Proyecto republicano de Francisco de miranda

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1. La caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la II República: Tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de Enero de 1930, el nuevo gobierno presidido por el general Berenguer, hombre de confianza de Alfonso XIII y uno de los principales responsables del desastre de Annual, pretendíó la vuelta a la normalidad constitucional. Pero, para buena parte de la opinión pública, el comportamiento del Rey durante la dictadura había significado una trasgresión de su papel moderador y la monarquía misma era cuestionada. Los republicanos, pese a su fraccionamiento, aparecían, junto con los socialistas, como la única fuerza realmente renovadora. En el Pacto de San Sebastián (Agosto 1930) republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas se pusieron de acuerdo para exigir la apertura de un proceso constituyente para instaurar un régimen republicano y reconocían el derecho de Cataluña a un estatuto de autonomía. Ante la negativa de Berenguer de conceder estas peticiones, los republicanos recurren a las conspiraciones. La campaña electoral aglutinó a las fuerzas políticas en dos bandos: monárquico y republicano. La derecha monárquica se presentó dividida, mientras que los firmantes del Pacto de San Sebastián se presentaban bajo el nombre de Conjunción RepublicanoSocialista (grupos republicanos, PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y la ORGA gallega). La Lliga y el PNV quedaron al margen, mientras que la UGT apoyaba a la coalición, mientras que la CNT dejó libertad de voto a sus militantes. El día 13 de Abril las multitudes empezaron a tomar la calle, mientras que el ejército y la guardia civil no intervinieron para restablecer el orden. Romanones (ministro de Estado) aconsejaba al rey salir del país. A primeras horas del 14 de Abril el ayuntamiento de Eibar proclamó la República y al medio día en Barcelona, Macià anunció la instauración de la «República Catalana dentro de la Federación Ibérica». Al atardecer el movimiento se había extendido a las ciudades de Sevilla, Valencia, Zaragoza… El rey Alfonso XIII salía hacia Cartagena camino del exilio; al mismo tiempo, el comité revolucionario, integrado por los miembros del Pacto de San Sebastián, se constituían en Gobierno Provisional de la República, sin derramamiento de sangre. Este primer gobierno republicano estaba integrado por una coalición formada por republicanos católicos de derecha (Niceto Alcalá Zamora como presidente, Miguel Maura), por republicanos de centro-izquierda (Manual Azaña y Marcelino Domingo), socialistas (Largo Caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos), nacionalistas catalanes (Nicolau d´Olwer) y gallegos (Casares Quiroga). Esta coalición era mayoritariamente representativa de la pequeña burguésía y un sector de la clase obrera y obtuvo, al menos al principio, un amplio apoyo. Al margen de este entusiasmo quedaban los grandes propietarios (en buena parte pertenecientes a la vieja aristocracia), la oligarquía financiera, parte del ejército y de la Iglesia.

La CNT tampoco mostró entusiasmo.  2. El periodo constituyente: el Gobierno Provisional se comprometíó a convocar Cortes constituyentes. En esos meses, Azaña, Largo Caballero y Marcelino Domingo redactaron los primeros decretos sobre el ejército, el campo y la cultura. Los primeros conflictos llegaron pronto: 11 y 12 de Mayo del 31 se produjo la quema de conventos en Madrid y otras ciudades y ello impresiónó a importantes sectores católicos; si a ello sumamos el recorte de los privilegios de la Iglesia tenemos las condiciones para que el episcopado pase a la oposición legal (expulsión del cardenal Segura, apoyo de la Iglesia al grupo de derechas Acción Nacional -CEDA desde 1933-). Las elecciones de Junio de 1931 se celebraron con gran civismo, con una participación del 70%; la conjunción republicano-
socialista obtuvo una victoria clara (250 diputados) sobre los radicales de Lerroux con 90 escaños y 80 las derechas. Las Cortes constituyentes elaboraron una nueva constitución muy avanzada para su tiempo. Los debates más polémicos fueron los referidos a la cuestión religiosa y las autonomías. Fue aprobada el 9 de Diciembre de 1931:  Cámara única. El sufragio universal se amplió a mujeres y soldados.  El Estado era «integral», no federal, pero se daba la oportunidad a las «regiones» para acceder a la autonomía. Se reconocían los derechos individuales. El gobierno podía expropiar bienes considerados de utilidad pública. Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana) fue elegido Presidente de la República y Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas. 3. El bienio reformista:El nuevo gobierno va a afrontar una serie de reformas que pretenden la radical separacionde la Iglesia y el Estado, la modernización del ejército, la descentralización del Estado para satisfacer a los nacionalistas y la redistribución de la tierra, reformas que acabarán dividiendo el país en dos sectores enfrentados. A/ La cuestión religiosa: la separación de la Iglesia y el Estado y la laicización de una sociedad de absoluta mayoría católica fueron objetivos prioritarios de los primeros gobiernos republicanos, a la vez que una fuente inacabable de conflictos. En las raíces de este conflicto tenemos, de un lado, el anticlericalismo tradicional de gran parte de la pequeña burguésía, que esporádicamente se manifestaba en los sectores más marginados de la sociedad; por otro lado, la actitud de gran parte del episcopado celoso de sus prerrogativas. La Iglesia tenía entonces 11921 fincas rústicas y 7828 urbanas, supónía el 2% de los gastos del

Estado y su influencia en la educación era indiscutible. Para modificar esta situación sucesivos decretos disolvieron la Compañía de Jesús, confiscaron sus fincas, establecieron el matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios. La ley de Congregaciones de 1933 prohibía a la Iglesia y a las órdenes religiosas la enseñanza (fecha límite para el cese de su actividad docente el 1 de Octubre de 1933), el comercio y la industria, lo que provocó una pastoral colectiva que llamaba a la resistencia pacífica.B/ Hacia la modernización del ejército: la reforma del ejército se debe a Azaña quepretendía un régimen desmilitarizado reduciendo la función de las fuerzas armadas a ladefensa exterior. Para modernizarlo había que reducir los mandos, el deterioro técnico,la burocracia y la división entre ejército metropolitano y colonial. El ejército colonial, desde la Guerra de Marruecos, era en cierta manera un instrumento en manos de sus jefes, los «africanistas». Por la Ley Azaña de 1931 se permitía a los jefes oficiales que lo deseasen el retiro con el sueldo íntegro. Se acogieron 84 generales (de 170) y 8650 jefes yoficiales (de 14000). Posteriormente creó la Guardia de Asalto (fuerza de orden úblico de fidelidad republicana) y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza,dirigida por el general Franco.La derecha pretendíó capitalizar el posible descontento que producían estos cambios y a oposición se puso de manifiesto mediante un Golpe de Estado fracasado del generalSanjurjo en Agosto de 1932 y con la creación de la Uníón Militar Española (UME) en1933 como organización clandestina de militares de derechas. / Descentralización: política autonomista: las aspiraciones de autogobierno de Calaluña staban recogidas en el Pacto de San Sebastián. El gobierno, sin embargo, nunca etendió crear una organización política y administrativa de carácter federal, sino que uerrá «conjugar la aspiración particularista o la voluntad autonomista… Con los ntereses o los fines permanentes de España dentro del Estado organizado por la epública» (Azaña). N Cataluña, después de una negociación con el gobierno provisional, se había resuelto el problema originado por la proclamación de la República Catalana. La República quedaba anulada, pero se reconocía un gobierno autónomo que elaboraría un Estatuto que sería aprobado por las Cortes: es el proyecto de Estatuto de Nuria que fue aprobado en referéndum con el 99% de los votos. El 18 de Agosto de 1931 el Estatuto de Nuria fue presentado por Macià a las Cortes y a pesar de afrontar la oposición de la derecha y las resistencias de los republicanos, al final fue aprobado con numerosos recortes en 1932: El gobierno catalán era la Generalitat con tres instituciones: Parlamento catalán. Presidente. Consejo Ejecutivo: Consejerías. – Catalán y castellano lenguas oficiales. – Competencias de la Generalitat: hacienda, economía, enseñanza, cultura, sanidad, transportes y comunicaciones y órden público (mossos d´escuadra). Competencias del Gobierno Central: asuntos exteriores, defensa, control de fronteras… – Conflictos entre el poder central y el autonómico: Tribunal de Garantías Constitucionales. La importancia del papel desarrollado en su elaboración por ERC quedó de manifiesto en las elecciones al Parlament de Catalunya, en las que Macià fue elegido Presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el PNV y los carlistas llegaron a un acuerdo en Estella en 1931, en el que se aprobó un proyecto de Estatuto que socialistas y republicanos consideraron reaccionario. En 1932 los ayuntamientos votaron un nuevo proyecto que fue aprobado en Vizcaya, Guipúzcoa, el 50% de Álava y rechazado en Navarra (los carlistas se niegan a pactar con una República atea). El proyecto quedó paralizado y no fue aprobado por las Cortes hasta 1936, una vez comenzada la Guerra Civil.

En Galicia, la guerra cortó la aprobación por las Cortes de un proyecto de Estatuto ratificado en referéndum en Junio de 1936. D/ La cuestión agraria: en la década de los 30 la importancia del sector primario era considerable. Con 23 millones de habitantes, 3.8 millones trabajan en la agricultura (2 millones eran obreros agrícolas, 750000 arrendatarios y aparceros y 1 millón pequeños y medianos propietarios). El latifundio era muy importante, sobre todo en el sur: el 1.8% de las fincas, el 44% de las tierras (+100 Ha.). Para encarar el problema agrario, ya el Gobierno Provisional promulgó una serie de decretos que trataban de proteger a los arrendatarios y a los campesinos sin tierra: decreto de Términos Municipales, prórroga automática de contratos de arrendamiento, jornada de 8 horas. Pero el verdadero ensayo reformador vino de la elaboración de una ley de reforma agraria que fue aprobada por las Cortes en Septiembre de 1932. El objetivo de la ley no fue una revolución agraria o una colectivización de la tierra, sino que sus objetivos fueron más moderados. La ley permitía expropiar sin indemnización sólo las tierras de los Grandes de España, mientras que las mal cultivadas, las arrendadas sistemáticamente, las que podían ser regadas y no lo eran, sólo se podían expropiar con una indemnización previa. Además, los problemas de ineficacia, burocratismo, y el coste de las indemnizaciones contribuyeron al hecho de que su aplicación fuese todavía más limitada. Políticamente la reforma agraria provocó la reunificación de la derecha y que muchos campesinos se alejaran definitivamente de la República. El descontento campesino dio lugar a numerosos incidentes: Casas Viejas, Castilblanco, Arnedo… En Cataluña el problema se suscitó entre propietarios y arrendatarios (rabassaires) que consiguieron que el Parlament mejorase los contratos de cultivo sometidos en parte al arcaico sistema de la «rabassa morta». Esta ley será recurrida ya en 1934 por el Gobierno de derechas y el Tribunal de Garantías la rechazó al considerar al Parlament incompetente para legislar en la materia. 4. El bienio de derechas: a) La crisis de la coalición republicano-socialista: A lo largo de 1933 se hacía cada vez más evidente el desgaste de los políticos del bienio reformador. Grupos importantes de las clases medias se desplazaron hacia la derecha, lo que se tradujo en la aparición de nuevas fuerzas, como la CEDA de Gil Robles (Confederación Española de Derechas Autónomas) de carácter demócrata-cristiano (lo importante no es la forma de gobierno, sino la defensa de la Iglesia y los valores que ésta representa) o la Falange Española de Primo de Rivera que preconizaba un régimen autoritario de carácter fascista (en 1934 se une a las JONS de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo). El centro-derecha se agrupaba en el Partido Radical de Lerroux, que consiguió el acercamiento de comerciantes, industriales liberales e, incluso, algunos grandes propietarios. Con estos grupos establecieron contacto los monárquicos alfonsinos, dirigidos por José Calvo Sotelo (Renovación Española) y también los carlistas (Comunión Tradicionalista). Por otro lado, la ineficacia de las reformas en profundidad, que habrían mejorado las condiciones de vida del proletariado urbano y agrícola, restó apoyos al gobierno; por ello, más pronto o más tarde, las fuerzas de izquierdas fueron radicalizándose: la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT), con 450000 miembros se desplazó a posiciones más radicales, mientras que en la CNT (1 millón de afiliados) se impusieron las corrientes insurreccionales de la FAI (Buenaventura Durruti y Fco. Ascaso) frente a las tendencias moderadas (Pestaña, Peiró). En estas condiciones Alcalá Zamora aceptó la dimisión de Azaña y, mediante un gabinete presidido por Martínez Barrio, disolvíó las Cortes en Octubre de 1933. En las elecciones del 18 de Noviembre, con una izquierda desencantada y desunida y con la abstención de importantes masas obreras, el centro-derecha (CEDA y radicales de Lerroux) alcanzaron la mayoría parlamentaria


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