Las fuerzas de oposición

El republicanismo fue la principal fuerza de la oposición política y constituyó de modo permanente la minoría parlamentaria opositora más numerosa. Con la finalidad de dar unidad a este republicanismo, en 1903 nació Unión Republicana, coalición que intentaba agrupar a los diferentes grupos republicanos alrededor de la figura del veterano Salmerón, y que consiguió un éxito notorio en las elecciones de ese mismo año.

Las mayores discrepancias dentro del partido las planteó Alejandro Lerroux, quien en 1908 creó su propio grupo, el Partido Radical.

En la primera década del siglo, el PSOE colaboró con otras fuerzas de izquierda sin renunciar a sus principios revolucionarios. Tras la caída del gobierno de Maura en 1909, se pactó una alianza electoral entre las distintas tendencias republicanas y el Partido Socialista. Con esta coalición republicano-socialista, los socialistas consiguieron en 1910 su primer diputado en el Congreso (Pablo Iglesias).

El sindicalismo de base socialista, representado por la UGT, tuvo una mayor incidencia en Madrid y en el norte de España. El nuevo siglo comenzó con un intenso ciclo de agitaciones obreras, que tuvieron una fase de ascenso hasta 1911, y un moderado descenso hasta 1917. La mayor incidencia del movimiento huelguístico tuvo lugar en Cataluña, seguida de Valencia, Andalucía, Castilla, el País Vasco y Madrid.

En 1911 tuvo lugar un intento de huelga general revolucionaria en muchos puntos de España. La mayoría de estos conflictos tenían en común la voluntad de oponerse a la pérdida de capacidad adquisitiva de los obreros y al deterioro de las condiciones de trabajo.

El impulso del anarquismo resultó muy importante en Cataluña, y sobre todo en Barcelona, donde sociedades obreras y sindicatos autónomos de inspiración anarquista crearon, en 1907, Solidaridad Obrera, una federación de asociaciones obreras de carácter apolítico, reivindicativo y favorable a la lucha revolucionaria.

Solidaridad Obrera, en 1910, impulsó la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Esta se definía como revolucionaria y presentaba una ideología basada en tres presupuestos básicos:

• La independencia del proletariado respecto a la burguesía y a sus instituciones.
• La necesidad de la unidad sindical de los trabajadores.
• La voluntad de derribar al capitalismo.

La acción revolucionaria debería llevarse a cabo mediante huelgas y boicots hasta proceder a la huelga general revolucionaria.

La legislación laboral comenzó a tomar cuerpo a partir de 1900, conforme a la línea de reformismo social iniciada a finales del siglo anterior. Los diferentes gobiernos promulgaron leyes y reglamentos para regular la jornada de trabajo y las condiciones laborales.

Frente a la indiferencia de las autoridades por la educación y el desarrollo cultural de los trabajadores, las organizaciones obreras empezaron a tomar conciencia de la necesidad de difundir la educación en su propio colectivo. La educación y la cultura se convirtieron en instrumentos de liberación de la clase obrera y en una de las vías para la futura sociedad igualitaria.

De la Semana Trágica a la huelga revolucionaria (1909-1917)

A partir de 1906, España inició su penetración en el norte de África. La Conferencia de Algeciras (1906) y el posterior Tratado Hispano-francés (1912) establecieron el protectorado franco-español en Marruecos. A España se le concedió una franja en el norte, el Rif, y un enclave en la costa atlántica (Ifni).

La presencia española en esta área estuvo contestada por las tribus bereberes, organizadas en cabilas. Los rifeños infligieron una importante derrota a las tropas españolas en el Barranco del Lobo (1909), ocasionando numerosas bajas. Se decidió entonces incrementar el número de soldados españoles en el Rif para evitar la caída de Melilla, recurriendo a tropas integradas por reservistas, muchos de ellos casados.

La movilización contra la guerra se inició en el puerto de Barcelona el día 18 de julio de 1909, mientras se realizaba el embarque de tropas hacia Marruecos. La revuelta, conocida como la Semana Trágica, se prolongó durante una semana, dando lugar a un movimiento que adquirió un fuerte componente antimilitarista y de rechazo a la hegemonía social y cultural de la Iglesia.

Las autoridades respondieron declarando el estado de guerra y enviando refuerzos para reprimir las manifestaciones. La represión posterior resultó muy dura: numerosos anarquistas, socialistas y radicales fueron detenidos, sometidos a consejos de guerra y condenados, algunos a muerte. Entre ellos destacó Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo anarquista e impulsor de la Escuela Moderna, fusilado a pesar de las protestas internacionales.

La fuerte represión que siguió a la Semana Trágica levantó una oleada de protestas en toda Europa a consecuencia de su virulencia y arbitrariedad. La oposición a Maura constituyó un bloque de izquierdas que, bajo la fórmula común ¡Maura no!, consiguió de Alfonso XIII la disolución de las Cortes y el traspaso del gobierno a los liberales.

En 1913, el rey Alfonso XIII nombró presidente del gobierno al conservador Eduardo Dato, y este tuvo que hacer frente a las consecuencias del estallido de la Primera Guerra Mundial (1914).

España mantuvo una posición de neutralidad frente al conflicto europeo, actitud apoyada por casi todas las fuerzas políticas. Esta neutralidad favoreció una importante expansión económica, ya que la guerra redujo la capacidad productiva de los países beligerantes y España se convirtió en suministradora de productos industriales y agrarios para ambos bandos. Sin embargo, esto provocó una fuerte inflación y escasez de productos básicos, empeorando las condiciones de vida de las clases populares.

En febrero de 1917 había caído el zarismo en Rusia y en octubre se producía la revolución bolchevique. La coincidencia entre las graves dificultades que acarreaba el sistema político de España (crisis del turnismo, descontento militar por los bajos salarios y el sistema de ascensos, conocido como las Juntas de Defensa) y la creciente conflictividad social, provocaron una protesta generalizada de carácter antigubernamental en el verano de 1917.

El gobierno conservador de Dato había sido sustituido, en 1916, por un gabinete liberal presidido por el Conde de Romanones, que continuó con las viejas prácticas de corrupción política y, ante las quejas, decidió cerrar las Cortes en julio de 1916.

Como reacción, y a iniciativa de la Lliga Regionalista, se organizó en Barcelona la Asamblea de Parlamentarios catalanes (5 de julio de 1917), que exigió la formación de un gobierno provisional que convocase unas cortes constituyentes capaces de reestructurar el Estado sobre la base de la descentralización.

Paralelamente, en 1916 se produjo un importante movimiento huelguístico. Las centrales sindicales CNT y UGT acordaron firmar un manifiesto conjunto en marzo de 1917 en el que se instaba al gobierno a intervenir para contener los precios bajo la amenaza de convocar una huelga general.

La tensión estalló en agosto de 1917 cuando la UGT, con el apoyo del PSOE, decidió llamar a la huelga general. La huelga tuvo una incidencia muy desigual geográfica y sectorialmente, siendo más fuerte en los centros industriales y mineros. La reacción del gobierno fue básicamente represiva: se declaró la Ley Marcial y se envió al ejército a reprimir el movimiento, causando numerosos muertos y detenidos. Los miembros del comité de huelga fueron encarcelados.

El reformismo dinástico

En 1902, Alfonso XIII, tras alcanzar la mayoría de edad legal, llega al trono, y se inicia la segunda etapa de la Restauración, en la que se intentó la modernización del sistema político. Sin embargo, el miedo a aceptar los riesgos de una verdadera participación democrática mantuvo el turno dinástico y el caciquismo, lo que hizo imposible una reforma en profundidad del sistema y este entró en su quiebra definitiva a partir de la crisis de 1917.

El nuevo siglo coincidió con una crisis de liderazgo dentro de los partidos dinásticos (Conservador y Liberal) tras la muerte de sus fundadores, Cánovas y Sagasta, al no existir un jefe de partido capaz de aglutinar a las distintas tendencias. Con Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal), llegó al gobierno una nueva generación de políticos influida por el regeneracionismo, que impulsó los más importantes proyectos de reforma desde el interior del sistema.

El reformismo conservador de Maura

El gobierno presidido por Antonio Maura entre 1907 y 1909 protagonizó el mayor intento reformista impulsado por los conservadores. Maura proyectó una»revolución desde arrib» para intentar regenerar el sistema a partir de la formación de una nueva clase política que tuviese el apoyo social de las llamadas masas neutras.

Se llevó a cabo una reforma electoral (Ley Electoral de 1907), que introdujo el voto obligatorio y un mayor control sobre las juntas electorales, pero no consiguió ni acabar con la corrupción ni democratizar el sistema político, aunque hizo más difícil el fraude electoral. También se dio un cierto impulso a la política social (creación del Instituto Nacional de Previsión, Ley de Huelga) y se intentó dotar de mayor autonomía a los ayuntamientos (proyecto de Ley de Administración Local, que fracasó). Se exigió una mayor independencia del poder ejecutivo frente a la Corona.

El reformismo liberal de Canalejas

En 1910, tras la caída de Maura a raíz de la Semana Trágica, José Canalejas formó un nuevo gobierno liberal. Su programa proponía la modernización de la vida política e intentaba atraer a ciertos sectores populares a partir de un mayor reformismo social y de limitar el poder de la Iglesia.

Su política religiosa se plasmó en la llamada (1910), que prohibía temporalmente la implantación de nuevas órdenes religiosas en España. En política social, se sustituyó el impuesto de consumos por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas (aunque su aplicación fue limitada). También se reformó la Ley del Reclutamiento (1912), que pasaba a ser obligatorio en tiempos de guerra, y se suprimió parcialmente la redención en metálico, creando la figura del»soldado de cuot». Finalmente, se promulgaron una serie de leyes encaminadas a mejorar las condiciones laborales (regulación del trabajo femenino, contratos de aprendizaje).

El gobierno liberal elaboró la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la posibilidad de la unión de varias Diputaciones provinciales para gestionar servicios públicos. Fue aprobada en 1914, ya bajo el gobierno del conservador Dato, pues Canalejas había sido asesinado por un anarquista a finales de 1912. Esta ley permitió la creación, ese mismo año, de la Mancomunidad de Cataluña.