El reinado de Carlos IV y la Guerra de la Independencia
Carlos IV accedió al trono en 1788 tras la muerte de Carlos III. Su reinado estuvo marcado por la falta de iniciativa política del monarca y la influencia de sus ministros, especialmente Manuel Godoy. La Revolución francesa de 1789 condicionó profundamente la política interior y exterior española, generando miedo a la expansión de las ideas revolucionarias. España se enfrentó inicialmente a Francia en la Guerra de la Convención, pero tras la derrota firmó la Paz de Basilea y se alió con Francia contra Inglaterra.
Esta alianza tuvo graves consecuencias, como la derrota naval de Trafalgar en 1805, que dejó a España sin flota y debilitó su Imperio. En 1807, el Tratado de Fontainebleau permitió la entrada de tropas francesas en España con el objetivo de invadir Portugal, aunque pronto se evidenció que se trataba de una ocupación encubierta. El creciente descontento social y político desembocó en el Motín de Aranjuez en 1808, que provocó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII.
Napoleón aprovechó la crisis para forzar las Abdicaciones de Bayona y nombrar rey a su hermano José Bonaparte. La reacción popular dio lugar al levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid y al inicio de la Guerra de la Independencia. El conflicto se desarrolló en varias fases: una primera de victorias españolas como la de Bailén, una etapa de dominio francés y, finalmente, una ofensiva hispano-británica que culminó con la expulsión de los franceses en 1814 y el regreso de Fernando VII.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
Durante la Guerra de la Independencia se produjo una profunda revolución política. El vacío de poder provocado por la ausencia del rey llevó a la creación de Juntas locales y provinciales que asumieron la soberanía en nombre de Fernando VII. Estas se coordinaron en la Junta Suprema Central y, posteriormente, en el Consejo de Regencia, que convocó Cortes en Cádiz en 1810.
Las Cortes de Cádiz fueron las primeras no estamentales de la historia de España y representaron el inicio del liberalismo político. En ellas convivieron liberales, absolutistas y jovellanistas, aunque los liberales fueron mayoritarios. Las Cortes aprobaron una amplia legislación destinada a desmontar el Antiguo Régimen, suprimiendo los señoríos, los gremios, la Inquisición y estableciendo la libertad de prensa y de comercio.
La obra más importante fue la Constitución de 1812 (conocida como «La Pepa»), que estableció la soberanía nacional, la división de poderes, la monarquía constitucional, la igualdad jurídica y el sufragio universal masculino indirecto. También reconocía derechos y libertades fundamentales y proclamaba el catolicismo como religión oficial. Aunque su aplicación fue limitada por la guerra y la posterior restauración absolutista, la Constitución de 1812 se convirtió en el principal referente del liberalismo español.
El reinado de Fernando VII y la cuestión sucesoria
El reinado de Fernando VII, entre 1814 y 1833, estuvo caracterizado por la inestabilidad política y el enfrentamiento entre absolutistas y liberales. A su regreso en 1814, el rey abolió la Constitución de 1812 y restauró el absolutismo, iniciando el Sexenio Absolutista, marcado por la represión de los liberales y la crisis económica.
En 1820 triunfó el pronunciamiento del coronel Riego, que obligó al rey a jurar la Constitución e inauguró el Trienio Liberal. Durante esta etapa se retomaron las reformas liberales, se suprimió la Inquisición, se reorganizó el territorio y se aprobaron nuevas leyes, aunque la división interna del liberalismo y la oposición absolutista debilitaron el régimen. En 1823, la intervención del ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis puso fin al Trienio Liberal y restauró el absolutismo, dando comienzo a la Década Ominosa.
En los últimos años del reinado, Fernando VII aplicó algunas reformas económicas ante la grave crisis del Estado. El reinado concluyó con la cuestión sucesoria: la Pragmática Sanción permitió que heredara su hija Isabel, lo que provocó la oposición de los carlistas y el estallido de la Primera Guerra Carlista tras la muerte del rey.
Isabel II: Las Regencias, las guerras carlistas y el liberalismo
El reinado de Isabel II supuso el paso definitivo del Antiguo Régimen al liberalismo burgués. Debido a su minoría de edad, el poder fue ejercido por regencias entre 1833 y 1843. Este periodo estuvo marcado por la inestabilidad política y la Primera Guerra Carlista (1833-1840), originada por el conflicto sucesorio entre los partidarios de Isabel II y los de Carlos María Isidro, así como por el enfrentamiento ideológico entre liberalismo y absolutismo.
La guerra se desarrolló principalmente en el norte y pasó por tres fases: avance carlista, repliegue y triunfo isabelino. Finalizó con el Convenio de Vergara (1839), que integró a los carlistas en el ejército isabelino y mantuvo los fueros. Durante la regencia de María Cristina (1833-1840) se aprobaron importantes reformas liberales. Destacó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada de carácter moderado, y la Constitución de 1837, de carácter progresista, que estableció la soberanía nacional, una monarquía constitucional y amplios derechos, aunque con sufragio censitario. La regencia terminó tras la Ley de Ayuntamientos y el exilio de María Cristina.
La regencia de Espartero (1840-1843) fue autoritaria y generó fuerte oposición. Su caída dio paso al inicio del reinado efectivo de Isabel II. Durante este periodo se consolidaron los partidos Moderado y Progresista, que marcaron la vida política del reinado.
Isabel II: El reinado efectivo (1843-1868)
El reinado efectivo de Isabel II se caracterizó por la alternancia de gobiernos moderados, progresistas y de la Unión Liberal, que consolidaron el Estado liberal. Los moderados defendían una monarquía fuerte, soberanía compartida y derechos limitados; los progresistas apoyaban la soberanía nacional y una mayor ampliación de derechos; los demócratas defendían el sufragio universal masculino; y la Unión Liberal buscó una vía intermedia.
Durante la Década Moderada (1844-1854) se aprobó la Constitución de 1845, que reforzó el poder de la Corona, mantuvo el sufragio censitario y declaró el catolicismo religión oficial. Se creó la Guardia Civil, se reformó la Hacienda, se aprobó el Código Penal y se firmó el Concordato de 1851. En este periodo tuvo lugar la Segunda Guerra Carlista.
El Bienio Progresista (1854-1856) comenzó con el pronunciamiento de Vicálvaro y el Manifiesto de Manzanares. Se impulsaron reformas como la Ley de Ferrocarriles y la Desamortización de Madoz, y se elaboró una Constitución que no llegó a promulgarse. La última etapa (1856-1868) estuvo dominada por la Unión Liberal y los moderados. Aunque hubo crecimiento económico y obras públicas, la corrupción, la crisis económica y el descrédito de la reina provocaron la Revolución Gloriosa de 1868, que puso fin a su reinado.
El Sexenio Revolucionario (1868-1874)
La Revolución Gloriosa de 1868, impulsada por progresistas y demócratas, provocó el exilio de Isabel II y dio paso al Sexenio Democrático. Un gobierno provisional presidido por Serrano convocó Cortes constituyentes, que aprobaron la Constitución de 1869, la más democrática del siglo XIX. Estableció la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, amplios derechos y una monarquía parlamentaria.
Tras la regencia de Serrano, fue elegido rey Amadeo de Saboya. Su reinado (1871-1873) fracasó por la falta de apoyos políticos, la oposición de carlistas, alfonsinos y republicanos, los conflictos armados y la guerra de Cuba. Amadeo abdicó en 1873. La Primera República (1873-1874) se caracterizó por una gran inestabilidad, con cuatro presidentes en un año. Intentó llevar a cabo reformas sociales y políticas en un contexto muy adverso, marcado por la Tercera Guerra Carlista, el movimiento cantonal, la guerra de Cuba y conspiraciones militares. El golpe del general Pavía puso fin a la República y, tras el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874, se restauró la monarquía borbónica con Alfonso XII.
El sistema canovista: Constitución de 1876 y turno de partidos
La Restauración comienza en 1874 con el Manifiesto de Sandhurst y el pronunciamiento de Martínez Campos, proclamando a Alfonso XII rey. Cánovas del Castillo diseñó un sistema basado en tres pilares: la Corona y las Cortes, una Constitución moderada y el bipartidismo. El rey compartía soberanía con las Cortes y era jefe del ejército. La Constitución de 1876 estableció Cortes bicamerales, sufragio censitario y fortaleció el poder real con designación de ministros, mando militar y veto de leyes. La religión católica era oficial y se centralizó la administración.
El bipartidismo funcionaba mediante el turno pacífico entre Conservadores y Liberales, sostenido por el fraude electoral, el caciquismo y el encasillado. Carlistas, republicanos, socialistas y anarquistas quedaban fuera del sistema. Durante Alfonso XII, el sistema estabilizó España; tras su muerte, el Pacto de El Pardo garantizó la continuidad bajo la regencia de María Cristina. Sagasta impulsó reformas como la libertad de prensa, asociación y el sufragio universal masculino. La regencia tuvo tensiones coloniales y la Guerra de Cuba, que culminó en el Desastre del 98. Surgió oposición regionalista en Cataluña, País Vasco y Galicia, además de movimientos republicanos, socialistas y anarquistas. Intelectuales como Unamuno y Costa criticaron la corrupción y el caciquismo, proponiendo la regeneración. El sistema fue estable pero excluyente y poco democrático.
Guerras de Cuba, conflicto con EE. UU. y crisis de 1898
Tras perder la América continental, España conservaba Cuba, Puerto Rico, Filipinas y pequeños archipiélagos. Cuba era estratégica por su cercanía a EE. UU., su economía azucarera y tabacalera y sus mercados controlados por España. Los movimientos independentistas comenzaron en 1868 con el Grito de Yara, buscando la abolición de la esclavitud y la autonomía. La Guerra de los Diez Años acabó en 1878 con la Paz de Zanjón, otorgando autonomía limitada. La Guerra Chiquita (1879-1880) mostró que el descontento persistía. En 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano.
La Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898) contó con líderes como Martí, Gómez y Maceo. España envió a Martínez Campos y Weyler, fracasando en sofocar la revuelta. EE. UU. intervino por intereses propios y la explosión del Maine sirvió de pretexto. La guerra fue breve pero decisiva: en el Caribe, Santiago de Cuba y San Juan Hill; en el Pacífico, Cavite y Manila. El Tratado de París de 1898 cedió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam a EE. UU., marcando el Desastre del 98. Esto provocó una pérdida económica, moral y política, desprestigio militar y el auge del regeneracionismo político y literario (Costa, Unamuno, Baroja). También creció el movimiento obrero y los nacionalismos periféricos. La crisis de 1898 transformó España, debilitando la Restauración y preparando las tensiones del siglo XX.
Evolución de la población y las ciudades: De la sociedad estamental a la de clases
A lo largo del siglo XIX, la población española creció de forma continua pero lenta, pasando de 10,5 millones de habitantes en 1797 a 18,6 millones en 1900. Este crecimiento fue irregular y difícil de calcular en la primera mitad del siglo por la falta de censos fiables, que solo se generalizaron a partir de 1850. Hasta finales de siglo, el aumento demográfico fue moderado. España mantuvo el régimen demográfico antiguo, con altas tasas de natalidad y mortalidad. La elevada natalidad se debía a la influencia religiosa y a la ausencia de métodos anticonceptivos, mientras que la mortalidad era consecuencia de guerras, epidemias como el cólera, crisis de subsistencia y malas condiciones sanitarias. La esperanza de vida fue muy baja, aunque mejoró ligeramente hasta unos 34 años en 1900. La población vivía en condiciones precarias; la mayoría de la población activa trabajaba en el sector agrario.
Desde la segunda mitad del siglo aumentaron las migraciones interiores del campo a la ciudad, tanto temporales como definitivas, impulsadas por las desamortizaciones y la industrialización. Barcelona, el País Vasco y Madrid fueron los principales destinos. También creció la emigración exterior hacia América y Argelia. El proceso de urbanización provocó la expansión de las ciudades, con ensanches burgueses planificados y suburbios obreros con malas condiciones de vida. Durante el siglo XIX se pasó de una sociedad estamental a una sociedad de clases, basada en la riqueza. La clase alta estuvo formada por aristocracia y burguesía; la clase media fue reducida; y la mayoría de la población perteneció a las clases populares, especialmente campesinos, jornaleros y obreros industriales.
Las desamortizaciones y la economía del siglo XIX
Durante el reinado de Isabel II se consolidó el liberalismo burgués, siendo las desamortizaciones un elemento clave. Estas consistieron en la incautación y venta en subasta de bienes eclesiásticos y municipales. Destacaron la desamortización de Mendizábal (1836) y la de Madoz (1855). Las desamortizaciones permitieron reducir la deuda pública y financiar infraestructuras como el ferrocarril, pero favorecieron la concentración de la tierra en manos de una minoría y perjudicaron al campesinado, que perdió las tierras comunales. Aunque aumentó ligeramente la producción agraria, se produjo la pérdida de un importante patrimonio cultural. La España rural del siglo XIX se caracterizó por una agricultura tradicional, poco mecanizada y de baja productividad, con latifundios en el sur y pequeña propiedad en el norte.
La industrialización fue tardía y desigual, concentrándose en el textil catalán y la siderurgia vasca, debido a la iniciativa empresarial y al proteccionismo. El atraso industrial se debió a la inestabilidad política, la falta de materias primas, la escasez de capitales y un mercado interior débil. El comercio exterior creció, aunque fue deficitario, y predominó el proteccionismo. Las comunicaciones mejoraron con carreteras y, sobre todo, con el ferrocarril desde 1855, lo que ayudó a integrar el mercado nacional pese a sus limitaciones.
La crisis de la Restauración: Intentos regeneradores y oposición al régimen
El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) estuvo marcado por una profunda crisis política. El rey intervenía constantemente en los asuntos del gobierno, nombrando y destituyendo ministros, lo que debilitó la confianza en la monarquía. Además, los partidos tradicionales del turno, debilitados por la muerte de sus líderes históricos, Cánovas y Sagasta, perdieron capacidad de control. La aparición de nuevas fuerzas políticas, como los republicanos, socialistas y nacionalistas, debilitó el sistema de caciquismo y la estabilidad del turno pacífico, mientras que el aumento de la conflictividad social mostraba la creciente presión de la clase trabajadora.
El ejército, tras el Desastre del 98, buscaba recuperar su prestigio y defendía sus intereses mediante la Ley de Jurisdicciones. La oposición nacionalista y el anticlericalismo también se consolidaban. En este contexto, algunos gobiernos intentaron reformas regeneracionistas. Silvela logró un superávit económico. Antonio Maura, al frente de un gobierno conservador, promovió medidas sociales como la regulación del descanso dominical y la Ley de Huelga. Sin embargo, la Semana Trágica de Barcelona en 1909, provocada por el malestar ante la intervención en Marruecos y el reclutamiento forzoso, frenó estas reformas y provocó la dimisión de Maura. Posteriormente, Canalejas impulsó reformas fiscales y educativas hasta su asesinato en 1912. Bajo Eduardo Dato, España vivió nuevas tensiones con las Juntas de Defensa y la Crisis de 1917, que pusieron de manifiesto la debilidad del sistema.
Impacto de los acontecimientos internacionales: Marruecos, I Guerra Mundial y Revolución Rusa
La intervención española en Marruecos se convirtió en un problema político y social constante. Tras la Conferencia de Algeciras (1906), España ocupó el Rif, enfrentando resistencia local y provocando conflictos como el Desastre de Annual en 1921, en el que murieron miles de soldados. Esto aumentó la impopularidad del ejército y del rey. Durante la Primera Guerra Mundial, España se mantuvo neutral, lo que estimuló la economía e impulsó la industria, pero también provocó inflación y conflictos laborales.
La Revolución Rusa de 1917 tuvo un impacto ideológico decisivo en el movimiento obrero español. Influyó en huelgas y en la exigencia de la jornada laboral de ocho horas. También provocó divisiones dentro del socialismo: la fundación del Partido Comunista en 1921 se inspiró en la Tercera Internacional, mientras PSOE y UGT mantuvieron un socialismo reformista. La influencia rusa se dejó sentir especialmente en Andalucía, donde jornaleros organizaron huelgas y ocupaciones, conocidas como el Trienio Bolchevique (1918-1920), que fueron reprimidas por el gobierno.
La dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII
El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el apoyo del rey, instaurando una dictadura. Durante el Directorio Militar (1923-1925) suspendió las garantías constitucionales, disolvió las Cortes y prohibió partidos, consolidando el control sobre Marruecos tras el desembarco de Alhucemas. Entre 1925 y 1930, en el Directorio Civil, se buscó institucionalizar la dictadura mediante una Asamblea Nacional Consultiva y políticas económicas intervencionistas, incluyendo grandes obras públicas y monopolios estatales.
Se intentó atraer a líderes sindicales moderados, mientras la CNT y los comunistas fueron perseguidos. A pesar de estos avances, la dictadura generó oposición en diversos sectores. La falta de apoyos llevó a Primo de Rivera a dimitir en enero de 1930. El rey intentó restaurar la normalidad con el general Berenguer, pero no logró frenar la crisis. El Pacto de San Sebastián reunió a la oposición para preparar la República. Finalmente, las elecciones municipales de abril de 1931 dieron la victoria a las candidaturas republicanas, lo que condujo a la proclamación de la Segunda República Española y al exilio de Alfonso XIII.