Siglo XIX
1. La Constitución de 1812: Características y Significación Histórica
La Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz, fue la primera Constitución liberal en España. Representó la soberanía nacional frente al absolutismo y estableció la división de poderes, limitando la autoridad del rey. Declaró numerosos derechos individuales (libertad, propiedad, igualdad jurídica, inviolabilidad del domicilio, etc.), aunque mantuvo el catolicismo como única religión oficial. Estableció el sufragio masculino universal indirecto. Supuso el inicio del constitucionalismo español y simbolizó el liberalismo frente al Antiguo Régimen. Fue acompañada de una legislación modernizadora que eliminó privilegios feudales, suprimió gremios y desamortizó bienes. Sin embargo, su vigencia fue inestable: fue derogada en 1814 por Fernando VII, restaurada en 1820-23 (Trienio Liberal) y brevemente entre 1835-36. Pese a sus limitaciones, sentó las bases del futuro Estado liberal.
2. Fernando VII y el Conflicto entre Liberales y Absolutistas
Fernando VII fue un monarca absolutista por convicción, caracterizado por su ambición y oportunismo. Su reinado estuvo marcado por el enfrentamiento entre liberales y absolutistas. En 1814, apoyado por el Manifiesto de los Persas y sectores conservadores, restauró el absolutismo, reprimiendo a los liberales. En el Trienio Liberal (1820-23), se vio obligado a aceptar la Constitución de 1812, pero apoyó la contrarrevolución desde la Regencia de Urgel. Tras la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, reinstauró el absolutismo en la Década Ominosa (1823-33), reprimiendo duramente al liberalismo. Al final de su vida pactó con liberales moderados para asegurar la sucesión de su hija Isabel, lo que provocó la escisión absolutista que dio origen al carlismo. Así, su reinado fue clave en la lucha ideológica entre Antiguo Régimen y liberalismo.
3. La Constitución Democrática de 1869: Características y Significación
La Constitución de 1869, redactada tras la Revolución de 1868, fue la más democrática hasta la Segunda República. Reconocía amplios derechos y libertades, incluyendo el sufragio universal masculino, la libertad de expresión, de culto y de asociación. Establecía una monarquía parlamentaria con clara separación de poderes, aunque paradójicamente no había rey legítimo en el momento de su aprobación. Intentó romper con el liberalismo elitista y caciquil anterior, pero muchas promesas sociales se incumplieron, lo que generó frustración popular. La propiedad siguió en manos de las élites y no se abolieron medidas impopulares como las quintas o consumos. Esto favoreció el auge del obrerismo y las ideas anarquistas y socialistas. Su carácter avanzado la convierte en un hito democrático, aunque su eficacia fue limitada por las tensiones internas del Sexenio Democrático.
4. El Sistema Político de la Restauración: Fundamentos y Funcionamiento
Cánovas del Castillo diseñó un sistema político basado en una monarquía constitucional y bipartidismo alternante. Inspirado en el modelo británico, estableció una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, con una Constitución (1876) que permitía el turno pacífico entre conservadores y liberales. Sin embargo, este sistema se sustentaba en elecciones manipuladas mediante el caciquismo, el encasillado y el pucherazo. El sufragio censitario (luego universal) no garantizó una verdadera democracia. El sistema excluía a partidos republicanos y obreros, y favorecía a las élites. Aunque logró estabilidad política tras años de guerras y pronunciamientos, mantuvo la desigualdad y frenó las reformas sociales. La figura del cacique garantizaba el control local del voto y el Ministerio de la Gobernación decidía de antemano los resultados. Fue un sistema eficaz en lo formal, pero profundamente antidemocrático en la práctica.
5. Comparación de las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz
Las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855), ambas impulsadas por gobiernos progresistas, tuvieron objetivos comunes: sanear la Hacienda pública, ampliar tierras en el mercado y consolidar el liberalismo. La de Mendizábal respondió a la urgencia financiera de la Primera Guerra Carlista y afectó principalmente a bienes del clero. La de Madoz, más general, incluyó bienes municipales y eclesiásticos, y financió obras públicas como el ferrocarril. Ambas beneficiaron a la burguesía urbana, pero no a campesinos ni jornaleros. Aunque buscaban crear una clase media agraria, aumentaron la desigualdad, agravaron el problema de los latifundios y empobrecieron a muchos arrendatarios. A largo plazo, sus consecuencias sociales fueron negativas, al excluir a las masas rurales del sistema liberal y alimentar tensiones que perduraron hasta el siglo XX. Fueron reformas jurídicas, no sociales.
Siglo XX
1. La Crisis de 1917
La crisis de 1917 se explica por una conjunción de causas: la persistencia del caciquismo y la incapacidad de los gobiernos de la Restauración para regenerar el sistema político, la falta de respuesta a las reivindicaciones del nacionalismo catalán, las profundas desigualdades sociales, el impacto económico de la Primera Guerra Mundial y la influencia de la Revolución Rusa. En junio, el malestar del ejército peninsular ante los ascensos preferentes de los militares destinados en Marruecos dio lugar a la creación de las Juntas de Defensa, que exigieron una regeneración de la vida política. En julio, los parlamentarios catalanes, encabezados por la Lliga, convocaron la Asamblea de Parlamentarios, que reclamaba la reapertura de las Cortes y una reforma constitucional. En agosto, estalló la huelga general revolucionaria promovida por el movimiento obrero (UGT y CNT). Aunque los tres movimientos no actuaron de forma coordinada, coincidieron en un breve periodo de tiempo, compartían algunas reivindicaciones y evidenciaban la grave crisis del sistema de la Restauración. En los años posteriores, los problemas se agravaron con la guerra de Marruecos, el Trienio Bolchevique y el pistolerismo barcelonés, desembocando finalmente en la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
2. Causas de la Proclamación de la Segunda República y la Personalidad de Alfonso XIII
Alfonso XIII destacó por una personalidad marcadamente intervencionista en política. Su continua injerencia en la vida parlamentaria, el respaldo a gobiernos conservadores y su asociación con prácticas corruptas (como reveló el informe Picasso sobre el desastre de Annual) deterioraron su imagen pública. Aunque se le considera un monarca liberal, no fue un demócrata: su apoyo explícito a la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) puso en evidencia su rechazo a los principios parlamentarios, y su posterior abandono del dictador terminó por debilitar la legitimidad de la monarquía. Entre las causas que condujeron a la proclamación de la Segunda República en 1931, destacan la lentitud en la restauración de las libertades tras la dictadura, la indefinición sobre el retorno al régimen parlamentario y el impacto de la crisis económica mundial de 1929. El Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) unificó a las fuerzas republicanas y, aunque el intento de golpe de Estado en diciembre de 1930 fracasó, el pronunciamiento de Jaca evidenció la creciente movilización social. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía: la victoria republicana en las grandes ciudades precipitó la proclamación de la Segunda República el 14 de abril, y la marcha de Alfonso XIII al exilio.
3. La Rebelión de Octubre de 1934
La rebelión de octubre de 1934 fue consecuencia de la radicalización política tras las elecciones de 1933, en las que ganó la derecha con el apoyo de la CEDA. El PSOE y la UGT ya habían advertido que se movilizarían si la CEDA accedía al poder. Cuando se anunció la entrada de ministros cedistas en octubre de 1934, se convocó una huelga general que, en algunas regiones, derivó en insurrección. En Asturias, obreros socialistas, comunistas y anarquistas protagonizaron un levantamiento revolucionario con control territorial durante dos semanas. En Cataluña, Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal, aunque sin intención rupturista. En el resto de España, la huelga tuvo escaso seguimiento. La represión fue muy dura, con miles de detenidos y duras condenas. Esta insurrección puso de manifiesto la profunda polarización política y social de la Segunda República, y anticipó los enfrentamientos que conducirían a la Guerra Civil.
4. La Dimensión Internacional de la Guerra Civil Española
La Guerra Civil española (1936-1939) se enmarcó en el contexto internacional del enfrentamiento entre fascismo, liberalismo y comunismo en el periodo de entreguerras. Las potencias democráticas (Francia y Reino Unido) optaron por la política de no intervención, aunque solo ellas la cumplieron estrictamente. Estados Unidos, formalmente neutral, permitió sin embargo que empresas como Texas Oil suministraran petróleo a los sublevados. Por el contrario, la República recibió apoyo de la URSS —que implicó el ascenso del PCE en el gobierno republicano— y de las Brigadas Internacionales. El bando sublevado contó con el respaldo decisivo de la Alemania nazi (Legión Cóndor) y la Italia fascista (CTV), así como de Portugal y otros voluntarios europeos. La intervención internacional condicionó decisivamente el desarrollo del conflicto. La ayuda italo-germana permitió a Franco ganar batallas clave, como en Málaga o el Ebro. En el último año de guerra, el gobierno de Negrín pretendió resistir esperando el estallido de una guerra mundial, pero otros sectores del bando republicano apostaron por la negociación, el exilio o incluso por la rebelión interna. En conclusión, la Guerra Civil no solo supuso la victoria militar del bando sublevado, sino la destrucción de las posibilidades democráticas en España. Fue un conflicto internacionalizado, cuya trascendencia anticipó la Segunda Guerra Mundial.
5. La Oposición al Franquismo y la Crisis Final del Régimen (1939-1975)
Durante los primeros años de la dictadura franquista, la represión impidió la articulación de una oposición efectiva. A pesar de algunas huelgas en 1946-47 y la crisis universitaria de 1956, el régimen mantuvo un férreo control. A partir de los años sesenta, la oposición se intensificó: el movimiento obrero (especialmente CCOO, vinculado al PCE) adquirió protagonismo, los nacionalismos catalán y vasco se reactivaron (con el PNV y ETA en el País Vasco), y el movimiento estudiantil y sectores del catolicismo crítico (inspirado por el Concilio Vaticano II) se sumaron a la protesta. Estos actores, sin poder derribar al régimen, construyeron una red social de oposición democrática. En el bienio final (1973-1975), la muerte de Carrero Blanco tras un atentado de ETA debilitó los planes continuistas del régimen. Arias Navarro intentó unificar aperturistas e inmovilistas, pero fracasó. El “espíritu del 12 de febrero” quedó en palabras, y los sucesos como el caso Añoveros o las ejecuciones de 1975 demostraron la imposibilidad de reforma. Paralelamente, el terrorismo de ETA, FRAP y GRAPO creció, al tiempo que aumentaban las movilizaciones obreras y estudiantiles. En el plano internacional, el aislamiento del régimen se acentuó (rechazo en la CEE, caída de otras dictaduras europeas). La oposición en el exilio articuló plataformas unitarias como la Junta Democrática (PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática (PSOE). En noviembre de 1975, en pleno declive del régimen, España cedió el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania tras la Marcha Verde. Franco falleció el 20 de noviembre de 1975, dejando un régimen desgastado y una sociedad preparada para el cambio democrático.