La España del Primer Tercio del Siglo XX: Crisis, Dictadura y el Advenimiento Republicano (1902-1931)
I. La Crisis del Sistema de la Restauración (1902-1923)
1. Primeros Intentos Regeneracionistas y el Reinado de Alfonso XIII
Los primeros intentos regeneracionistas fueron protagonizados por los conservadores. En 1899, la regente María Cristina mandó formar gobierno al conservador Silvela, sucesor de Cánovas, quien inició una política reformista con proyectos como la descentralización administrativa y la creación de nuevos impuestos para hacer frente a las deudas contraídas durante la guerra de Cuba. En 1901, al no contar este gobierno con apoyos suficientes, la regente mandó formar gobierno a Sagasta. El espíritu de regeneración había durado escasamente un año y las viejas prácticas del turno de partidos volvieron a aparecer y, como en la etapa anterior, quedaron al margen del sistema el carlismo, los nacionalismos (catalán y vasco), el movimiento obrero en sus tendencias socialista y anarquista, y el republicanismo. Este último constituyó una de las principales fuerzas de la oposición y, a pesar de los intentos de unificación a través de la Unión Republicana, se dividió en dos grupos: el Partido Republicano Radical (liderado por Alejandro Lerroux con un discurso anticlerical y populista, supuestamente revolucionario que luego se fue moderando) y el Partido Reformista (fundado por Melquíades Álvarez, más moderado, que incluso llegó a colaborar con los monárquicos en la defensa de una mayor democratización de la vida política).
En 1902 se inició el reinado personal de Alfonso XIII, quien mostró una fuerte inclinación por participar en los asuntos políticos y la segunda etapa de la Restauración, en la que tendrá lugar la desarticulación del sistema canovista debido a la fragmentación y descomposición de los partidos dinásticos, al incremento de la conflictividad social, al papel del ejército en la vida política y a las derrotas militares. A la creciente intervención del ejército en la vida política se hace alusión en el Documento 2, en el que, en un artículo publicado en la revista El Ejército Español, se hacen una serie de advertencias a los separatistas catalanes, a los gobiernos y a las Cortes. En ese mismo año, una serie de oficiales de la guarnición de Barcelona asaltaron varias redacciones de prensa (la revista satírica ¡Cu-Cut! y el periódico La Veu de Catalunya) por su defensa del catalanismo y las críticas hacia el ejército. El Gobierno no se atrevía a castigarlos y el poder militar se impuso al civil al conseguir, con el consentimiento del rey, la aprobación de la Ley de Jurisdicciones (1906), en la que se establecía que las ofensas contra el ejército y contra la patria serían juzgadas por tribunales militares.
En los primeros años del reinado de Alfonso XIII, tuvo lugar un último intento de modernizar el país mediante una serie de reformas. El conservador Maura y el liberal Canalejas fueron los protagonistas de ese intento renovador. En 1904, Maura se convirtió en jefe de Gobierno y defendió el régimen modificado desde el gobierno, la «revolución desde arriba», para evitar que lo transformase una revolución popular. Entre las reformas que llevó a cabo destacamos:
- La Ley Electoral de 1907, que establecía el voto obligatorio y la pretensión de una mayor limpieza del sistema sin recurrir a métodos fraudulentos, aunque tuvo el efecto contrario debido a la aplicación del artículo 29 (establecía que cuando en una circunscripción no se presentasen más candidatos que el número de puestos a cubrir, quedaba proclamado sin necesidad de someterse a una consulta electoral).
- La Ley de Descanso Dominical.
- La creación del Instituto Nacional de Previsión (dedicado a los seguros obreros).
- La Ley de Administración Local, que tenía como objetivo incrementar las competencias y autonomía administrativa de los ayuntamientos y contemplar la posibilidad de crear mancomunidades provinciales.
Uno de los sucesos más importantes acontecidos durante su gobierno fue la Semana Trágica (julio de 1909), que se inició debido a la movilización de reservistas, tal y como se recoge en el Documento 3, desde el puerto de Barcelona hacia Marruecos tras la derrota del ejército español en El Barranco del Lobo (la presencia española en Marruecos se había iniciado tras la Conferencia de Algeciras en 1906 y el posterior Tratado Franco-Español en 1912). Este hecho provocó el inicio de una revuelta que se prolongó durante una semana, dando lugar a un fuerte sentimiento antimilitarista y anticlerical. Los incidentes en la calle se multiplicaron, se levantaron barricadas y durante una semana las masas populares fueron dueñas de Barcelona. La represión posterior fue durísima y entre los ejecutados, cinco en total, destacamos a Francisco Ferrer Guardia, impulsor de la Escuela Moderna (centro de enseñanza laico e independiente del Estado creado en Barcelona en 1901 para formar a los hijos de los obreros) que, sin participar directamente en la revuelta, fue acusado de ser el instigador de la misma. La represión provocó una oleada de protestas y forzó la caída de Maura.
A partir de 1910 ocupó el Gobierno el liberal Canalejas, quien propuso una serie de reformas para ampliar la base social de la Restauración. Entre dichas reformas destacamos:
- La Ley de Asociaciones Religiosas o Ley del Candado, que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España.
- La Ley de Reclutamiento, que establecía el servicio militar obligatorio en caso de guerra, si bien en tiempo de paz se admitía que los soldados que pagasen una cantidad en metálico hiciesen un servicio militar reducido a cinco meses.
- La Ley de Mancomunidades Provinciales, que además de completar las competencias de los ayuntamientos, trataba de canalizar las reivindicaciones regionalistas mediante la formación de mancomunidades de municipios y la concesión de una reducida autonomía regional. Esta ley permitió en 1914 la creación de la Mancomunidad de Cataluña, que reunía a las cuatro diputaciones provinciales en una sola institución que fue presidida por Prat de la Riba.
2. La Crisis de 1917 y el Agravamiento del Malestar Social
El fracaso de las reformas diseñadas por conservadores y liberales provocó el deterioro del sistema de la Restauración, que se acentuó a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial. España, que se declaró neutral (la sociedad española tomó partido a favor de uno u otro bando: aliadófilos y germanófilos), se vio beneficiada en el plano económico debido al aumento de las exportaciones de productos industriales y agrarios a los países beligerantes. Sin embargo, se generó un gran problema de abastecimiento que afectó duramente a las clases populares, debido al alza de precios de los productos de primera necesidad y, en consecuencia, se incrementó el malestar social y político. La coyuntura económica derivada de la «Guerra» provocó en 1917 la crisis más profunda del sistema de la Restauración como resultado de la confluencia de tres tipos de conflictos: el militar, el político y el social.
La primera de las crisis, la militar, se inició en 1916 con la aparición de las Juntas de Defensa (asociaciones de carácter corporativo formadas por militares de mediana y baja graduación) que reclamaban un aumento salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra que favorecían a los oficiales africanistas en detrimento de los peninsulares que se sentían agraviados. Si bien en un primer momento el gobierno de Dato disolvió las Juntas y detuvo a sus dirigentes, finalmente el Gobierno se vio obligado a reconocerlas. El conflicto puso de manifiesto, una vez más, la debilidad del poder civil frente al militar y a partir de ese momento los militares intervinieron en el nombramiento de los ministros de Guerra y se convirtieron en los máximos garantes del orden público, consiguiendo además sus reivindicaciones en materia de salarios y ascensos por estricta antigüedad. Sin embargo, los problemas del ejército continuaron sin resolverse: presupuestos insuficientes, equipamiento insuficiente, exceso de oficiales.
La segunda de las crisis, la política, se inició como consecuencia de la negativa del conservador Dato a reabrir las Cortes que habían sido clausuradas en 1916. Como reacción y a iniciativa de la Lliga Regionalista, liderada por Cambó, se convocó en Barcelona el 19 de julio de 1917 una Asamblea de Parlamentarios que, a pesar de la prohibición gubernativa, acabó celebrándose. Dicha Asamblea, formada por un número reducido de parlamentarios (70 de un total de 760) que representaban solamente a los catalanistas, republicanos y socialistas, exigió, tal y como se recoge en el Documento 1, la formación de un gobierno provisional que convocase elecciones a Cortes para que, con carácter de constituyentes, deliberasen sobre la organización del Estado y la autonomía regional y municipal. Considerada por el Gobierno como ilegal, sediciosa y separatista, la iniciativa de la Asamblea de Parlamentarios fracasó por la falta de apoyos y por las divisiones internas entre sus protagonistas. La Lliga, defensora de los intereses de la burguesía catalana y temerosa ante una posible revolución social, abandonó sus pretensiones y buscó un acuerdo con el Gobierno.
La tercera de las crisis, la social, a la cual hace alusión el Documento 2, se inició en agosto, tras un conflicto ferroviario en Valencia, cuando CNT y UGT convocaron una huelga general, que adquirió gran relevancia en los principales centros fabriles de Cataluña, Madrid, Asturias y el País Vasco, con la finalidad de que el gobierno contuviese la subida de precios. La protesta adquirió un carácter político y revolucionario cuando las fuerzas obreras convocantes, como se observa en dicho documento, pidieron el fin de la monarquía y la convocatoria a Cortes Constituyentes. La huelga general fracasó por la dura represión del gobierno (un centenar de muertos, doscientos heridos y dos mil detenidos) y la falta de estrategia a seguir; los obreros volvieron al trabajo. A partir de 1917, la inestabilidad política y social fue en aumento y esta se manifestó en la debilidad de los gobiernos, en el aumento de la conflictividad social (huelga de la Canadiense en 1919 durante 44 días que dejó prácticamente paralizada la ciudad, cierre de empresas, pistolerismo), en el auge del terrorismo contra autoridades, patronos y fuerzas del orden (entre 1918 y 1923 hubo más de 800 atentados en los que murieron más de 270 dirigentes sindicales y empresarios) y en el incremento de los movimientos regionalistas y nacionalistas periféricos. Como consecuencia de la inestabilidad gubernamental, entre 1917 y 1921 se formaron 11 gobiernos distintos con una duración de apenas unos meses. Incluso hubo que acudir a la formación de gobiernos de concentración en los que participaron los regionalistas de la Lliga, debido en parte a que los partidos dinásticos, sin líderes claros, se fragmentaron en diferentes grupos y fueron incapaces de formar mayorías suficientes para gobernar.
3. El Desastre de Annual y el Fin de la Restauración
En medio de todo este contexto de crisis, surgió la cuestión marroquí. En 1921 el General Silvestre inició una campaña en Marruecos para fortalecer el control alrededor de Melilla, adentrándose en el Rif sin proteger la retaguardia. Las cabilas de Abd-el-Krim atacaron el puesto español, lo que provocó que las tropas españolas perdieran todo el territorio y sufrieran unas 13.000 bajas. El Desastre de Annual, al que hace referencia Indalecio Prieto en su discurso pronunciado en las Cortes, tal y como se recoge en el Documento 3, provocó un fuerte impacto en la opinión pública española y acentuó la impopularidad de la guerra y del ejército. Ante la exigencia de depurar responsabilidades, se abrió una investigación sobre el comportamiento de los militares llamado Expediente Picasso y se difundió la sospecha y la acusación de que detrás del General Silvestre estaba el rey. Ante el cúmulo de problemas, el régimen tenía únicamente dos posibilidades para sobrevivir: democratizarse o imponer una solución de fuerza encabezada por un «cirujano de hierro» del que hablaba Joaquín Costa que pusiese remedio a los males de España. La incapacidad del Régimen para transformarse favoreció en 1923, pocos días antes de la discusión del Expediente Picasso en las Cortes, la imposición de una dictadura militar encabezada por Primo de Rivera.
II. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
1. El Golpe de Estado y el Directorio Militar (1923-1925)
El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, contando con el apoyo de diversas personalidades políticas y militares, dio un golpe de Estado en Barcelona contra el Gobierno constitucional que puso fin al sistema político de la Restauración, afectado por una profunda crisis desde 1917. Primo de Rivera justificó su actuación en un manifiesto dirigido a la nación y recogido en el Documento 1, en el que culpaba de desgobierno a los políticos y partidos tradicionales y declaraba su intención de regenerar la política nacional, acabar con el caciquismo y la corrupción, recuperar el orden público, poner fin a la conflictividad obrera y garantizar la unidad nacional ante el auge de los nacionalismos. El golpe de Estado contó inicialmente con el apoyo de amplios sectores (conservadores, terratenientes, burguesía industrial y financiera y pequeños y medianos propietarios), explicable por el elevado malestar político y social, y porque se presentaba como una medida excepcional y transitoria para solucionar los graves problemas vigentes. Los republicanos no se opusieron y las organizaciones socialistas (PSOE y UGT) se mantuvieron a la expectativa e incluso colaboraron hasta 1925. Únicamente los comunistas y anarquistas mantuvieron una clara oposición a la dictadura.
El 15 de septiembre, el Rey Alfonso XIII encargó a Primo de Rivera, a quien otorgaba el cargo de Presidente y Ministro Único, la formación de un nuevo gobierno integrado exclusivamente por militares. Comenzaba el Directorio Militar (1923-1925) que proclamó el estado de guerra, suspendió la Constitución de 1876 y las garantías constitucionales, disolvió las Cortes, sustituyó los gobernadores civiles por gobernadores militares, ejerció una férrea censura contra la prensa y la libertad de enseñanza, prohibió las actividades de los partidos políticos y sindicatos, y reprimió cualquier manifestación del nacionalismo. Con la finalidad de restablecer el orden público se organizó en toda España el Somatén (paisanos armados bajo la autoridad de los mandos militares) que colaboraba con la Guardia Civil en el mantenimiento del orden, la paz pública y la propiedad privada. Asimismo, durante esta etapa se aprobaron el Estatuto Municipal (1924) y el Estatuto Provincial (1925), obra de Calvo Sotelo, que no sirvieron para solucionar los problemas derivados del caciquismo, sino para sustituir a los viejos caciques por una nueva administración adicta al régimen.
2. El Directorio Civil (1925-1930) y la Política Económica
Resuelto el problema de orden público y solucionado con éxito el conflicto marroquí, tras la intervención franco-española de 1925 (el Desembarco de Alhucemas), Primo de Rivera propuso al rey la sustitución del Directorio Militar por un Directorio Civil, integrado por políticos de derechas como Calvo Sotelo, que contribuyesen a reconstruir y reeducar administrativa y políticamente a España, tal y como se recoge en el Documento 2. Con esta propuesta se hacía evidente la intención del dictador de perpetuar el régimen, una intención contraria a lo que él mismo señalara dos años antes pero en consonancia con la fundación de la Unión Patriótica en 1924, el partido con el que buscaba consolidar una base social que sirviese de apoyo a la dictadura. Los años del Directorio Civil (1925-1930) se caracterizaron por el intento de institucionalizar y legitimar la dictadura mediante la instauración de un régimen político corporativo inspirado en las dictaduras autoritarias y de corte corporativo de la Europa de Entreguerras. Entre las piezas básicas del nuevo sistema destacamos:
- La Organización Corporativa del Trabajo (1926), que se encargaría de regular las relaciones entre patronos y obreros a través de comités paritarios.
- La creación de una Asamblea Nacional Consultiva de carácter corporativo que en 1929 presentó un proyecto de Constitución que acabó siendo retirado por la falta de apoyos.
En el ámbito económico, la dictadura se basó en los principios del nacionalismo económico y del intervencionismo estatal, los cuales, según las reflexiones de Calvo Sotelo recogidas en su libro Mis servicios a España que se muestran en el Documento 3, están indisolublemente unidos. En este sentido, la política económica de la dictadura se caracterizó por el fomento de la industria nacional tanto mediante la concesión de grandes ayudas al empresariado como mediante una política arancelaria que beneficiase la producción nacional. Ello se tradujo, tal y como se observa en la tabla del Documento 4, en un fuerte incremento de la producción industrial, ya que entre 1922 y 1930 la producción minera e industrial aumentó alrededor de un 60% y la producción de energía eléctrica pasó de 1040 millones de Kw en 1922 a 2609 millones de Kw en 1930. Otro de los ejes de la política económica de la dictadura fue la creación de grandes monopolios estatales, como CAMPSA (petróleo y derivados), CTNE (telefonía) o RENFE (ferrocarril) y el fomento de obras públicas (carreteras, ferrocarriles, embalses y puertos). Todo ello fue financiado mediante los llamados Presupuestos Extraordinarios, de forma que el Presupuesto Ordinario del Estado cada año aparecía equilibrado, pero se iba acumulando una gran deuda extraordinaria.
3. Caída de la Dictadura y Transición a la República
No obstante, ni los éxitos militares en Marruecos ni el crecimiento económico, ni los intentos de legitimación de la dictadura, pudieron evitar el incremento de la oposición al régimen, ni la caída del dictador en enero de 1930. De sus 6 años de gobierno hace un balance el diputado en las Cortes Republicanas Ángel Osorio en el Documento 5, en el que expone que no sirvieron para resolver ninguno de los problemas a los que se enfrentaban, pero sí para provocar la división del ejército, la paralización de la actividad universitaria y la bancarrota de la hacienda. Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII encargó al General Berenguer la formación de un nuevo gobierno con la misión de celebrar elecciones que permitieran retornar a la normalidad constitucional. En agosto de 1930 un importante número de personalidades políticas (republicanos, antiguos monárquicos, nacionalistas y socialistas) firmaron el llamado «Pacto de San Sebastián» en el que acordaron un programa conjunto para presentarse a las elecciones y constituir un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura República. Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones y en febrero de 1931 fue sustituido por el Almirante Aznar, quien asumió el compromiso de convocar elecciones, empezando por las municipales que se celebraron el 12 de abril. El resultado de dichas elecciones dio la victoria a las fuerzas republicanas en la mayoría de las grandes ciudades, y adquirió de este modo un carácter de plebiscito contra la monarquía. Ante esta situación, el Rey Alfonso XIII renunció a la Corona, abandonó España y el 14 de abril se proclamó la República.
III. Proclamación y Primeros Pasos de la II República (1931)
1. El Advenimiento de la República
Dos días después de las elecciones municipales convocadas por el Almirante Aznar, que dieron triunfo a las candidaturas republicanas en las principales ciudades, se proclamó la II República en diversas ciudades y villas. En Madrid, ante la sorpresa y pasividad de las autoridades monárquicas y contando con el apoyo popular, el Comité Revolucionario, transformado en Gobierno Provisional, se hizo con el poder sin derramamiento de sangre. Ante estos acontecimientos, el rey, que no tenía el apoyo de los militares y aconsejado por sus ministros, decidió acatar la voluntad popular, tal y como se recoge en su Manifiesto a la Nación recogido en el Documento 1, renunciar a la potestad real y partir hacia el exilio. En la noche del mismo día 14, el Gobierno Provisional, que había sido diseñado en el «Pacto de San Sebastián«, presidido por Niceto Alcalá Zamora y del que formaban parte todos los partidos políticos, excepto monárquicos, nacionalistas vascos, comunistas y anarquistas, decretó: amnistía general, proclamó las libertades públicas y sindicales, hizo una declaración de intenciones y comenzó a elaborar las líneas de las grandes reformas.
2. El Gobierno Provisional y la Cuestión Catalana
El primer problema surgió en Cataluña, donde Macià (líder de la recién fundada ERC) había proclamado, el mismo día 14, el Estado Catalán y la república federal, e invitaba a los demás pueblos de España a unirse a la federación. Unos días después viajaron a Barcelona varios ministros para acordar con Macià un programa que acelerase la autonomía catalana, que incluía el reconocimiento de un órgano de gobierno autónomo, la Generalitat, y la ratificación por las Cortes Constituyentes de un estatuto elaborado por las fuerzas políticas catalanas y aprobado en referéndum por el pueblo catalán.
3. La Constitución de 1931 y las Primeras Reformas
Según el cuadro del Documento 2, la alianza republicano-socialista se mantuvo, por lo que el gobierno no se modificó. Las Cortes, presididas por Julián Besteiro, refrendaron los decretos elaborados por el Gobierno Provisional y crearon una comisión encargada de elaborar un proyecto de Constitución, integrada mayoritariamente por republicanos y socialistas. Los debates parlamentarios que originó la elaboración de la Constitución fueron muy intensos y los temas más conflictivos fueron la propia definición de la República, el voto femenino, la organización territorial del Estado y la cuestión religiosa. La Constitución, que establecía el principio de soberanía popular, definía a España, tal y como se recoge en el artículo 1º del Documento 3, como una república de trabajadores de toda clase y como un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y regiones. Como fórmula política de gobierno fue establecida la república parlamentaria. Las Cortes, que estaban constituidas por una sola cámara, tenían el poder legislativo y el control de los presupuestos y del Gobierno. El Presidente de la República era elegido por los diputados por un mandato de seis años, y tenía la facultad de nombrar y cesar al Presidente del Gobierno, así como la facultad de suspender y disolver las Cortes, pero solo dos veces en su mandato, y estas podían destituirlo en caso de empleo abusivo de sus prerrogativas. El Presidente del Gobierno y sus ministros ejercían el poder ejecutivo y eran responsables ante las Cortes. Los derechos, deberes y libertades estaban claramente especificados, y se recogía una preocupación por los temas sociales (familia, educación y trabajo). Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la vida y el trabajo, y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza, y se instauraba la educación primaria obligatoria y gratuita. Se reconocía la facultad del Gobierno para expropiar bienes de utilidad social y se establecía el derecho a voto desde los 23 años, incluyendo el voto femenino. Además, se declaraba la laicidad del Estado, se eliminó la financiación estatal de la Iglesia y se reconoció el matrimonio civil y el divorcio. La Constitución, que fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, obtuvo el rechazo absoluto de los partidos de derecha y de los sectores católicos. Tampoco contó con el consenso de los grupos republicanos más moderados. Alcalá Zamora (que había dimitido de la presidencia del Gobierno por no estar de acuerdo con el contenido de los artículos sobre materia religiosa) fue nombrado Presidente de la República y Manuel Azaña le sustituyó en el cargo de Presidente del Gobierno. El hecho de que no fuera sometida a referéndum impidió conocer el grado de identificación ciudadana y otorgó a la derecha argumentos para rechazarla, alegando que no respondía a la opinión mayoritaria del país. Este primer periodo republicano se caracterizó por su actividad reformista a través de leyes innovadoras (muchas de ellas elaboradas por el Gobierno Provisional, entre abril y junio de 1931, y refrendadas posteriormente por las Cortes) que pretendían democratizar la vida política española, modernizar sus estructuras y mejorar el nivel de vida de las clases menos favorecidas. Estas leyes afectaban a los intereses de los grupos acostumbrados a ejercer el poder y el control, lo que originó una fuerte oposición a todo tipo de cambios que supusieran la pérdida de su predominio social y económico.