El Reinado de Isabel II (1833-1868): Política, Guerras Carlistas y Constituciones

Hacia finales del reinado de Fernando VII, nació Isabel II. A fin de asegurar el trono para su hija, el rey anuló la Ley Sálica, una ley que impedía que las mujeres pudieran reinar, mediante la Pragmática Sanción. El hermano del rey, Carlos María Isidro, reivindicó sus derechos dinásticos (Manifiesto de Abrantes). Con la muerte de Fernando VII en 1833, grupos de simpatizantes de Carlos (los llamados carlistas) iniciaron levantamientos armados a su favor. Comenzaba así la Primera Guerra Carlista.

Los carlistas eran absolutistas y defensores de los fueros territoriales. Su origen social estaba formado por parte de la nobleza y la Iglesia, los artesanos, así como campesinos influidos por el clero rural. Las zonas donde se hicieron fuertes fueron el País Vasco, Navarra y Aragón. Por su parte, los liberales, partidarios de Isabel II, obtenían apoyo social de la burguesía, así como también de parte de la Iglesia y el Ejército. Defendían un liberalismo tanto moderado como reformista.

Los inicios de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) fueron favorables a los carlistas gracias a su movilidad y el liderazgo del general Zumalacárregui. Pero desde su fracaso en el intento de la toma de Bilbao (1835) y Madrid (1837) pasaron a la defensiva. El general carlista Maroto inició conversaciones de paz que fraguaron en el Convenio de Vergara (1839), donde se reconocían los grados de los oficiales carlistas y se respetaban los fueros vasco-navarros. Un grupo de carlistas intransigentes, dirigidos por Cabrera, continuaron la lucha hasta 1840, cuando fueron finalmente derrotados.

Existieron dos guerras carlistas más a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, al final de la última, en 1876, Alfonso XII decidió la supresión de los fueros citados.

Entre 1833 y 1840, la madre de Isabel II, María Cristina, llevó a cabo la regencia de su hija. Su primer ministro Martínez de la Rosa promulgó el Estatuto Real (1834), una Carta Otorgada con Cortes muy elitistas y amplios poderes para la corona. Destacó también la Desamortización de los bienes eclesiásticos del clero regular por parte del gobierno de Mendizábal (1836).

Los intentos de la regente por dar un giro conservador en la política fueron ahogados por el Motín de la Granja del mismo año. Por su parte, el gobierno de José María Calatrava eliminó el régimen señorial y promulgó la Constitución de 1837. Era este un texto que pretendía un equilibrio entre liberales progresistas y moderados. Por un lado, reconocía la soberanía nacional, derechos individuales y no prohibía otras religiones. Sin embargo, otorgaba amplios poderes ejecutivos y legislativos al rey.

Entre 1840 y 1843, la regencia fue llevada a cabo por el general Espartero, líder de los progresistas. Pese a su fama de reformista, llevó a cabo una política represiva. Su mano dura frente a la insurrección barcelonesa de 1842 (bombardeo de las zonas obreras de la ciudad) llevó a su descrédito y pérdida de poder.

En 1843 se decidió declarar la mayoría de edad de Isabel II. La reina destacaba por apoyar a los liberales moderados, partidarios de un sufragio muy restringido, la prohibición del culto no católico y escasas reformas sociales. Isabel II destacó además por una política intervencionista en el gobierno nacional.

El líder moderado, el general Narváez, promulgó una nueva Constitución en 1845. Era esta una Carta Magna muy conservadora, donde la soberanía era compartida entre el Rey y las Cortes, el Estado era confesional y se recortaban los derechos individuales. Durante su gobierno se creó la Guardia Civil (1844) y se llegó a un acuerdo con la Iglesia por los bienes desamortizados en el Concordato de 1851.

En 1854, los progresistas volvieron al poder tras el Manifiesto de Manzanares. Durante su gobierno se llevaron a cabo importantes leyes económicas como la Desamortización de bienes municipales llevada a cabo por Madoz (1855), así como una aperturista Ley de Ferrocarriles.

Desde 1856 a 1868, se alternaron en el poder los moderados de Narváez con los unionistas de la Unión Liberal de O’Donnell. Empezó este periodo con un despegue económico de la mano de ferrocarriles e inversiones bursátiles, así como de un intervencionismo exterior marcado por campañas militares en Indochina, Marruecos o Santo Domingo.

Sin embargo, los últimos años del periodo indicado estuvieron marcados por la crisis económica en el textil, la bolsa, el ferrocarril, etc., así como políticas (represión estudiantil en la Noche de San Daniel y militar en el Cuartel de San Gil) que llevarían a la caída de Isabel II en 1868.

El Reinado de Isabel II (1833-1868): Desamortizaciones y la Sociedad de Clases

La reforma agraria de los liberales tenía como doble objetivo la disolución del Antiguo Régimen en el campo, así como la introducción de formas de propiedad y producción capitalista. El procedimiento para llevar ambas medidas a cabo fue la supresión de los mayorazgos, que eran bienes vinculados para evitar su separación, y la abolición del régimen señorial. La tierra se convirtió así en mercancía que podía ser vendida y comprada libremente.

Una parte de las tierras desamortizadas fue comprada por burgueses o campesinos acomodados, que querían cultivarlas y modernizar las explotaciones para obtener beneficios y rentabilidad. Pero la mayor parte de la tierra permaneció en manos de sus antiguos propietarios, gente con mentalidad rentista que introdujo pocos cambios en la explotación de la tierra, invirtiendo escaso capital en la misma y utilizando mano de obra jornalera con salarios muy bajos.

La Desamortización de Mendizábal (1836), que se centró fundamentalmente en las propiedades de la Iglesia, tenía como triple objetivo sanear la Hacienda pública, financiar la guerra civil que se estaba librando contra los carlistas y convertir a los nuevos propietarios en adeptos a la causa liberal. Por su parte, la Desamortización de Madoz (1855), que tuvo como fin desamortizar las tierras eclesiásticas que no habían sido todavía vendidas y la propiedad municipal, tenía como doble objetivo seguir mejorando los fondos de la Hacienda, así como financiar infraestructuras que dinamizaran la economía española, más concretamente la red de ferrocarriles.

La reforma agraria liberal no permitió a los campesinos acceder a la propiedad, quedando muchos de ellos como jornaleros pobres o teniendo que emigrar a las ciudades. Dicha mano de obra barata no estimuló la mecanización en el campo español ni el aumento de su productividad. Los jornaleros no podían constituir un mercado sólido para la compra de los nuevos productos industriales, siendo un escaso estímulo para la industrialización. En cuanto al tamaño de las tierras, el problema se daba en los latifundios de la mayor parte de Extremadura, Castilla y Andalucía, donde unos pocos propietarios acumulaban las tierras frente a la pobreza jornalera, así como los minifundios de la Submeseta Norte, con un tamaño agrario tan pequeño que impedía al campesino propietario mecanizar las tierras u obtener un beneficio destacado.

La revolución industrial transformó la sociedad española, pero el predominio del sector agrícola y el escaso desarrollo industrial hicieron que la burguesía fuese débil y que la nobleza e Iglesia tuvieran mucha más influencia que en el resto de Europa Occidental. Lo que sí se consiguió con el Estado liberal fue la igualdad jurídica de los ciudadanos, poniendo fin a la sociedad estamental e introduciendo la sociedad de clases. Todos los ciudadanos pagaban impuestos y gozaban de la misma justicia. Dichos ciudadanos quedaban definidos por su pertenencia a una clase social, siendo grupos abiertos cuya movilidad venía ahora marcada no por su nacimiento o por derechos tradicionales, sino por la posición de dinero y propiedades.

Las clases altas estaban formadas por la nobleza y la alta burguesía. La primera había perdido sus derechos señoriales pero conservaba la propiedad de la tierra. Seguía presente en los altos cargos de la administración y el ejército. Con la pérdida de sus privilegios y a fin de evitar la ruina, algunos de ellos accedieron a contraer alianzas con la burguesía (matrimonios de conveniencia). La alta burguesía, por su parte, era la nueva clase adinerada, con un importante predominio social y propietaria de sus nuevas industrias, grandes empresas y bancos. Con las desamortizaciones se convirtió además en terratenientes.

La clase media en España era entonces escasa y formada por pequeños empresarios, comerciantes al por menor, profesionales liberales, funcionarios, etc.

Las clases bajas urbanas tenían condiciones de vida precarias, con jornadas laborales que no bajaban de las 12 horas, pequeños salarios que apenas les permitían alimentarse, sin seguros laborales y con viviendas modestas e insalubres. Los nuevos obreros industriales tenían su origen en campesinos que huían del campo. Era un grupo fundamentalmente femenino (lavanderas, planchadoras, criadas). Pese a la industrialización, siguieron existiendo un número importante de artesanos (zapateros, carpinteros, herreros).

Respecto a los campesinos, constituían la mayoría de la población. Solo el 20% de ellos tenía alguna propiedad que les permitía subsistir, siendo el resto jornaleros que malvivían con sueldos de miseria, y cuyo número aumentó a lo largo del siglo XIX. La desamortización de bienes de los ayuntamientos les privó además de las tierras comunales que aprovechaban para uso de leña, caza, etc. Quien podía permitírselo pagaba un alquiler a los grandes latifundistas para trabajar sus tierras.

La Guerra de la Independencia (1808-1814): Orígenes, Desarrollo y Consecuencias

En España, el paso del Antiguo al Nuevo Régimen comenzará con los antecedentes procedentes de Carlos IV, al hacer frente a la Revolución Francesa, que intentará minimizar el “cordón sanitario”; seguido de una guerra contra la Convención (1793-95), para finalmente culminar el acercamiento con la firma de los Tratados de San Ildefonso. La figura de Manuel Godoy como primer ministro del rey, será el segundo antecedente del conflicto, que se involucrará con Napoleón en la Batalla de Trafalgar de 1805, provocando el descontento popular e inicio de las intrigas en las cortes contra este, el cual se creará un núcleo de oposición contra el trono del futuro rey Fernando VII.

Siendo así, en este ambiente, se desarrollarán las causas de la Guerra, que fueron:

• El Tratado de Fontainebleau (octubre 1807), por el paso de las tropas francesas a través de España para ocupar Portugal.
• A principios de 1808, el ejército francés entrará por Cataluña y comenzará a ocupar las principales plazas y fortalezas españolas. Godoy, consciente de la traición de Napoleón, intentará poner a salvo a la familia real embarcándola rumbo a las colonias americanas.
• Sin embargo, de camino a Sevilla, se llevará a cabo el Motín de Aranjuez en marzo de 1808, que provocará la caída de Godoy junto a la renuncia de Carlos IV en su hijo Fernando VII.
• No obstante, tras la reunión con Napoleón y Carlos IV, se producirán las Abdicaciones de Bayona en abril de 1808, donde Fernando VII le devolverá la corona a su padre, que posteriormente se la cederá a Napoleón, a su vez cediendo el trono a su hermano José Bonaparte, que fue recibido por las autoridades y por la Junta, pero el disgusto de las clases populares y del ejército dará lugar al Levantamiento del 2 de Mayo de 1808 (Madrid), que provocará los Fusilamientos de la Montaña de Príncipe Pío el 3 de Mayo, iniciando así la Guerra de Independencia.

El conflicto se desarrolló en 3 fases:

1. Primera fase (Junio-Noviembre de 1808): Con las victorias españolas, por la resistencia de Zaragoza y la Batalla de Bailén. Tras este hecho, surgen las Juntas de Defensa locales y provinciales, unificándose en una Junta Suprema Central, cuya postura política fue absolutista (defensores del Antiguo Régimen), jovellanista y liberal (defensores de las libertades individuales y de la soberanía del pueblo). Además de ser una Junta que estará convocada para decidir el futuro político del país, que dará el comienzo de una revolución política que finalizará con la elaboración de la primera Constitución española en 1812, La Pepa.
2. Segunda fase (Otoño de 1808 – Primavera de 1812): Surge la segunda fase de la guerra con las victorias francesas, debido al cruce de los Pirineos por parte de Napoleón, y a la ocupación de toda la península ibérica salvo Cádiz. Otra causa de esta segunda fase fue el mantenimiento de la resistencia española, gracias al apoyo inglés y al desarrollo de la guerra de guerrillas.
3. Tercera y última fase (Primavera de 1812 – Diciembre de 1813): Por las victorias anglo-españolas en las batallas de Arapiles, Vitoria y San Marcial, para finalmente terminar el conflicto en diciembre de 1813 con el Tratado de Valençay, con la firma de paz de Napoleón y la devolución de la corona a Fernando VII. Tras su regreso, encontrará a una España distinta con las consecuencias económicas destrozadas por la guerra, demográficas, políticas y sociales.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Durante la Guerra de la Independencia asistimos a un paso del Antiguo al Nuevo Régimen con la convocatoria de las Cortes de Cádiz, que se convirtieron en representantes de la autoridad durante la guerra, además de asumir la soberanía real (agrupadas por las juntas de defensa locales y provinciales), las cuales, el pueblo asumirá la soberanía nacional para poner fin a la soberanía real; así como agruparse en una Junta Suprema Central, cuyas funciones fueron dirigir el esfuerzo bélico y decidir el futuro político de la nación; además de tener 3 posturas políticas: absolutistas, jovellanistas y liberales.

Sin embargo, tras el éxito de Bailén, la Junta Suprema Central será desprestigiada por los fracasos militares, que dará paso a un Consejo de Regencia. Esto procederá a realizarse una efectiva convocatoria formada por unos 300 diputados, los cuales se decide que habrá 1 diputado por cada 50.000 habitantes mayores de 25 años. Pero la dificultad para realizar las elecciones provocó que en bastantes casos, los diputados fueran sustituidos por otros procedentes de Cádiz (ciudad liberal). Los cuales (aquellos diputados electos) se agruparon en las 3 posturas políticas citadas:

• Absolutistas o “serviles” (en su mayoría nobles y clérigos partidarios del Antiguo Régimen).
• Reformistas o “jovellanistas” (seguidores de Jovellanos).
• Liberales (defensores del Nuevo Régimen y dominantes en la corte).

No obstante, en el ámbito laboral de las Cortes de Cádiz durante la sesión de apertura, celebrada el 24 de septiembre de 1810, se proclamaron representantes de la soberanía nacional, al igual que el reconocimiento de Fernando VII como rey legítimo, y la tarea de llevar a cabo la reforma de España. A partir de ese momento, las Cortes pasaron a constituirse en el poder supremo de España, que llevará a cabo la división de la labor en una parte política con los decretos de abolición del Antiguo Régimen, los cuales fueron:

• La libertad de imprenta y supresión de la censura de prensa.
• La supresión del Régimen señorial, así como el fin de los gremios.
• La abolición de la Inquisición.
• La desamortización de los bienes a los jesuitas y órdenes militares.

Pero la principal obra fue la Constitución de 1812 (La Pepa), considerada una de las constituciones más progresistas de la época. En ella se proclamó la soberanía nacional y una monarquía constitucional o parlamentaria, así como la división de poderes:

• El ejecutivo, ejercido por el rey (que elige a los ministros).
• El legislativo, establecido por las Cortes unicamerales, cuyos miembros son elegidos por sufragio masculino, universal e indirecto.
• El judicial, que era ejercido por los tribunales de justicia.

En cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, España es declarada un Estado confesional católico sin libertades de culto, aunque con libertad de conciencia.

Mientras, en la administración regional y local, muestra un país centralizado, dividido en provincias pero con gobernadores nombrados desde Madrid. Por otra parte, se establece una serie de derechos y libertades como la igualdad de todos ante la ley, la libertad de imprenta, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, etc.

Por último, tuvo una primera vigencia desde 1812 a 1814, donde en este año, después de la Guerra y del retorno del rey Fernando VII, se producirá el restablecimiento del absolutismo y la abolición de las Cortes de Cádiz, provocando una rivalidad entre el Antiguo Régimen y la Revolución Liberal. Así, entre 1820 y 1823 (Trienio Liberal), La Pepa volvió a estar vigente, al igual que entre 1836 y 1837, que estará vigente durante la regencia de María Cristina de Borbón.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833): Absolutismo, Liberalismo y Emancipación Americana

Tras el fin de la Guerra de Independencia (1814), Fernando VII volvía a un país donde regía la Constitución de 1812, alejada de sus principios absolutistas. El apoyo a su figura se vio reforzado con el Manifiesto de los Persas, una proclama de un grupo de absolutistas fieles a la política del monarca. El rey se apoyó en ellos para en mayo de ese año abolir el liberalismo, iniciándose así el Sexenio Absolutista (1814-1820).

A nivel internacional, España, pese a haber jugado un papel crucial en la derrota de Napoleón, quedó marginada a ser una potencia de segundo nivel, como se demostró en el Congreso de Viena (1815), donde no obtuvo ningún beneficio territorial. Aparte, una grave crisis económica amenazaba la Hacienda del país, cuyas causas se encontraban en los destrozos de la guerra, así como en el proceso de Independencia de América Latina, que impedía la llegada del oro americano. Fernando VII se negó a llevar a cabo ninguna reforma hacendística.

A nivel interior, se llevó a cabo una política represiva contra los “afrancesados” y los liberales, muchos de los cuales tuvieron que exiliarse.

El descontento en el ejército acantonado en Cádiz prendió en algunos oficiales, que llevaron a cabo pronunciamientos fallidos contra el absolutismo regio (Espoz y Mina, Lacy…). Quien sí tuvo éxito fue el general Riego, en 1820. Reuniendo a las tropas que iba a destinar a América, decidió proclamar la Constitución de 1812. Viendo que la sublevación iba creciendo, Fernando VII terminó por aceptar el golpe de Riego y jurar por “La Pepa”, aunque secretamente intentó obstaculizarla por todos los medios.

La nueva etapa de gobierno se conoce como “Trienio Liberal” (1820-23). Los liberales estaban escindidos en 2 ramas:

• “Doceañistas”, que fueron aquellos partidarios del pacto de la Constitución de 1812 (incluyendo al rey), que buscaban una aplicación conservadora de la misma, además de ser el germen del futuro partido moderado.
• “Veinteañistas” o “exaltados”, quienes defendieron la aplicación estricta de la Carta Magna, y de quienes surgirá el llamado partido progresista.

Los inicios del gobierno liberal van a ser anticlericales, con la expulsión de los jesuitas, desamortizaciones… Los absolutistas respondieron con la creación de la “Regencia de Urgel”, un gobierno afín al absolutismo monárquico en tierras leridanas. Fueron derrotados por el ejército liberal.

Por último, el proceso de Independencia de América Latina estaba en marcha ya desde 1808, y gracias a varios factores como el absolutismo del rey, las ideas ilustradas y liberales, la pérdida de la flota tras Trafalgar, que dificultará la comunicación, junto al descontento de los criollos por las reformas de los Borbones. A excepción de México (que fue dirigido por los curas Hidalgo y Morelos), que como resultante provocará la independencia de las colonias españolas en América. Sin embargo, en su proceso surgen juntas de gobierno que mantenían sus lazos con la España de Cádiz, sumado a la deriva hacia el independentismo, como resultado de la reimposición del absolutismo de Fernando VII; pero en los que sobresaldrán como líderes independentistas Simón Bolívar y José de San Martín, participando así en la Batalla de Ayacucho (1824) que puso fin a la presencia española en América, con la salvedad de Cuba y Puerto Rico. El ideal bolivariano de una Hispanoamérica fuerte y unida se frustró por las rivalidades nacionalistas entre regiones, lo que llevó a la fragmentación de esta enorme región en un gran número de países independientes.