La Constitución de 1869 y el Reinado de Amadeo I

La Constitución de 1869 ofrecía un diseño de monarquía constitucional y democrática, estableciendo un régimen monárquico basado en la soberanía nacional. En este texto, se actualiza la declaración de derechos añadiendo aspectos fundamentales como:

• La libertad de residencia.
• La inviolabilidad del correo.
• La libertad de enseñanza y cultos (aunque obligando al Estado a mantener el culto católico).
• Especificaciones sobre las condiciones de una detención legal.

Asimismo, se reconocen los principios de división de poderes y de descentralización. Las Cortes, integradas por dos cámaras (Congreso y Senado) y elegidas por sufragio universal masculino (nacional), asumen el poder legislativo. Se asegura la independencia y democratización de la justicia, y también se establece la elección democrática de ayuntamientos y diputaciones.

El poder ejecutivo recae en el Rey, quien ejerce su autoridad a través de los ministros, responsables ante las Cortes. Tras la aprobación del texto, las Cortes nombraron al general Serrano como regente del reino mientras se encontraba un monarca para la monarquía democrática, mientras que a Juan Prim se le encargó la formación del gobierno y la búsqueda de un rey, siendo finalmente Amadeo de Saboya el elegido.

El Reinado de Amadeo I (1871-1873)

El reinado de Amadeo I fue breve (1871-1873) y contó con escasos apoyos, sufriendo el rechazo tanto de la aristocracia como de las clases populares. El monarca tuvo que enfrentarse a graves problemas desde su llegada; el asesinato de Prim en diciembre de 1870 le privó de su apoyo fundamental. Aunque su intención era ser un monarca constitucional y demócrata, nada pudo hacer ante la descomposición de la coalición gobernante y la ruptura en el seno del Partido Progresista.

Las dificultades económicas y el conflicto de la Guerra de Cuba contribuyeron a la creciente inestabilidad política interior. La nobleza y la aristocracia latifundista no habían aceptado la orientación política de 1868, temiendo que pudiera hacer peligrar sus propiedades territoriales; por ello, sus componentes engrosaron las filas del Partido Alfonsino.

La burguesía mercantil e industrial también simpatizó con la causa del hijo de Isabel II, aunque en principio había apoyado a Prim. Las causas de este giro estaban en la política económica librecambista y en el temor al movimiento obrero que, al amparo del derecho de asociación y de la I Internacional (AIT), comenzó a formar organizaciones sindicales. Por otro lado, los comerciantes ligados a los negocios coloniales no se vincularon a la monarquía de Amadeo I.

Oposición y Fin de la Monarquía

La oposición carlista había renacido tras la caída del régimen isabelino; así surgió una tendencia parlamentaria frente a la tradicional, partidaria de la insurrección armada, lo que poco después desencadenó un nuevo conflicto bélico carlista. Por su parte, los republicanos se opusieron a la solución monárquica y constituyeron una importante minoría que se declaró a favor de la implantación de la República Federal. El principal dirigente del federalismo fue Pi y Margall. Al principio, los republicanos estuvieron divididos en unitarios y federales.

El momento culminante de la crisis se produjo a partir de 1872, cuando la abstención en las elecciones era elevadísima (54%). Finalmente, Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873, y ese mismo día las Cortes proclamaron la Primera República.

La Década Moderada (1844-1854)

Durante la Década Moderada, mientras los progresistas se habían encargado de liquidar el Antiguo Régimen y hacer triunfar el régimen liberal, a los moderados les correspondió la organización de dicho régimen y la estabilización del nuevo orden sobre bases firmes, reformando la Constitución de 1837. Cuando en 1844 Narváez llegó a la presidencia del gobierno, impulsó reformas que limitaban las libertades progresistas (censura de prensa, persecución de la oposición) y organizó una administración centralista que otorgaba mayor poder a la Corona.

Reformas Administrativas y de Orden Público

Se pusieron los medios para establecer un orden público estricto:

• Se suprimió la Milicia Nacional (fuerza de choque del partido progresista).
• Se creó la Guardia Civil (1844) para la defensa del orden público y la propiedad privada.

La actual organización ministerial data de esta época. Respecto a la organización judicial, se configuró el Tribunal Supremo como cúspide de la administración de justicia y se formularon el Código Civil y el Código Penal. Alejandro Mon llevó a cabo la reforma tributaria, organizando el sistema fiscal mediante la contribución territorial y el impuesto de «consumos». Las regiones forales quedaron sometidas a la legislación del resto de España en materias como el servicio militar (quintas).

La Constitución de 1845 y el Concordato

La Constitución de 1845 era un texto nuevo y claramente moderado. Excluía la soberanía nacional y afirmaba que la soberanía era dual, compartida entre el Rey y las Cortes. Así, eran el Rey y las Cortes quienes decretaban la Constitución, y no solo las Cortes, como había sucedido en 1812 o 1837. Las Cortes se estructuraron en dos cámaras: Congreso y Senado.

Fue relevante la supresión de las limitaciones de los poderes del Rey y el aumento de los mismos, con la consecuente pérdida de autonomía de las Cortes. Es significativo también que en la Constitución no se hablara de «Poder Judicial», sino de «Administración de Justicia», limitando así su independencia. La ley municipal estableció un sistema centralista que permitía al gobierno nombrar directamente a los alcaldes en municipios de más de 2000 habitantes, encomendándoles la custodia del orden público con la colaboración de la Guardia Civil y los gobernadores civiles provinciales.

Finalmente, los moderados restablecieron las relaciones con el Papa tras la ruptura provocada por la desamortización de Mendizábal, negociando el Concordato de 1851. Con este acuerdo, la Iglesia volvió a tener una gran influencia en la enseñanza y en la censura de obras sobre religión y moral. Se suspendieron las subastas de bienes del clero y se destinaron fondos al mantenimiento del clero secular y las órdenes religiosas, declarando categóricamente que la religión de la nación española era la católica, apostólica y romana.