La Hispania romana

A finales del siglo III a. C. Roma comenzó su expansión por el Mediterráneo, enfrentándose a Cartago y conquistando la Península Ibérica en tres etapas. La primera, entre 219 y 206 a. C., se inició con la ocupación de Sagunto por Aníbal. Finalmente, Escipión derrotó a los cartagineses y controló la costa mediterránea. La segunda etapa, entre 206 y 133 a. C., permitió ocupar el centro de la península, venciendo a los celtíberos en Numancia y a los lusitanos, tras asesinar a su caudillo Viriato, incorporando también Galicia. La tercera etapa, entre 133 a. C. y 19 d. C., incluyó la conquista de las Baleares y de los pueblos del norte: cántabros, astures y vascones, bajo Augusto, dando inicio al Imperio y a la Pax Romana, que facilitó la romanización: adopción de lengua, cultura y modo de vida romanos.

En Hispania, Roma difundió el latín, origen de las lenguas romances, y fundó ciudades como Legio (León), Complutum (Alcalá de Henares) y Tarraco (Tarragona). Estas ciudades se conectaron mediante calzadas y se construyeron puentes como el de Alcántara y acueductos como el de Segovia. Los romanos dividieron el territorio en provincias y municipios, explotaron los recursos mineros y agrícolas, introdujeron técnicas como el arado romano y el regadío y desarrollaron industrias de salazón, tejidos, cerámica y aceite.

La religión romana se mezcló con cultos orientales y con el culto al emperador; en el siglo I llegó el cristianismo. El arte romano destacó por su monumentalidad y utilidad: teatros y anfiteatros (Mérida, Sagunto), arcos de triunfo y villas con mosaicos, como la Casa de Hipólitus. Socialmente, la población se dividía en patricios (propietarios de tierras y cargos), plebeyos (que trabajaban para ellos), libertos y esclavos (estos últimos sin derechos). La organización política, económica y cultural transformó profundamente Hispania, asentando las bases de su urbanismo, sociedad y cultura durante siglos.

La monarquía visigoda

Los visigodos eran un pueblo germano aliado de Roma que entró en la Península Ibérica en el siglo IV para frenar a suevos, vándalos y alanos. Tras la caída del Imperio romano de Occidente en 476, formaron una monarquía independiente: primero con capital en Toulouse (sur de Francia), pero después, tras ser derrotados por los francos en Vouillé (507), se asentaron definitivamente en la península.

Allí fundaron el Reino visigodo de Toledo, el primer estado unificado e independiente en Hispania después de Roma. Los reyes visigodos llevaron a cabo una importante unificación territorial: Leovigildo sometió a suevos y vascones y expulsó a los bizantinos, controlando casi toda la península. En el ámbito religioso, Recaredo abandonó el arrianismo e impuso el catolicismo en el III Concilio de Toledo (589), integrando a visigodos e hispanorromanos. En el aspecto jurídico, Recesvinto promulgó el Fuero Juzgo o Liber Iudiciorum, que unificaba las leyes romanas y germánicas.

El gobierno era una monarquía electiva donde el rey era elegido por la asamblea de los hombres libres, formada por nobles de alto rango. Algunos intentaron implantar la herencia del trono, pero la nobleza mantuvo su derecho a elegir. El rey se apoyaba en el Oficio Palatino, dividido en el Aula Regia, con comes que gestionaban asuntos civiles, y en los Concilios de Toledo, integrados por obispos que trataban temas religiosos, jurídicos y políticos. La administración del territorio dependía de los duces (jefes militares), los comites civitates (gobernadores civiles) y los gardingos (nobles de confianza).

Las continuas luchas internas por el poder debilitaron el reino y facilitaron la conquista musulmana en 711, tras la derrota del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, poniendo fin a la monarquía visigoda.

El Paleolítico y el Neolítico

Ambos forman la Edad de Piedra, primera etapa de la Prehistoria. El Paleolítico comenzó hace 2,5 millones de años con la hominización. Su economía era depredadora: carroñeros al principio y luego se convirtieron en cazadores, pescadores y recolectores. Eran nómadas, se organizaban en clanes y tribus, y habitaban en cuevas o chozas.

Al final de esta época surgen las primeras pinturas rupestres: en la zona franco-cantábrica (Altamira, España) polícromas y naturalistas, aprovechando relieves; y el arte levantino, monocromo, esquemático y realizado en abrigos, buscando dar movimiento a las escenas.

El Neolítico comenzó hacia el 8000 a. C., tras el fin de la glaciación, cuando cambiaron la flora y la fauna. El ser humano se adaptó mediante la agricultura (trigo y cebada) y la ganadería (animales domesticados), pasando de depredador a productor. Así, se hicieron sedentarios en aldeas junto a ríos; aparecieron nuevas necesidades y la artesanía (alfarería, cerámica cardial, cestería). La población creció y, aunque había cierta igualdad social, se valoraba más a los ancianos y, en conflictos, a los líderes guerreros.

Los pueblos prerromanos y las colonizaciones del Mediterráneo

Los pueblos prerromanos habitaron la península desde el 1000 a. C. Eran agricultores y ganaderos; introdujeron el hierro, rituales funerarios y una sociedad jerarquizada. Los Tartessos (s. IX – V a. C., cuenca del Guadalquivir) destacaron en metalurgia, regadío, escritura y comercio. Los íberos, en el este y sur, influidos por fenicios y griegos, tuvieron desarrollo urbano, moneda, jerarquía social hereditaria y destacaron en escultura (Dama de Elche), cerámica y joyería. Los celtas, en centro y norte, vivían en castros, dominaban el hierro, practicaban la ganadería y dejaron menhires y dólmenes; del contacto con los íberos surgieron los celtíberos.

La colonización mediterránea aportó grandes influencias:

• Fenicios (desde el 1000 a. C.), procedentes del Líbano, fundaron colonias como Gadir o Malaka (Cádiz y Málaga). Sin afán conquistador, aportaron el alfabeto, la moneda, cultivos, factorías de salazón y la cerámica a torno.
• Griegos (siglos VIII-VII a. C.), desde Massalia, fundaron colonias como Roses, Altea o Ampurias; introdujeron el olivo, la vid, animales domésticos, tejidos y cerámica, ejerciendo gran influencia cultural.
• Cartagineses (procedentes de Cartago, Túnez) colonizaron Ibiza (s. V a. C.) y fundaron Cartago Nova (s. III a. C.), explotando recursos mineros. Su expansión coincidió con la de Roma, enfrentándose en las Guerras Púnicas; en la segunda guerra destacó Aníbal, que derrotó a Roma en Italia, aunque finalmente fueron vencidos, iniciándose la conquista romana de Hispania.

Al-Ándalus: evolución política

En el siglo VIII, una guerra civil visigoda llevó a uno de los bandos a pedir ayuda a los musulmanes. En 711 desembarcan en Gibraltar, vencen en Guadalete y conquistan Toledo. Avanzan hasta la Cordillera Cantábrica, siendo rechazados en Covadonga (722) y en Poitiers (732), consolidando Al-Ándalus.

Se forma el Emirato dependiente (711-755), con capital en Córdoba, bajo la autoridad de un emir subordinado al califa omeya de Damasco. Tras la caída de los omeyas, Abd al-Rahmán I (omeya fugitivo) funda el Emirato independiente (756-929), rompiendo el vínculo político con los califas abasíes. Con Abd al-Rahmán III, quien pacifica el territorio, se inicia en 929 el Califato de Córdoba (929-1031), al proclamarse califa, máxima autoridad política y religiosa. Fue la época de máximo esplendor militar, económico y cultural.

Con Hisham II, el poder recae en su háyib Almanzor, que realiza razzias. Su muerte (1002) inicia la decadencia y en 1031 el califato se fragmenta en reinos de taifas (1031-1086), que se mantenían pagando parias (tributos) a los cristianos. Tras la toma de Toledo (1085), las taifas piden ayuda a los almorávides (1086-1146), imperio norteafricano que unifica Al-Ándalus. Su caída da paso a los segundos taifas (1146-1170), hasta la llegada de los almohades (1170-1232).

Estos vencen en Alarcos (1195) pero son derrotados en Las Navas de Tolosa (1212). El territorio se fragmenta en terceros taifas, cayendo todos salvo el Reino nazarí de Granada (1237-1492), conquistado por los Reyes Católicos.

Al-Ándalus: economía, sociedad y cultura. El legado judío en la Península Ibérica

Frente al ruralismo cristiano, Al-Ándalus conoció un florecimiento urbano y comercial, siendo el estado más rico del siglo X. La agricultura era la base, centrada en abastecer ciudades y en la exportación: cereales, vid, olivo y nuevos cultivos como cítricos, arroz y algodón; con avances en regadío (acequias y norias). Se explotaban recursos como la sal y metales (mercurio, hierro, plomo…) y destacaba la ganadería (ovejas, caballo de guerra).

En las ciudades se desarrolló la artesanía (textiles, cuero, cerámica, orfebrería). El comercio interior se realizaba en zocos; el exterior con países islámicos y cristianos. Se exportaban productos agrícolas, minerales y tejidos e importaban productos de lujo (especias de Oriente y oro); también llegaban esclavos de África y Europa. Favoreció la economía la unificación monetaria (dinar de oro y dirham de plata).

La sociedad se dividía en musulmanes (árabes, sirios, bereberes y muladíes, que eran cristianos convertidos), y no musulmanes: mozárabes, judíos y esclavos. Había una aristocracia árabe, clases populares y una emergente clase media. La cultura islámica, enriquecida por aportaciones helenísticas, persas, indias y chinas, superó en muchos aspectos a la cristiana y sirvió como intermediaria, difundiendo saberes recopilados (literarios, filosóficos y científicos) a la Europa cristiana.

Córdoba fue centro intelectual; destacaron filósofos y médicos como Averroes (Ibn Rushd), Maimónides y Al-Zahrawi (Abulcasis). El árabe era la lengua oficial, y la literatura alcanzó gran desarrollo en el siglo X con obras como El collar de la paloma (Ibn Hazm).

Los judíos se dedicaban a la artesanía, medicina, comercio, banca y administración. Convivieron relativamente bien con cristianos y musulmanes (siglos XI-XIII), destacando la Escuela de Traductores de Toledo. Sin embargo, en el siglo XIV aumentaron las persecuciones, como la matanza de 1391 en Sevilla, considerada un auténtico pogromo.

El sistema político de la Restauración (1875-1923)

El sistema político de la Restauración estuvo estrechamente ligado a la figura de Antonio Cánovas del Castillo, artífice del regreso de los Borbones en la persona de Alfonso XII. Cánovas, político conservador y pragmático, buscó estabilidad tras el Sexenio Democrático mediante un régimen basado en el orden, la monarquía y el acuerdo entre las élites. Defendía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes y era contrario al sufragio universal, aunque supo adaptarse a ciertas reformas para consolidar el sistema.

La Constitución de 1876 fue la base legal del régimen. Inspirada en la de 1845, establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Las Cortes eran bicamerales: un Congreso electivo y un Senado compuesto por senadores de derecho propio, vitalicios nombrados por el rey y otros elegidos por sufragio censitario. La Corona concentraba amplios poderes: designaba ministros, dirigía el ejército, podía vetar leyes y disolver las Cortes.

Se reconocían derechos y libertades de forma teórica, pero quedaban supeditados a leyes posteriores y podían ser restringidos. La religión católica se declaraba oficial del Estado. La Ley Electoral de 1878 implantó el sufragio censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Más tarde, en 1890, el gobierno liberal de Sagasta aprobó el sufragio universal masculino.

El sistema se apoyaba en tres pilares: el rey, la Constitución y el bipartidismo. Cánovas diseñó el turno pacífico entre dos grandes partidos: el Partido Conservador, liderado por él mismo, y el Partido Liberal, encabezado por Sagasta. Ambos representaban a la burguesía y aceptaban las reglas del sistema.

El turno no dependía de la voluntad real de los electores, sino de acuerdos previos entre las élites políticas. Cuando se decidía la alternancia, el rey nombraba nuevo jefe de gobierno, disolvía las Cortes y se convocaban elecciones manipuladas. Mediante el «encasillado» se asignaban previamente los escaños que debía obtener cada partido.

El fraude electoral se sostenía gracias al caciquismo. Los caciques, personajes influyentes en el ámbito rural, manipulaban el voto mediante presiones, favores o directamente el pucherazo. Los gobernadores civiles coordinaban este proceso siguiendo instrucciones del gobierno. Así se garantizaba la estabilidad política y se evitaban pronunciamientos militares, pero a costa de falsear la representación popular.

Tras la muerte de Alfonso XII en 1885, durante la regencia de María Cristina, Cánovas y Sagasta reafirmaron el sistema en el Pacto del Pardo. El llamado «gobierno largo» de Sagasta impulsó reformas como la libertad de asociación y de prensa y el sufragio universal masculino, aunque el fraude electoral continuó.

La oposición al sistema fue constante pero débil. Los carlistas, cada vez más minoritarios, abandonaron la vía armada. Los republicanos, con apoyo en clases medias urbanas, defendían la democratización y reformas sociales, aunque estaban divididos. El movimiento obrero también se opuso al régimen: los anarquistas, mayoritarios, defendían ideas colectivistas, anticlericales y revolucionarias, y fundaron la CNT en 1910. Los socialistas, más moderados y partidarios de la acción política, crearon el PSOE en 1879 y la UGT en 1888, logrando representación parlamentaria en 1910.

A pesar de las críticas, el sistema de la Restauración se mantuvo hasta 1923 gracias a su aparente estabilidad, basada en el control electoral y el acuerdo entre las élites.

Las últimas colonias y la pérdida del imperio (siglo XIX)

Tras la independencia de la mayor parte del imperio español en América a comienzos del siglo XIX, solo permanecieron bajo dominio español Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estas colonias constituían los últimos restos del antiguo imperio y tenían gran importancia económica y simbólica para España.

Cuba y Puerto Rico basaban su economía en la agricultura de exportación, especialmente el azúcar y el tabaco, trabajados en gran parte por mano de obra esclava. Cuba llegó a ser la primera productora mundial de azúcar. Eran colonias muy rentables para la metrópoli, que las convirtió en un mercado cautivo mediante fuertes aranceles que obligaban a comprar productos españoles más caros que los estadounidenses. Este sistema beneficiaba a una reducida oligarquía criolla y a los intereses económicos peninsulares, pero perjudicaba a la mayoría de la población.

En Filipinas, en cambio, la presencia española fue escasa y el dominio se apoyaba sobre todo en el ejército y en las órdenes religiosas. La Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878) terminó con la Paz de Zanjón, pero no resolvió las aspiraciones independentistas. La falta de reformas y la represión favorecieron el desarrollo del nacionalismo. Figuras como José Martí en Cuba y José Rizal en Filipinas se convirtieron en símbolos de la lucha independentista.

En 1895 estallaron nuevas insurrecciones en Cuba y Filipinas. España envió miles de soldados, en su mayoría de clases humildes. La intervención de Estados Unidos en apoyo de los rebeldes cubanos, motivada por intereses económicos y geopolíticos, culminó tras la explosión del acorazado Maine en La Habana (1898), que sirvió de pretexto para la Guerra hispano-estadounidense.

El conflicto fue breve y claramente favorable a Estados Unidos. La flota española fue derrotada en Cuba y Filipinas. En diciembre de 1898 se firmó la Paz de París: España cedió Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos, y Cuba quedó bajo tutela estadounidense mediante la Enmienda Platt. La derrota supuso el fin del imperio colonial español y fue conocida como el «Desastre del 98». Murieron más de 50.000 soldados y la derrota provocó una profunda crisis moral y política en España.

Desde el punto de vista económico, las consecuencias no fueron totalmente negativas: se saneó la Hacienda pública, se reformó el sistema fiscal y se produjo la repatriación de capitales que impulsaron inversiones en la península; incluso se logró superávit en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, el impacto psicológico fue enorme. La derrota evidenció la debilidad militar y política del régimen de la Restauración y su incapacidad para modernizar el país. Intelectuales y políticos denunciaron la decadencia nacional.

Surgió la llamada Generación del 98, con autores como Unamuno, Baroja o Maeztu, que reflexionaron críticamente sobre la identidad y el atraso de España. También se reforzaron los nacionalismos periféricos ante la crisis de la idea de España. En este contexto apareció el Regeneracionismo, movimiento que proponía reformas profundas para modernizar el país. Joaquín Costa fue su principal representante y denunció el caciquismo y la corrupción del sistema político, defendiendo una verdadera democratización y una reforma educativa y económica para superar la crisis abierta en 1898.

Demografía y sociedad en el siglo XIX

A lo largo del siglo XIX la población española experimentó un crecimiento moderado, aunque inferior al de los países más industrializados de Europa. Este aumento se debió principalmente al descenso progresivo de la mortalidad, mientras la natalidad se mantenía alta. Sin embargo, España continuó siendo un país mayoritariamente rural: hacia 1865, alrededor del 80 % de la población vivía en el campo.

La abolición del régimen señorial y las transformaciones derivadas de la reforma agraria liberal modificaron las estructuras tradicionales del mundo rural. La mejora de los transportes y las expectativas de trabajo en las ciudades impulsaron movimientos migratorios internos, especialmente del campo a los núcleos industriales de Cataluña y el País Vasco, así como a Madrid, centro político y administrativo del país.

Las capitales de provincia aumentaron su peso demográfico: si en 1836 concentraban menos del 10 % de la población, en 1900 alcanzaban el 16,6 %. El crecimiento urbano obligó a derribar murallas medievales y a planificar ensanches, con amplias avenidas y nuevos barrios. Se construyeron estaciones de ferrocarril, se implantó el alumbrado público de gas y se desarrollaron redes de alcantarillado. Aparecieron edificios más altos y viviendas diferenciadas según el nivel social.

A pesar de estos cambios, a comienzos del siglo XX el 70 % de la población seguía residiendo en localidades de menos de 20.000 habitantes. Persistía un fuerte dualismo entre campo y ciudad, origen de tensiones sociales y políticas.

En el plano social, el período se caracterizó por la transición de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Desaparecieron los privilegios jurídicos propios del Antiguo Régimen y se impuso la igualdad ante la ley. La posición social pasó a depender fundamentalmente de la propiedad y la riqueza, lo que permitió mayor movilidad social, especialmente a través de los negocios, la administración o el ejército.

En la cúspide social se consolidó una nueva élite formada por la alta burguesía industrial y financiera, la oligarquía terrateniente —especialmente en el sur—, la Iglesia y los altos cargos del Estado y del ejército. Por debajo surgieron unas clases medias urbanas poco numerosas, integradas por pequeños propietarios, comerciantes, funcionarios, profesionales liberales y oficiales del ejército. La mayoría de la población pertenecía a las clases populares: los campesinos constituían el grupo más numeroso, alrededor de dos tercios del total. Muchos no se beneficiaron de las desamortizaciones, ya que carecían de recursos para comprar tierras y perdieron el acceso a los bienes comunales. En el sur y centro peninsular abundaban los jornaleros sin tierra, con salarios bajos, paro estacional y condiciones de vida muy duras.

En las ciudades, la población obrera y marginal incluía criados, artesanos, mendigos y un proletariado industrial aún reducido, concentrado en Barcelona, Bilbao y Asturias. Vivían en barrios insalubres, con hacinamiento, largas jornadas laborales y salarios muy bajos. Con el tiempo, los obreros industriales lograron algunas mejoras gracias a la acción sindical y a ciertas reformas sociales, mientras que los jornaleros agrícolas apenas vieron mejorar su situación. Así, la España de finales del XIX combinaba modernización urbana e industrial con una persistente pobreza rural y fuertes desigualdades sociales.

Agricultura, industria y finanzas en el siglo XIX

Durante el siglo XIX la agricultura española experimentó una profunda transformación ligada al triunfo del liberalismo. Se abolió el régimen señorial, se suprimieron los mayorazgos y se impulsaron grandes desamortizaciones que permitieron que la tierra pasara a ser una propiedad libre y susceptible de compraventa. Con ello se pretendía crear una agricultura capitalista orientada al mercado y eliminar las trabas del Antiguo Régimen.

La desamortización fue el proceso más relevante. En 1835, bajo el gobierno progresista, Juan Álvarez de Mendizábal inició la expropiación de bienes eclesiásticos amortizados, su nacionalización y posterior venta en subasta pública. Además, se suprimieron numerosas órdenes religiosas. Más tarde, en 1855, Pascual Madoz amplió el proceso con una nueva ley que afectó principalmente a bienes municipales.

Las desamortizaciones tenían varios objetivos: el principal era financiero (obtener recursos para reducir la deuda pública y financiar la guerra carlista). También buscaban consolidar el régimen liberal ampliando su base social entre los compradores de tierras y debilitar a sectores eclesiásticos cercanos al carlismo. De forma secundaria, se pretendía crear una clase media agraria de campesinos propietarios.

Sin embargo, los resultados fueron limitados. No se resolvió el problema de la deuda pública y la mayor parte de las tierras fueron adquiridas por nobles y burgueses adinerados, no por campesinos pobres. Muchos jornaleros perdieron el acceso a tierras comunales y vieron empeorar sus condiciones. Esto explica que parte del campesinado se inclinara hacia posiciones antiliberales, mientras que la nobleza tendió a apoyar el nuevo régimen. La Iglesia perdió gran parte de su base económica, aunque el Estado se comprometió a sostener el culto y el clero mediante asignaciones presupuestarias.

En el ámbito industrial, España quedó rezagada respecto a la Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña. La industrialización se concentró en Cataluña (industria textil) y en el País Vasco (siderurgia). El resto del país mantuvo una estructura económica predominantemente agraria. Entre las causas del retraso industrial destacaron la escasez de carbón de calidad, la dependencia tecnológica y financiera del exterior, la debilidad del mercado interior debido al bajo poder adquisitivo y las dificultades de comunicación, además de la inestabilidad política y la pérdida del mercado colonial americano.

El desarrollo del ferrocarril fue un elemento clave de modernización. La primera línea peninsular se inauguró en 1848 entre Barcelona y Mataró. Tras la Ley General de Ferrocarriles de 1855 se produjo una rápida expansión de la red. No obstante, gran parte de la financiación procedía del capital extranjero.

La política comercial fue mayoritariamente proteccionista, favoreciendo a los industriales textiles catalanes y a los cerealistas castellanos. Solo durante el Sexenio Democrático se adoptó una política más librecambista con el Arancel Figuerola de 1869, pero la Restauración volvió al proteccionismo.

En el terreno financiero, la Hacienda pública estuvo lastrada por la deuda, aunque se adoptaron medidas importantes como la creación del Banco de España en 1856, que obtuvo el monopolio de emisión de moneda en 1874, y la implantación de la peseta como unidad monetaria en 1868. En conjunto, la España del siglo XIX avanzó hacia una economía liberal y capitalista, pero lo hizo de manera desigual, con importantes desequilibrios regionales, atraso técnico agrario y una industrialización limitada que condicionó su desarrollo posterior.

La crisis de la Restauración: intentos regeneradores y oposición al régimen (1902-1923)

El período que se inicia en 1902, con el ascenso de Alfonso XIII al trono, y concluye en 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, se caracterizó por una permanente crisis política. Varios factores explican esta situación:

• Intervencionismo político de Alfonso XIII: su apoyo a sectores conservadores del Ejército y, finalmente, a la dictadura de Primo de Rivera.
• División de los partidos del «turno», provocada por la desaparición de los líderes y las disensiones internas.
• Debilitamiento del caciquismo, paralelo al desarrollo urbano.
• Desarrollo de la oposición política y social: republicanos, nacionalistas, socialistas y anarquistas.

Desde 1917 se sucedieron gobiernos de coalición, sujetos a alianzas y continuos cambios. Ni liberales ni conservadores consiguieron mayorías sólidas. En este contexto el país tuvo que enfrentarse a graves problemas sociales:

• Agudización de las luchas sociales entre patrones y trabajadores.
• Reavivamiento de la «cuestión religiosa» con crecientes protestas contra el poder de la Iglesia y extensión del anticlericalismo.
• Resurgimiento de la «cuestión militar» ante un ejército humillado en 1898 y sujeto a críticas crecientes de los sectores opositores.
• Consolidación del movimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco.
• El «problema de Marruecos», que llevó a conflictos militares y a la intervención en el norte del país tras la Conferencia de Algeciras (1906).

En 1905 estalló una grave crisis en Cataluña; la victoria de la Lliga Regionalista en 1906 alarmó al ejército. La Ley de Jurisdicciones (1906) identificó las críticas al ejército con críticas a la patria, siendo juzgadas por la jurisdicción militar. Una nueva coalición, Solidaritat Catalana, venció en 1907, reduciendo la representación de conservadores y liberales en Cataluña.

Antonio Maura, líder del Partido Conservador, llegó al poder en 1907 con un programa reformista: modificó la ley electoral e intentó aprobar una autonomía para Cataluña, proyecto que no tuvo éxito. En 1909 se produjo la Semana Trágica en Barcelona, motivada por la movilización de reservistas para la guerra de Marruecos, protestas obreras y una dura represión. La semana dejó un centenar de muertos, numerosos heridos y destrucción; la represión culminó con el juicio y ejecución del pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia.

El PSOE logró que Pablo Iglesias fuera elegido diputado en 1910. El liberal José Canalejas emprendió un último intento regeneracionista, pero fue asesinado por un anarquista en 1912, lo que marcó el inicio de una crisis permanente de los partidos del turno.

Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la presión internacional

Tras el reparto de África, Marruecos era una de las regiones en disputa. En la Conferencia de Algeciras (1906) se acordó el reparto entre Francia y España; a España le correspondió la franja norte. Muy pronto aparecieron conflictos con las cábilas del Rif, que se agruparon bajo Abd el-Krim. El ejército español, mal pertrechado y dirigido, sufrió importantes reveses. El Desastre del Barranco del Lobo y otros episodios evidenciaron la fragilidad militar.

En 1912 Francia y España pactaron un nuevo reparto de Marruecos para hacer frente a la resistencia. En 1921 tuvo lugar el Desastre de Annual, una retirada desordenada que costó más de trece mil muertos. La indignación pública llevó a la formación de la comisión militar que elaboró el Expediente Picasso, que puso de manifiesto irregularidades, corrupción e ineficacia en el ejército. Antes de que la comisión emitiera su dictamen (1 de octubre de 1923), el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 y estableció una dictadura militar.

La Primera Guerra Mundial dividió al país entre aliadófilos (izquierda) y germanófilos (derecha), pero trajo prosperidad económica a España, que permaneció neutral y se benefició como abastecedora de productos. El reparto social de los beneficios fue desigual y condujo a movilizaciones, provocando la crisis de 1917, que incluyó:

• Crisis militar: las Juntas de Defensa mostraron el descontento entre oficiales peninsulares y africanistas.
• Crisis parlamentaria: demandas de convocatoria de Cortes Constituyentes.
• Crisis social: la huelga general de 1917, convocada por CNT y UGT, con amplio seguimiento y fuerte represión.

El fin de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa trajeron una crisis económica y social que desencadenó gran conflictividad, especialmente en Barcelona (1919-1921). Las huelgas y protestas, alentadas por anarquistas, se encontraron con una dura represión y la creación de grupos patronales violentos (Sindicato Libre). En 1921 fue asesinado Eduardo Dato; también murieron destacados líderes anarquistas como Salvador Seguí.

La dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII (1923-1930)

El golpe del 13 de septiembre de 1923 contó con el apoyo del rey Alfonso XIII. Se declaró el estado de guerra, se suspendieron las garantías constitucionales y se disolvieron las Cortes. Primo de Rivera se constituyó en ministro único, asesorado por un Directorio Militar. Tras el éxito militar en Marruecos (desembarco de Alhucemas, 1925), la dictadura intentó institucionalizarse mediante un Directorio Civil (1925) y la Asamblea Nacional Consultiva (1927), que fracasó en redactar una constitución.

Se aplicaron medidas de corte autoritario: prohibición de la bandera y el himno catalán en actos públicos, restricción del uso público del catalán, política de mano dura en orden público y la formación de la Unión Patriótica como partido único. Se impulsó una Organización Corporativa del Trabajo, inspirada en el modelo italiano, que tampoco funcionó.

La oposición a la dictadura abarcó liberales, conservadores, republicanos, socialistas, anarquistas, intelectuales y el movimiento estudiantil. Tras el crack de 1929 y la agravación de la crisis económica mundial, Primo de Rivera dimitió en 1930. La dictablanda posterior (gobierno de Berenguer) intentó restaurar la normalidad constitucional, pero el descontento llevó al Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), que agrupó a republicanos, socialistas y otros para derrocar la monarquía.

El fracaso de la sublevación de Jaca (diciembre de 1930) y la dimisión de Berenguer (febrero de 1931) desembocaron en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, cuyos resultados urbanamente favorables a republicanos y socialistas precipitaron la abdicación de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.

La Segunda República (1931-1936): proclamación, gobierno provisional y Constitución de 1931

La proclamación de la República obligó a Alfonso XIII a exiliarse. Se constituyó un gobierno provisional presidido por Alcalá-Zamora, integrado por republicanos, socialistas y nacionalistas, encargado de convocar Cortes Constituyentes.

El nuevo gobierno emprendió reformas agrarias, laborales, militares y educativas, y aprobó un Estatuto Provisional de Autonomía para Cataluña. Las tensiones con la Iglesia fueron inmediatas; hubo episodios de anticlericalismo y quema de conventos, que alejaron a la opinión católica del régimen.

En junio de 1931 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron mayoría a la coalición republicano-socialista. La Constitución de 1931, aprobada en diciembre, reflejó las ideas de esa mayoría:

• Soberanía popular: Estado definido como «República democrática de trabajadores de todas las clases».
• Sufragio universal masculino y femenino.
• Amplia declaración de derechos y libertades (incluido el divorcio).
• Separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
• Derecho de las regiones a establecer Estatutos de Autonomía.
• Estado laico: separación Iglesia-Estado, desaparición del presupuesto para el culto y restricciones en la educación religiosa.

El movimiento feminista cobró fuerza: asociaciones como la Sociedad Concepción Arenal, la Liga Española para el Progreso de la Mujer, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) y la Unión de Mujeres de España (UME) trabajaron por el sufragio femenino y por reformas civiles. La Juventud Universitaria Feminista (fundada en 1920, con María de Maeztu) promovió conferencias, becas y bibliotecas. La República permitió avances: las mujeres obtuvieron el voto y acceso a empleos y cargos públicos; entre las diputadas destacaron Victoria Kent, Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, Federica Montseny (ministra de Sanidad) e Isabel Oyarzábal.

El bienio reformista (1931-1933)

Tras la aprobación de la Constitución, se formó un gobierno presidido por Azaña y compuesto por republicanos y socialistas; Alcalá-Zamora fue elegido Presidente de la República. Este gobierno impulsó un amplio programa de reformas:

• Reformas sociales y laborales (Largo Caballero): seguros, mejora de condiciones para trabajadores y reconocimiento de sindicatos.
• Reforma educativa: programa de construcción de escuelas, contratación de maestros, enseñanza primaria obligatoria y gratuita, libertad de cátedra, becas y promoción de la investigación universitaria. Se impulsaron las Misiones Pedagógicas y el grupo de teatro de la Barraca (con Lorca).
• Reforma militar: reducción de mandos, Ley de Retiro (1931), cierre de academias consideradas focos contrarios al régimen y cambios en el sistema de ascensos; medidas que enfadaron a sectores del ejército, especialmente los africanistas.
• Reforma agraria (1932): expropiación de fincas no explotadas mediante indemnizaciones y entrega a campesinos en arriendo.
• Reforma religiosa: separación Iglesia-Estado, supresión del presupuesto al culto y al clero, matrimonio civil, divorcio y nacionalización de algunos bienes.

La derecha se reorganizó y la izquierda revolucionaria no dio tregua. La crisis económica y la radicalidad de algunos sectores llevaron a fuertes tensiones. La “Sanjurjada” (golpe de Sanjurjo, 1932) fracasó; el gobierno aprobó la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin embargo, incidentes como los sucesos de Casas Viejas (Cádiz), donde la Guardia de Asalto mató a campesinos anarquistas, provocaron escándalo y debilitamiento del gobierno, que convocó elecciones en noviembre de 1933.

En las elecciones de 1933 la derecha se presentó reorganizada: la CEDA (Gil Robles), Renovación Española (Calvo Sotelo) y la Falange de José Antonio Primo de Rivera. La izquierda se presentó fragmentada y los anarquistas llamaron a la abstención. El resultado fue una victoria de la derecha (Partido Republicano Radical de Lerroux y la CEDA), seguida de una insurrección anarquista con más de cien muertos.

El bienio de derechas (1933-1936) y la radicalización

El gobierno de Lerroux, apoyado por la CEDA, impulsó la paralización de las reformas del bienio anterior:

• Paralización de la reforma agraria y desalojo de tierras ocupadas.
• Paralización de la reforma militar y nombramientos de oficiales antirrepublicanos (Franco, Goded, Mola).
• Conciliación con la Iglesia y paralización de reformas educativas.
• Enfrentamiento con los nacionalismos periféricos y suspensión del Estatuto catalán en algunos momentos.

La radicalización política llevó a la entrada de ministros de la CEDA en octubre de 1934, lo que provocó una reacción de la izquierda: huelgas, insurrecciones en Cataluña (Companys) y una revolución en Asturias que fue reprimida con dureza por la Legión (dirigida por Franco). El balance fue sangriento: más de mil trescientos muertos, miles de detenidos y la suspensión del Estatuto catalán.

Las tensiones internas y los escándalos precipitaron nuevas elecciones en febrero de 1936. Se presentaron dos bloques principales:

• Frente Popular: pacto electoral de izquierdas (Izquierda Republicana, PSOE, PCE, POUM, Esquerra Republicana).
• Coalición de la derecha (CEDA, Renovación Española) y candidaturas de Falange y otros.

Ganó el Frente Popular. Manuel Azaña fue nombrado Presidente del Gobierno; sin embargo, la fragmentación política y la radicalización social continuaron. Se reanudaron reformas (amnistía, Estatuto catalán, reforma agraria) y se produjo la conspiración de sectores militares y políticos contra el gobierno, que acabó desencadenando la sublevación de 1936.

Panorámica histórica anterior: siglos XVI-XVIII

En los siglos XVI y XVII la sociedad europea y española mantuvo una estructura estamental. En el siglo XVI hubo crecimiento demográfico y comercial gracias a las Indias. La población era mayoritariamente rural y aumentó hasta finales de siglo. Después llegó una crisis por malas cosechas, peste, guerras, migraciones y la expulsión de los moriscos.

La nobleza perdió su función militar y buscó cargos en la corte; surgió la nobleza de servicio. El clero tenía privilegios y gran influencia política. El pueblo llano sostenía la economía: campesinos, burgueses, artesanos y marginados. La pobreza favoreció la picaresca y la delincuencia.

En economía, la agricultura se expandió pero con bajo rendimiento y técnicas atrasadas. Destacaron cereales, vid y olivo, y la ganadería ovina por la lana castellana. La industria gremial creció, sobre todo la textil, aunque no cubría la demanda. El comercio marítimo prosperó más que el terrestre, especialmente con América. En el siglo XVII hubo crisis, bancarrotas, inflación y caída productiva. Culturalmente, el XVI fue renacentista y humanista; el XVII, barroco y religioso. Fue el Siglo de Oro en literatura y arte.

Guerra de Sucesión y Pactos de Utrecht

En 1700 murió Carlos II sin descendencia y dejó como heredero a Felipe de Anjou, futuro Felipe V. Las potencias europeas temieron la unión de Francia y España bajo los Borbones y se formó la Gran Alianza, dando lugar a la Guerra de Sucesión (1702-1713). En España fue también una guerra civil: Castilla apoyó a Felipe y Aragón a Carlos.

La victoria borbónica en Almansa (1707) fue decisiva. La guerra terminó con la Paz de Utrecht (1713) y Rastatt (1714). España perdió Flandes e Italia para Austria y cedió Gibraltar y Menorca a Inglaterra; además, Inglaterra obtuvo ventajas comerciales en América. Posteriormente, España y Francia firmaron los Pactos de Familia para contrarrestar la hegemonía británica.

La nueva monarquía borbónica y los Decretos de Nueva Planta

La llegada de los Borbones a comienzos del siglo XVIII supuso el inicio de una etapa de reformas para recuperar España tras la Guerra de Sucesión. Felipe V implantó la monarquía absoluta, concentrando poderes en el rey. Su objetivo fue centralizar y unificar el Estado, eliminando las diferencias entre los distintos reinos. Mediante los Decretos de Nueva Planta suprimió los fueros e instituciones de la Corona de Aragón por su apoyo al archiduque Carlos, abolió sus Cortes y la Generalitat y eliminó privilegios fiscales y militares. Navarra y el País Vasco conservaron sus fueros por su fidelidad.

Se reorganizó la administración en provincias y capitanías generales con intendentes, se reformaron el Ejército y la Armada, y se unificó la Hacienda con nuevos impuestos. Se impulsaron reformas culturales con la creación de Reales Academias. Fernando VI y, sobre todo, Carlos III continuaron la modernización en un proceso que culminó con las llamadas reformas ilustradas.

Reformas borbónicas en América

Las reformas borbónicas en América, impulsadas en el siglo XVIII, buscaron reforzar el control de la Corona y modernizar el Imperio. Se crearon los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, se establecieron capitanías generales, el sistema de intendencias y se favoreció a los peninsulares frente a los criollos en los altos cargos. Se reforzó el regalismo y, en 1767, se expulsó a la Compañía de Jesús. En economía se flexibilizó el monopolio comercial, sustituyendo el sistema de flotas por navíos de registro; se impulsó la agricultura, obras públicas y aumentaron impuestos como la alcabala.

Sociedad, economía y cultura del siglo XVIII

En el siglo XVIII la población creció de forma continua gracias a mejoras agrícolas y en transportes. Disminuyeron las crisis de hambre y epidemias por mejores condiciones higiénicas. La economía se expandió por reformas borbónicas; la agricultura incorporó nuevos cultivos (maíz, patata) y mejoraron los regadíos. La industria se protegió mediante Reales Fábricas; destacó la seda valenciana y la construcción naval vasca. El comercio americano, con Cádiz como centro, fue motor económico.

Culturalmente se desarrolló la Ilustración, basada en la razón y el progreso educativo; surgieron academias y sociedades económicas. En arte floreció el neoclasicismo y destacaron artistas como Goya.

Reinado de Fernando VII, Isabel II y el siglo XIX (resumen)

A la muerte de Fernando VII en 1833, su hija Isabel II fue proclamada reina con tres años, iniciándose la regencia de su madre, María Cristina. Para sostener la dinastía frente a los carlistas contó con el apoyo de liberales y se promulgó el Estatuto Real de 1834, que no reconocía la soberanía nacional. Ese mismo año estalló la Primera Guerra Carlista (1833-1839), conflicto dinástico y social entre liberales e absolutistas.

El liberalismo se dividió en moderados y progresistas. Los moderados defendían la autoridad de la Corona y un sufragio censitario restringido (Constitución de 1845); los progresistas defendían la soberanía nacional y ampliación de derechos (Constitución de 1837). Tras periodos de regencias y pronunciamientos, Isabel II asumió el gobierno efectivo en 1843. El descontento acumulado desembocó en la Revolución de 1868 (La Gloriosa), que expulsó a Isabel II y abrió el Sexenio Revolucionario (1868-1874).

Durante el Sexenio se redactó la progresista Constitución de 1869, reinó brevemente Amadeo I (1871-1873) y se proclamó la Primera República (1873-1874), con cuatro presidentes en un año y graves problemas: tercera guerra carlista, sublevaciones cantonales, guerra de Cuba y conspiraciones alfonsinas. El golpe de Pavía (1874) y la proclamación de Alfonso XII (1874) pusieron fin al Sexenio e iniciaron la Restauración borbónica dirigida por Cánovas.

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