1. La Regencia de María Cristina y la Implantación del Liberalismo (1833-1840)

a) La implantación del liberalismo con la reforma desde arriba: el Estatuto Real de 1834

Isabel II heredó la corona a los tres años, actuando su madre, María Cristina, como regente hasta 1840. Dicha regencia comenzó con concesiones a los liberales frente a los absolutistas partidarios de Carlos.

El primer gobierno de la regencia estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez, representante del liberalismo moderado y conservador, y antiguo ministro de Fernando VII. Impulsó reformas administrativas, entre las que destaca la división provincial de España en 49 provincias (1833), en base a criterios de racionalidad de extensión y aspectos históricos, ejecutada por Javier de Burgos.

Ante la presión de los liberales progresistas, Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado proveniente del exilio, fue nombrado jefe de gobierno (1834). Se ejecutaron otras medidas de mayor avance, como la disolución de la jurisdicción gremial y el impulso de la libertad de fabricación y comercio. Otra serie de reformas tuvieron que ver con la relación entre el Estado y la Iglesia, intentando limitar el poder de esta (Real Decreto de supresión de los monasterios que hubieran aportado frailes para nutrir a las tropas carlistas). También se amnistió a liberales exiliados en París y Londres.

La presión de los liberales y la negativa carlista a un acuerdo forzó la división de los absolutistas, de modo que un sector giró hacia el carlismo y otro aceptó la colaboración con los liberales moderados para apoyar una reforma pactada y controlada por la Corona. En este contexto, la regente concedió el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que, olvidándose de la Constitución de 1812, estableció un sistema bicameral con función exclusivamente consultiva:

• Estamento de Próceres: Formado por los Grandes de España y miembros designados con carácter vitalicio.
• Estamento de Procuradores: Elegidos por sufragio censitario indirecto y muy restringido (solo el 0.5% de la población podía elegir).

La iniciativa legislativa quedaba en manos de la Corona y las Cortes tan solo tenían funciones consultivas.

En términos generales, la situación del país estuvo marcada por el conflicto civil carlista, la falta de liquidez de la Hacienda que impidió que el ejército recibiera suministros y pagas a tiempo, y por la epidemia de cólera de 1834. El rumor en Madrid de que las muertes se debían a que los frailes habían envenenado el agua hizo que las clases populares reaccionaran con violencia, asaltando conventos y asesinando frailes. La inhibición del gobierno provocó su caída.

b) La ruptura liberal pactada: la desamortización de Mendizábal, la sublevación de los progresistas en La Granja y la Constitución de 1837

Los liberales no consiguieron sacar adelante, en el marco del Estatuto Real, las reformas pactadas con la Corona (puesta en marcha de la abolición de señoríos, ampliación de la Milicia Nacional, reorganización de ayuntamientos y diputaciones, libertad de prensa, etc.). Esto supuso la ruptura entre el reformismo absolutista y el liberalismo y, al mismo tiempo, originó la división entre los liberales (partidarios del Estatuto Real y los progresistas), base de los dos partidos del posterior sistema isabelino (el Partido Liberal Moderado y el Partido Liberal Progresista).

Entre 1835 y 1836, los progresistas radicales, con el apoyo de las clases populares urbanas movilizadas por las milicias nacionales y encuadradas en un movimiento de juntas revolucionarias, consiguieron que la regente nombrara un gobierno de progresistas liderado por Juan Álvarez Mendizábal, un hombre práctico que abordó los problemas graves con reformas importantes:

1. Reorganizó la Milicia Nacional, ampliándola.
2. Creó las Diputaciones Provinciales, que sustituyeron a las juntas.
3. Suprimió la Mesta.
4. Promulgó el Decreto de Desamortización de Bienes Eclesiásticos.

El objetivo de dicho decreto desamortizador era iniciar una reforma agraria y conseguir dinero para las arcas del Estado, con el fin de sostener la guerra civil contra el carlismo y crear una capa social de propietarios que apoyaran la revolución social. Las tierras eclesiásticas fueron subastadas en 1836 (un tercio de las tierras cultivadas, procedentes sobre todo de las órdenes religiosas), pero fueron adquiridas por quienes disponían de títulos de deuda pública o de dinero (aristocracia latifundista, burguesía industrial, burguesía comercial-financiera), en claro perjuicio de los campesinos.

El intento de reforma del campo español no consiguió los objetivos previstos: la deuda pública del Estado no disminuyó y los campesinos continuaron sin acceder a la propiedad de la tierra. Por el contrario, aumentó el malestar campesino al ver incrementadas las rentas impuestas por los nuevos propietarios de las tierras.

La regente y su entorno terminaron sustituyendo a Mendizábal por otro gobierno más moderado que frenó el ritmo desamortizador, bloqueando así las reformas. Dicho gobierno fue sustituido por otro moderado presidido por Istúriz.

Una nueva oleada de revueltas y el motín de La Granja en 1836, donde veraneaba la reina, forzaron la ruptura definitiva de los liberales con el absolutismo, obligando a la regente a reponer la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista presidido por José María Calatrava y con Mendizábal como ministro de Hacienda.

Los progresistas elaboraron la Constitución de 1837, que supuso un retroceso con respecto a la de 1812. Por lo tanto, la ruptura liberal no trajo en lo político la implantación del liberalismo democrático y parlamentario de 1812, ni tampoco el desmantelamiento del Antiguo Régimen. Dicha Constitución de 1837 estableció los principios del liberalismo doctrinario:

• Reconocía la soberanía nacional en su preámbulo, pero en la realidad establecía una soberanía compartida al atribuir el poder legislativo conjuntamente al rey y a las Cortes, y concedía a la Corona el derecho de veto absoluto de las leyes y el derecho de disolución de las Cortes.
• El poder legislativo quedó constituido por dos cámaras (bicameral): Senado y Congreso. El sistema electoral fue censitario (solo podían votar los mayores contribuyentes, que constituían el 2% de la población).
• El ideario progresista se manifestó solamente en aspectos como el carácter electivo de los ayuntamientos y en la mayor amplitud en el reconocimiento de los derechos individuales.

En relación con el desmantelamiento del Antiguo Régimen, este supuso el restablecimiento y la aplicación de la legislación liberal sobre libertad de comercio e industria y las leyes de desamortización, desvinculación y abolición de señoríos (aplicación definitiva de la ley de reforma liberal agraria). Dicho programa legislativo dejó aparte los intereses de los liberales radicales y de las clases populares que habían apoyado la ruptura liberal, ya que el sistema para la abolición de señoríos permitió a la vieja nobleza terrateniente hacerse con la propiedad de sus señoríos al no tener que demostrar documentalmente su condición de señoríos solariegos.

Posteriormente, finalizada la Primera Guerra Carlista, los moderados pretendieron hacerse con el poder, rectificando los cambios progresistas. Apoyados por la regente, presentaron una ley de ayuntamientos que impedía la elección de concejales y con ello la participación popular, lo que llevó a un levantamiento popular y de juntas en 1840 que forzó la renuncia de María Cristina a la regencia y el nombramiento del general Espartero, iniciándose así el Trienio Esparterista (1840-1843).

2. El Carlismo

El conflicto civil estalló poco después de la muerte de Fernando VII, iniciándose lo que para muchos historiadores fue la primera guerra civil de la España contemporánea (la Primera Guerra Carlista).

Ideología y bases sociales del carlismo

La defensa de la legitimidad dinástica por parte de Carlos María Isidro (enfrentamiento entre isabelinos y carlistas) motivó la guerra y fue la razón externa del conflicto civil, pero la causa de fondo fue el mantenimiento del orden absolutista que el proceso de revolución liberal burguesa de Cádiz ponía en peligro. Por tanto, el enfrentamiento básico fue entre:

• Liberales, con todo lo que defendían.
• Carlistas, tradicionalistas, realistas o apostólicos. Apoyados por la aristocracia, parte del clero y, en zonas rurales determinadas, por el campesinado y artesanos.

La ideología carlista fue contrarrevolucionaria y antiliberal. Defendió el origen divino de la monarquía y, por tanto, la soberanía absoluta del monarca, único responsable ante Dios. La religión debía ser la base del orden político-social y la tradición el fundamento de la legitimidad. De todos estos supuestos se derivaba la negación de la libertad de conciencia, de expresión y la unión del trono y el altar. Su lema fue «Dios, Patria y Rey» y uno de los puntos centrales de su programa, la defensa de los fueros¹ frente al centralismo y la uniformidad propugnada por ilustrados y liberales.

La base social de apoyo al carlismo fue heterogénea:

• Campesinado: Pequeños propietarios y arrendatarios afectados por el liberalismo económico y el aumento de la presión fiscal.
• Nobleza: Especialmente la pequeña nobleza que estaba vinculada a los poderes locales y los privilegios forales.
• Clero: Parte del alto clero estuvo con el régimen isabelino, pero una gran parte del clero regular y parroquial, afectado por la desamortización, fue partidario de Carlos.
• Clases urbanas: Especialmente artesanos y menestrales descontentos con el desmantelamiento del sistema gremial.

Desarrollo bélico del conflicto civil

El factor foral fue clave y determinó el foco principal del carlismo y el escenario de la sublevación (País Vasco y Navarra). Hubo focos secundarios (Cataluña, Aragón y Castellón) y terciarios (Valencia y las dos Castillas).

El ejército carlista no formó una tropa unificada, sino que fue la suma de tres ejércitos: el del País Vasco y Navarra, liderado por Tomás Zumalacárregui; el del Maestrazgo, liderado por Ramón Cabrera; y el de Cataluña. Como complemento, había partidas de guerrilleros carlistas que practicaban la estrategia de guerrillas (destaca el Cura Merino).

La guerra duró entre 1833 y 1839 y se divide clásicamente en tres etapas:

• Primera etapa (1833-1835): Desde la proclamación de Carlos hasta el asedio de Bilbao. Zumalacárregui controló Navarra y País Vasco. Se opuso a la decisión de Carlos de asediar Bilbao, pero aceptó la orden. Murió en el cerco a Bilbao con 35 años.
• Segunda etapa (1835-1837): Fracasa la expedición militar del pretendiente al intentar tomar Madrid y el intento carlista de extenderse por España a través de expediciones militares. Espartero libera Bilbao de los carlistas.
• Tercera etapa (1837-1839): En esta etapa se produce la división interna entre los carlistas (partidarios de un pacto con los moderados y quienes postulaban continuar la guerra). Se repliegan tras el Ebro.
• Final de la guerra: Acontece con la firma por el general Maroto y Espartero en 1839 del Convenio de Vergara. Espartero se comprometió a proponer a las Cortes el mantenimiento de los fueros y la integración de oficiales y jefes carlistas en el ejército. En 1840, Espartero acabó con el reducto carlista del general Cabrera en el Maestrazgo.

A pesar de todo, el carlismo no se extinguió a lo largo de todo el siglo XIX. Entre 1846 y 1849 aconteció la Segunda Guerra Carlista, circunscrita a Cataluña, y entre 1872 y 1876 se produjo la Tercera Guerra Carlista.

3. La Regencia del General Espartero (1840-1843): El Trienio Esparterista

El militar popular Espartero fue muy aclamado, pero pronto perdió apoyos por su estilo militar de gobierno (criticado por los progresistas) y por sus reformas progresistas (los moderados exiliados preparaban un pronunciamiento para sustituirlo por María Cristina).

Puso en práctica una política librecambista que supuso la apertura de aduanas a los productos extranjeros a cambio de apoyo financiero del exterior. Dicha medida motivó la oposición de la burguesía catalana, que vio la medida perjudicial para la industria algodonera (insurrección barcelonesa).

La represión ejecutada por Espartero contra el levantamiento de la ciudad de Barcelona (1842) aumentó su descrédito y alentó un pronunciamiento del militar moderado Ramón María Narváez, quien llegó al gobierno.

4. El Reinado de Isabel II: Construcción del Estado Liberal y Crisis del Moderantismo (1843-1868)

4.0. Introducción

La hija de Fernando VII accedió al trono como reina en 1843, al adelantar los liberales su mayoría de edad a los trece años. Sus veinticinco años de gobierno estuvieron caracterizados por la ambigüedad, la inestabilidad, las tensiones y conflictos de variada naturaleza (escándalos de vida privada en la Corte, inestabilidad gubernamental por las tensiones entre moderados y progresistas, agitaciones sociales, etc.). A pesar de ello, se afianzó el sistema liberal burgués en España y se consolidó una nueva estructura estatal, especialmente de manos del partido moderado, que fue el que reinó más tiempo hasta la llegada de la Revolución de 1868, que destronó a la reina y acabó con el sistema isabelino por varias razones (apoyo real al moderantismo, dejando al margen a los progresistas; corrupción económica y desprestigio monárquico por escándalos en la Corte).

4.1 Teoría y práctica del sistema político isabelino: el papel de la Corona y los partidos políticos

a) La intervención política de la Corona a favor de los moderados

Frente al liberalismo constitucional de 1812, las constituciones isabelinas, especialmente la de 1845, establecieron una monarquía constitucional inspirada en el liberalismo doctrinario (papel clave de la Corona al compartir soberanía con las Cortes, participación política exclusiva de propietarios, etc.).

Teóricamente, el modelo político isabelino establecía un equilibrio de poderes entre la Corona y el poder legislativo (Cortes):

• El gobierno debía tener la confianza de la reina, pero también la confianza del Parlamento. Así, el papel político de la reina era ser árbitro moderador del sistema, limitándose a sancionar la mayoría parlamentaria.
• Además, el papel de la reina era cumplir con la función simbólica de representar al Estado.

En la práctica, dicho reinado no respondió a ambos criterios formales teóricos:

• En cuanto a su intervención política, utilizó los poderes constitucionales para favorecer a los liberales moderados en el poder. Esto tuvo dos consecuencias clave: la corrupción electoral amparada en una red de caciques que controlaban los distritos electorales para favorecer mayorías parlamentarias afines al moderantismo, y los pronunciamientos militares del ejército como un medio funcional de cambio político del sistema a través de los líderes militares.
• En relación con la función de representación simbólica del Estado, la reina convirtió su vida privada en asunto público, ya que su vida personal no se correspondió con las pautas de la moral burguesa exigida a las mujeres. Además, su influencia personal hizo que se mezclara la política con negocios, concesiones estatales y camarillas privadas de amigos, creando así un ambiente corrupto y de continuos escándalos.

b) Los partidos políticos en el sistema Isabelino

Los partidos predominantes fueron el Partido Moderado y el Partido Progresista (ambos liberales doctrinarios), pero surgieron otros como el Partido Demócrata y la Unión Liberal. Dichas formaciones políticas no eran propiamente «partidos de masas», sino grupos minoritarios de notables («partidos de notables») con escasa base electoral y un claro carácter oligárquico en sus bases sociales. Disponían de miembros de apoyo en el escalafón administrativo del Estado para controlar las elecciones y de periódicos que difundían y apoyaban sus ideas.

La caracterización de dichos partidos:

Partido Liberal Moderado (liberalismo doctrinario)

Seguidores del liberalismo doctrinario francés que defendía la soberanía compartida entre Corona y Cortes; la Corona ejercía el derecho de veto y de disolver las Cortes. Aplicaban sufragio censitario restringido, derechos individuales poco amplios, un Estado centralizado y el mantenimiento del orden público como clave para la prosperidad social y económica.

Su base social eran las clases medias (negociantes, grandes comerciantes, terratenientes provenientes de nobleza titulada, etc.), es decir, la aristocracia terrateniente y la burguesía comercial y mercantil-financiera beneficiada por la desamortización, aunque también altos miembros del ejército. Dicho partido obtuvo siempre el apoyo de la reina.

Dentro de dicho partido había facciones enfrentadas entre sí:

• Sector centrista: Mayoritario. Liderado por Narváez y con ministros asturianos como Pedro José Pidal y Alejandro Mon.
• Sector derechista: Más reaccionario. Liderado por el marqués de Viluma (vilumistas). Partidarios de la reconciliación con los carlistas y con la Iglesia.
• Sector izquierdista (puritanos): Ala más avanzada del partido, partidarios de la alianza con progresistas y de la aceptación del texto constitucional de 1837.

Este Partido Liberal Moderado, especialmente su sector más reaccionario, fue el que ejerció más influencia sobre la reina Isabel II y su entorno real, monopolizó el poder y forzó la exclusión de los progresistas del poder. La Constitución de 1845 fue la expresión más acabada de su ideario político. A este sector correspondió el peso de la construcción del Estado liberal en España.

Partido Liberal Progresista

Defendió una mayor apertura política, pero dentro del sistema de inspiración liberal doctrinario. Influidos por el Krausismo² alemán, defendieron la soberanía nacional, un sufragio censitario más amplio, la Milicia Nacional y una mayor ampliación y reconocimiento de los derechos individuales. Limitaron las atribuciones de la monarquía, aunque le reconocieron su facultad de disolver las Cortes, el nombramiento y destitución de gobiernos, el veto absoluto de leyes, etc.

Su base social fue la pequeña burguesía, comerciantes, artesanos, funcionarios, profesiones liberales y militares de baja graduación. Ejercieron oposición a través de la sede parlamentaria, la prensa y a través del pronunciamiento militar.

Su líder fue el general Espartero y estuvieron en el poder en períodos cortos (1835-1837; 1840-1843; 1854-1856).

Su ala izquierda, de tendencia demócrata-republicana, terminó escindiéndose, formando el Partido Demócrata.

Partido Demócrata

Se creó en 1849 por un grupo de diputados liberales progresistas del ala izquierdista del partido. Su programa fue una versión radical del progresismo, basado en los ejes de la democracia y la reforma social: verdadera soberanía nacional como soberanía popular con sufragio universal masculino, libertad religiosa, juicios por jurados, abolición de legislación foral, intervención del Estado en la enseñanza, defensa de la enseñanza primaria gratuita, reforma fiscal progresiva que gravase en función de la riqueza y recaudase en menor medida de impuestos indirectos, etc.

Sus bases sociales fueron la pequeña burguesía y las clases urbanas populares, y en su seno aparecieron sectores republicanos e incluso socialistas.

La Unión Liberal

Se fundó en 1854 y su líder fue el militar Leopoldo O’Donnell. Aglutinó a sectores de la izquierda del Partido Moderado (puritanos) y sectores de la derecha del Partido Progresista. Era una reformulación del moderantismo y su objetivo era estabilizar el régimen liberal frente a la actitud del sector reaccionario y de los sectores revolucionarios representados por los republicanos-demócratas.

En definitiva, a pesar de la diversificación de las opciones políticas, la alternancia política no funcionó debido al fraude electoral, con lo que la única vía de la alternancia fue el pronunciamiento militar para el acceso al poder de los progresistas.

4.2 La Década Moderada (1844-1854)

Presidió el gobierno el general Narváez, estableciendo un régimen autoritario que frenó a las clases populares y permitió a las clases burguesas seguir enriqueciéndose, poniendo orden en la dinámica revolucionaria con apoyo de la reina y de sectores del ejército.

Desarrolló el Estado liberal español en su versión moderada, eliminando los aspectos del ideario progresista.

Aprobaron la Constitución de 1845, expresión del liberalismo doctrinario, y un conjunto de reformas socioeconómicas que pusieron las bases del capitalismo liberal español.

La Constitución de 1845

Estuvo vigente durante todo el periodo de dominio moderado (1845-1868) y se fundamentó en los siguientes principios:

• Reconocimiento explícito de la soberanía compartida de las Cortes y el rey, expresada en un poder legislativo compartido entre la Corona y el poder legislativo: iniciativa legislativa y derecho absoluto de veto a las leyes.
• La Corona podía disolver y convocar a las Cortes, estableciéndose el régimen de doble confianza: el gobierno debía contar con el apoyo conjunto de la reina y de las Cortes.
• Poder legislativo bicameral (Congreso y Senado). El Senado era la cámara de representación de las altas jerarquías de la Iglesia, nobleza y ejército. El Congreso, cámara elegida por sufragio censitario restringido al 1% de la población (elevación del nivel de renta tanto para candidatos como para los electores).

Medidas de construcción del Estado liberal moderado

Los moderados iniciaron la reorganización administrativa del Estado liberal y emprendieron reformas clave:

1. La reorganización territorial del Estado: Diseñaron un Estado centralista y jerarquizado. La división provincial de Javier de Burgos siguió vigente, pero los poderes locales y provinciales (ayuntamientos y diputaciones) fueron vaciados de contenido democrático al restringir sus poderes y perder su condición de representación de los ciudadanos, al ser sus miembros nombrados por las autoridades centrales (gobernadores civiles en provincias y alcaldes nombrados directamente por el rey). Por realismo político, quedaron inalterables los ayuntamientos forales y las Juntas Generales Vascas y Navarras.
2. El principio de orden: Defendido por los moderados, se expresó en el desarrollo de un sistema de poder estatal que comprendía acciones intervencionistas en orden público, ejército, escuela, administración civil y justicia:
   • La Milicia Nacional fue sustituida por la Guardia Civil en 1844 para defender el orden y la propiedad. El nuevo cuerpo actuó especialmente en el ámbito rural, donde emergía el bandolerismo.
   • Se creó un ejército permanente a través del sistema de quintas, que permitía la redención (librarse pagando una cantidad a un sustituto).
   • Reorganización de un sistema de instrucción pública que garantizó la enseñanza obligatoria y estableció un sistema de enseñanza jerarquizado (Plan Pidal de 1845 y Ley Moyano de 1857): enseñanza primaria elemental, secundaria o media y universitaria, que reprodujo la división clasista social y la exclusión de las mujeres de los niveles superiores de enseñanza.
   • Establecimiento del Concordato de 1851³ con la Iglesia, que renovó su influencia social: sancionó las ventas de bienes desamortizables, paralizó el proceso desamortizador y, a cambio, el Estado pagó a la Iglesia los gastos de culto y clero y admitió el control de la Iglesia sobre los contenidos de las enseñanzas.
   • Independencia de la administración respecto a la política a través de la regulación de la administración de Justicia e institucionalización de cuerpos de funcionarios del Estado (1852). La ley de funcionarios permitió crear una burocracia estatal moderna en base al concurso de méritos y estableció criterios para el ascenso (antigüedad y méritos).
   • Elaboración de un nuevo Código Penal (1848), vigente hasta 1996.
3. Reforma fiscal del Estado: Con la finalidad de costear los gastos del nuevo Estado, lo que exigía acabar con el déficit de la Hacienda Pública, reforzando su capacidad recaudatoria. Se destaca la Ley de Reforma Fiscal de Alejandro Mon y Ramón de Santillán (1845), que intentó racionalizar los numerosos impuestos del Antiguo Régimen, reformando el sistema tributario:
   • División entre impuestos directos (gravan la riqueza y los ingresos) e impuestos indirectos (gravan el consumo de algunos artículos de primera necesidad como alimentos, bebidas, combustible, etc.). Estos últimos pesaron como una losa sobre las clases populares, lo que provocó motines de protesta. No se logró solucionar el déficit fiscal.
   • Plan para asegurar el cobro de impuestos y un sistema de contabilidad que cobrara con rigor los impuestos.

El control del poder por los sectores más autoritarios del partido moderado tuvo su expresión en 1852 con la subida al gobierno de Juan Bravo Murillo (1851-1853):

• Importante política de obras públicas, que se aplicó incluso en territorios coloniales (mejora de caminos y mejora de infraestructuras que hicieran posible el desarrollo industrial).
• Aprobación de la Ley de Ferrocarriles (1851) para corregir la desorganización de las concesiones otorgadas hasta entonces. Se estableció según un modelo radial que tuvo como centro Madrid.
• Promulgación de una Ley de Puertos para mejorar las comunicaciones marítimas, así como obras hidráulicas (Canal de Castilla, canalización del Ebro y del Lozoya).
• Trató de someter el Parlamento al gobierno, se generalizó la corrupción económica, lo que terminó produciendo descontento social y originó, tras un pronunciamiento militar y un movimiento de juntas, el fin de la Década Moderada y el desarrollo de un periodo breve progresista (el Bienio Progresista).

4.3 El Bienio Progresista (1854-1856)

Dado que el sistema electoral censitario y manipulado no les daba la oportunidad de gobernar a los progresistas, utilizaron de nuevo el pronunciamiento militar. Después de la sublevación moderada dirigida por los generales Dulce, O’Donnell y Ros de Olano en Vicálvaro en 1854 (la Vicalvarada), posteriormente, triunfó la sublevación con el Manifiesto de Manzanares (apoyo entre moderados y progresistas, que recogía propuestas de ellos como la restauración de la Milicia Nacional, descentralización de poderes locales y ampliación del sufragio). Los levantamientos populares en varias ciudades forzaron una coalición de moderados, progresistas y un sector moderado del Partido Demócrata que obligó a la reina a recurrir a Espartero para presidir el Consejo de Ministros, junto con O’Donnell como ministro de Guerra.

El gobierno disolvió los levantamientos y ejecutó una orientación moderada, lo que llevó a las protestas de los progresistas, la inestabilidad política en un contexto de conflictos sociales y crisis económicas. La crisis económica afectó especialmente a los obreros textiles de Barcelona, que protagonizaron la primera huelga general del movimiento obrero en España (1855).

La labor del nuevo gobierno progresista consistió en la adopción de las siguientes medidas:

1. Trató de poner en práctica el programa liberal en su versión progresista, recuperando legislación anterior: ley electoral más amplia, libertad de imprenta, democratización de ayuntamientos y diputaciones, restablecimiento de la Milicia Nacional, sustitución de la Constitución moderada de 1845 por otra (Constitución de 1856) que no llegó a promulgarse (non nata) y que proclamaba la soberanía nacional y ampliaba los derechos individuales.
2. Aprobación de una nueva Ley Municipal que ampliaba el censo de electores y acabó con la intervención del gobierno central en la designación de alcaldes.
3. Avanzar en la creación de un marco legislativo que completase la liberalización del mercado de tierras y capitales para avanzar en el desarrollo del capitalismo. Se hizo a través de la Ley de Desamortización General del ministro Pascual Madoz (1855), que ponía en venta todos los bienes eclesiásticos, pero también los bienes comunes y de propios de los municipios. Esta ley puso a la venta el doble de bienes que la Ley de Mendizábal. Agravó la situación de ayuntamientos y agricultores, ya que los ayuntamientos obtenían sus ingresos del alquiler de los bienes del municipio y los pastos y bosques eran buenos complementos para los agricultores.
4. Nueva Ley de Ferrocarriles (1855). Favoreció la creación de una amplia red de vías férreas. Muchas empresas de capital extranjero (especialmente francés) construyeron tramos de red y, a la vez, daban salida a los productos industriales. Obtuvieron grandes beneficios. Además, la especulación con los terrenos posibilitó un gran y rápido enriquecimiento de empresas extranjeras constructoras y de propietarios de las parcelas.

4.4 La vuelta de los moderados (1856-1868)

a) El gobierno del moderado Narváez (1856-1858)

En el verano de 1856, O’Donnell abolió la Milicia Nacional y volvió a proclamar la Constitución de 1845, al tiempo que apartó del poder al general Espartero, pero tres meses después la reina lo cambió por Narváez. El contexto de la iniciativa de O’Donnell estuvo caracterizado por:

• La Huelga General en Barcelona (1855): Huelga general del proletariado español por la constante inflación. Una de las reivindicaciones de las clases populares seguía siendo la desaparición del impuesto sobre los bienes de consumo.
• Epidemia de cólera.
• Inestabilidad política debida a los sucesivos cambios de gobierno a causa de la difícil convivencia entre moderados y progresistas.
• Revueltas populares en Madrid (1856): Se produjeron violentas revueltas estudiantiles para protestar por la expulsión de Emilio Castelar (republicano) de su cátedra universitaria por sus críticas a la reina y al gobierno. Fue reprimida violentamente y fue un factor clave en la destitución de Narváez.
• Estallido de crisis económica (1856-1857) junto con revueltas campesinas en Andalucía que provocaron la caída de Narváez y la formación de gobierno en 1858 por parte de O’Donnell de nuevo.

b) El gobierno de la Unión Liberal de O’Donnell (1858-1863)

El partido de la Unión Liberal había sido fundado por O’Donnell en 1856 y estaba formado por sectores de la izquierda del partido moderado (puritanos) y sectores de la derecha del partido progresista. Era una reformulación del moderantismo y su objetivo era estabilizar el régimen liberal frente a la actitud del sector reaccionario y de los sectores revolucionarios representados por los republicanos-demócratas.

Los Unionistas tuvieron el poder de manera continuada durante una larga etapa (1858-1863), que coincidió con un gran desarrollo del capitalismo español favorecido por la coyuntura internacional (extensión del ferrocarril, de tierras cultivadas, de instituciones financieras, de la industria textil catalana, etc.) y por la consecuencia de leyes como la desamortización de Madoz, la implantación de legislación sobre propiedad del suelo y subsuelo (Ley Hipotecaria de 1856 y Ley de Minas de 1856), el desarrollo del ferrocarril y de las infraestructuras en general, así como del mercado interno.

En el ámbito de la política interior se realizó una labor en consonancia con el ideario moderado:

• Reinstauración de la Constitución de 1845.
• Supresión de la desamortización eclesiástica.
• Negativa a aprobar la ley de prensa.
• Se intentó dar una imagen aparente de honestidad política (revisión de errores de listas electorales, procesos contra políticos acusados de corrupción, aunque dichas reformas fracasaron y el ministro Posada Herrera siguió maquillando el sistema).

También tuvo que enfrentarse a una nueva intentona carlista (1860) cuando Carlos VI, hijo de Carlos María Isidro, desembarcó en Tarragona con la intención de iniciar una nueva guerra civil, pero tal intento fracasó.

En el ámbito de la política exterior se emprendieron una serie de aventuras militares que parecieron hacer renacer el viejo espíritu colonial:

• Inicio de guerras de prestigio que contentaron al ejército y generaron un ambiente de euforia, pero fueron solo aventuras.
• Se intentó reafirmar la presencia de España en las relaciones internacionales, emprendiendo una expedición a la Cochinchina (actual Vietnam) para defender a unos misioneros y hubo una intervención en Marruecos (1859-1860), que culminó con la derrota de las tropas del sultán Wad-Ras y la conquista de Tetuán.
• Se organizó una expedición a México, dirigida por el general Prim con el apoyo de Francia y Gran Bretaña, para reclamar el pago de la deuda.
• Intervención en Santo Domingo, que fue anexionado a España durante cuatro años (1861-1865).
• Envío de una escuadrilla a Chile y Perú (1863-1866) para hacer una demostración de fuerza ante unas repúblicas con las que las relaciones de España eran tensas.

Finalmente, los últimos problemas internos acabaron con el moderantismo y el sistema isabelino:

• Tensiones carlistas y revueltas sociales.
• Revueltas campesinas protagonizadas por los jornaleros sin tierra en Loja (Granada) y Utrera y El Arahal (Sevilla) como consecuencia del proceso desamortizador.
• Inestabilidad política entre 1863 y 1868, sucediéndose variados gobiernos en períodos cortos, a la vez que se radicalizaban las posturas progresistas.
• La muerte de O’Donnell y Narváez simbolizó el agotamiento del modelo político moderado y facilitó el surgimiento de una nueva generación de políticos. En 1866 se reunieron en Ostende (Bélgica) progresistas y demócratas para preparar una coalición contra la monarquía de Isabel II.
• Corrupción y vida privada escandalosa de la reina Isabel, así como escándalos y mofas en torno a personajes como Sor Patrocinio (monja milagrera) y el padre Fulgencio (confesor personal de la reina).
• Crisis financiera y de subsistencias desencadenada en 1866, que creó el clima apropiado para la crisis final de la monarquía isabelina.

5. El Sexenio Democrático (1868-1874)

5.0. Introducción

En septiembre de 1868, un nuevo pronunciamiento militar (liderado por Serrano, Topete, Prim y Dulce) en Cádiz, que rápidamente se extendió, destronó a Isabel II (refugiada en Francia) y dio origen al comienzo de un proceso revolucionario conocido como Revolución de 1868 (La Gloriosa). Con su triunfo se desarrolló la etapa del Sexenio Democrático, que ensayó dos fórmulas democráticas con el apoyo de la burguesía y de gran parte del pueblo: la monarquía de Amadeo I de Saboya (1871-1873) y la Primera República Española (1873-1874). Dicho régimen democrático terminó con el golpe de Estado de Pavía (1874) y la instauración de una república autoritaria dirigida por el general Serrano (1874), a la que puso fin otro golpe de Estado que reinstauró la monarquía borbónica y un nuevo régimen liberal (la Restauración).

5.1 La Revolución de 1868 (La Gloriosa)

a) Pronunciamiento, gobierno provisional y Constitución de 1869

La dirección de la sublevación la llevó a cabo el líder progresista general Prim, aunque el pronunciamiento militar lo inició el general Topete desde Cádiz. El movimiento de juntas revolucionarias se extendió por todo el país y, con el apoyo del ejército, progresistas, republicanos y demócratas, triunfó. El general Serrano formó un gobierno provisional, integrado por unionistas, progresistas y demócratas moderados (cimbrios), convocando elecciones para 1869. Los protagonistas fueron Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla. Tras la muerte de Prim, los progresistas se escindieron en dos partidos: los radicales de Ruiz Zorrilla, que se aproximaron a los republicanos, y los progresistas moderados de Práxedes Mateo Sagasta, que se aproximaron a los moderados. La ideología republicana emergente terminaría formando el Partido Republicano Federal, liderado por Pi y Margall.

El gobierno provisional paralizó las juntas y las reformas, frustrando aspiraciones populares que serían recogidas y reivindicadas por los republicanos durante el Sexenio.

Las elecciones las ganó el sector aliado de progresistas, unionistas y moderados, obteniendo los republicanos un número significativo de diputados. Las Cortes resultantes de las elecciones tomaron las primeras medidas para sofocar el inicio de la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878) y aprobaron la Constitución de 1869.

Dicha Constitución estuvo en línea con la de 1812 y representó el primer código democrático, reconociendo los principios fundamentales de la democracia:

• Libertad de enseñanza y de culto.
• Sufragio universal masculino.
• Amplio catálogo de derechos individuales.
• Abolición de la pena de muerte y de la esclavitud.
• Reconocimiento de la libertad de asociación, que posibilitó la fundación de la Sección Española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT).
• Establecimiento de la soberanía popular y un sistema parlamentario con el control por parte del poder legislativo del poder ejecutivo.

La forma de gobierno fue la monarquía constitucional, con un sistema bicameral, pero en la que «el rey reina, pero no gobierna». El poder judicial se definía como independiente, cumpliendo así la doctrina de la división de poderes.

Aprobada la Constitución, Serrano fue nombrado regente en ausencia de un rey y Prim jefe de gobierno. El objetivo de ambos fue abordar los problemas más urgentes:

• Buscar candidatos para el trono.
• Solucionar la insurrección cubana.
• Problemas de orden público asociados a sublevaciones republicanas motivadas por la falta de solución a la cuestión social y por la defensa por parte del gobierno de un sistema monárquico.

5.2 La Monarquía Constitucional de Amadeo I

Excluidos los Borbones por las Cortes, había que buscar un rey, cuestión que se convirtió en un asunto internacional. Esta cuestión retrasó la provisionalidad del gobierno; Serrano fue nombrado regente y Prim, jefe de gobierno. Creció también la oposición de carlistas y republicanos.

El candidato idóneo fue el hijo de Víctor Manuel II, rey de Italia, Amadeo de Saboya, dado que cumplía todos los requisitos exigidos (casa real de tradición liberal, católico, su elección no inquietaba a Francia ni a Portugal). Las Cortes le nombraron rey en 1870. Prim, su principal valedor, fue asesinado el mismo día de la llegada del rey, pero antes implantó un programa de liberalismo económico a través de la Ley de Bases Arancelarias, la Ley de Bases de la Minería y el establecimiento de la peseta. Se enfrentó a problemas graves:

• El crecimiento de la oposición republicana federal en las Cortes y las sublevaciones republicanas en Cataluña y Andalucía que demandaban un programa radical de reformas sociales y la organización de un Estado federal.
• El recrudecimiento del conflicto independentista cubano, que fue atenuado con problemas de supresión de la esclavitud y la ciudadanía española plena.
• La aparición de las primeras partidas carlistas en el País Vasco y Cataluña, que culminarían en una nueva guerra carlista.

El rey, Amadeo de Saboya, se mostró dispuesto desde un principio a cumplir con el papel de rey constitucional, pero la división entre las fuerzas políticas y la gran oposición social hicieron inviable la estabilidad política. En el gobierno se sucedieron los progresistas de Práxedes Mateo Sagasta, los radicales de Ruiz Zorrilla y los viejos unionistas liderados por Serrano. Eran partidos con escasa base social electoral, con elecciones fraudulentas y una abstención del 50% de la población.

En este contexto, los republicanos, los carlistas y los partidarios de una restauración borbónica en la figura de Alfonso (hijo de Isabel II) ganaron adeptos. En 1872, el pretendiente de los carlistas (Carlos VII) entró en España y produjo un nuevo levantamiento en las provincias vascas y Navarra, pero aunque fueron derrotados, hubo partidas carlistas funcionando por Cataluña, Maestrazgo, País Vasco y Navarra.

El 11 de febrero de 1873, Amadeo I, decepcionado por el curso de los acontecimientos, abdicó y ese mismo día las Cortes proclamaron la República por 285 votos frente a 32.

5.3 La Primera República Española (1873-1874)

El nuevo régimen duró once meses e intentó consolidar el sistema democrático iniciado en 1868, sin éxito, debido a grandes problemas: la Guerra Carlista, la insurrección independentista cubana y el cantonalismo. Pero los problemas principales fueron la falta de auténticos republicanos en la clase política y el poco apoyo popular a los mismos y, por otra parte, el hecho de que la proclamación de la República había sido forzada por la renuncia de Amadeo I y no por un sentimiento republicano anidado en el pueblo, además de la división interna de los republicanos (unitarios y federalistas), ya que la República despertaba expectativas diferentes para los diversos sectores:

• Federalistas moderados: Partidarios de aplicar el programa republicano progresivamente y con concesiones a los conservadores.
• Radicales o intransigentes: Reclamaban una acción política rápida, utilizando si fuese preciso la subversión.

a) La República Federal y el Cantonalismo

Primeramente fue elegido presidente Estanislao Figueras, republicano no federalista. En las siguientes elecciones, los federalistas obtuvieron la mayoría y Pi y Margall fue nombrado presidente.

Las Cortes elaboraron la nueva Constitución de 1873, que recogía la estructura federal del Estado (organizaba el territorio español en diecisiete estados federales, incluyendo Cuba, con el objetivo de resolver los problemas coloniales), reconocía una amplia gama de derechos individuales, establecía la separación entre Iglesia y Estado, la división de poderes y el sufragio universal masculino. Era escrupulosamente democrática, con la excepción del voto femenino.

El intento de imponer desde arriba la nueva estructura federal fracasó y el cantonalismo⁴ se extendió por el país (unidades políticas inferiores a partir de las cuales se forma la federación española), sumándose estudiantes, políticos, intelectuales, campesinos, etc. Alcoy y Cartagena fueron las primeras ciudades cantonales, y posteriormente se proclamaron otros municipios. En muchos ámbitos, dicho federalismo fue utilizado por las clases populares para conseguir sus reivindicaciones revolucionarias a través de levantamientos, lo que produjo el caos.

b) La República Unitaria y la Crisis del Republicanismo

La situación caótica del país produjo la dimisión del federalista Pi y Margall, quien fue sustituido por Nicolás Salmerón, federalista moderado (unitario). Contó con el apoyo militar para frenar el fenómeno cantonalista.

Fue sustituido por Emilio Castelar, quien declaró el federalismo fuera de la ley, suspendió durante tres meses las Cortes y reforzó el poder militar que luchaba contra el cantón de Cartagena y los carlistas (quienes habían establecido un Estado con capital en Estella y dominaban núcleos importantes en Cataluña, y aparecieron otros núcleos en Murcia, Extremadura y ambas Castillas).

Ambos dirigentes políticos terminaron poniéndose en manos de generales alfonsinos conservadores y poco afines al republicanismo, lo que terminó encauzando el final del régimen hacia la restauración monárquica.

En 1874 se reabrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado, aprovechando los militares para dar un golpe de Estado a través del general Manuel Pavía, que puso fin al régimen republicano.

El general Serrano presidió un nuevo gobierno provisional cuyo objetivo fue controlar a los carlistas, restablecer el orden público y continuar con la guerra de Cuba. Sin embargo, el general Arsenio Martínez Campos se sublevó en Sagunto en 1874 y Alfonso XII fue proclamado rey.

El general Serrano se exilió y Antonio Cánovas del Castillo, que había estado preparando durante tiempo el regreso de la monarquía, fue nombrado presidente del Ministerio de Regencia mientras llegaba el nuevo rey al país.

6. Los Inicios del Régimen Liberal en Galicia

La organización implantada por el régimen liberal hizo desaparecer formalmente el Reino de Galicia en 1833 y sus instituciones (Juntas del Reino, Diputación General de Galicia). Galicia quedó dividida en cuatro provincias; en municipios que superaban los núcleos parroquiales y en cuatro diputaciones. En este contexto político surgieron los primeros intentos de afirmación de la identidad gallega, denunciándose una vez más el atraso histórico de Galicia y reclamándose soluciones políticas. En este contexto, surgieron los provincialistas que trataron de darle una solución digna a los problemas gallegos. Entre 1833 y 1868 se consolidó el liberalismo gallego, confrontándose con el carlismo. A partir del pronunciamiento de 1868, emergió el republicanismo que, junto con el provincialismo, fueron consolidando el régimen liberal, aunque este siempre estuvo acosado por la hidalguía y el clero.

6.1 Los Pronunciamientos en Galicia

Entre 1833 y 1868, los liberales progresistas recurrieron a las armas (pronunciamientos) para cambiar de partido en el poder. El pronunciamiento más destacable fue el levantamiento de 1846, que tuvo sus comienzos en Lugo y estuvo dirigido por el comandante Solís contra el gobierno de Narváez. Se unieron al pronunciamiento las ciudades de Santiago, Pontevedra y Vigo, mientras que se resistieron Ourense, A Coruña y Ferrol, donde los militares permanecieron fieles al gobierno. Entre los sectores sociales, la burguesía, artesanos, provincialistas e intelectuales de la Universidad Compostelana apoyaron el levantamiento. Los rebeldes constituyeron en Santiago una Junta Superior de Gobierno de Galicia, presidida por Rodríguez Terrazo, orientada a dirigir el gobierno gallego y a fomentar el progreso económico de Galicia. Se crearon dos cuerpos de ejército que sometieron a toda Galicia. La falta de apoyo fuera de Galicia y la imposibilidad de contar con A Coruña facilitaron la represión del gobierno. Finalmente, Solís fue derrotado en Cacheiras (Santiago), los rebeldes fueron reducidos y Solís fusilado en Carral (los Mártires de Carral). El levantamiento de 1846 sirvió a los provincialistas para manifestar abiertamente sus ideas.

6.2 El Provincialismo

El provincialismo está considerado como la primera generación del galleguismo y fue un movimiento político que surgió en torno a 1840 en el momento de consolidación del Estado Liberal. Integrado por un grupo de intelectuales progresistas que descubrieron la singularidad de Galicia y sus características diferenciadoras (lengua, costumbres, historia, etc.).

El concepto de provincialismo procede de la reivindicación de la unidad de Galicia como «Antiguo Reino o Provincia», en clara oposición al modelo político-administrativo centralista y uniformador implantado por los liberales en 1833. Para los provincialistas, la singularidad exige disponer de instituciones que favorezcan un desarrollo autónomo. Demandaban el reconocimiento de Galicia como una única entidad, sin divisiones; reclamaban autonomía respecto del poder central y la instauración de un régimen progresista. Constataron en sus análisis el atraso socioeconómico de Galicia (agricultura poco desarrollada, malas comunicaciones, etc.) y culparon de estos problemas al centralismo y a una legislación que no se preocupaba por Galicia.

Las ideas provincialistas se difundieron a través de la prensa, como El Porvenir, dirigido por Antolín Faraldo.

La política represiva de Narváez solo permitió manifestaciones galleguistas de carácter cultural, por lo que el provincialismo se dirigió hacia la faceta cultural. Fruto de ello fue el nacimiento del Rexurdimento, con una fuerte actividad literaria orientada a potenciar la cultura gallega.

6.3 El Republicanismo

El pronunciamiento de 1868 (la Revolución de La Gloriosa) contó con el apoyo de Galicia, sublevándose en Ferrol la Marina con apoyo popular. Esta sublevación trajo consigo el pensamiento republicano, siendo la tendencia federal la más seguida en Galicia.

En 1868, tras la expulsión de Isabel II, comenzó a organizarse el Partido Republicano Federal, formado por intelectuales, profesiones liberales y sectores de clase media. El federalismo rápidamente amplió su base social a los obreros, a los campesinos y a los galleguistas. El Partido Democrático Federal en Galicia defendía la república federal como única forma de gobierno y reivindicaba una Galicia independiente, pero parte integrante de España.

En 1873, los federalistas gallegos rompieron con los organismos centrales del partido y constituyeron un partido republicano federal estrictamente gallego, el Partido Federal de Galicia. La ruptura se debió a la alianza del Directorio central con los carlistas, a las nulas soluciones dadas por el Directorio a los problemas gallegos y por la condena de Pi y Margall a la insurrección republicana de Ferrol (1872).

En las elecciones de 1873, el partido abordaba la autonomía cantonal para Galicia, la redención de los foros, reformas sociales, la problemática del ferrocarril gallego, etc. Los federalistas obtuvieron 37 de los 45 diputados de Galicia y los diputados republicanos consiguieron en el gobierno la promulgación de una ley de redención de foros (vigente hasta 1874) y la agilización del ferrocarril con la finalización de la primera línea de ferrocarril gallego (Santiago-Carril).

¹ Fueros: Leyes locales surgidas en la Edad Media. En Cataluña, Aragón y Valencia fueron abolidos por Felipe V tras la Guerra de Sucesión Española, pero en el País Vasco y Navarra permanecieron al ser zonas que se mantuvieron fieles al Borbón Felipe V. El liberalismo pretendió siempre establecer una constitución única para todo el territorio, por lo cual quiso abolir el derecho foral.

² Krausismo: Sistema filosófico alemán creado por F. Krause e introducido en España por Julián Sanz del Río. Fue un intento de organizar la sociedad española según los principios del racionalismo y el liberalismo. Para el krausismo, la educación tuvo un importante papel como vía para resolver los conflictos sociales y la reforma de la sociedad.

³ Concordato: Acuerdo entre el Papa y un gobierno laico acerca de las condiciones y derechos de la Iglesia Católica en España. Por parte del Estado: reconoció la religión católica, prohibió ejercer otro culto, reconoció el derecho de la Iglesia a intervenir en la enseñanza y la censura de publicaciones. Por parte de la Iglesia: aceptó la desamortización y levantó la condena a gobernantes y compradores.

⁴ Federalismo: Forma de organización del Estado basada en la unión voluntaria de Estados, naciones u otras entidades bajo una misma constitución política. Surgió en el siglo XIX ligado a un pensamiento de izquierda (republicano, socialista, anarquista) como oposición a la tendencia centralista y uniformizadora del liberalismo.