El sistema canovista: la Constitución de 1876 y el turno de partidos. La oposición al sistema

El sistema canovista se instauró tras el fracaso de la Primera República, que finalizó con el golpe de Estado del general Pavía en 1874 y la posterior dictadura del general Serrano. Ante la grave inestabilidad política, Antonio Cánovas del Castillo impulsó la restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII. Este aceptó el trono mediante el Manifiesto de Sandhurst, donde defendía una monarquía constitucional, liberal y parlamentaria, la unidad de España, el centralismo político y el mantenimiento de la religión católica. El pronunciamiento de Sagunto, liderado por Martínez Campos, proclamó rey a Alfonso XII, iniciándose la Restauración con su entrada en Madrid en enero de 1875.

Los pilares del sistema

Los pilares del sistema canovista eran:

• La soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.
• El bipartidismo: se formaron dos partidos apenas diferenciados ideológicamente: el Partido Conservador, liderado por Cánovas, y el Partido Liberal, con Sagasta.
• El Turno de Partidos: la alternancia pactada en el poder entre ambos partidos con el objetivo de mantener la estabilidad y evitar el pronunciamiento militar.

Los principios fundamentales del sistema político de la Restauración hacían necesaria una nueva norma fundamental: la Constitución de 1876. Era una carta magna conservadora basada en la de 1845, pero flexible, lo que permitía su adaptación a gobiernos conservadores o liberales sin necesidad de modificarla. Establecía la soberanía compartida y unas Cortes bicamerales compuestas por el Senado —formado por miembros elegidos por el Rey— y el Congreso —elegido por sufragio—. Reconocía derechos individuales (aunque limitados), proclamaba la confesionalidad católica del Estado y reforzaba la centralización administrativa. El monarca ejercía el poder ejecutivo y poseía la facultad de convocar y disolver las Cortes.

Evolución y crisis del turnismo

Durante el reinado de Alfonso XII hubo cuatro procesos electorales caracterizados por dos fases políticas principales. En una primera etapa, bajo los gobiernos conservadores de Cánovas, se produjo una fuerte centralización del poder, conocida como dictadura canovista. Se aprobaron leyes como la Ley de Imprenta y la Ley Electoral, se restableció el Concordato con la Santa Sede y finalizaron la Tercera Guerra Carlista y la Guerra Larga de Cuba. En una segunda etapa, los gobiernos liberales de Sagasta ampliaron las libertades de reunión y prensa, aplicando una política económica más librecambista.

En 1885, la muerte prematura de Alfonso XII llevó a Cánovas y Sagasta a firmar el Pacto de El Pardo, un acuerdo para mantener la estabilidad bajo la Regencia de María Cristina de Habsburgo hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. Durante este periodo, los liberales (1885-1890) consolidaron el sufragio universal masculino y aprobaron un nuevo Código Civil. Tras alternarse con los conservadores, el sistema comenzó a desgastarse.

La crisis de 1898 adelantó la mayoría de edad de Alfonso XIII. El sistema se basaba en una falsa democracia, ya que las elecciones estaban manipuladas mediante el pucherazo (fraude electoral). El Ministerio de Gobernación, los gobernadores civiles y los caciques locales controlaban los resultados mediante el encasillado y la presión sobre los votantes. La oposición al régimen estuvo formada por el carlismo, los republicanos y los nacionalismos periféricos (Cataluña con la Lliga Regionalista, el País Vasco con el PNV de Sabino Arana y Galicia con el Rexurdimento).

Las guerras de Cuba, el conflicto bélico contra Estados Unidos y la crisis de 1898

A finales del siglo XIX, España apenas conservaba restos de su imperio colonial: Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Cuba era la colonia más valiosa, con una economía de plantación (azúcar y tabaco) controlada por una oligarquía de hacendados. El conflicto colonial fue el problema más grave de la regencia. Tras la Paz de Zanjón (1878), la ausencia de reformas reales radicalizó el movimiento independentista.

El estallido del conflicto y la intervención de EE. UU.

En 1895 estalló la sublevación del Grito de Baire, liderada por José Martí. España envió a 200.000 soldados, pero la estrategia represiva del general Valeriano Weyler aumentó el apoyo popular a los insurrectos. La clave fue la intervención de Estados Unidos, que tenía fuertes intereses económicos en la isla. El detonante final fue la explosión del acorazado Maine en 1898, atribuida falsamente a España.

La guerra tuvo un desenlace rápido debido a la inferioridad naval española. Tras las derrotas en Cavite y Santiago de Cuba, se firmó el Tratado de París (diciembre de 1898). España perdió sus últimas colonias: cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas a EE. UU., reconoció la independencia de Cuba y vendió las islas Carolinas, Marianas y Palaos a Alemania. El Desastre del 98 provocó un profundo pesimismo cultural (Generación del 98) y el surgimiento del Regeneracionismo de Joaquín Costa.

La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la sociedad de clases

El triunfo del régimen liberal supuso el paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases, fundamentada en la igualdad ante la ley. La posición social pasó a depender de la propiedad y la renta, dividiéndose en:

• Clase alta: Nobleza (que mantuvo su poder económico), alto clero y la alta burguesía industrial y financiera.
• Clase media: Muy escasa (5%), formada por pequeños comerciantes y profesionales liberales.
• Clase baja: Mayoritaria, compuesta por el campesinado (jornaleros) y un incipiente proletariado urbano.

Las duras condiciones laborales impulsaron el movimiento obrero, influido por el socialismo y el anarquismo. Se fundaron el PSOE (1879), la UGT (1888) y más tarde la CNT (1910). Demográficamente, España creció lentamente debido a la alta mortalidad. Se inició un éxodo rural hacia las ciudades, lo que impulsó la modernización urbana mediante los ensanches (como el Plan Cerdá en Barcelona o el Barrio de Salamanca en Madrid).

Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones

Los liberales pretendían transformar la economía agraria mediante la liberalización de la propiedad. Destacaron las desamortizaciones: expropiaciones de tierras eclesiásticas y municipales para su subasta pública. Las principales fueron la de Mendizábal (1837) y la de Madoz (1855). Aunque buscaban reducir la deuda pública y crear una clase media agraria, los resultados fueron negativos: las tierras acabaron en manos de la oligarquía y los campesinos perdieron el uso de las tierras comunales.

Industrialización y transporte

La industrialización fue lenta y localizada: el sector textil en Cataluña y la siderurgia en el País Vasco. La minería creció gracias a la inversión extranjera. El ferrocarril, impulsado por la Ley de 1855, se convirtió en el motor de la modernización, aunque con una estructura radial centrada en Madrid. En el ámbito financiero, se creó la peseta (1868) y se consolidó el Banco de España.

Institucionalización del régimen franquista. Relaciones internacionales y etapas políticas

La dictadura de Francisco Franco (1939-1975) fue un régimen autoritario que evolucionó en tres etapas:

Autarquía y aislamiento (1939-1959)

Marcada por el nacionalcatolicismo y la influencia de la Falange. Tras la Segunda Guerra Mundial, España sufrió el aislamiento internacional. Sin embargo, la Guerra Fría permitió su rehabilitación gracias a su anticomunismo, firmando los Pactos de Madrid con EE. UU. (1953) e ingresando en la ONU (1955).

Desarrollismo (1959-1973)

Los tecnócratas del Opus Dei impulsaron el Plan de Estabilización de 1959, que liberalizó la economía y provocó el «milagro económico español». Se produjo una apertura social limitada con leyes como la Ley de Prensa de Manuel Fraga (1966).

Crisis y descomposición (1973-1975)

El asesinato de Carrero Blanco por ETA, la crisis del petróleo y la salud de Franco debilitaron el sistema. En política exterior, la Marcha Verde obligó a la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos.

Transformaciones sociales y económicas durante el franquismo

La posguerra fue una etapa de hambre y racionamiento bajo un modelo de autarquía. El Estado creó el INI (Instituto Nacional de Industria) para fomentar empresas como SEAT. A partir de 1959, el desarrollismo transformó el país: el éxodo rural masivo hacia las ciudades y la emigración a Europa crearon una nueva clase media y una sociedad de consumo (simbolizada por el SEAT 600). Mejoró la alfabetización y se implementó la Seguridad Social (1963).

La represión, el exilio y los movimientos de protesta contra la dictadura

El régimen ejerció una represión sistemática mediante leyes como la de Responsabilidades Políticas. Esto forzó al exilio a medio millón de personas. En el interior, surgió la resistencia armada del maquis, que fracasó a finales de los 40. Posteriormente, la oposición se organizó en universidades, sindicatos clandestinos (Comisiones Obreras) y partidos políticos (PCE, PSOE). Eventos como el Contubernio de Múnich (1962) denunciaron la falta de democracia en el exterior.

La evolución política tras la muerte de Franco. La Transición

La Transición democrática fue el proceso pactado para pasar de la dictadura a la democracia. Tras la muerte de Franco en 1975, Juan Carlos I fue proclamado Rey. El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente en 1976 fue clave. Suárez impulsó la Ley para la Reforma Política, que permitió desmantelar el franquismo legalmente. Se legalizaron los partidos (incluido el PCE) y se celebraron las primeras elecciones democráticas en 1977, ganadas por la UCD.

La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías

El mayor logro de la Transición fue la Constitución de 1978, fruto del consenso entre los «padres de la Constitución». Define a España como una monarquía parlamentaria y un Estado social y democrático de derecho. Establece la división de poderes, la aconfesionalidad del Estado y el Estado de las Autonomías, permitiendo la descentralización en 17 comunidades autónomas. Previamente, los Pactos de la Moncloa ayudaron a estabilizar la economía y la paz social en un periodo amenazado por el terrorismo de ETA y los intentos de golpe de Estado (como el 23-F).