1. La Crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia (1788-1814)

1.1. La Expansión de la Revolución Francesa

Con la muerte de Carlos III, su hijo Carlos IV accedió al trono. Su reinado se caracterizó por el despotismo ministerial, es decir, el poder efectivo lo ejercían los ministros más que el propio monarca.

En esos años, estalló en Francia la Revolución Francesa, lo que provocó temor en España debido a su cercanía geográfica y a los lazos familiares entre ambas monarquías. El ministro Floridablanca adoptó una política de neutralidad acompañada de medidas de control:

• Censura de prensa.
• Inspección de paquetes.
• Vigilancia de extranjeros.
• Prohibición de estudiar en el extranjero.
• Restauración de la Inquisición.

Posteriormente, Manuel Godoy ascendió en el poder. Tras la ejecución de Luis XVI, España declaró la guerra a la Francia revolucionaria en la Guerra de la Convención, que terminó con la Paz de Basilea (1795), por la que Godoy recibió el título de Príncipe de la Paz. Poco después, España firmó con Francia el Tratado de San Ildefonso para enfrentarse a Portugal y al Reino Unido, pero la derrota en Trafalgar (1805) supuso un grave golpe. En 1807, se firmó el Tratado de Fontainebleau, que permitía el paso de las tropas francesas por territorio español para invadir Portugal, aunque estas acabaron ocupando España.

Esta situación provocó el Motín de Aranjuez (1808), donde Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII. Sin embargo, Napoleón Bonaparte convocó a ambos en Bayona, obligando a Fernando a devolver la corona y a Carlos a cederla a Napoleón, quien colocó en el trono a su hermano José I Bonaparte.

Comenzó así la Guerra de la Independencia (1808–1814), que fue tanto una guerra contra Francia como una guerra civil entre los afrancesados, partidarios de José I y de las ideas reformistas, y los patriotas, que defendían a Fernando VII. Los franceses contaron con su ejército, mientras que los españoles recibieron el apoyo de Reino Unido, Portugal y las guerrillas populares. La victoria española en la batalla de Bailén (1808) dio confianza al movimiento patriótico. Finalmente, el Tratado de Valençay (1813) supuso la renuncia de Napoleón a la corona española.

Durante la guerra se creó un vacío político, lo que llevó a la formación de juntas locales y provinciales, y posteriormente de la Junta Suprema Central, presidida por Floridablanca. La Iglesia consideró la guerra una “cruzada” y se estableció una Regencia con sede en Cádiz.

En Cádiz se reunieron diputados de diversas tendencias:

• Los liberales, de ideas reformistas.
• Los jovellanistas, moderados que defendían una soberanía compartida.
• Los absolutistas, partidarios del Antiguo Régimen.

En las Cortes se abolieron los señoríos, los gremios, la Inquisición y se declaró la libertad de imprenta.

Finalmente, en 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, conocida como La Pepa, que establecía la soberanía nacional, la división de poderes, el catolicismo como religión oficial, la igualdad ante la ley y los derechos individuales. Supuso el primer intento de crear un Estado liberal en España.

1.2. El Reinado de Fernando VII: Absolutismo y Trienio Liberal

Tras el Tratado de Valençay (1813), Fernando VII regresó a España y recuperó el trono. Los sectores absolutistas, conocidos como serviles, lo recibieron como el “Deseado” y le apoyaron mediante el Manifiesto de los Persas, en el que defendían la restauración de la monarquía absoluta. A su llegada, el monarca anuló la Constitución de 1812, restauró el absolutismo y reimplantó instituciones del Antiguo Régimen, incluida la Inquisición y el control de la prensa y la educación. Este periodo, conocido como el Sexenio Absolutista (1814–1820), estuvo marcado por la represión política, el aislamiento internacional y el descontento social ante la falta de reformas.

Los liberales fueron duramente perseguidos: muchos fueron encarcelados, desterrados o ejecutados, mientras que otros se organizaron en el exilio. En la clandestinidad, fundaron sociedades secretas, como la masonería, y prepararon pronunciamientos militares para derrocar el absolutismo. Al mismo tiempo, en América crecían los movimientos independentistas, que culminarían en la pérdida de la mayoría de las colonias.

En 1820, el teniente coronel Rafael del Riego encabezó un pronunciamiento en Cabezas de San Juan, lo que obligó al rey a jurar nuevamente la Constitución de 1812. Se inició así el Trienio Liberal (1820–1823), durante el cual se intentó implantar un sistema constitucional, se disolvieron conventos, se limitaron los privilegios de la nobleza y se reordenó la administración. Sin embargo, los liberales se dividieron en moderados y exaltados, lo que debilitó el régimen. Paralelamente, las potencias europeas reunidas en el Congreso de Verona (1822) autorizaron a Francia a intervenir. En 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis restauraron a Fernando VII como monarca absoluto, iniciando la Década Ominosa (1823–1833).

Durante esta etapa se intensificó la represión liberal, aunque también se impulsaron tímidos intentos de modernización administrativa y económica. Se consumó la independencia de las colonias americanas, salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y surgieron los primeros carlistas, partidarios del hermano del rey, Carlos María Isidro.

En 1830 nació Isabel II, hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón. Para garantizar su sucesión, el rey promulgó la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica e introducía la sucesión femenina. A su muerte, en 1833, estalló un nuevo conflicto dinástico: las Guerras Carlistas, que marcarían el comienzo del reinado de Isabel II y la lucha entre liberalismo y absolutismo en la España del siglo XIX.

2. El Reinado de Isabel II y la Construcción del Estado Liberal

2.1. La Primera Guerra Carlista (1833-1839)

Tras el nacimiento de Isabel II en 1830, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, que abolía la Ley Sálica y permitía reinar a las mujeres. Su hermano, Carlos María Isidro, no aceptó esta decisión, alegando que el trono le correspondía por derecho. A la muerte del monarca en 1833, su esposa María Cristina de Borbón asumió la regencia en nombre de su hija, lo que desencadenó una guerra civil de sucesión entre los carlistas, partidarios de Carlos, y los isabelinos, defensores del liberalismo.

El carlismo defendía:

• El absolutismo monárquico.
• El poder tradicional de la Iglesia y el catolicismo intransigente.
• La defensa de los fueros y costumbres tradicionales frente a las reformas liberales.

Su lema fue “Dios, Patria, Rey y Fueros”. Sus apoyos sociales procedían del clero, el pequeño campesinado y sectores rurales opuestos a la industrialización. Geográficamente, el carlismo tuvo fuerza en Navarra, el País Vasco, el Maestrazgo, Aragón y la Cataluña interior. En cambio, los isabelinos contaron con el respaldo de Gran Bretaña, Francia y Portugal, además del apoyo urbano y burgués.

La Primera Guerra Carlista (1833–1839) comenzó cuando Carlos María Isidro, desde Portugal, reclamó el trono mediante el Manifiesto de Abrantes. En su primera fase, los carlistas organizaron un ejército dirigido por Zumalacárregui, que empleó tácticas de guerrilla y obtuvo éxitos iniciales, especialmente en Navarra y el norte peninsular. Tras su muerte en 1835 durante el sitio de Bilbao, el conflicto se inclinó hacia el bando liberal, con la victoria del general Espartero en Luchana (1836). La posterior Expedición Real de 1837, que intentó tomar Madrid, fracasó y marcó el declive carlista.

Finalmente, la guerra concluyó con el Convenio de Vergara (1839), firmado entre Maroto (carlista) y Espartero (liberal), que garantizaba el mantenimiento parcial de los fueros y la integración de los oficiales carlistas en el ejército real.

En Navarra, el acuerdo se concretó en la Ley Paccionada de 1841, que transformó el antiguo Reino de Navarra en una provincia foral. Aunque se suprimieron sus instituciones propias (Cortes, virreinato, aduanas), se mantuvo su derecho civil, una Diputación Foral con competencias fiscales y administrativas, y un sistema especial de contribución al Estado, el llamado Cupo.

En conclusión, la Primera Guerra Carlista supuso un elevado coste humano y económico, el fortalecimiento del liberalismo, y el inicio del protagonismo político de los militares. En Navarra, la Ley Paccionada reflejó el equilibrio entre la tradición foral y el nuevo Estado liberal.

2.2. El Modelo del Liberalismo Moderado y Progresista

Durante el reinado de Isabel II (1833–1868) se consolidó la construcción del Estado liberal y se desmantelaron las estructuras políticas, sociales y económicas del Antiguo Régimen. Sin embargo, el periodo estuvo marcado por una gran inestabilidad política, con frecuentes pronunciamientos militares y conflictividad social. La reina, de carácter débil e influenciable, fue incapaz de garantizar la estabilidad del sistema, dependiendo constantemente de sus ministros y camarillas cortesanas.

Tras la Primera Guerra Carlista, el Estado liberal se afianzó durante las regencias de María Cristina y Espartero. En 1843, los sectores moderados, encabezados por Narváez, promovieron un pronunciamiento que declaró la mayoría de edad de Isabel II con solo 13 años. A partir de 1844, comenzó la llamada Década Moderada, bajo el gobierno de Narváez, que aplicó los principios del liberalismo doctrinario, de carácter conservador.

La Constitución de 1845 estableció:

• Una soberanía compartida entre el rey y las Cortes.
• Un sistema bicameral (Congreso elegido por sufragio censitario y Senado designado por el monarca).
• Amplios poderes para el rey (nombrar ministros, disolver Cortes y proponer leyes).
• El catolicismo como religión oficial, consolidando el acercamiento Iglesia–Estado, confirmado con el Concordato de 1851.

Los moderados impulsaron una profunda reforma administrativa y centralizadora:

• Creación de los gobernadores civiles.
• Ley municipal que otorgaba al gobierno la designación de alcaldes.
• Fundación de la Guardia Civil (1844) para mantener el orden público.

Además, se aprobaron un nuevo Código Penal, una reforma fiscal basada en impuestos indirectos (reforma Mon) y una ley electoral (1846) aún más restrictiva.

El descontento social y la crisis económica llevaron al pronunciamiento de la Vicalvarada (1854), dirigido por O’Donnell, acompañado del Manifiesto de Manzanares redactado por Cánovas del Castillo, que dio inicio al Bienio Progresista (1854–1856). Durante este periodo se realizaron reformas como la desamortización de Madoz, la Ley General de Ferrocarriles (1855) y la redacción de la Constitución non nata de 1856, más democrática y con tolerancia religiosa.

La crisis de subsistencia de 1856 provocó motines que forzaron la dimisión de Espartero. O’Donnell asumió el poder, restauró la Constitución de 1845, reforzó la censura y alternó en el gobierno con los moderados. Su etapa se caracterizó por el desarrollo económico, la expansión del ferrocarril, la creación del Canal de Isabel II, la Ley Moyano (1857) de educación y una activa política exterior en Marruecos, Guinea y Conchinchina.

3. Transformaciones Socioeconómicas en el Siglo XIX

Durante el siglo XIX, España, al igual que el resto de Europa, intentó impulsar la Revolución Industrial con el objetivo de transformar el sistema económico del Antiguo Régimen en uno capitalista. Las características de este proceso fueron el desarrollo de la industria y el comercio, la aplicación de avances científicos y tecnológicos —como la máquina de vapor—, el crecimiento de los transportes, la mecanización fabril, la libertad de producción y de precios, y el liberalismo económico, con la supresión de los gremios y de las trabas comerciales.

3.1. Los Inicios de la Industrialización Española

El sector más dinámico fue el textil catalán, especialmente el algodonero, que se benefició de la posición aventajada de Cataluña, de la iniciativa empresarial de su burguesía y de la protección arancelaria que le permitió orientarse al mercado nacional tras la pérdida del mercado colonial americano. El sector lanero se desplazó desde las zonas ganaderas de Castilla y León hacia Sabadell y Tarrasa, favorecido por el desarrollo comercial y la proximidad al puerto de Barcelona.

La siderurgia tuvo tres etapas: la andaluza (hasta 1860), basada en el carbón vegetal y frenada por las guerras carlistas; la asturiana (años 70–80), en torno a las cuencas mineras de Mieres y Langreo; y la vizcaína, que desde la Restauración consolidó el eje Bilbao–Cardiff con la creación de los Altos Hornos de Vizcaya (1902), gracias al hierro vasco y al carbón galés.

La minería también destacó por la riqueza en hierro, plomo, cobre, mercurio y cinc, situados cerca de los puertos. La falta de capital y de demanda inicial se resolvió con la Ley de Minas de 1868, que liberalizó la explotación, permitiendo la entrada de capital extranjero.

En conjunto, la industrialización española fracasó parcialmente por la escasa capacidad productiva de las manufacturas tradicionales, la falta de un mercado nacional unificado y la escasez de capitales nacionales.

El ferrocarril supuso una revolución en el transporte terrestre: aumentó la capacidad de carga, la velocidad y la seguridad, reduciendo costes. La Ley de Ferrocarriles de 1855, vinculada a la desamortización de Madoz y a la Ley de Sociedades de Crédito, atrajo capital y tecnología extranjeros, aunque la crisis financiera de 1866 frenó el desarrollo.

3.2. Urbanización, Demografía y Estructura Social

El crecimiento económico y demográfico provocó un aumento de población y un fuerte crecimiento urbano, especialmente en el País Vasco y Cataluña. Surgieron nuevas clases sociales derivadas del liberalismo y la industrialización:

• Clase alta

  Integrada por la nobleza y la burguesía enriquecida. La nobleza mantuvo sus propiedades y cargos, adaptándose al liberalismo. La burguesía —comercial, financiera e industrial— aspiró al control político y a la igualdad legal con la nobleza.

• Clase media

  Formada por pequeños propietarios, funcionarios, comerciantes y profesionales, consolidada desde los años 30 gracias a la necesidad de técnicos y personal cualificado.

• Clase baja

  Compuesta por obreros urbanos y campesinos. El proletariado industrial sufrió largas jornadas (10–14 horas), bajos salarios y condiciones de vida insalubres, con frecuente trabajo infantil y femenino.

En el ámbito demográfico, la población pasó de 16 a 18 millones en el primer tercio del siglo XIX, con alta natalidad y mortalidad, frecuentes epidemias de cólera y baja esperanza de vida. El desequilibrio campo-ciudad fue notable: el 51 % vivía en localidades menores de 5000 habitantes. El urbanismo se transformó con los ensanches y la expansión periférica (Cerdà en Barcelona, Arturo Soria en Madrid con la Ciudad Lineal). Muchos emigraron a América desde Galicia y Canarias, mientras Cataluña mantuvo su población.

3.3. La Liberalización de la Tierra: El Proceso Desamortizador

El liberalismo económico impulsó la liberalización de la tierra, eliminando las restricciones del Antiguo Régimen (manos muertas, mayorazgos, régimen señorial). Las medidas clave fueron:

• Abolición de los mayorazgos (1836): permitió la venta de propiedades nobiliarias.
• Supresión del régimen señorial (1837): eliminó los derechos jurisdiccionales y las obligaciones feudales.
• Desamortización eclesiástica: venta de tierras de la Iglesia y de los municipios.

La Desamortización de Mendizábal (1837–1847) disolvió las órdenes religiosas y nacionalizó sus bienes. Buscaba sanear la Hacienda, financiar la guerra carlista y ganar apoyo liberal. Sin embargo, benefició sobre todo a grandes propietarios y funcionarios.

Posteriormente, la Desamortización de Madoz (1855–1867) afectó a los bienes municipales y del Estado, con el objetivo de reducir la deuda pública y financiar infraestructuras como el ferrocarril. Este proceso no mejoró la explotación agrícola ni alteró la estructura de la propiedad.