Introducción: El camino hacia la polarización (1936)

Las elecciones de febrero de 1936 dieron como resultado un apretado triunfo del Frente Popular, pero por la ley electoral, ese apretado triunfo en votos significaba una mayoría absoluta en las Cortes. Sin embargo, el panorama no era tan idílico porque los diputados frentepopulistas estaban repartidos entre 18 grupos o partidos. La precaria unidad electoral fue desintegrándose en los meses posteriores. La CNT reanudó su línea insurreccional contra el Estado y encabezó una oleada de huelgas. En el PSOE y la UGT se agudizaba la división entre los partidarios de Indalecio Prieto, partidario de entrar en el gobierno para reforzarlo, y los partidarios de Largo Caballero, que apostaba por la presión desde la calle para arrebatar a la CNT el protagonismo reivindicativo. Tras la destitución de Alcalá-Zamora, Azaña fue nombrado presidente de la República. Desde el primer momento, el gobierno puso en marcha las reformas anuladas o paralizadas en el bienio anterior en un contexto de movilización obrera y jornalera y crisis económica. La oleada de violencia callejera creó un ambiente propicio para que amplios sectores sociales conservadores vieran la necesidad de un golpe de Estado militar. El 12 de julio de 1936 fue asesinado por pistoleros falangistas el teniente de la Guardia de Asalto e instructor militar de las milicias socialistas, José Castillo. Como represalia, al día siguiente, miembros de la Guardia de Asalto y La Motorizada (organización socialista que servía de escolta a Indalecio Prieto), al mando del capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, asesinaron a Calvo Sotelo (parlamentario monárquico). Previamente, buscaron sin éxito a Gil Robles.

El estallido de la guerra civil

El levantamiento se inicia en Melilla el 17 de julio, lo que fue la señal para que Franco se sublevara en Canarias el 18 de julio, trasladándose en avión a Tetuán para dirigir el ejército de África. En la Península, 44 de las 53 guarniciones militares se sublevaron con distinta fortuna. El Ejército se fracturó: la sublevación triunfó en casi media España, pero fracasó en la otra mitad. El 19 de julio se nombró a José Giral como nuevo jefe de gobierno, quien decidió entregar armas a las milicias de los sindicatos de los partidos del Frente Popular y licenció a las tropas, con efectos desastrosos sobre la capacidad para librar la guerra. Se desató una violencia extrema en ambos bandos.

Reacción y militarización en la España insurgente

La muerte accidental en Lisboa el 20 de julio de 1936 del general Sanjurjo y la dispersión de la autoridad generada por la fragmentación territorial de las zonas dominadas creó un vacío de poder supremo. Para paliar esta situación se constituyó en Burgos una «Junta de Defensa Nacional» presidida por el general Cabanellas, que asumió todos los poderes del Estado. Se prohibió la actividad de todos los partidos y sindicatos de izquierdas, se suspendió la Constitución y se declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional. Se derogó toda la legislación y reformas emprendidas por la coalición republicano-socialista. Las operaciones bélicas siguieron en manos de los tres mandos que se habían configurado tras la sublevación: Mola (zona norte-centro), Queipo de Llano (zona sur) y Franco (Marruecos). En septiembre, la junta militar colegiada se disolvió y se dio paso a una dictadura militar del general Franco, quien fue nombrado «Generalísimo de los Ejércitos» y «Jefe de Gobierno del Estado Español». Franco procedió a consolidar su régimen de autoridad personal y a perfilar la configuración jurídica del Nuevo Estado, influenciado por el modelo fascista italiano:

• En 1937 decretó la unificación forzosa de todos los partidos derechistas, bajo su jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional denominada Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista). El nuevo partido adoptó la camisa azul de la Falange, la boina roja de los carlistas y el saludo fascista con el brazo en alto. El partido unificado se convertiría en el tercer pilar institucional (tras el ejército y la iglesia).
• En 1938 aprobó el Fuero del Trabajo, en el que se reconoce un único sindicato que agrupaba a empresarios y trabajadores, y se prohíben las huelgas y las reivindicaciones obreras.

En 1937, la Iglesia Católica publicó una Pastoral Colectiva de los Obispos en apoyo de los sublevados; Franco era el «Caudillo de la cruzada por la gracia de Dios», y la Iglesia recuperó su protagonismo e influencia.

La conversión del golpe militar en guerra civil transformó la represión inmediata en una persistente política de represión y «limpieza» de los enemigos de la retaguardia. Los «paseos» y asesinatos irregulares de los primeros meses (como el de Federico García Lorca) fueron reemplazados por juicios sumarísimos y consejos de guerra militares. Esta represión era un recurso estratégico: el uso de la violencia ejemplarizante no solo elimina enemigos activos, sino que intimida a los supervivientes y los paraliza por el miedo. Ejemplo de ello fue la represión ejercida tras la toma de Badajoz, que fue seguida de una matanza de los defensores capturados y de otros sospechosos en las calles de la ciudad, en su plaza de toros y en las cercanías del cementerio.

Guerra y revolución en la España republicana

En la parte de España donde el golpe de julio de 1936 fracasó se produjo un colapso parcial de las instituciones del Estado, abriendo un proceso revolucionario de alcance desigual. Las manifestaciones de este proceso fueron:

• La conformación de milicias sindicales y de partido, a duras penas dirigidas por los escasos mandos militares que se mantuvieron leales. Ejemplos de ello fueron la columna «Durruti» (anarquista) y el «Quinto Regimiento» (comunista). El nuevo jefe de gobierno, el republicano José Giral, les entregó armas. El ejército, depurado de mandos hostiles o sospechosos —no menos de veintiún generales fueron fusilados—, fue disuelto.
• El surgimiento de comités y consejos autónomos formados por sindicatos y partidos de izquierda, que asumieron la dirección político-administrativa con escasa o nula relación con el gobierno. Como por ejemplo: el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña o el Consejo de Aragón, controlados por la CNT.
• Las expropiaciones y colectivizaciones de tierras, empresas e industrias, lo que alteró profundamente la economía de la España republicana.
• La represión del enemigo de clase: militares, sacerdotes, patronos, burgueses o intelectuales derechistas (como Muñoz Seca o Ramiro de Maeztu). En principio, esta fue ejercida mediante «paseos» a cargo de patrullas milicianas y, luego, a través de la actuación de tribunales populares apadrinados por organizaciones sindicales y políticas revolucionarias con la complicidad de agentes de la autoridad. Ejemplo de ello fue el asesinato de 2400 presos en los parajes apartados de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, sacados en secreto de la cárcel por orden de dos organizaciones que formaban parte de la Junta de Defensa de Madrid: la Juventud Socialista Unificada (comunista), dirigida por Santiago Carrillo, y la Federación Local de la CNT.

El gobierno de Largo Caballero y los sucesos de mayo

Ante la difícil situación militar y económica, se formó un gobierno de coalición presidido por Largo Caballero, que se trasladó a Valencia ante el inminente ataque sobre Madrid. En la España republicana existía un dilema que provocaba una profunda división entre:

• Los que pretendían priorizar la Revolución Social para garantizar el apoyo obrero al esfuerzo de la guerra (anarquistas, socialistas de la UGT liderados por Largo Caballero y el POUM).
• Los partidarios de reconstruir el poder estatal, deshacer la revolución y reorganizar el ejército para alcanzar el objetivo prioritario de ganar la guerra (partidos republicanos, socialistas seguidores de Indalecio Prieto y comunistas del PCE).

En principio se intentó conciliar las conquistas revolucionarias (reconocimiento de los Consejos Regionales) con la reconstrucción de la autoridad estatal (se eliminaron las juntas y comités, y se militarizó a las milicias de los partidos creando el Ejército Popular de la República). La ruptura definitiva se produciría con el estallido de los «sucesos de mayo» de 1937 en Barcelona. La Generalitat, con el apoyo de tropas gubernamentales, se impuso a la CNT y al POUM; los partidarios de la Revolución Social habían sido derrotados, lo que provocó una fuerte crisis de gobierno.