EL DERRUMBE DEL ESTADO REPUBLICANO
Al producirse la sublevación, Casares Quiroga dimitió y se hizo cargo Diego Martínez Barrio que intentó negociar el fin de la insurrección, al resultar imposible, dimitió y fue sustituido por José Giral, también republicano.
El gobierno de Giral se aprestó a defender la República tomando las primeras medidas militares. El problema fundamental era la carencia del ejército.
Muchos se habían sublevado, por ello el ejército entregó armas a las milicias de los partidos y disolvió el ejército, pensando que así mermaría la fuerza de los rebeldes. El agosto decretó la creación de batallones de voluntarios, encabezados por la antigua oficialidad del ejército, con el deseo de regularizar las milicias de partido.
En el verano y otoño de 1936, el poder del Estado sufrió un desplome casi total. En algunas regiones, los Comités y Juntas llegaron a unificarse para formar Consejos Regionales entre los que destacaron el Consejo Soberano de Asturias, el Consejo de Aragón o la Junta de Defensa de Madrid. En estos organismos se reunían las fuerzas del Frente Popular con predominio creciente de los sindicatos y de los partidos obreros. La revolución política tuvo parte de su origen en la actitud tibia de las autoridades republicanas y en su negativa a entregar armas al pueblo para combatir a los sublevados.
Uno de los problemas principales que siempre acosaron a la República fue el abastecimiento, tanto de primera necesidad como industriales o material de guerra.
GOBIERNO DE LARGO CABALLERO
La opinión republicana centró su esperanza en Largo Caballero, secretario general de la UGT (el “Lenin español”. Estaba apoyado por todas las fuerzas republicanas y constituyó su nuevo gobierno en septiembre de 1936 con miembros republicanos, socialistas, nacionalistas catalanes y vascos y comunistas. En noviembre llegaron a entrar cuatro ministros anarcosindicalistas (entre ellos Federica Montseny). Gracias a esto se tramitó el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. El gobierno, además decidió trasladarse a Valencia ante el miedo a que los sublevados tomaran Madrid, que quedó en manos de una Junta de Defensa en la que los comunistas tuvieron un notable papel.
Una de las primeras medidas fue legalizar las incautaciones de los campesinos, junto al decreto de la Generalitat que legalizaba las colectivizaciones de las empresas industriales en Cataluña. También se instauraron tribunales populares de justicia para contener la represión indiscriminada.
Su proyecto era crear una “gran alianza antifascista” y recomponer el poder del Estado, eliminando Juntas y Comités, aunque reconociendo los Consejos Regionales y, sobre todo, dirigir la guerra y creando el Ejército Popular, unificando y militarizando las milicias. En otras palabras, subordinar la revolución al triunfo en la guerra. También tenía como objetivo transmitir una imagen de la república aceptable a los ojos de las democracias europeas. Los problemas venían de los comunistas y los anarcosindicalistas, además del personalismo de Largo Caballero. Los anarquistas no renunciaban a practicar su propia política, insistiendo en las colectivizaciones y se resistían a integrar sus milicias en el ejército regular. Del adoctrinamiento político se encargaron los “comisarios de guerra”, a semejanza del Ejército Rojo soviético. Los comunistas propusieron nacionalizar las industrias básicas y la creación de una industria de guerra, a lo que se oponían los anarcosindicalistas. Los ministros de la CNT tuvieron que desplazarse a Barcelona para contrarrestar las colectivizaciones
Los problemas que fueron debilitando el gobierno de Largo Caballero fueron los “sucesos de Mayo” en Barcelona. No todas las fuerzas republicanas estaban de acuerdo con subordinar la revolución a la victoria militar;
Los anarquistas y el POUM de Andeu Nïn hablaban de una guerra revolucionaria. Esto ponía de relieve el enfrentamiento por el poder en Cataluña, donde CNT y POUM se enfrentaban a los comunistas y republicanos de la Generalitat. Unos defendían las colectivizaciones y los otros las nacionalizaciones. Se produjeron algunos asesinatos de líderes sindicales y la lucha se desencadenó cuando se intentó desalojar a los anarquistas que habían ocupado el edificio de la Telefónica. Estos enfrentamientos concluyeron con la derrota anarquista y el decreto de ilegalización del POUM y la desaparición de Andreu Nîn. Largo Caballero quedó muy debilitado y contando sólo con el apoyo de la UGT. Comenzó una lucha entre los comunistas y Largo Caballero y la Generalitat perdió sus atribuciones en materias de orden público.
EL GOBIERNO DE NEGRÍN
A mediados del mes de mayo de 1937, se produjo la crisis en el gobierno. Los comunistas insistieron en que no continuarían en el gobierno si Largo Caballero seguía dirigiendo la política militar. La fuerza de los comunistas se basaba en la gran ayuda que la URSS estaba prestando con armas y asesoramiento político y militar y su control a través de los Comisarios políticos. Largo Caballero dimitió y lo sustituyó Juan Negrín.
El gobierno Negrín encargó la dirección de la guerra al socialista Indalecio Prieto. Ya no estuvieron los sindicatos (CNT y UGT), sólo partidos políticos, especialmente comunistas, lo que provocó a la larga la salida de Prieto. El gobierno Negrín basó su política en la resistencia a ultranza, pero así mismo intentó buscar una salida negociada a la guerra. También quería que la República fuese reconocida como el único poder legítimo de España. Para ello propuso su célebre programa de los Trece Puntos, en los que se preveía la permanencia de la República, tras un proceso de elecciones democráticas, cuando cesara la lucha armada.
Franco no aceptó las propuestas del gobierno republicano, pero Negrín tenía la esperanza de que en pocos meses la situación internacional propiciar la guerra mundial y así tener ayuda frente a los fascistas. Sin embargo, sus esperanzas se acabaron en septiembre de 1938 cuando se firmó el Pacto de Munich, por el que Gran Bretaña y Francia reconocían la ocupación de los Sudetes por Hitler.
En el año 1938, después de la derrota de Teruel, la vida empezó a hacerse sumamente difícil en el territorio republicano. Faltaban alimentos y abastecimientos básicos, los reveses militares eran continuos y la población estaba cansada de la guerra. Negrín insistía en la necesidad de la resistencia militar, esperando el conflicto europeo, que todavía era previsible. Por ello se acuñó el lema “Resistir es vencer”.
El nuevo plan de Negrín redujo a finales de 1938 sus propuestas a sólo tres puntos: salida de las tropas extranjeras, ausencia de represalias de los vencedores sobre los vencidos y establecimiento de un régimen democrático. Pero Franco “sólo aceptaría una rendición sin condiciones”. Negrín buscó desesperadamente la mediación de las potencias democráticas, pero las derrotas del Ebro y Cataluña, el reconocimiento del gobierno de Franco por Francia y el Reino Unido, la dimisión de Azaña como presidente de la república (lo sustituyó Diego Martínez Barrio), y la situación de la retaguardia, aceleraron la desmoralización. Sólo los comunistas defendían la necesidad de resistir.
En estas circunstancias se produjo el golpe de Estado del coronel Casado, jefe del Ejército del Centro, ante los rumores falsos de que Negrín dejaba el gobierno a los comunistas. Casado y sus partidarios decidieron entregar a Franco toda la zona que aún estaba en manos de los republicanos. Esto aceleró el fin de la república y el triunfo de Franco, sin tiempo de evacuación de los que querían escapar de la represión franquista.
La zona sublevada.
Los grupos políticos y sociales que habían dado su apoyo al alzamiento militar estaban divididos, ya que no tenían ningún proyecto común que ofreciese coherencia política a la rebelión militar. Por eso aceptaron la supremacía del ejército que, convertido en la comuna vertebral del nuevo régimen, tuvo siempre la iniciativa política y fue el encargado de organizar el nuevo Estado surgido del conflicto bélico. La idea inicial era el tradicional golpe de estado que contaría con días de lucha, pero acabó en una Guerra Civil.
Los militares sublevados crearon en Burgos un organismo de dirección al que llamaron Junta de Defensa Nacional, integrada por militares (Mola, Franco, Queipo de Llano…) y presidida por el general más antiguo, Cabanellas. Su misión era el gobierno del territorio ocupado y no tenía jurisdicción en los asuntos militares. La Junta prohibió la actividad de todos los partidos políticos, suspendió la Constitución y decretó la paralización de la aplicación de la reforma agraria en los territorios conquistados, y volvió a la bandera roja y gualda.
Sanjurjo, considerado jefe de la sublevación, murió en accidente de aviación el 20 de julio de 1936, el alzamiento quedó sin líder, por lo que se hizo necesaria la elección de un jefe supremo del alzamiento y Franco fue adquiriendo cada vez más adeptos entre los generales, sobre todo a partir de socorrer a los defensores del Alcázar de Toledo y conseguir el reconocimiento de Hitler y Mussolini. El día 30 de septiembre, en Salamanca, fue elegido como jefe del alzamiento. El primero de octubre de 1936 se publicó el decreto que le nombraba “Jefe del Gobierno del Estado” y Generalísmo de los Ejércitos Españoles. Desapareció la Junta de Defensa Nacional y se estableció una Junta Técnica del Estado, con sede en Burgos, divida en comisiones mandadas por militares pero en las que había también civiles. El Cuartel General del Generalísimo se trasladó a Salamanca. Alemania e Italia reconocieron oficialmente el gobierno de Franco.
Los problemas políticos se agudizaron en la zona sublevada a fines del año 1936, cuando parecía que la guerra se iba a prolongar bastante a la vista del fracaso en la toma de Madrid. Existía un mando militar poderoso, pero ninguna coherencia política. Los sublevados que tenían una fuerte ideología antiliberal, habían prohibido todos los partidos políticos que formaban parte del Frente Popular y todos los sindicatos de clase, y habían procedido a una tremenda represión de los fieles a la República que quedaron en su territorio. Sólo actuaban como grupos políticos, Falange Española, cuyo fundador José Antonio Primero de Rivera, fue fusilado por los republicanos tras un juicio en Alicante (noviembre 1936) y la Comunión Tradicionalista (carlista). Se toleraban la CEDA y otros grupos monárquicos que estaban desmantelados. En realidad, el único grupo de filiación fascista entre los sublevados era Falange Española, ya que los alzados representaban mucho más al viejo conservadurismo español, pero se afiliaron masivamente al Movimiento Nacional.
Ante la necesidad de organizar un nuevo poder político unitario, los sublevados se inspiraron en el modelo institucional de los Estados fascistas italiano y alemán, que tanto les ayudaban. Acudieron a este modelo de partido único, con jefe de plenos poderes para crear el “Nuevo Estado”. Tras el enfrentamiento a tiros entre facciones da falangistas en Salamanca, en abril de 1937, Franco dio a conocer el Decreto de Unificación por el que se creaba un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS (también conocido como Movimiento Nacional), “unificando” a falangistas y carlistas. Franco sería el Jefe del Partido y Jefe del Gobierno del Estado. Este decreto fue elaborado por Serrano Suñer, cuñado de Franco y firme contacto con los alemanes. Se adoptaría el uniforme de camisa azul de Falange y la boína roja de los carlistas, el saludo al estilo fascista, como emblema de la nueva España, el jugo y las flechas de los Reyes Católicos; y una jerarquía donde se mezclaba a militares y civiles.
Algunas resistencias de los carlistas o falangistas fueron acalladas con destierros (Manuel Fal Conde, carlista) o prisión (Manuel Hedilla, de Falange). La inmensa mayoría de los conservadores y católicos apoyaron la sublevación y aceptaron la naturaleza autoritaria y fascista que fue adoptando la dictadura franquista.
Se respetaba la importante influencia de la Iglesia, que en el verano siguiente publicaría la Pastoral Colectiva de los Obispos en apoyo de los sublevados. A finales de 1936, los obispos calificaron la guerra civil como “cruzada religiosa” y en julio de 1937, en una carta colectiva del episcopado español a los obispos del mundo se respaldó totalmente al bando rebelde y se manifestó que la Iglesia era una “víctima inocente e indefensa” de la guerra civil y que el alzamiento militar había evitado una revolución comunista.
El proceso de institucionalización del nuevo Estado franquista culminó en enero de 1938 con la formación del primer gobierno de Franco o gabinete formado por ministros tras la desaparición de la Junta Técnica. En la persona de Franco, el Generalísimo, se concentraba la jefatura del gobierno del Estado. A partir de entonces pasó a ser llamado normalmente “Caudillo de España” y el nuevo Estado empezó a legislar.
Los distintos ministerios fueron repartidos entre las diversas fuerzas que se levantaron en armas: militares, falangistas, carlistas y monárquicos, en función más de su fidelidad al caudillo que de su competencia, criterio que regiría en adelante en todos los gobiernos de Franco. El nuevo gobierno promulgó la Ley de Administración Central del Estado, por la que se atribuyó al jefe del Estado la “suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general”, con lo que Franco reunión en su persona los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y se consolidó definitivamente su poder personal.
En los meses siguientes, Franco aprobó una serie de decretos por los que derogó toda la obra reformista de la República. Abolió los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasto e impuso el castellano como única lengua oficial.
En materia de industria, se promulgó el Decreto de 1937 de Protección y Fomento de la Industria Nacional, con lo que se pusieron las bases para un régimen autárquico. La falta de recursos económicos se suplió solicitando créditos a los alemanes e italiano. Se devolvieron las tierras ocupadas a sus propietarios y se creó el Servicio Nacional del Trigo para controlar las existencias y regular los precios.
Antes de que acabara la guerra, se promulgó una de sus Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo (marzo de 1938), inspirada en la Carta del lavoro del fascismo italiano, en en el tradicionalismo de la Iglesia y en algunos principios de la Falange. Esta legislación sentó las bases de la organización corporativa del Estado y del sindicalismo vertical como una organización estatal que agrupaba a empresarios y trabajadores, respeto a la propiedad privada, facultad del llamado Estado nacional-sindicalista para dictar normas de trabajo y salarios, fomento de la economía y prohibición de sindicatos de clase. Además, se consideraron actos subversivos las huelgas y las reivindicaciones colectivas. En esta nueva estructura sindical única, empresarios y obreros se encuadraban en unos mismos sindicatos, por ramas de producción, los llamados sindicatos verticales, sometidos al partido (FET de JONS) e instrumentos al servicio del Estado.
Las leyes favorables a la Iglesia acabaron con el intento de secularización de la República: se decretó el catolicismo como religión oficial, se derogaron las leyes del matrimonio civil y del divorcio, se estableció el culto religioso en la enseñanza y en el ejército. Se le concedió a la Iglesia el monopolio de la enseñanza primaria y secundaria. Impuso de nuevo la enseñanza obligatoria de la religión y el crucifijo volvió a las escuelas. Restableció la Compañía de Jesús, la retribución económica del clero, la exención fiscal de los bienes de la Iglesia y las fiestas religiosas.
Para lograr el control ideológico se suprimieron las libertades de reunión y de asociación y mediante la Ley de Prensa y de Imprenta de abril de 1938 (en vigor hasta 1966) se implantó la censura previa y todos los medios de comunicación y de producción cultural se pusieron al servicio del Estado.
El régimen franquista fue reconocido oficialmente por la Alemania nazi y la Italia fascista desde un primer momento, en 1938 lo hicieron Portugal y el Vaticano, y en 1939 las dos potencias democráticas europeas, Francia y el Reino Unido.
Finalmente, la Ley de Responsabilidades políticas de febrero de 1939 facultaba a los tribunales mixtos (formados por el ejército, el poder judicial y representantes de Falange) para aplicar penas a personas vinculadas a partidos de izquierda desde 1934.
La represión franquista fue muy superior a la de la República, y no sólo por durar más tiempo (hasta bien entrado el franquismo), sino por el carácter sistemático y organizado de ella. Era ejercida por el propio ejército o por las autoridades políticas, sin ningún tipo de garantías legales. Especialmente graves las matanzas de civiles en Málaga, Sevilla o Badajoz. Fueron ejecutados desde García Lorca a Lluís Companys, Julián Besterio y muchos otros en numerosos “paseos” o “sacas” y en los campos de concentración. En la retaguardia también la llevaban a cabo milicias de requetés y grupos de jóvenes falangistas.