Isabel II: Las Regencias (1833-1843)
La Regencia de María Cristina
Tras la muerte de Fernando VII, Cea Bermúdez implementó reformas administrativas, incluyendo la división de España en las provincias actuales. El bando isabelino, necesitado del apoyo liberal para consolidarse, presionó a la reina para nombrar a Martínez de la Rosa como presidente. Este intentó establecer una monarquía constitucional, pero ante el riesgo de abrir un proceso constitucional en medio de la guerra civil, aprobó el Estatuto Real (1834), una especie de «Carta Otorgada» que dividía las Cortes en dos cámaras: Próceres del Reino y Procuradores del Reino. El rey mantenía amplios poderes y la iniciativa legal, mientras que el Parlamento asesoraba al rey y aprobaba la legislación a instancias de este, incluyendo los impuestos.
En 1836, se multiplicaron los motines y sublevaciones de la Milicia Nacional en varias provincias. En agosto, el Motín de los Sargentos de la Granja obligó a María Cristina a reconocer la Constitución de 1812, que volvió a entrar en vigor, y a nombrar un nuevo gobierno presidido por Calatrava. Se restablecieron importantes leyes del Trienio Constitucional: libertad de imprenta, Milicia Nacional, Ley de Ayuntamientos de 1823, etc. El nuevo gobierno continuó con la política anticlerical, reforzada por el apoyo de gran parte del clero al carlismo. En 1835, el Conde de Toreno expulsó a los jesuitas. En 1836, Mendizábal aprobó la desamortización de bienes eclesiásticos. En 1837, Calatrava suprimió el diezmo (aunque no se llevó a cabo hasta 1841) y prohibió a los eclesiásticos ausentarse de sus domicilios sin permiso de las autoridades civiles.
El gobierno de Calatrava elaboró una nueva constitución, aprobada por las Cortes en 1837, con el objetivo de estabilizar la vida política alterada por los constantes enfrentamientos entre moderados y progresistas. El texto recogía aspectos del programa político de ambos. La constitución establecía un rey inviolable y no sujeto a responsabilidad, siendo responsables los ministros a quienes nombraba. También establecía la iniciativa legal compartida con las Cortes y el derecho de veto a las leyes. Como concesión a los moderados, se estableció un parlamento bicameral (Congreso y Senado). El Congreso se elegía por sufragio censitario directo y el Senado por tercios en cada elección. Desde el punto de vista progresista, la constitución reconocía la soberanía nacional, la existencia de la Milicia Nacional y defendía derechos individuales como la libertad de expresión y los jurados para delitos de imprenta. En cuanto al régimen local, la constitución establecía diputaciones y ayuntamientos elegidos por sufragio indirecto censitario, lo que más tarde enfrentó a moderados y progresistas.
El gobierno de Calatrava no logró acabar con la guerra carlista. En 1837, Espartero entró en Madrid e impuso un cambio de gobierno, provocando una fuerte inestabilidad política con la sucesión de varios gobiernos. Esta inestabilidad fue resultado de los constantes enfrentamientos entre moderados y progresistas. La reina nombró al político moderado Cortázar para presidir el gobierno, pero tras el nombramiento estalló una insurrección en Madrid promovida por los progresistas que se extendió al resto de España. María Cristina ordenó a Espartero reprimir el levantamiento, pero este se negó y aconsejó a la reina disolver las Cortes, nombrar un nuevo gobierno y derogar la Ley de Ayuntamientos. Tras el levantamiento, la reina se vio obligada a nombrar a Espartero presidente del gobierno. Espartero comunicó a la reina su programa político y, ante las grandes diferencias ideológicas, la reina decidió renunciar al cargo de regente y marchó a Francia.
La Regencia de Espartero
Tras la crisis de 1840, Espartero se convirtió en el único regente de Isabel II con el apoyo del partido progresista y un gran respaldo popular tras derrotar a los carlistas. Sin embargo, Espartero cometió los mismos errores que María Cristina, pero al revés: gobernó apoyado exclusivamente en el partido progresista. Ya antes de asumir la regencia, Espartero había chocado con el partido progresista por su carácter autoritario. En 1841, se produjo una crisis política como consecuencia de su intento de sacar de España a Isabel II y su hermana. En 1842, comenzó a declinar el prestigio de Espartero. Primero, se enfrentó con la burguesía catalana al reducir los aranceles aduaneros que gravaban la importación de productos textiles ingleses. Segundo, se enfrentó a los dirigentes de su propio partido por su carácter autoritario, lo que llevó a la formación de una coalición en su contra para destituirlo como regente. En 1843, se sublevó la Milicia Nacional en Málaga, el partido progresista perdió la iniciativa y el poder pasó al partido moderado. A finales de 1843, se sucedieron varios gobiernos progresistas, aunque el poder real estaba en manos de Narváez. Durante este periodo, se adelantó la mayoría de edad de Isabel II para evitar tener que nombrar un nuevo regente.