La Guerra de la Independencia (1808-1814) y las Cortes de Cádiz

Antecedentes y estallido del conflicto

Carlos IV ascendió al trono en 1788, en un contexto de debilidad interna y el estallido de la Revolución francesa. La ejecución de Luis XVI llevó a España a declarar la guerra a Francia, pero la entrada de tropas francesas en territorio español obligó a la firma de la Paz de Basilea en 1795. En 1796, Godoy restauró la alianza con Francia mediante el Tratado de San Ildefonso, involucrando a España en una guerra contra Gran Bretaña. Los enfrentamientos se detuvieron con la Paz de Amiens (1802), pero se reanudaron tras su ruptura. En la Batalla de Trafalgar (1805), la armada franco-española fue destruida.

En 1807, Godoy y Napoleón firmaron el Tratado de Fontainebleau, que acordaba el reparto de Portugal y permitía el paso de tropas francesas por España. El descontento popular estalló en el Motín de Aranjuez (marzo de 1808), que forzó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, Fernando VII, aunque posteriormente se arrepintió. Napoleón propuso mediar en el conflicto en Bayona. Allí, ambos monarcas firmaron las Abdicaciones de Bayona, y Napoleón colocó en el trono a su hermano, José I Bonaparte. El pueblo de Madrid no aceptó al nuevo rey y se enfrentó a las tropas francesas en el levantamiento del 2 de mayo de 1808, liderado por figuras como Daoiz y Velarde.

Desarrollo de la guerra y organización de la resistencia

Surgieron Juntas de defensa (locales, comarcales y provinciales) que se unificaron en la Junta Suprema Central. Estas juntas consideraban inválida la abdicación de Fernando VII y, como representantes del pueblo, defendían sus derechos al trono. José I contó con el apoyo de los afrancesados, partidarios de modernizar el país siguiendo las ideas de la Ilustración, quienes pretendían implantar el Estatuto de Bayona.

En julio de 1808, en la Batalla de Bailén, el general Castaños logró una importante victoria que impidió el avance francés. Esta derrota provocó que el propio Napoleón comandara sus tropas para conquistar el país, obteniendo victorias como la de la Batalla de Somosierra. La resistencia española se organizó mediante la táctica de guerrillas. La Junta Suprema Central traspasó sus poderes a un Consejo de Regencia, establecido en Cádiz.

La situación cambió en 1812 debido a la fallida invasión de Rusia por parte de Napoleón y a la intensificación de la ayuda inglesa a España, con la entrada en Portugal del duque de Wellington. En julio de 1812, en la Batalla de los Arapiles, los franceses fueron derrotados y comenzaron su retroceso. Las victorias en las batallas de San Marcial y Vitoria culminaron con su expulsión. En diciembre de 1813, Napoleón firmó el Tratado de Valençay, por el que devolvía el trono al rey Fernando VII.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Tras el levantamiento del 2 de mayo y la ausencia de Fernando VII, surgieron las Juntas. Las derrotas militares obligaron a la Junta Suprema Central a traspasar sus poderes a un Consejo de Regencia de cinco miembros en Cádiz. El Consejo de Regencia convocó las Cortes de Cádiz (1810-1814), compuestas por unos 300 diputados, sin distinción estamental, con una notable presencia de burgueses y clérigos. Se distinguían dos grupos principales: los conservadores, defensores de los privilegios y la monarquía absoluta, y los reformistas o liberales, influenciados por las ideas de la Revolución francesa, que buscaban instaurar un estado liberal.

La labor legislativa de las Cortes fue muy importante: iniciaron la desamortización y abolieron el régimen señorial. Su obra cumbre fue la Constitución de 1812, promulgada el 19 de marzo (conocida como “La Pepa”). Fue una constitución liberal, técnicamente muy avanzada pero considerada inadecuada para la realidad del país en ese momento. Estaba estructurada en 10 títulos y 384 artículos y recogía los siguientes principios:

• Ideas liberales: Soberanía nacional y división de poderes.
• Libertades y derechos: Se adoptó el liberalismo económico y se reconocieron derechos individuales y colectivos, como la libertad de expresión y de prensa, poniendo fin a la censura previa.
• Sistema político: Monarquía parlamentaria. La soberanía recaía en la nación, y el rey solo tenía una parte delegada del poder ejecutivo.
• División de poderes: El poder legislativo residía en un parlamento unicameral (elegido por sufragio universal masculino indirecto), el ejecutivo en el rey y sus ministros, y el judicial en tribunales independientes.
• Religión: Defendía el catolicismo como religión oficial del Estado.
• Otras medidas: Se abolió la Inquisición y se garantizó la igualdad civil, eliminando los privilegios jurídicos.

Con la vuelta de Fernando VII, se restauró el Antiguo Régimen y se derogó la Constitución. A pesar de ello, esta sentó las bases para quebrar el sistema estamental, sirvió de modelo para futuras constituciones y provocó la irrupción de la burguesía en la vida política.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833)

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Tras firmar el Tratado de Valençay, Fernando VII recuperó el trono, pero a su regreso actuó al margen de la Constitución. En abril de 1814, 69 diputados absolutistas le entregaron el “Manifiesto de los Persas”, incitándole a suprimir la obra legislativa de Cádiz. En mayo, el rey promulgó el Decreto de Valencia, declarando nula la Constitución. Se inició así el Sexenio Absolutista (1814-1820), un período marcado por graves problemas económicos, una dura represión contra los liberales y numerosos pronunciamientos militares que pretendían restaurar la Constitución (como los de Espoz y Mina en Navarra, Díaz Porlier en La Coruña o Van Halen en Murcia).

El Trienio Liberal (1820-1823)

En enero de 1820, triunfó el levantamiento de las Cabezas de San Juan, liderado por el comandante Rafael del Riego. El rey se vio obligado a acatar la Constitución, dando comienzo al Trienio Liberal (1820-1823). Durante este período se adoptaron medidas como la desamortización eclesiástica, la supresión definitiva de la Inquisición, la abolición de los señoríos, la reorganización de la Hacienda y la restauración de la libertad de imprenta.

La Década Ominosa (1823-1833) y la independencia de las colonias

En abril de 1823, con la ayuda de un ejército francés conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis (comandado por el duque de Angulema), Fernando VII restauró el absolutismo. Comenzó así la Década Ominosa (1823-1833), en la que se persiguió duramente a los liberales, aunque también se realizaron reformas que generaron la oposición de los absolutistas más radicales. La inestabilidad política se reflejó en el problema sucesorio. Fernando VII reafirmó la Pragmática Sanción para nombrar heredera a su hija Isabel, lo que provocó un levantamiento realista conocido como “los sucesos de La Granja”, que resultó fallido. Aun así, el conflicto dinástico continuó y, a la muerte del rey, desembocó en una guerra civil.

Además de los problemas peninsulares, durante su reinado se consolidó la independencia de las colonias americanas. El espíritu separatista arraigó en las Juntas creadas durante la Guerra de la Independencia. Hubo tres focos independentistas principales: Buenos Aires, Venezuela y México. Las grandes batallas se libraron entre 1816 y 1820. En 1816, San Martín proclamó la independencia de Buenos Aires y, en 1817, tras la Batalla de Chacabuco, la de Chile. En 1819, después de la Batalla de Boyacá, Simón Bolívar logró la independencia de Nueva Granada. Más tarde, aprovechando el levantamiento de Riego en la península, Iturbide proclamó la independencia de México, y en 1821 comenzó la del virreinato del Perú, que culminó con las últimas batallas de Ayacucho y Junín, constatando la derrota definitiva española.

El Reinado de Isabel II (1833-1868)

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

El problema sucesorio del reinado de Fernando VII estalló tras su muerte. Isabel II fue nombrada reina, pero el infante Carlos María Isidro se autoproclamó rey mediante el Manifiesto de Abrantes. El conflicto derivó en la Primera Guerra Carlista (1833-1840), que enfrentó al carlismo (defensor de los fueros y el absolutismo) contra el bando isabelino, apoyado por los liberales. El general Zumalacárregui creó un eficaz ejército carlista con un núcleo fuerte en el norte peninsular. Su muerte en 1835 durante el asedio de Bilbao no detuvo el conflicto. La Batalla de Luchana (diciembre de 1836) dio la victoria a los isabelinos y generó una crisis interna en el carlismo. Finalmente, en 1840, se puso fin a la guerra con el Convenio de Vergara (firmado por los generales Espartero y Maroto), por el cual los carlistas aceptaban a Isabel II como reina a cambio de conservar los fueros.

La evolución política: del Estatuto Real a las Constituciones de 1837 y 1845

Durante la guerra, el bando isabelino estuvo bajo la regencia de María Cristina, quien inició el establecimiento de un Estado liberal. Primero, se publicó el Estatuto Real de 1834, obra de Martínez de la Rosa. Se trataba de una carta otorgada, lejos de ser una constitución, pero que mostraba la intención de construir un modelo de Estado al margen del absolutismo carlista. Los liberales progresistas exigían más medidas, lo que llevó al levantamiento de los sargentos de La Granja en 1836. Este suceso otorgó el gobierno a los progresistas, quienes redactaron la Constitución de 1837. Esta implantó el bicameralismo, reforzó los poderes del rey bajo un principio de soberanía compartida e introdujo una amplia declaración de derechos.

Al acabar la guerra, María Cristina fue exiliada y el general Espartero fue nombrado regente. Sin embargo, la oposición de los moderados precipitó el anuncio de la mayoría de edad de Isabel II en 1843. Con Isabel II en el trono, llegaron al gobierno los moderados, presididos por el general Narváez. Elaboraron la Constitución de 1845 que, aunque mantenía principios como la soberanía compartida, redujo las libertades y declaró la confesionalidad católica del Estado.

La Década Moderada, el Bienio Progresista y la crisis final

Durante el gobierno moderado (la Década Moderada), tuvo lugar la Segunda Guerra Carlista (1846-1849). También se firmó el Concordato de 1851 con la Santa Sede, se creó la Guardia Civil y se frenó el proceso de desamortización. En 1854, un levantamiento liderado por O’Donnell provocó la vuelta al gobierno de Espartero, dando inicio al Bienio Progresista (1854-1856), durante el cual se impulsó la Ley de Ferrocarriles y se reanudó la desamortización. En 1856, Espartero dimitió y O’Donnell restauró la Constitución de 1845. Desde el inicio del reinado existían dos grandes fuerzas políticas: los moderados (Narváez) y los progresistas (Espartero), a las que se sumaron otras como la Unión Liberal de O’Donnell. Unionistas y moderados se alternaron en el poder entre 1856 y 1868. El malestar social, agravado por la crisis de 1866, llevó a la firma del Pacto de Ostende, que derivó en la Revolución de 1868 (La Gloriosa), poniendo fin al reinado de Isabel II.

De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases

Las desamortizaciones

Durante el siglo XIX, se sustituyó la economía feudal y la sociedad estamental por un sistema económico capitalista y una sociedad de clases, definida por la propiedad. El principal problema del sector agrario era la estructura de la propiedad, con la mayoría de las tierras en manos muertas (no se podían vender). Por ello, los liberales optaron por las desamortizaciones: la expropiación de tierras para su venta en subastas públicas.

La desamortización de Mendizábal (1837)

El ministro Mendizábal aprobó la Ley de Desamortización Eclesiástica en 1837. Sus objetivos eran sanear la deuda del Estado, financiar la Primera Guerra Carlista y crear una clase de propietarios afines al liberalismo. Sin embargo, las tierras fueron adquiridas mayoritariamente por grandes terratenientes, sin disminuir las desigualdades.

La desamortización de Madoz (1855)

La Ley de Desamortización General de 1855, obra del ministro Pascual Madoz, comprendía cualquier propiedad en manos muertas, incluyendo las propiedades municipales. Con esta ley, el Estado ingresó casi el doble que con la de Mendizábal, pero no se solucionó el problema de la deuda pública y se sacrificaron los intereses de los campesinos, por lo que no varió significativamente la estructura de la propiedad.

La nueva sociedad de clases

Con la implantación del Estado liberal, la sociedad del Antiguo Régimen fue sustituida por un modelo de sociedad de clases, donde la división social estaba determinada por la riqueza. Se pueden distinguir tres grandes grupos:

• Clase alta: Compuesta por la antigua aristocracia y la gran burguesía, que acapararon el poder político y económico.
• Clases medias urbanas: Minoritarias, formadas por profesionales liberales, empleados públicos y pequeños comerciantes.
• Clases populares: La mayoría de la población, que vivía en el medio rural como pequeños propietarios o jornaleros. Muchos emigraron a las ciudades, donde trabajaban como artesanos, obreros industriales o en el servicio doméstico.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

La Revolución de 1868 y la Constitución de 1869

La Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, fue dirigida por los generales Topete, Prim y Serrano. Tras la derrota de las tropas isabelinas en la Batalla de Alcolea, la reina Isabel II huyó a Francia. En 1869 se celebraron elecciones por sufragio universal masculino y se promulgó la Constitución de 1869, la más progresista del siglo XIX. Recogía la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos y establecía una monarquía democrática. Las Cortes nombraron a Serrano regente y a Prim presidente del gobierno.

El reinado de Amadeo I (1871-1873)

Prim buscó un nuevo rey, eligiendo a Amadeo de Saboya (Amadeo I). Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad y el rechazo social, agravado por el asesinato de Prim, su principal valedor, antes de su llegada. Amadeo I tuvo que enfrentarse a la Guerra de los Diez Años en Cuba y a la Tercera Guerra Carlista. Finalmente, en febrero de 1873, abdicó.

La Primera República (1873-1874)

La República Federal (febrero-julio 1873)

Con la abdicación de Amadeo I comenzó la Primera República. Su primer presidente fue Estanislao Figueras. Le sucedió Pi y Margall, cuyo gobierno elaboró un proyecto de constitución federalista que nunca entró en vigor. La lentitud en su aplicación provocó la rebelión cantonal. Nicolás Salmerón y, posteriormente, Emilio Castelar, reprimieron el movimiento, dando un giro autoritario al régimen.

La República Unitaria y el fin del Sexenio (1874)

En enero de 1874, el general Manuel Pavía dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes. Se nombró presidente a Serrano, quien gobernó de forma autoritaria. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración borbónica en la figura del príncipe Alfonso, que reinaría como Alfonso XII a partir de enero de 1875.

La Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

Cuando Felipe IV subió al trono, ya había comenzado la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), un conflicto que enfrentó a católicos contra protestantes. Aunque al inicio fue un conflicto religioso dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pronto se convirtió en una guerra a nivel europeo. En 1621 expiraba la Tregua de los Doce Años, por lo que el conflicto se extendió a los Países Bajos. Al principio, la guerra fue favorable al bando católico, con victorias como las de Breda y Nördlingen, pero el signo del conflicto cambió cuando Francia, a pesar de ser una monarquía católica, entró en la guerra del lado protestante en 1635. Francia declaró la guerra a España por temor a la hegemonía de los Habsburgo. España sufrió importantes derrotas en batallas como la de las Dunas y Rocroi.

La Paz de Westfalia en 1648 puso fin al conflicto: Suiza alcanzó la independencia y España reconoció la de Holanda. La guerra entre España y Francia continuó hasta 1659 con la firma de la Paz de los Pirineos. Mediante este tratado, España perdió los territorios del Rosellón y la Cerdaña. Francia se convirtió así en la potencia hegemónica de Europa.