El contexto político tras la victoria del Frente Popular

Tras la victoria electoral del Frente Popular, una parte significativa de la derecha política decidió derrocar la República mediante medios no democráticos, comenzando a conspirar para preparar un golpe de Estado militar. La trama militar y sus apoyos civiles —aquellos que se sentían amenazados por las políticas reformistas del bienio azañista— justificaron la necesidad del golpe basándose en una visión catastrofista de la realidad de 1936 y, en general, de toda la II República.

Las elecciones de febrero de 1936

En febrero de 1936 se produjo la victoria de las candidaturas del Frente Popular sobre las de la derecha por un escaso margen. El Frente Popular era una coalición de partidos republicanos de centro-izquierda y la izquierda. En este caso, el sindicato CNT recomendó el voto para las candidaturas de izquierda. La derecha se presentó dividida: por una parte, la CEDA y, por otra, el Bloque Nacional. El triunfo del Frente Popular dio paso a un gobierno exclusivamente republicano presidido por Casares Quiroga.

El gobierno y la polarización social

Azaña pasó a presidir la República, lo que debilitó el peso político del gobierno. El PSOE no quiso entrar en el ejecutivo; el sector izquierdista del partido, liderado por Largo Caballero, apostó por una oportunidad revolucionaria tras el gobierno republicano. La práctica política del gobierno implicó, además de la amnistía de los presos políticos de la revolución del 34, la recuperación del programa reformista del bienio azañista:

• Una buena parte de la izquierda reclamó la aceleración de las reformas, sobre todo en el ámbito de la reforma agraria y las relaciones laborales. La respuesta de los latifundistas y empresarios fue la confrontación.
• La Iglesia católica volvió a lanzar campañas contra la República y la izquierda radical respondió con episodios de anticlericalismo violento.

La conspiración militar y el clima de inseguridad

Tras la derrota, la derecha comenzó a desconfiar del rumbo democrático. Conocidos los resultados electorales, los militares se ofrecieron al presidente Portela Valladares para impedir el acceso al poder de la izquierda. El siguiente gobierno republicano trató de alejar a los militares más conservadores (Franco y Mola), pero muy pronto los militares de la U.M.E. comenzaron a diseñar la trama golpista que debía culminar en un pronunciamiento militar simultáneo y violento. La conspiración contó con una trama civil para recabar apoyos internacionales: Goicoechea, líder del Bloque Nacional, buscó el apoyo de Mussolini, mientras el financiero Juan March dotó de fondos a los conspiradores.

Mientras tanto, en las calles, la polarización política aumentó. La FE (Falange Española), que acogió a jóvenes de las Juventudes de Acción Popular, buscó crear un clima de caos y desorden. Esta inseguridad culminó con el asesinato del teniente Castillo, militante socialista, contestado con el asesinato de Calvo Sotelo, líder de Renovación Española.

El estallido de la sublevación

La sublevación comenzó el 17 de julio en Melilla. Franco llegó desde Canarias a Marruecos para ponerse al mando de las tropas de regulares y legionarios. Muchos de los militares golpistas eran conocidos africanistas asociados a la UME. Mola fue el encargado de la dirección del golpe, mientras que Sanjurjo, un referente entre los golpistas, murió en un accidente de aviación.

El pronunciamiento militar simultáneo no consiguió su objetivo final de derrocar al gobierno, pero sí provocó la Guerra Civil, triunfando en Galicia, Castilla la Vieja, Navarra, Rioja, parte de Aragón, el sur (Marruecos y el estrecho) y en algunas grandes ciudades de Andalucía como Sevilla, Córdoba o Granada. También consiguieron el control de Canarias y parte de las islas Baleares. Se les resistieron las grandes ciudades y las zonas más industrializadas.

La justificación del golpe: El mito del catastrofismo

Franco justificó la sublevación —que los llamados «nacionales» presentaron como Alzamiento— como si representaran una mayoría social intangible pero real. Su justificación se fundamentó en la argumentación catastrofista que mantuvo la derecha más conservadora a lo largo de la República:

• Presentaron la situación del año 36 como dominada por el caos y la anarquía que el gobierno era incapaz de dominar. Es importante subrayar que los partidos que apoyaban a los golpistas estaban, en los meses previos, generando dicha situación de inseguridad.
• Aludieron a los ataques a bienes de la Iglesia por parte de incontrolados de los sectores radicales de la izquierda, presentándose como valedores de la causa católica.
• La argumentación principal fue presentar a la República como un proyecto revolucionario desde 1931.
• El último paso fue asimilar la República con un proyecto comunista dirigido desde la URSS, presentando la deslealtad de su acción como una necesidad para «salvar la patria».

La defensa de la legalidad republicana

La defensa de la República fue manifestada por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. Este había sido ministro del gobierno provisional en el 31 y creó la Unión Republicana. Fue presidente del gobierno el día 18 de julio, cuando dimitió Casares y Azaña lo nombró para negociar con los golpistas, sin éxito. Martínez Barrio estructuró su defensa en los siguientes argumentos:

• La sublevación es un acto de deslealtad ante los poderes legalmente constituidos (Parlamento y Gobierno).
• Legitimidad del gobierno republicano al contar con el apoyo parlamentario del Frente Popular.
• Desenmascarar el acto golpista como una acción para defender los intereses de la oligarquía y los sectores que siempre mandaron, viéndose amenazados por las políticas reformistas.
• Subrayar que la República pretendió incluir en el sistema político a las clases sociales populares y medias, históricamente marginadas.

Concluyó que, tras la justificación de salvar España y sus valores tradicionales, se escondía el interés de los golpistas de salvaguardar los privilegios de quienes siempre habían ostentado el poder.