La crisis de la monarquía borbónica y la guerra carlista: un periodo de cambios y conflictos en España

1.1 La crisis de la monarquía borbónica

La crisis de la monarquía borbónica: la reacción de la monarquía de Carlos IV frente a la Revolución Francesa fue declarar la guerra a Francia. Fue un fracaso y a partir de 1799, Manuel Godoy dio un giro radical a la política exterior. Se alió con Napoleón para enfrentarse a Gran Bretaña y autorizó al ejército francés a atravesar España para atacar Portugal (Tratado de Fontainebleau). El descontento de parte de la población con las decisiones de Godoy provocó el estallido del Motín de Aranjuez que forzó la dimisión del ministro y la abdicación del rey en su hijo Fernando VII. Ante la situación, Napoleón decidió convocar a Carlos IV y a Fernando VII en Bayona donde les hizo abdicar y aceptar el nombramiento de su hermano José Bonaparte como nuevo rey de España.

4.1 La guerra carlista

La guerra carlista: los sectores más absolutistas apoyaron los derechos al trono del hermano de Fernando VII. Para defender los derechos de su hija, su madre buscó el apoyo de los liberales. Se inició una guerra civil que significaba el enfrentamiento entre carlistas e isabelinos. Los partidarios del carlismo eran los defensores del absolutismo monárquico y la preeminencia social de la Iglesia Católica. Los isabelinos presentaban un conglomerado de intereses. La propia monarquía y la nobleza cortesana tenían como interés esencial la defensa del trono y sus privilegios, pero vieron en la unión con los sectores liberales la única forma de enfrentarse al carlismo. Al frente isabelino se unieron la burguesía, las clases populares urbanas y los campesinos. La guerra se prolongó durante 7 años. Los focos más importantes de la insurrección carlista surgieron en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia. Los carlistas no consiguieron ocupar ninguna ciudad importante, el ejército liberal impuso claramente su dominio. El Convenio de Vergara puso fin a la guerra, pero el carlismo se mantuvo a lo largo del siglo XIX.

4.2 Las reformas progresistas

Las reformas progresistas: los liberales estaban divididos en moderados, partidarios de reformas más limitadas, y los progresistas, que querían desmantelar toda la estructura del absolutismo. María Cristina impulsó la formación de un gobierno liberal. Intentó hacerlo con los moderados, pero una serie de levantamientos militares y populares la forzaron a llamar a los progresistas al gobierno. Entre 1835 y 1837 los progresistas, encargados por Mendizábal, implantaron un régimen liberal. Un conjunto de leyes permitieron la disolución del régimen señorial, la desvinculación de la propiedad y la desamortización de las propiedades del clero y los ayuntamientos, con lo que se liberalizó la propiedad agraria. Este proceso culminó con la Constitución de 1837, que inauguró un largo periodo de monarquía parlamentaria en España. Reconocía la soberanía nacional y los derechos individuales pero aceptaba el papel moderador de la corona, a la que concedía algunos poderes y el sistema electoral era censitario.

5.1 La década moderada

El liberalismo moderado: durante el reinado de Isabel II, el partido liberal moderado estuvo al frente del gobierno con el apoyo de la monarquía. En esa etapa se consolidó el liberalismo en España, pero con un carácter conservador y centralista. Impusieron el sufragio censitario, una gran intervención de la corona en la política y la limitación de libertades. El ejército continuó teniendo una enorme influencia, todos los grupos recurrieron a él para intentar hacerse con el poder (pronunciamientos), y la administración del estado se configuró de forma centralista y autoritaria. El nuevo régimen se apoyaba en los grupos poderosos. Todos ellos aceptaban el nuevo orden liberal para frenar el carlismo, pero querían mantener intacto su predominio social y alejar del poder a los sectores progresistas y populares. La acción de gobierno: En los 10 primeros años de la mayoría de Isabel II se promulgó la Constitución de 1845, que establecía un sufragio muy restringido y la soberanía compartida entre las cortes y el rey. También se firmó un concordato con la Santa Sede que configuraba un estado confesional. La administración estatal y municipal fue reorganizada desde una óptica uniformista y centralizadora, se fortalecieron los gobiernos civiles y militares en cada provincia. Otras reformas moderadas fueron la de Hacienda, que centralizó los impuestos en manos del estado y la elaboración de un código penal que unificó las leyes anteriores. También se disolvió la milicia nacional y se creó la Guardia Civil para mantener la ley en el medio rural.

5.2 Del bienio progresista a la crisis del sistema isabelino

En 1854 triunfó un pronunciamiento militar apoyado por progresistas y moderados descontentos que habían fundado la Unión Liberal, dirigida por el general O’Donnell. Entre 1854 y 1856 los progresistas de Espartero intentaron restaurar los principios del régimen constitucional de 1837 y realizar reformas económicas. Madoz llevó a cabo una nueva desamortización, que afectó a los bienes de los ayuntamientos y también impulsó la construcción del ferrocarril. La última etapa del reinado de Isabel II fue de alternancia en el poder entre los moderados y la Unión Liberal. Se impulsó una política colonialista, que tuvo en la guerra de África su máximo exponente. En el interior, el gobierno ejerció una fuerte represión. La oposición al régimen fue en aumento y surgieron nuevos grupos políticos, como los demócratas, que defendían el sufragio universal masculino, y los republicanos, que abogaban por la abolición de la monarquía.

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