y la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, orientadas a presentar el régimen como una «democracia orgánica», aunque sin cambios reales en la ausencia de libertades.

La segunda etapa: Consolidación e institucionalización del régimen (1960-1973)

Durante estos años se suavizó la represión, se impulsó la apertura internacional, como la solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea, y se logró un notable crecimiento económico gracias a los tecnócratas del Opus Dei. Se aprobaron leyes importantes como los Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica del Estado (1967), que teóricamente separaba la figura del jefe del Estado de la del jefe del Gobierno, aunque Franco mantuvo ambos cargos hasta 1973. Asimismo, se implantaron medidas de aparente apertura como la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963), la Ley de Prensa e Imprenta (1966) y la Ley de Libertad Religiosa (1967). En 1969, Franco designó oficialmente como su sucesor a Juan Carlos de Borbón, buscando garantizar la continuidad del régimen en forma de monarquía autoritaria.

La última etapa: Crisis del franquismo (1973-1975)

Debido al deterioro de la salud de Franco, el almirante Carrero Blanco fue nombrado jefe del Gobierno, pero su asesinato por ETA en 1973 sumió al régimen en una profunda inestabilidad. Su sucesor, Carlos Arias Navarro, intentó aplicar una tibia reforma política con la Ley de Asociaciones Políticas, que no logró contentar ni a los sectores aperturistas ni a los inmovilistas del llamado «búnker». La crisis económica internacional provocó un fuerte aumento de la conflictividad social, mientras la represión se mantenía con encarcelamientos y fusilamientos. La presión internacional contra el régimen siguió creciendo y, aunque el Ejército y la Falange le mostraban lealtad, la dictadura terminó completamente aislada. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975, Franco falleció dejando tras de sí un sistema político obsoleto, dividido y repudiado.

Transformaciones Sociales y Económicas del Franquismo

En 1939, España era un país devastado demográfica y económicamente, con la miseria y el hambre extendiéndose. Ante esta situación, el gobierno de Franco centró su objetivo en la recuperación económica, dividida en dos grandes etapas.

Primera etapa: Autarquía (1939-1955)

La primera fue la de la autarquía, que buscaba la autosuficiencia nacional tras el aislamiento internacional. Se creó el INI para impulsar industrias como SEAT, Iberia o Enesa, se intervinieron precios, se obligó a vender excedentes agrícolas al Estado y se instauró el racionamiento de alimentos. Sin embargo, la autarquía provocó inflación, desempleo, hambre, mercado negro y corrupción. Para evitar el colapso, en 1957 Franco nombró ministros tecnócratas del Opus Dei como Ullastres y Navarro Rubio, quienes iniciaron la liberalización económica. España ingresó en el FMI y el Banco Mundial en 1958.

Segunda etapa: Desarrollismo (1959-1973)

La segunda etapa fue el desarrollismo, que impulsó el crecimiento industrial y de servicios con el Plan de Estabilización de 1959: devaluación de la peseta, reducción de gasto público e impulso a la inversión extranjera. Aunque el coste social fue alto (congelación de salarios, aumento del paro), la economía creció gracias al turismo, las remesas de emigrantes y la inversión exterior. No obstante, la expansión se basó en salarios bajos y hubo grandes desequilibrios regionales. Para corregirlos, se impulsaron los Planes de Desarrollo (1964-1975), con polos industriales en zonas deprimidas. La crisis del petróleo de 1973 frenó este crecimiento, causando inflación y desempleo.

Cambio social en los años 60 y 70

En el plano social, en los años 40 y 50 predominó la pobreza, el atraso técnico y la censura cultural, con la imposición de valores católicos tradicionales, y la mujer relegada al hogar por medio de la Sección Femenina de Falange. Sin embargo, en los años 60, el éxodo rural, el baby-boom y el crecimiento económico impulsaron la urbanización masiva, aunque con problemas de vivienda y gasto público desordenado.

En los años 70, España era ya una sociedad mayoritariamente urbana, con una clase media en expansión, mejoras educativas y sanitarias, y una sociedad de consumo en la que la mujer empezó a incorporarse al mundo laboral, alejándose de los valores tradicionales franquistas. Este cambio social se dio sin una apertura política real.

La Represión, el Exilio y los Movimientos de Protesta contra la Dictadura. La Cultura durante el Franquismo en España y en el Exilio

Franco explicó que la victoria en la Guerra Civil no era definitiva y debía consolidarse en la posguerra con represión, propaganda y depuración política. Se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas (1939-1945), que castigó duramente cualquier oposición, depuró funcionarios sospechosos de simpatizar con la República y utilizó a presos como mano de obra barata, como en el Valle de los Caídos. La posguerra estuvo marcada por una dura represión que silenció a los opositores. En el interior, actuaban los maquis, que resistían en las montañas, pero fueron decayendo tras 1948; en el exterior, el gobierno republicano en el exilio mantuvo esperanzas de intervención aliada, que se desvanecieron con la entrada de España en la ONU en 1955. Los monárquicos, por su parte, defendían una monarquía constitucional con Don Juan de Borbón.

Durante los años 60 y 70, la oposición empezó a organizarse en la clandestinidad. Los sindicatos ilegales, como Comisiones Obreras (CCOO) fundada en 1962, lideraron huelgas duramente reprimidas. En las universidades crecieron las protestas estudiantiles, forzando la dimisión del ministro Ruiz-Giménez. El Contubernio de Múnich en 1962 mostró la presión internacional contra Franco. El Partido Comunista (PCE), dirigido por Santiago Carrillo, fue el principal partido antifranquista, apostando por la reconciliación nacional. El PSOE, debilitado, se reorganizó en el Congreso de Suresnes (1974) con Felipe González como líder. También surgieron nuevos partidos de izquierda, socialdemócratas, liberales, nacionalistas (PNV, ERC, CDC con Jordi Pujol) y extremistas como el FRAP.

La Iglesia, que había sido aliada del régimen, se fue alejando tras el Concilio Vaticano II (1965), impulsando movimientos de base críticos. Aumentaron las tensiones nacionalistas y el terrorismo de ETA, que asesinó por primera vez en 1968 y sufrió el Proceso de Burgos en 1970. También crecieron los conflictos laborales, donde las huelgas pasaron de ser reivindicaciones económicas a políticas.

Desde 1969, con Franco envejecido, el régimen se dividió entre aperturistas, que proponían reformas limitadas, e inmovilistas del «búnker». Franco nombró en 1969 a Juan Carlos de Borbón como sucesor. En 1973, la oposición aumentó y ETA asesinó a Carrero Blanco, debilitando al régimen. Carlos Arias Navarro, del sector inmovilista, asumió la presidencia, mostrando una política represiva, como en la ejecución de Salvador Puig Antich en 1974. Ese mismo año, la Revolución de los Claveles en Portugal impulsó el deseo de cambio. La Marcha Verde en 1975 obligó a España a abandonar el Sahara Occidental. La crisis económica, la radicalización de la extrema derecha y el aislamiento internacional precipitaron el final.

Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado, iniciándose la Transición democrática desde dentro del franquismo. Culturalmente, la Guerra Civil interrumpió la Edad de Plata española: muchos intelectuales se exiliaron (Juan Ramón Jiménez, Alberti, María Zambrano), otros como Ortega y Gasset regresaron, y otros, como Picasso, difundieron su obra desde el extranjero.

La Evolución Política tras la Muerte de Franco. Retos, Logros, Dificultades y Resistencias al Establecimiento de la Democracia

La Transición española fue el proceso de cambio gradual y pacífico de la dictadura franquista a un sistema democrático, entre 1975 y 1982. Tras la muerte de Franco, surgieron tres posturas: el «búnker», que quería mantener el régimen; los aperturistas, que proponían una reforma desde dentro; y la oposición democrática, que exigía una ruptura inmediata. Finalmente, se impuso la reforma.

Juan Carlos I fue proclamado rey en noviembre de 1975 en un contexto de incertidumbre. Aunque juró fidelidad a las leyes franquistas, pronto mostró su intención de impulsar cambios, apoyado por asesores como Torcuato Fernández Miranda. Tras el fracaso reformista de Arias Navarro, el rey nombró presidente a Adolfo Suárez en 1976, quien presentó la Ley para la Reforma Política, que desmontaba el régimen franquista desde dentro. Fue aprobada por referéndum en diciembre de 1976.

Mientras tanto, la oposición se reorganizó: la derecha liberal en torno a Ruiz-Giménez, los nacionalistas catalanes con Jordi Pujol y el PNV en el País Vasco, y la izquierda con un PCE muy activo y un renovado PSOE liderado por Felipe González. La legalización de los partidos, incluido el PCE, y la aprobación de una amnistía permitieron celebrar las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, ganadas por la UCD de Suárez. La nueva etapa afrontó graves problemas: la crisis económica, el terrorismo de ETA y de grupos de extrema derecha como los Guerrilleros de Cristo Rey, y la desconfianza de sectores militares. Para estabilizar el país, se firmaron los Pactos de la Moncloa, impulsando reformas económicas y sociales y asegurando una cierta paz social. La violencia continuó, con atentados como la Matanza de Atocha y el fallido golpe de Estado de la Operación Galaxia en 1978.

La Constitución de 1978 fue aprobada por amplia mayoría en referéndum, estableciendo un Estado social y democrático de derecho. En las elecciones de 1979, la UCD volvió a ganar, pero con un apoyo reducido. La etapa de Suárez se debilitó por el terrorismo, la crisis económica, la presión del Ejército y las divisiones internas de su partido, lo que llevó a su dimisión en 1981.

Ese mismo año, el intento de golpe del 23-F, liderado por Tejero, puso en grave peligro la democracia. El decisivo mensaje televisado del rey Juan Carlos fue clave para frenar el golpe y consolidar el proceso democrático. Leopoldo Calvo-Sotelo asumió la presidencia y, aunque logró avances como la entrada en la OTAN y la ley de divorcio, no pudo frenar el declive de la UCD. Finalmente, en las elecciones de octubre de 1982, el PSOE de Felipe González logró una victoria aplastante, poniendo fin a la Transición y abriendo una nueva etapa de estabilidad democrática en España.

La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías

Las Cortes elaboraron una Constitución fruto del consenso entre partidos. Se nombró una ponencia de 7 diputados para redactar el borrador (de UCD, PSOE, PCE, AP y Minoría Catalana), y se discutió y aprobó en pleno del Congreso y Senado. El 6 de diciembre de 1978 se celebró un referéndum, en el que votó el 67% del electorado y la Constitución fue aprobada por el 87% de los votos, y solo en el País Vasco hubo una elevada abstención (el PNV se descolgó, ya que no recogía todas sus peticiones referentes a los fueros). Según esta constitución, España es un Estado social y democrático de derecho. Es una monarquía parlamentaria en la que el rey ejerce las funciones de jefe de Estado, como la representación de España, puede sancionar leyes y tiene la jefatura de las Fuerzas Armadas. También se estableció una soberanía nacional y los principios de libertad, igualdad y pluralismo político. Los poderes se dividen, quedando el poder legislativo en manos de las Cortes Generales bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado), cuyos miembros son elegidos por sufragio universal directo y secreto; el poder ejecutivo en manos del presidente del Gobierno, elegido por el Parlamento, y nombra a los ministros y dirige la política interior y exterior; y el poder judicial en manos de jueces y magistrados independientes, y se crea el Tribunal Constitucional. También se le conceden amplias libertades y derechos, como derechos individuales y sociales, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, estructurando así el Estado de forma descentralizada como un Estado de las Autonomías. El Estado es aconfesional, pero tiene en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Una vez promulgada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones que ganaría de nuevo UCD, por mayoría simple, seguido muy de cerca por el PSOE, formando así el primer gobierno constitucional entre 1979 y 1981, hasta que Suárez dimitió y le sustituyó Calvo Sotelo (UCD). En 1982, el PSOE ganó las elecciones de 1982 por mayoría absoluta, poniendo fin a la Transición. La Constitución diseña un Estado descentralizado, y fue uno de los puntos más polémicos y es bastante ambiguo para satisfacer a todos. Según esto, España es un Estado unitario, indisoluble unidad de la nación española, abriendo puertas para que todos los territorios se organicen autonomías.

Vías de acceso a la autonomía

Para alcanzar la autonomía, estaba la vía rápida para las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco, Galicia), que habían tenido un Estatuto de Autonomía anterior a la Guerra Civil, por lo que permitía un mayor autogobierno y a ella podían acceder el resto de autonomías siempre que la petición estuviera respaldada por la mayoría de la población de la región, como ocurrió con Andalucía; y la vía lenta para el resto de regiones, y su techo de competencias era menor. Cataluña y País Vasco accedieron a la autonomía en 1979 y el resto de comunidades entre 1981 y 1983 (Ceuta y Melilla tendrán su estatus de ciudades autónomas en 1995), y a continuación se inició el proceso de transferencia de competencias. Suárez restableció la Generalitat en septiembre de 1977, y en el País Vasco de ese mismo año se creó el Consejo General Vasco, como régimen preautonómico para la región. Entre abril y octubre de 1978 se crearon por decreto-ley, organismos preautonómicos para el gobierno de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-la Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias. El actual sistema autonómico está conformado por 17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Cada una de estas comunidades posee un estatuto propio, una Asamblea Legislativa y un Gobierno autonómico, asumiendo competencias administrativas de diferente rango. El Gobierno central se reserva las competencias sobre relaciones internacionales, Defensa y Fuerzas Armadas, y Hacienda, mientras que las CCAA tendrán competencias de urbanismo, turismo, carreteras, transportes, pesca, enseñanza, policía y protección del medio ambiente. La constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español, pues aquellas que tengan superávit en su PIB, deben contribuir a los fondos de las comunidades con mayores dificultades. Entre las primeras se encuentran Madrid, Cataluña, Euskadi y País Valenciano, y entre las segundas se encuentran Extremadura, Castilla y León y Andalucía.

La Normalización Democrática y la Alternancia Política hasta 2018. La Amenaza del Terrorismo de ETA y el Yihadista

El PSOE ganó las elecciones de 1982 con mayoría absoluta, finalizando la Transición. Felipe González gobernó entre 1982 y 1996, en cuatro legislaturas. Las tres primeras con mayoría absoluta y la cuarta, con mayoría simple, pactando con CiU. En su primera legislatura, González impulsó un plan de estabilización económica y una fuerte reconversión industrial, generando tensiones sindicales. Se aprobaron importantes reformas políticas y sociales: la profesionalización del ejército, el ingreso en la CEE (1986), la permanencia en la OTAN tras referéndum, la LOGSE en educación, la Ley de Sanidad y la despenalización parcial del aborto.

En las siguientes legislaturas, la economía vivió altibajos: expansión a finales de los 80, crisis tras la recesión global de 1993. Se modernizaron infraestructuras (EXPO 92, Juegos Olímpicos) y se firmó el Pacto de Toledo (1995) para proteger las pensiones. La huelga general de 1988 mostró el desgaste del PSOE, agravado por casos de corrupción (Filesa, GAL, Caso Roldán). González pactó de nuevo con CiU en 1993, pero perdió su apoyo en 1995, convocando elecciones anticipadas.

En 1996, el PP de Aznar ganó por mayoría simple. Gobernó inicialmente en minoría, luego con mayoría absoluta en 2000. Su política fue liberal: privatizaciones, reducción de impuestos, entrada en el euro y profesionalización del ejército. Se mantuvo la transferencia de competencias a las autonomías y se reforzó la lucha contra ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco (Espíritu de Ermua). La participación en la Guerra de Irak y los atentados del 11-M en 2004 provocaron un cambio electoral inesperado, ganando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero gobernó desde 2004, impulsando leyes sociales (matrimonio homosexual, dependencia, memoria histórica) y retirando las tropas de Irak. Negoció con ETA, aunque sin éxito definitivo hasta 2011. En su segunda legislatura, la crisis económica mundial de 2008 forzó políticas de austeridad, recortes y reformas laborales, provocando el surgimiento del movimiento 15M. Ante la crisis, Zapatero adelantó elecciones en 2011.

Rajoy (PP) ganó con mayoría absoluta. Su gobierno impulsó recortes en servicios sociales, subió impuestos y enfrentó casos de corrupción (Bárcenas, Gürtel) y el conflicto catalán, que derivó en el “procés” independentista. También afrontó la abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI. Aunque la economía mejoró lentamente, el descontento social acabó con el bipartidismo y surgieron nuevos partidos: Podemos, Ciudadanos y Vox.

En 2018, Pedro Sánchez (PSOE) accedió al poder tras una moción de censura. Gobernó en minoría hasta las elecciones de 2019, tras las cuales formó un gobierno de coalición con Unidas Podemos y el apoyo de nacionalistas. La pandemia de COVID-19, fenómenos extremos como Filomena y la Guerra de Ucrania marcaron su mandato. En 2023, Sánchez renovó el gobierno en coalición con Sumar (liderado por Yolanda Díaz) y otros grupos nacionalistas como ERC, Junts y Bildu.