La Organización Política de la Monarquía Constitucional y los Partidos Políticos

Durante el primer tercio del siglo XIX se produjo la destrucción de las estructuras del Antiguo Régimen, instalándose las propias de la sociedad, la economía y del Estado Liberal. Esta tendencia liberal, revolucionaria o burguesa, presenta rasgos representativos como la representación popular, el reconocimiento de la soberanía nacional y ciudadana, la elección de cargos públicos, la separación de poderes con control mutuo y la Constitución como norma de funcionamiento político, organizativo e ideológico.

Los Grupos Políticos

• Moderados: Grupo heterogéneo formado por comerciantes, terratenientes, intelectuales, militares y la antigua nobleza. Defendían los intereses económicos de su grupo y buscaban la construcción de un Estado unitario y una seguridad administrativa centralizada. Defendían el derecho de propiedad y un sufragio restringido según la riqueza del electorado. Defendían un modelo de soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. Sin ser clericales, defendían la confesionalidad del Estado.
• Progresistas: Compuestos por la burguesía, la oficialidad del ejército y las clases populares urbanas. Defendían el principio de soberanía nacional como base de legitimidad y el predominio de las Cortes, limitando el poder del rey a un papel moderador. Su programa era reformista: mayor autonomía a los poderes locales, amplio reconocimiento de derechos individuales y colectivos, y limitación de la influencia de la Iglesia en la vida social del país. Defendían el principio de sufragio censitario, aunque más amplio. En materia económica, centraban su pensamiento en la reforma agraria para finalizar con el problema de las “manos muertas”. Deseaban suprimir el servicio militar obligatorio y reemplazarlo por un sistema de quintas, con un modelo profesional de ejército, remunerado y bien instruido.
• Unión Liberal: Formada por los sectores más progresistas de los moderados y los más conservadores de los progresistas. Presentaban una opción centrista y de unión política con el fin de gobernar, impulsada por O’Donnell y Serrano.
• Demócratas y Republicanos: Aparecieron a lo largo del reinado de Isabel II, descontentos con los planteamientos progresistas. Se formó el Partido Demócrata, que defendía la soberanía popular, el sufragio universal masculino, un sistema unicameral, la ampliación de libertades individuales y públicas, el reconocimiento de derechos colectivos, la libertad de imprenta, la elección de ayuntamientos y la implicación administrativa en educación y políticas de beneficio social. Exigían la libertad de culto para las religiones. Su fuerza residía en las clases populares urbanas y la baja milicia.

Un elemento que marcó el reinado de Isabel II fue la presencia de militares en la política; los líderes de los partidos eran militares que utilizaban el pronunciamiento para formar gobiernos provisionales y forzar cambios de gobierno.

El Reinado de Isabel II y el Movimiento Carlista

El movimiento carlista fue un complejo movimiento ideológico vinculado a los planteamientos más conservadores. Aunque el planteamiento carlista fue temprano, su organización fue tardía e institucionalmente parcial. Sus ideas clave se resumían en el lema: “Dios, Patria y Rey”, a lo que más tarde se añadieron los fueros. Se distinguen tres grandes tendencias: la ultraconservadora (miembros de la corte de Carlos y el núcleo central de su administración), los renovadores (que mantenían la ley por encima del rey) y la tendencia foralista (más proclive al pacto con los liberales siempre que se respetaran los derechos forales). El carlismo no logró una implantación general en el país, siendo predominantemente rural, aunque contó con el apoyo de las clases populares. El ejército fue clave en la derrota carlista.

Evolución de la Guerra (1833-1840)

La guerra comenzó en 1833, con especial intensidad en la zona vasco-navarra. Carlos obtuvo el apoyo internacional de algunas potencias absolutistas que enviaron dinero y armas, mientras que María Cristina obtuvo el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Portugal. Se distinguen dos etapas:

1833-1835: Estabilización y Triunfos Carlistas

Se estabilizó la guerra en el Norte con algunos triunfos carlistas. En 1834, Carlos regresó de Gran Bretaña y se instaló en Navarra, donde constituyó su corte e intentó formar gobierno. El general Zumalacárregui organizó el ejército y tomó villas vascas, pero fracasó en la toma de Bilbao, donde murió. La desorganización carlista fue mayor en el Levante, donde no se logró la unión de las partidas del Prepirineo, las del Maestrazgo y el Bajo Aragón, a pesar de los avances de Cabrera.

1836-1840: Ofensiva Liberal y el Abrazo de Vergara

El bando liberal avanzó gracias a los triunfos de Espartero, quien puso fin al sitio de Bilbao. El carlismo optó por organizar expediciones a otras regiones para sumar tropas, pero no logró controlar territorios importantes, destacando la Expedición Real de 1837. El carlismo se dividió entre intransigentes y transaccionistas. El acuerdo llegó en 1839 con el Abrazo de Vergara entre Maroto y Espartero, que supuso el fin de las hostilidades a cambio del reconocimiento de los fueros y la integración de los oficiales carlistas en el ejército nacional.

La Regencia de María Cristina y el Gobierno de Transición

El Estatuto Real de 1834

El testamento de Fernando VII creó un Consejo de Gobierno asesor para María Cristina, presidido por Cea Bermúdez, de predominio absolutista moderado. Una de sus medidas fue la división provincial del territorio en 1833, promovida por Javier de Burgos. Ante la necesidad de apoyos más sólidos frente a los carlistas, el gobierno inmovilista de Cea Bermúdez fue sustituido por el de Martínez de la Rosa, un liberal moderado que inició las primeras reformas. Con el objetivo de buscar una fórmula representativa sin alterar la concepción de la monarquía absoluta, se promulgó el Estatuto Real de 1834, que eran reglas para la convocatoria de Cortes que pretendían identificarse con las del Antiguo Régimen. Las Cortes eran bicamerales: “Próceres” y “Procuradores”. El régimen del Estatuto Real nació con carencias para satisfacer las necesidades de reforma.

Los Progresistas y el Desmantelamiento del Antiguo Régimen (1835-1837)

Sucedieron protestas urbanas y los liberales progresistas, con influencia en el ejército, organizaron Juntas Revolucionarias. Los motines se generalizaron y adquirieron un marcado carácter anticlerical. Las demandas progresistas eran: reunión de Cortes según el modelo de 1812, libertad de prensa, nueva ley electoral, extinción del clero regular y reorganización de la Milicia Nacional para hacer frente a la guerra carlista. María Cristina cedió la presidencia y nombró jefe de gobierno a Mendizábal (progresista), quien calmó las protestas con la promesa de reformar el Estatuto Real.

La Desamortización de Mendizábal

Ante el problema financiero, Mendizábal diseñó la desamortización de los bienes de las órdenes religiosas. Esto proporcionó apoyos políticos y sociales, recursos importantes y permitió pasar tierras de las “manos muertas” eclesiásticas a nuevos propietarios. Se decretó la exclaustración de órdenes religiosas que no prestaran servicios de auxilio social y se procedió a la subasta pública. Los objetivos fueron:

• Liberar la propiedad de la tierra y ponerla en circulación en el mercado.
• Ampliar la base de propietarios interesados en acabar con el poder económico de la Iglesia.

Estas medidas de 1836 sobre el clero regular se ampliaron al clero secular y la confiscación de los diezmos. Sin embargo, hubo efectos negativos: la falta de compradores hizo que el precio final estuviera por debajo de las expectativas, y los pagos se hicieron en papel de deuda en lugar de dinero en efectivo. El objetivo de crear una clase media de campesinos propietarios no se alcanzó, ya que las tierras fueron compradas por grandes terratenientes, y las relaciones entre la Iglesia y el Estado quedaron muy dañadas.

La Constitución de 1837

La situación de Mendizábal se hizo insostenible y la regente lo sustituyó en mayo de 1836 por Istúriz, quien convocó elecciones según el Estatuto Real. No obstante, el estallido de la Sargentada de La Granja obligó a la regente a restablecer la Constitución de Cádiz y convocar nuevas Cortes. Estas Cortes, de mayoría progresista, desmontaron los restos del Antiguo Régimen y elaboraron la Constitución de 1837.

Retorno de los Moderados (1837-1840)

Con la nueva constitución comenzó un periodo de alternancia. Los moderados, que se mantuvieron más tiempo en el poder, intentaron limitar los aspectos progresistas de la carta magna, devolver bienes al clero y recuperar el diezmo. La Ley de Ayuntamientos enfrentó a ambos grupos; el apoyo de la regente a la propuesta moderada provocó la oposición progresista y la renuncia de María Cristina. Los sectores progresistas dieron entonces su apoyo al general Espartero.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero disolvió las juntas revolucionarias y convocó elecciones que dieron la mayoría a los progresistas. Su regencia se caracterizó por un creciente autoritarismo, aislándose de sus apoyos iniciales. En 1842, aprobó medidas liberales para el comercio de tejidos que permitieron la entrada de importaciones británicas, amenazando la industria textil catalana. Esto provocó un levantamiento en Barcelona que Espartero reprimió mediante el bombardeo de la ciudad, perdiendo el apoyo de Cataluña y de gran parte de sus partidarios. Los moderados, liderados por O’Donnell y Narváez, aprovecharon la situación para conspirar. Espartero se vio obligado a abandonar la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, quien a los trece años fue proclamada reina.