Características de la Constitución de 1876
El pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto el 24 de diciembre de 1874 permite el regreso de la dinastía de los Borbones a España, acabando con la experiencia republicana que había sido la última etapa del Sexenio Revolucionario. Comienza una etapa de la historia de España (la Restauración). El verdadero artífice es Antonio Cánovas del Castillo, líder de los alfonsinos durante el Sexenio, consideraba que la monarquía y el sistema parlamentario inglés eran el modelo a imitar en España para acabar con la inestabilidad del Sexenio y con los problemas del reinado de Isabel II (plasmado en el ‘Manifiesto de Sandhurst’). Al llegar Alfonso XII era preciso proveer de legitimidad al nuevo régimen. A tal fin se van a celebrar unas elecciones a Cortes Constituyentes manipuladas, manteniendo el sufragio universal masculino anterior, no van a concurrir ni carlistas ni republicanos. Los conservadores, lograran una cómoda mayoría en estas Cortes, lo que les va a permitir redactar una constitución favorable a sus intereses. Aunque es una constitución de carácter esencialmente moderada o doctrinaria, fue redactada de una forma más flexible que la Constitución de 1845, incorporando elementos (la declaración de derechos y libertades del texto de 1869), con el objetivo de ser aceptada por todos los sectores liberales. Dicha flexibilidad va a permitir su larga vigencia en el tiempo, a pesar de la alternancia en el poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. De esta constitución, aspectos más significativos:
- Establecía el principio de soberanía compartida entre las Cortes y el rey (principio propio del liberalismo doctrinario), otorgando importantes competencias a la Corona (recordemos que el texto del 69 había limitado estos poderes).
- El rey elegía al jefe de Gobierno y ejercía la jefatura del ejército. Podía convocar, suspender, y disolver las Cortes. Su papel principal era moderador de la vida política (como lo sería en adelante entre los grandes partidos políticos dinásticos o del turno).
- La función legislativa era desarrollada por unas Cortes bicamerales con un Congreso de los Diputados elegido por sufragio directo, y un Senado elegido parcialmente por votación (entre los mayores contribuyentes) y parcialmente por el rey. Congreso y senado poseían facultades legislativas.
- Se establecía la independencia del poder judicial. En la Constitución no se establecía ningún tipo de sufragio determinado. Por la ley electoral de 1878 se estableció un sufragio censitario que permitía votar solamente al 3% de la población. Los liberales presionaron por ampliar este sufragio y consiguieron que se aprobase el sufragio universal masculino en 1890.
- Se recogía una amplia declaración de derechos y libertades individuales como los de imprenta, expresión, reunión, etc, quedaba en manos del gobierno su regulación posterior. Esta circunstancia dejaba un amplio margen de interpretación al gobierno de turno. Los gobiernos liberales los interpretaron de una manera más abierta, y los conservadores algo más restrictiva.
- Se recuperó el reconocimiento del catolicismo como la religión oficial del Estado y se mantuvieron las partidas presupuestarias que garantizaban el sostenimiento del culto y del clero. Quedaban prohibidas las manifestaciones públicas de otra religión, aunque se reconocía la libertad individual de culto (lo que suponía el mantenimiento de la tolerancia religiosa del periodo anterior).
- Los ayuntamientos y las diputaciones volvían a estar bajo el control del gobierno, según una visión unitaria y centralista del Estado (opuesta a la breve experiencia federal de los primeros meses de la República); la historiografía señala esta concepción como una de las causas del desarrollo de los nacionalismos.
- Como novedad, se suprimieron los fueros vascos (cómo represalia por el levantamiento carlista), extendiéndose a las 3 provincias vascas la obligación de contribuir a los gastos del Estado, así como el servicio militar. En el año 1878 se creó un sistema de conciertos económicos qué devolvió cierto grado de autonomía fiscal a las 3 provincias vascas (lo que les permitiría recaudar ellas mismas los impuestos y entregar una parte, el llamado cupo, al Estado central).
La oposición al sistema canonista: nacionalismo y movimiento obrero
El sistema político de la Restauración establecía un sistema de alternancia en el poder entre el Partido Conservador y el Liberal. El resto de movimientos políticos quedaban fuera del sistema, aunque tuvieran una cierta presencia en las Cortes. Esto afectó a los republicanos, carlistas y 2 movimientos que experimentaron un fuerte crecimiento durante esta etapa de la Restauración (nacionalismo y el movimiento obrero). Los nacionalismos surgen como una reacción frente a la tendencia unificadora que recogía la Constitución de 1876 y van a proponer un modelo de Estado descentralizado. El nacionalismo se desarrolló en aquellas regiones con rasgos culturales más diferenciados como eran Cataluña, el País Vasco, y Galicia. El nacionalismo catalán tuvo sus precedentes en un movimiento que reivindicaba el renacimiento de la cultura catalana, en especial del idioma, que surge hacia 1830 y que se conoce como Renaixença. En las últimas décadas del siglo XIX este movimiento adopta una forma política que afirmaba la particularidad de la nacionalidad catalana y reclamaba un autogobierno para la región. En 1882 Valenti Admirall fundó el Centre Catalá y tres años más tarde presentó el Memorial de Agravios a la Reina Regente, dónde recogía sus peticiones. En 1891 se creó la Unió Catalanista, que al año siguiente redactó las llamadas Bases de Manresa exigiendo la restauración de las instituciones históricas tradicionales de Cataluña y el traspaso de importantes competencias políticas y económicas. Tras el desastre del 98 el movimiento catalanista adquirirá más fuerza ante el desprestigio del sistema de la Restauración y de los tradicionales partidos dinásticos. En 1901 se crea la Liga Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó que se convertiría en el partido más importante de Cataluña. En la aparición del movimiento nacionalista vasco fue determinante la abolición de los fueros en el año 1876, ya que de inmediato surgió un movimiento en defensa de los derechos suprimidos. En este movimiento también tuvo mucha importancia la reivindicación de la cultura tradicional vasca de carácter rural, que se estaba viendo amenazada por el acelerado desarrollo industrial de la región y la llegada de inmigrantes de otras regiones españolas. Un personaje clave para entender el nacionalismo vasco fue Sabino Arana, en el año 1895, fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Se trataba de un partido católico y tradicional que pretendía impulsar la lengua y las tradiciones vascas y que defendía la pureza racial del pueblo vasco. Con el tiempo se acercó a la burguesía industrial, deseosa de tener un aliado ante la amenaza que suponía el desarrollo del movimiento obrero. En Galicia surgió un movimiento cultural que pretendía reivindicar la lengua gallega (el Rexurdimento) cuyo mejor exponente fue la poetisa Rosalía de Castro. Este movimiento cultural también tuvo un cierto desarrollo político, limitado. Movimientos similares al gallego aparecieron en Valencia (con Blasco Ibánez), Aragón (con Joaquín Costa), y Andalucía (con Blas Infante). Por su parte el movimiento obrero había sufrido un retroceso durante los primeros años de la Restauración como consecuencia de la ilegalización de la Internacional y de las asociaciones ligadas a la misma y que tanto peso habían tenido durante los años del Sexenio. A partir de la Ley de Asociaciones de 1887 las asociaciones obreras volvieron a ser legalizadas, aprovechado por el PSOE, partido de inspiración marxista creado en la clandestinidad en 1879, para incrementar su actividad. El periódico ‘El Socialista’ se convertiría en un eficaz medio de difusión de las ideas del partido y de comunicación entre las distintas agrupaciones socialistas. En 1888 se celebró el I Congreso del PSOE y se fundó el sindicato socialista UGT. Con todo el marxismo-socialismo no alcanzó un gran desarrollo en estas últimas décadas del siglo XIX (hasta 1910 el PSOE no lograría su primer escaño en el Congreso de los Diputados y la UGT apenas alcanzaba los 6000 afiliados en 1899) debido a la mayor pujanza del movimiento anarquista, hegemónico en la zona de Cataluña, Levante, y Andalucía. Las zonas de mayor implantación socialistas eran la zona minera e industrial de Vizcaya, Asturias, y Madrid. Mayor desarrollo alcanzó el anarquismo, especialmente desde la reorganización de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE de inspiración bakunista y que se extendió rápidamente por las regiones mediterráneas. Los episodios de la Mano Negra en Andalucía en 1882 fueron seguidos de una dura represión que debilitó el movimiento anarquista y lo terminó fragmentando en 2 grandes corrientes. La 1ª se orientó a un movimiento estrictamente sindical o anarcosindicalista (que culminaría en 1910 con la creación de la CNT). La más radical apoyó el recurso a los atentados (la llamada acción directa) contra destacados dirigentes políticos o económicos (asesinato de Cánovas) o simplemente contra símbolos de la burguesía (atentado contra el Liceo de Barcelona en 1893). Estas acciones provocaron la promulgación de duras leyes antiterroristas.
Los grandes conflictos del Sexenio y sus consecuencias políticas
La experiencia política del Sexenio Democrático (1868-1874) fracasó por la inestabilidad política y social, a la cual contribuyeron de una manera muy significativa 3 conflictos: el movimiento cantonalista, la guerra de Cuba, y un nuevo levantamiento carlista que se conoce como Tercera Guerra Carlista. Estos conflictos, junto con otros problemas, llevaron a un clima de ingobernabilidad en el país y provocaron inicialmente la inestabilidad de la monarquía de Amadeo I y más tarde de la I República, contribuyendo al fin de esta experiencia democrática y al comienzo del periodo conocido como la Restauración. Desde el verano de 1869 se produjeron levantamientos protagonizados por sectores republicanos, desencantados por el hecho de la aceptación de la monarquía como sistema de gobierno en el nuevo texto constitucional que fue aprobado ese año. Estas revueltas se mantendrán; muchos sectores populares consideraban que las reformas que se habían puesto en marcha eran insuficientes y estuvieron reclamando unas medidas sociales más ambiciosas. Se suma el aumento de la influencia del internacionalismo obrero en España (AIT). Su implantación en España se vio favorecida por los derechos y libertades reconocidos en la Constitución de 1869 y tanto el socialismo como, especialmente, el anarquismo se asentaron con fuerza. Los intereses de estos movimientos coincidieron con las de los republicanos federales. Las revueltas que protagonizaron contribuyeron a debilitar la frágil monarquía de Amadeo de Saboya, pero fue durante el periodo la I República cuando se hicieron más intensas al dar lugar a la aparición del movimiento cantonalista. Este movimiento, de compleja catalogación por la historiografía, reclamaba una república federal organizada desde abajo, al tiempo que exigía importantes reformas sociales que beneficiarán a las clases populares, que eran su principal apoyo. Aunque el movimiento cantonalista se extendió por muchas ciudades de la zona de Levante y Andalucía, tendría su mejor exponente en el cantón de Cartagena que, en julio de 1873, se proclamó como un estado independiente dentro de una República Federal. La insurrección cantonalista de Cartagena no fue sofocada en su totalidad hasta el mes de enero de 1874 y contribuyó a la división entre los republicanos (ya de por sí muy enfrentados entre unitarios y federalistas) por la manera en la que había que acabar con dicho levantamiento. Esta situación generó una imagen de desgobierno y, en consecuencia, contribuyó al fracaso del proyecto republicano (tras el golpe de Pavía que dio paso al gobierno del general Serrano). A finales de 1868 se había iniciado en Cuba un movimiento independentista que se mantendrá activo durante 10 años, por lo que es conocida como la ‘Guerra de los Diez Años. Se trató de un conflicto liderado por la burguesía criolla de la isla. Se habían propuesto amplias reformas políticas y económicas que fueron rechazadas desde España, provocando una rebelión que, al sumar la petición del fin de la esclavitud, logró un amplio apoyo popular en la Isla. Los grandes propietarios españoles se opusieron a las mismas y reclamaron una acción directa del ejército para acabar con la insurrección que se mantuvo activa, desgastando al gobierno y obligando a cuantiosos gastos militares. La escasez de los recursos militares que España podía dedicar a acabar con este levantamiento independentista y el evidente interés de los EE.UU en el triunfo de los sublevados (pues deseaba controlar el muy rentable negocio azucarero de la isla) permitió que el conflicto se mantuviera abierto durante todo el Sexenio e incluso algunos años más, pues no terminaría hasta 1878 en plena Restauración. El último gran conflicto del Sexenio fue el estallido de una nueva guerra carlista, esta vez en defensa de los derechos al trono de Carlos VII, pero con unos rasgos similares a la de las dos anteriores (defensa del tradicionalismo, mantenimiento de los fueros, y reivindicación del catolicismo). La revuelta carlista apareció ya durante el reinado de Amadeo de Saboya. (Carlos VII había hecho públicas sus aspiraciones al trono tras el derrocamiento de Isabel II, cuando todavía no se había escogido quién iba a ser el nuevo monarca para el país), pero adquirió verdaderamente fuerza con la proclamación de la I República en el año 1873. A partir de mediados de ese año se convierte en una verdadera guerra, especialmente intensa en las zonas de tradición carlista (el País Vasco y Navarra, Cataluña, y la zona del Maestrazgo), llegando a controlar zonas rurales de estas zonas y creando un Estado con capital en Estella. Aunque de menor extensión que el primer conflicto carlista, esta guerra no terminaría hasta el año 1876, comenzada la etapa de la Restauración.
La nueva sociedad de clases y su comparación con la sociedad estamental
. El establecimiento del Estado liberal durante el siglo XIX supone la desaparición de los privilegios que eran la base de la sociedad estamental propia del Antiguo Régimen. Se establece la igualdad jurídica de ciudadanos, eliminando las diferencias jurídicas basadas en el nacimiento, por lo que todo el mundo gozará de iguales derechos políticos ( si bien el sufragio censitario limita esta igualdad ), será juzgado por unos mismos tribunales y bajo unas mismas leyes y tendrá que contribuir al sostenimiento del Estado pagando impuestos. La igualdad política no significa la equiparación de los grupos sociales, en la medida en la que se generan unas nuevas diferencias sociales basadas ya exclusivamente en la riqueza. Es la aparición de la sociedad de clases propia de las sociedades liberales. Pasamos de un modelo con 2 grandes grupos, los privilegiados y los no privilegiados a otro en el que se pueden distinguir 3 clases: las clases altas, las clases bajas, y una emergente clase media que en España va a tener un menor peso y protagonismo que en otros países europeos más desarrollados. Las clases altas o clases dirigentes agrupan a los sectores mejor posicionados de los antiguos estamentos privilegiados a los que se une la alta burguesía que se había ido enriqueciendo con sus actividades comerciales, industriales, y, desde las grandes desamortizaciones del siglo XIX, también agrarias ( muchos burgueses accedieron a la propiedad de las tierras expropiadas a la Iglesia y a los ayuntamientos ). A esta clase pertenecía la alta nobleza que, a pesar de la pérdida de sus privilegios, logró mantener su importancia social, política, y económica. La alta nobleza no sufrió la pérdida de la propiedad de sus grandes extensiones de tierra, base de su riqueza en un país eminentemente agrario, e incluso, en muchos casos, logró aumentarla ( no pocos nobles accedieron a nuevas propiedades durante los procesos de desamortización). Distinta fue la situación de la pequeña y mediana nobleza y en especial de un gran número de hidalgos que sí que vieron profundamente deteriorada su situación económica y, por lo tanto, su influencia en las zonas rurales. Su situación no era mejor que la de otros medianos propietarios agrarios. La Iglesia sufrió más estas transformaciones, viendo reducido en gran número sus miembros ( sobre todo los del clero regular ), dando por perdidas buena parte de sus
propiedades, con las desamortizaciones, así como derechos tradicionales como los del diezmo. Su vinculación al ala más moderada del liberalismo y su acercamiento a la Corona le permitió mantener su influencia social e ideológica sobre la población y aumentar su peso en la educación. Por ello, las jerarquías eclesiásticas pertenecen de pleno derecho a las clases altas. Estas clases altas fueron la base social que apoyaban al Partido Moderado y, cuando el sufragio censitario era muy restringido, eran casi las únicas que tenían derecho al voto. Las clases bajas o clases populares integraban a la masa de campesinos ( especialmente a los que no poseían tierras propias ), a los artesanos y trabajadores de servicios de las ciudades y a los nuevos trabajadores de las industrias que reciben el nombre de proletarios. Englobamos bajo esta categoría a todos aquellos que no cuentan nada más que con la fuerza de sus manos para trabajar y mantenerse, y cuyos bienes son demasiados reducidos como para poder englobarlos dentro de las clases medias. Estas clases estuvieron durante mucho tiempo fuera del juego político o, en el caso de los campesinos del norte peninsular, apoyaron al carlismo. Con el tiempo, y sobre todo en las zonas urbanas, se sintieron representados por el Partido Demócrata y el Republicano en un primer momento y, más tarde, nutrieron las bases del PSOE ( partido de inspiración marxista ) o de los movimientos anarquistas. La clase media es más difícilmente definible y sería aquella que, teniendo mejores condiciones que las clases populares, no llegan a alcanzar los ingresos económicos o la influencia como para acceder al estatus social de las clases altas. Aquí englobaríamos a la pequeña y mediana burguesía, a los cargos intermedios del ejército, a los profesionales liberales, y , en las zonas rurales, a aquellos campesinos que tenían tierras propias suficientes como para mantenerse y no tener que trabajar de jornaleros. Se trata de una clase social que va creciendo poco a poco en el siglo XIX, aunque con menor peso e influencia que en otros países europeos y que, ideológicamente, se ve representada por el Partido Progresista. Este partido, cuando accedía al gobierno, modificaba la ley electoral para rebajar el mínimo de renta exigible para poder votar y que, así, los miembros de esta clase pudieran participar en las elecciones.