Franco unifica las dos únicas fuerzas políticas permitidas en «territorio nacional», Falange Española, y los carlistas, dando lugar a un nuevo partido llamado:

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Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus carácterísticas esenciales.

Las primeras elecciones generales, después de la larga etapa del franquismo, se celebraron el 15 de Junio de 1977. Estas primeras cortes democráticas, además de su labor legislativa, acabaron siendo constituyentes, pues uno de sus primeros cometidos fue elaborar una nueva Carta Magna. La redacción del texto fue encargada a una “ponencia” formada por siete expertos juristas: los llamados “padres de la Constitución”. Pertenecían a los principales partidos con representación parlamentaria: UCD,PSOE, AP, PCE y Minoría Catalana (CiU). El borrador se concluyó en muy poco tiempo gracias a que los integrantes de la ponencia mostraron, a pesar de sus diferencias ideoLógicas, una gran capacidad de diálogo y acuerdo. Es el llamado espíritu del “consenso”, propio de estos años de la Transición. Esto también explicaría su larga vigencia, pues su articulado está abierto, no entra en detalles, y ha permitido formar gobiernos de centro, de derecha y de izquierda. El 31 de Octubre de 1978 la Constitución fue ratificada en las Cortes por la mayoría de los diputados y senadores. El 6 de Diciembre fue aprobada en referéndum por más del 80% de los votantes. Pocos días después, el rey sancionaba el texto en sesíón conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado. Por primera vez en la historia contemporánea española, entraba en vigor una constitución aceptada por la gran mayoría de las fuerzas políticas. La Constitución española consta de un preámbulo y un total de 169 artículos. Tiene dos partes fundamentales: una en la que se establecen los derechos y deberes de los españoles, y otra en la que se diseña la organización política del Estado. A diferencia de otras constituciones, la española establece, además de las libertades fundamentales, otros derechos de carácter social.

Se reconocen la libertad de expresión, asociación y reuníón, y el derecho a la participación política, a la intimidad y al honor. No se podrá sufrir discriminación por razón de religión, raza u opción sexual. Se establece explícitamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los derechos de carácter social son, entre otros, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna y el derecho de los jóvenes a la participación en los asuntos públicos. Todo ello no significa que el Estado deba proveer a todos los ciudadanos de estos bienes de manera directa, sino que se deberán tomar las medidas oportunas para que estos derechos se puedan asegurar. Respecto a la organización política del España, se define como un “Estado democrático y social”, bajo la forma de una monarquía parlamentaria. El rey es el Jefe de Estado, pero sus poderes están muy limitados a funciones de representación. Se establece la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo recae en unas cortes bicamerales: el Senado y el Congreso de los Diputados, así como en los parlamentos autonómicos. El presidente del gobierno, máximo representante del poder ejecutivo, es elegido por el Congreso de los Diputados con un mandato de cuatro años. Respecto a la cuestión autonómica, después de siglos de tradición centralista del Estado, se crea en España un sistema político descentralizado. En este nuevo modelo tiene cabida el autogobierno de las regiones y las nacionalidades, regulado por los “estatutos de autonomía”. En consecuencia, se establecieron dos vías para culminar la autonomía: una rápida, inicialmente destinada a las nacionalidades consideradas históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), y otra lenta destinada al resto de las regiones, que alcanzarían sus competencias de manera más pausada. Este proceso ha conducido a un mapa autonómico con diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. Todos estos territorios gozan de un alto grado de autonomía política y administrativa.

Describe las actuaciones impulsadas por el Presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc.

Después de la dimisión de Arias Navarro, en Julio de 1976, el rey designó como presidente del gobierno a Adolfo Suárez, uno de los ministros de Arias, que había ocupado la Secretaría General del Movimiento. El nombramiento de este joven político levantó desconfianzas entre los sectores más reformistas y en la oposición, pues no se consideraba a Suárez la persona adecuada para dar los pasos hacia la democratización. Sin embargo, el gobierno de Adolfo Suárez consiguió evitar una ruptura traumática y puso en marcha una serie de reformas que acabaron con el régimen franquista. Un avance importante fue la “Ley para la Reforma Política” (1976), aprobada primero por las cortes franquistas, en lo que se llamó el “harakiri del régimen” y, más tarde, en el referéndum del 15 de Diciembre. Esta reforma implicaba la legalización de los partidos políticos, incluido el PCE, y la convocatoria de elecciones a unas cortes que serían constituyentes en Junio de 1977. La UCD (Uníón de Centro Democrático) de Adolfo Suárez resultó vencedora, mientras que el PSOE quedó como principal fuerza de la oposición. Otros grupos con importante presencia en el parlamento fueron el PCE,Alianza Popular (AP) y los partidos nacionalistas catalanes y vascos (CDC y PNV).

La difícil situación política, social y económica de España en estos años fue aprovechada por los grupos más extremistas para iniciar una campaña de desestabilización, poniendo en grave peligro en varias ocasiones todo el proceso de la transición. En la extrema izquierda, tanto ETA (grupo terrorista vasco), como los GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre), surgido en 1975, secuestraron a militares y políticos, y asesinaron a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En la ultraderecha aparecen grupos como “Fuerza Nueva” o los denominados “Guerrilleros de Cristo Rey”. Contaban con la colaboración de funcionarios franquistas y miembros de las fuerzas de seguridad. Atacaban a los huelguistas, las librerías y a los militantes de izquierda, llegando incluso al asesinato. En Enero de 1977 cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y al sindicato CCOO fueron asesinados en lo que pasó a la historia como la “Matanza de Atocha”. Las manifestaciones por la muerte de estos abogados fueron multitudinarias y permitieron la salida a la luz pública de laorganización del PCE. El gobierno intentó mantener el programa de reformas y no dejarse arrastrar por las provocaciones del terrorismo extremista. Durante los meses siguientes, Adolfo Suárez impulsó otras nuevas actuaciones para consolidar el sistema democrático: La grave situación económica de España llevó a los principales partidos y fuerzas sociales a firmar los “Pactos de la Moncloa” el 27 de Octubre de 1977, un acuerdo sobre la política económica y una tregua en las reivindicaciones sociales de los sindicatos hasta la elaboración de una constitución – Se aprobó la llamada “Ley de Amnistía” (Octubre de 1977) que afectaba a los delitos políticos y presos encarcelados por su ideología. Aunque su objeto era buscar la reconciliación social de los españoles, fue también polémica porque proporcionaba impunidad a los críMenes del franquismo.  Se puso en marcha un amplio proceso de descentralización, con la aprobación de los primeros estatutos. Es el llamado “Estado de las autonomías”. Entre 1977 y 1983 se creó el actual mapa autonómico con 17 autonomías y dos ciudades autónomas. Se redactó una nueva constitución, plenamente democrática, con división de poderes y un modelo de monarquía parlamentaria equiparable al resto de los estados europeos. El texto incluía amplios derechos y libertades. La Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum, con una amplia mayoría, el 6 de Diciembre de 1978.

Explica las alternativas políticas que se propónían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de ellas.

El 20 de Noviembre de 1975 moría Franco, el general que había gobernado una dictadura en España durante casi cuarenta años. El proceso del paso de un régimen autoritario a otro democrático es conocido como “Transición democrática”. Se produjo de una manera pacífica, por la vía de las reformas legales, del pacto y el consenso. Después de la muerte de Franco, según lo previsto en la Ley de Sucesión, asumíó la jefatura del Estado el rey Juan Carlos I. En la ceremonia de proclamación del día 22 de Noviembre hizo un juramento de fidelidad a las leyes del régimen franquista y a los principios del Movimiento Nacional. Desde el comienzo de su reinado, Juan Carlos dio muestras de su interés por poner en marcha un programa de reformas políticas. Sin embargo, la transición encontró numerosas dificultades y la resistencia de los sectores más conservadores.

Ya desde los últimos momentos del franquismo se propónían distintas alternativas políticas, tanto entre las distintas familias del régimen como de la oposición democrática. Dentro del propio régimen había dos tendencias: los “inmovilistas” y los“aperturistas”. Los inmovilistas (también conocidos como“el búnker”) no tenían más proyecto que el franquismo sin Franco, es decir, continuar con un régimen dictatorial sin cambios significativos. En este sector estaban personajes como José Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar, el presidente del gobierno: Carlos Arias Navarro y miembros del Ejército. Los aperturistas eran partidarios de conducir el régimen desde la dictadura hasta una democracia homologable a las europeas occidentales. A este grupo pertenecían el propio Juan Carlos I, y sus hombres de confianza: Manuel Gutiérrez Mellado, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Propónían acabar con el franquismo, pero sin rupturas: “de la Ley a la Ley a través de la Ley”. Por su parte, también en la oposición política había distintos proyectos. Eran propuestas fundamentalmente de los partidos y movimientos de izquierda, aunque muy atomizados en partidos (PSOE, PCE, PTE, ORT), sindicatos (CCOO, UGT, CNT) y los grupos

nacionalistas (CDC, PNV, ETA). Por un lado, la Junta Democrática (promovida por el PCE) planteaba una ruptura con lo anterior, consistente en la disolución inmediata de las instituciones franquistas y la formación de un gobierno provisional que garantizase el establecimiento de estructuras democráticas. Por otro lado, la Plataforma de Convergencia Democrática (auspiciada por el PSOE) planteaba una ruptura pactada o una reforma de las instituciones franquistas, para que desde la legalidad se desembocara

paulatinamente en un sistema democrático. Este proyecto coincidía con el de los aperturistas del régimen franquistas. Ambas alternativas opositoras terminaron convergiendo en “Coordinación Democrática”, más conocida como la “PlataJunta” (1976).

El rey, en un principio, asumíó el último gobierno franquista presidido por Carlos Arias Navarro. En él se incluían algunos ministros considerados aperturistas, como José María de Areilza o Manuel Fraga, pero era evidente que Arias no parecía la persona adecuada para liderar el proyecto reformista, pues se trataba de alguien muy fiel al franquismo. El gobierno de Arias Navarro no mostró interés por aplicar las reformas que se le demandaban. Además, se vivieron unos meses muy difíciles y conflictivos, durante los cuales tuvo que enfrentarse a: – La actividad de los grupos de oposición al franquismo, cada vez más fuertes y organizados. – La movilización de estudiantes y trabajadores mediante huelgas y manifestaciones. – El aumento de la actividad terrorista de ETA y del GRAPO, y la violencia de la extrema derecha.  El rechazo total del “búnker” a cualquier reforma o apertura política. Finalmente, el rey forzó a Arias Navarro adimitir en Julio de 1976 y nombró como nuevo presidente a Adolfo Suárez.

Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.

En los años posteriores a la Guerra Civil desaparecíó toda forma de oposición política al franquismo dentro del territorio nacional. El régimen prohibíó los partidos políticos y los sindicatos, y se suprimieron los derechos de reuníón, asociación o manifestación. Sola- mente el “maquis” mantuvo su actividad guerrillera en ciertas zonas montañosas durante algún tiempo, antes de extinguirse definitivamente a principios de los años 60. Existíó también una oposición en el exilio, formada por los refugiados republicanos, intelectuales y políticos, que vivían en distintos países europeos y americanos. A finales de los años cincuenta, la vieja oposición de fuera de España había perdido influencia, al tiempo que la que operaba de forma clandestina dentro del país comenzaba a ganarla. Su actividad se desarrolló en torno a organizaciones diversas, con un número de militantes aún escaso. Destacaban los democristianos, divididos en dos grupos liderados por Gil Robles y Manuel Giménez Fernández, respectivamente; los socialdemócratas de Dionisio Ridruejo; los liberales de Joaquín Satrústegui; los republicanos; el PSOE, dirigido por Rodolfo Llopis; el Partido Socialista del Interior, creado en 1968 por Tierno Galván; y el Partido Comunista, lideRado por Santiago Carrillo.

La llamada “reuníón de Múnich” de 1962 fue el acto político más importante de la oposición moderada de estos años. Varios grupos políticos del interior y del exilio se reunieron en esta ciudad alemana y establecieron algunos acuerdos acerca de los cambios políticos que España necesitaba para incorporarse a la CEE. Los requisitos irrenunciables pasaban por la existencia de instituciones auténticamente democráticas. El régimen reacciónó con una campaña de propaganda contra lo que denominó el “contubernio” de Múnich y practicó diversas operaciones de represalia contra los grupos asistentes al mismo. El PCE no fue invitado a participar en esta reuníón de Múnich. En el contexto de la Guerra Fría, el PCE era visto por los partidos liberales como un aliado de la URSS, esto es del comunismo. Sin embargo, el PCE era entonces el partido de oposición mejor organizado en el interior de España, y el que estaba más implicado, a través del sindicato CC.OO., en la movilización obrera y estudiantil.

La oposición al franquismo tuvo en Cataluña una trayectoria más unitaria. En 1969 se constituyó la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, que integró a democristianos, comunistas, socialistas y nacionalistas. En 1971 nacía la Asamblea de Catalunya, que englobaba a la práctica totalidad de la oposición política y social. En el País Vasco, la actividad violenta de ETA, nacida en 1959, marcó la dinámica de la lucha contra el franquismo. Más tarde se crearon otros grupos de extrema izquierda que empleaban la lucha armada a nivel nacional como el FRAP, creado en 1973, o los GRAPO, activos desde 1975. En Julio de 1974, varios partidos, incluido el PCE, y otras organizaciones y personalidades crearon en París la “Junta Democrática de España”. Casi un año más tarde, se constituyó la Plataforma de Convergencia Democrática, en la que la fuerza más destacada era el PSOE, liderado ya por Felipe González y Alfonso Guerra. Ambas organizaciones terminarán convergiendo en la llamada “Coordinación Democrática” o “Plata-Junta”. En las fuerzas armadas se crea la “Uníón Militar Democrática” UMD, un ejemplo de cómo el apoyo al franquismo del Ejército ya no era unánime. Respecto a la Iglesia, su posición fue variando a lo largo de los años. Durante los años 40 y 50 fue uno de los pilares fundamentales del régimen, pero con la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965) esta situación fue cambiando. Este concilio supuso una renovación y modernización que no encajaba en las costumbres y moralidad impulsadas desde el gobierno. El nombramiento del cardenal Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal marcó un creciente distanciamiento de la Iglesia con respecto a Franco.

Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.

La Guerra Civil supuso una auténtica catástrofe para la economía española. Las industrias, las infraestructuras y los campos quedaron gravemente afectados. Para la reconstrucción, Franco aplicó en los primeros años una política económica basada en la “autarquía”, siguiendo el modelo del fascismo italiano. Se diseñó un modelo económico caracterizado por el intervencionismo del Estado y cuyo objetivo principal era el autoabastecimiento de los productos básicos. El Esado fijaba los precios y salarios, controlaba el comercio exterior y favorecía los sectores industriales estratégicos. Sin embargo, la autarquía fue incapaz de reactivar la economía en los años de la postguerra. La década de 1940 fue la más difícil para para la población. Fueron años de hambre, de miseria y de escasez de productos de pri-mera necesidad, lo que llevó al gobierno a recurrir al racionamiento, a través del establecimiento de unas “cartillas. Esta medida fomentó la aparición de un mercado negro de alimentos y medicinas vendidos a precios muy elevados: el “estraperlo”. En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), que promovíó la creación de empresas como ENDESA, SEAT, CASA, ENSIDESA, etc. Durante la década de 1950 la situación económica mejoró ligeramente con el suavizamiento de la política autárquica, la llegada de créditos del exterior y el fin del aislamiento. La supresión de las cartillas de racionamiento en 1952 supuso también un avance liberalizador. La nueva situación económica aumentaba las posibilidades de que los capitales extranjeros empezaran a afluir a España, aunque la legislación seguía imponiendo muchas limitaciones. El “Plan de Estabilización” de 1959 acabó con la política autárquica. La industria, el comercio y los servicios se liberalizaron en gran medida, se permitíó la inversión extranjera y se eliminaron parte de las trabas al comercio exterior. Se inicia una nueva etapa denominada el “Desarrollismo”. Fue un periodo de un crecimiento económico espectacular, con un aumento de la renta nacional de entre el 4 y el 7 % anual. A pesar del desarrollo, entre 1959 y 1973 unos dos millones de españoles tuvieron que emigrar al extranjero en busca de trabajo, especialmente a Francia, Alemania, Suiza y Países Bajos A partir de 1963 el Estado puso en marcha los llamados “Planes de desarrollo”. Fueron diseñados por el grupo de los “tecnócratas”, que se habían incorporado al gobierno en estos años. Su objetivo era impulsar la industria en las zonas pobres e incentivar las exportaciones. Su eficacia fue muy desigual. Uno de los mayores problemas de la economía española era el fuerte déficit de la balanza comercial. El desequilibrio se niveló con la entrada de dinero del exterior gracias al turismo, las inversiones de empresas extranjeras y las remesas de divisas de los emigrantes. España se había transformado en un país industrializado, aunque con fuertes desequilibrios y contrastes entre las regiones. El desarrollo económico implicó un profundo cambio en la sociedad española. La población pasó de ser rural a urbana. La mecanización del campo supuso la pérdida de trabajo para muchos agricultores. Su nuevo futuro pasaba por emigrar a las ciudades o al extranjero. Si en 1960 la agricultura ocupaba a la mayoría de la población activa, en 1970 era superada por la industria y los servicios. Se desarrollaron las clases medias y se difundieron los modos de vida la sociedad de Consumo: coches, electrodomésticos, vacaciones, televisión, etc. Mejoró la educación primaria y aumentaron los estudiantes de bachillerato y los universitarios. La sociedad adoptó formas de pensar más libres, y se distanció de la moral conservadora que difundía el régimen. Por ello, fue creciendo la oposición y la conflictividad social. Coincidiendo con los últimos años del franquismo llegó a España la crisis energética, caracterizada por una fuerte subida de los precios del petróleo a partir de 1973. Su origen estuvo en la guerra árabe-Israelí. A causa de la inestabilidad política y los problemas de salud del dictador, el gobierno español prefirió no tomar medidas económicas eficaces para no aumentar el descontento entre la población. Las consecuencias principales fueron una fuerte inflación, paro y un frenazo al crecimiento económico.

Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.

Los primeros años del franquismo se caracterizaron por un total aislamiento internacional de España en lo político, económico y diplomático. Hasta 1942 el régimen había mostrado su simpatía hacia las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, aunque no se implicó directamente en el conflicto. En Octubre de 1940 se produjo la famosa entrevista de Franco con Hitler en Hendaya, de la que no salíó un compromiso firme para que España participara militarmente en la guerra. La única excepción fue el envío de la llamada “División Azul”, un contingente de voluntarios que se desplegaron en el frente soviético para combatir el comunismo. En 1943, el avance evidente de los aliados en la guerra llevó a Franco a declararse neutral. Sin embargo, una vez acabado el conflicto, España se vio aislada y los aliados no aceptaron su ingreso en la ONU, alegando que su régimen era fascista y antidemocrático. En la década de 1950 finalizó el aislamiento estricto del régimen. En el nuevo contexto de la “Guerra Fría” el papel de España cambió significativamente. De ser un país considerado fascista, pasó a convertirse en un aliado más de las potencias occidentales frente al bloque de la URSS. Se firmaron diversos tratados de cooperación con Estados Unidos y se permitíó la construcción de bases militares estadounidenses en suelo español a cambio de ayuda económica. En este mismo año, se firmó un “concordato” con la Santa Sede. En 1955 se permitíó el ingreso de España en la ONU y los países europeos comenzaron a entablar relaciones diplomáticas y económicas. La visita del presidente de Estados Unidos Eisenhower a España en 1959 fue un momento importante del régimen franquista para consolidar su apertura al panorama internacional. Durante los años 60 la política exterior española estuvo protagonizada por Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores. Sus principales líneas de actuación fueron el acercamiento a Europa, el mantenimiento de unas buenas relaciones con EEUU y la recuperación de Gibraltar. En 1957 se firmó el “Tratado de Roma” por el que nacía la entonces llamada “Comunidad Económica Europea”. El ministro Castiella pidió entonces la apertura de negociaciones para estudiar “una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración”. Sin embargo, en 1962 el Parlamento Europeo establecía que la adhesión plena no sería posible si los países aspirantes no contaban con un sistema político de carácter democrático. De este modo, las relaciones entre el régimen y la CEE se mantuvieron únicamente en el terreno comercial. La CEE ofrecíó a España un acuerdo preferencial que se firmó en Luxemburgo en 1970.Con respecto a los EEUU la diplomacia española se propuso sustituir los pactos bilaterales por un tratado de cooperación. El objetivo era conseguir un incremento notable de la ayuda económica y militar. También se pidió el apoyo americano para que España ingresara en la OTAN y en la CEE. El nuevo “Acuerdo de Amistad y Cooperación”, con validez para cinco años, se firmó en 1970. España consiguió algunos de sus objetivos: se incrementaba la ayuda económica y desaparecía la cláusula secreta en virtud de la cual EEUU podía activar las bases militares en caso de peligro. La demanda de poner fin a la situación colonial de Gibraltar y recuperar su soberanía estuvo presente en todos los gobiernos franquistas. Hasta 1964 no se abrieron negociaciones con Gran Bretaña, pero la falta de resultados llevó al gobierno a tomar medidas drásticas para el aislamiento del Peñón, como el cierre de la verja fronteriza. La política hacía Gibraltar tuvo siempre un componente propagandístico para el franquismo. Respecto a la política colonial, España reconocíó en 1956 la independencia de Marruecos, la de Guinea Ecuatorial en 1968 y cedíó al año siguiente Ifni a Marruecos. En Noviembre de 1975, con Franco ya gravemente enfermo, se produjo la “Marcha verde”, que acabó con la presencia española en el Sáhara occidental. Su territorio fue repartido entre Marruecos y Mauritania.

Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.

El año 1973 va a suponer un momento crítico en la evolución política del franquismo. Varios factores van a acelerar la descomposición del régimen a partir de esta fecha. Uno de ellos fue la crisis internacional del petróleo por la guerra árabe-Israelí de 1973. Muchas empresas se vieron afectadas y el desempleo comenzó a ser un problema serio de la economía española. El régimen no se atrevíó a tomar medidas de austeridad por temor a un estallido social, y el déficit público aumentó de forma muy preocupante. Otro factor, ya interno, fue el asesinato por ETA del almirante Luis Carrero Blanco que había sido designado por Franco como presidente del Gobierno. El almirante Carrero representaba la línea más dura del franquismo y, en teoría, garantizaba tras la muerte del dictador la continuidad del régimen. Su muerte desbarató esos planes y abríó las opciones hacia otras alternativas. Tras el asesinato del presidente del Gobierno, se hace más evidente la descomposición y división interna del régimen entre los “aperturistas” y el denominado “búnker”, contrario a cualquier cambio y partidarios de seguir con el franquismo incluso tras la muerte de su líder. Con el nombramiento del nuevo presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, se hizo patente la victoria de nuevo de los sectores más conservadores. A todo esto, hay que añadir el propio declive personal del dictador, ya anciano y enfermo. En 1974 tuvo que dejar temporalmente la Jefatura del Estado en manos del entonces príncipe Juan Carlos. Estas circunstancias no hicieron más que agravar las luchas internas entre los distintos sectores del franquismo. En este mismo año, la caída de las dictaduras en Portugal y Grecia dejaba a España aislada en una Europa occidental plenamente democrática. Si España quería entrar en la CEE, debía democratizarse. La crisis económica y política, junto con los cambios culturales que ya operaban en parte de la sociedad española, jóvenes sobre todo, hicieron que se incrementara las movilizaciones populares, con frecuentes protestas obreras, estudiantiles y vecinales. Ante el evidente fin del régimen, la oposición se uníó en plataformas unitarias, Por un lado, se crea la “Junta Democrática de España”, impulsada por el PCE y por otro, la “Plataforma de Convergencia Democrática”, organizada por el PSOE. Ambas terminarán convergiendo en la llamada “Coordinación Democrática” o “PlataJunta” (1976). También se recrudecen las acciones de grupos terroristas (ETA, FRAP, GRAPO, etc.), algunos de cuyos miembros son detenidos y condenados a pena de muerte. Fue el caso del llamado “Proceso de Burgos”, que dio lugar a manifestaciones de protesta y rechazo contra el régimen franquista en toda Europa, aislando, más aún, a la ya decadente dictadura. Dos pilares fundamentales del régimen comienzan a dar señales de distanciamiento: la Iglesia católica y un sector del Ejército. En el seno del Ejército surge la “Uníón Militar De- mocrática” (UMD) que, aunque es todavía bastante minoritaria, muestra que la lealtad al régimen ya no es unánime. Por otro lado, la Iglesia se distancia cada vez más de la dictadura, lo que provocó críticas del franquismo hacia algunos obispos y representantes eclesiásticos, como el cardenal Tarancón. En Noviembre de 1975, con Franco ya gravemente enfermo, el rey de Marruecos, Hassan II, impulsó la “Marcha Verde” sobre la colonia española del Sáhará Occidental. El gobierno prometíó un referéndum de autodeterminación al pueblo saharauis, pero dicha promesa jamás va a cumplirse. El territorio de la colonia se repartirá inicialmente entre Marruecos y Mauritania, pero surgirá un movimiento de lucha ocupación encabezado por el “Frente Polisario”. El 20 de Noviembre de 1975 fallecía el dictador, dejando el régimen que había gobernado durante 40 años en plena descomposición interna y aislado internacionalmente.

Explica la organización política del Estado franquista.

El triunfo del bando nacional en 1939 en la Guerra Civil permitíó la instauración de la dictadura del general Franco. El nuevo régimen perduró durante casi cuarenta años, hasta la muerte de su líder en 1975. Los vencedores implantaron un modelo de estado fuertemente centralizado, con un orden social inspirado básicamente en la doctrina de la Iglesia y en el ideario falangista. El régimen se caracterizó por la concentración prácticamente absoluta del poder en la persona de Franco. Era el jefe del Estado, del gobierno, de los ejércitos, del Movimiento Nacional y del partido único. Sobre la naturaleza de este régimen se han elaborado definiciones muy diversas. Ha sido calificado como fascismo, cesarismo, autoritarismo o dictadura militar, aunque, tal vez, la más acertada y objetiva sea simplemente la de “franquismo” Al período que abarca de 1939 a 1950 se le denomina “la posguerra”, marcado por un fuerte autoritarismo político. Se caracterizó por el predominio de Falange en los órganos de gobierno y por una orientación fascista. El régimen franquista desmanteló la obra republicana y prohibíó los partidos políticos y sindicatos. Al carecer de una constitución, la organización política del Estado se basó en la promulgación de unas “leyes fundamentales”. Las principales fueron las siguientes:

El “Fuero del trabajo” (1938), reguló las relaciones laborales. Se crearon los sindicatos verticales, de afiliación obligatoria para empresarios, técnicos y trabajadores. El “Fuero de los Españoles” (1945), recogía los deberes y derechos de los españoles, dentro de los principios del régimen y de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. La “Ley del Referéndum Nacional” (1945), permitía someter a consulta popular los proyectos de ley elaborados por las Cortes y el gobierno. La “Ley de Sucesión” (1947), declaraba la nacíón constituida en reino. Se programaba una futura monarquía autoritaria, cuyo rey sería propuesto por Franco a las Cortes. En estos años el gobierno ejercíó una dura política de depuración, que supuso el encarcelamiento de miles de personas, y juicios sumarísimos que acabaron en ejecuciones.

Los funcionarios con un pasado vinculado a la II República o a las organizaciones de izquierda fueron expulsados de sus puestos. La oposición fue prácticamente nula, limitada a la actividad guerrillera del “maquis”. Durante los años 50 se produce la consolidación del régimen. Significó también el declive del poder político de los falangistas y el comienzo de la actividad de los grupos católicos. La “Ley de Principios Fundamentales del Movimiento” (1958), eliminó los aspectos más fascistas del régimen. El “Movimiento nacional” asumíó el papel de partido único y ejercía el monopolio de la acción política. La participación de los españoles estaba regulada a través de “la familia, el municipio y el sindicato”. Este sistema fue definido como “democracia orgánica”. Los años 60 suponen una profunda transformación de la sociedad española. En el aspecto político, se produjo un cierto aperturismo, propiciado por la elección de ministros y políticos con ideas más moderadas, como los tecnócratas del Opus Dei. El proyecto tecnocrático consistía en modernizar económica y socialmente el país sin alterar en lo esencial las estructuras autoritarias del régimen Se aprobaron algunas medidas sociales como la “Ley de Seguridad Social” (1963). La “Ley de Prensa” (1966) redujo relativamente la censura. En 1969 Franco eligió a Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Los años 70 están marcados por la crisis general del franquismo. Dentro del régimen se produjo una división entre “aperturistas”: partidarios de una progresiva democratización, y “ultras” o “el búnker”: defensores de mantener la dictadura sin cambios. La designación por Franco del almirante Carrero Blanco como presidente del gobierno en 1973 demostró que los sectores inmovilistas eran los más influyentes. El 20 de Noviembre de 1975 fallecíó Franco. Comienza a partir de entonces un período convulso y complejo de la historia contemporánea española conocido como “la Transición”.

Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.

El triunfo del bando nacional en la Guerra Civil permitíó la instauración en España de la dictadura del general Franco. El nuevo régimen estuvo unido a la figura de su líder carismático, que supo articular a su conveniencia en cada momento los apoyos políticos y sociales que recibía, y perduró durante casi cuarenta años, hasta su muerte en 1975.La dictadura de Franco fue personal, autoritaria y de base militar. Se impuso un orden social inspirado básicamente en la doctrina de la Iglesia y en el ideario falangista. El nuevo estado se caracterizó por la represión de cualquier oposición y la concentración prácticamente absoluta del poder en la persona del general. Éste mantuvo en sus manos todas las fuentes de autoridad: era jefe del Estado, del gobierno, de los ejércitos, del Movimiento Nacional y del partido único.

Además, recibíó el título en las monedas de “caudillo” de España por la gracia de Dios”. La larga pervivencia del franquismo fue posible gracias a la colaboración de ciertos grupos ideológicos y de sus apoyos sociales. En la consolidación del régimen influyeron tres instituciones fundamentales:- El Ejército fue siempre fiel al Generalísimo y se constituyó en la columna vertebral del régimen. Sus miembros gozaron de amplios privilegios y ocuparon ministerios y otros cargos políticos importantes.- La Iglesia católica consideró que el régimen estaba inspirado en las doctrinas cristianas y que defendía los privilegios eclesiásticos. La Iglesia disfrutó de un enorme poder: su red de centros educativos crecíó y las materias religiosas eran de enseñanza obligatoria; controlaba los usos y costumbres sociales (matrimonio religioso, prohibición del divorcio, censura de las publicaciones y espectáculos, etc.). De esta alianza nacíó el “nacionalcatolicismo”, una ideología oficial, unificadora y hegemónica impuesta a los españoles. Sin embargo, la actitud de la Iglesia hacia el régimen fue variando, especial después de la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965) que supuso una renovación y modernización de las estructuras de la Iglesia. A partir de entonces surgen algunos obispos que muestran públicamente su distanciamiento con la dictadura. La Falange quedó subordinada al caudillo a partir de 1937. Sus ideas fueron claves para la formación del régimen, el control de la sociedad y el equilibrio de poderes. Eran defensores de un régimen fascista, pero perdieron influencia tras la derrota del Eje en 1945, en favor de los grupos católicos, primero de Acción Católica y, después, del Opus Dei. Las instituciones, asociaciones y grupos políticos que apoyaron la sublevación contra la república formaban las llamadas “familias” del régimen. Dentro de ellas estaban los militares, los falangistas, los católicos y los monárquicos. Los monárquicos (carlistas y borbónicos) apoyaron inicialmente a Franco. Pero los seguidores de don Juan de Borbón se distanciaron por el rechazo de Franco a restaurar la monarquía. En 1945, don Juan firmaba el “Manifiesto de Lausana”, en el que condenaba el régimen y ofrecía una monarquía de pormenores no muy definidos. En cuanto a los apoyos sociales, Franco contó con el apoyo la adhesión de las élites económicas y sociales. Dentro de ellas, encontramos a empresarios, comerciantes, hombres de negocios (banqueros), terratenientes, pequeños y medianos propietarios. También fueron partidarios del régimen franquista una parte considerable de las clases medias. En cuanto al papel de la mujer, su actividad pública quedaba claramente subordinada al hombre. En la ideología conservadora del régimen se ensalzaba su papel como madre de familia y su labor centrada en las tareas domésticas. Se promulgaron leyes que le prohibían ciertos trabajos y se exigía el permiso del marido para relazar determinados actos jurídicos. Dentro de Falange, se creó la llamada “Sección Femenina”, que llegó a tener un gran poder al constituir el único órgano femenino de encuadramiento y acción que existía en la dictadura franquista.

Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.

La sublevación militar debilitó gravemente el régimen republicano desde un principio, aunque sus instituciones continuaron funcionando formalmente durante todo el conflicto. En los primeros días de la guerra el presidente de la República, Manuel Azaña, encargó un nuevo gobierno a José Giral, en el que participaron sólo los partidos republicanos. Durante los tres años de guerra se formarían nuevos gobiernos presididos por los socialistas Largo Caballero y Juan Negrín. Todos ellos fueron gobiernos débiles y con graves dificultades, porque no dispónían de mecanismos suficientes para imponer su autoridad en el territorio que controlaban. Del lado de la República la organización militar quedó prácticamente desmantelada, aunque conservó gran parte de la Aviación y la Marina. Por ello, el gobierno dio orden de repartir armas entre las organizaciones obreras. Con esta decisión el Estado republicano se desplomó y el poder se fragmentó entre las “milicias populares” de los partidos y sindicatos obreros. Estas milicias formaron comités, juntas y consejos sin control del gobierno y organizaron de forma autónoma la Lucha y la represión contra los sublevados. Paralelamente, los anarquistas de la CNT y parte de la UGT emprendieron una revolución social, que incluía colectivizaciones en algunas industrias y en las tierras de las zonas latifundistas. La zona republicana ocupaba una superficie de 270.000 km2, habitada por unos 14 millones de personas. En ella se localizaban las principales ciudades del país y las regiones más industriales y mineras. Además, el gobierno controlaba los recursos financieros,destacando por su valor el oro del Banco de España. La producción agrícola era, en cambio, bastante deficitaria, pues las grandes áreas cerealistas quedaron dentro del bando nacional. Por ello, en las grandes ciudades la población pasó hambre y graves penurias debido a los problemas de abastecimiento. En la zona controlada por los rebeldes el ejército se convirtió en el pilar básico en la dirección de la guerra y en la formación del nuevo Estado. Con este fin se establecíó un poder militar único, que agrupaba a todas las fuerzas políticas que apoyaron el alzamiento contra la República. Tras la muerte en accidente aéreo de Sanjurjo, el 20 de Julio de 1936, se constituyó en Burgos la «Junta de Defensa Nacional» que debía de coordinar la acción de los sublevados. En Octubre de 1936 esta misma Junta nombraba a Francisco Franco Jefe de Gobierno del Estado Español, quien asumirá todos los poderes. Se le nombra, así mismo, Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire. El gobierno de la zona nacional se mantuvo en Burgos hasta el final de la guerra, bajo el nombre de «Junta Técnica del Estado». En la España “nacional” no existíó al principio un proyecto político propio. Por eso se planteó crear un régimen de partido único, similar al de los estados fascistas. El 20 de Abril de 1937 Franco firmó en Salamanca el llamado “Decreto de Unificación”, una norma jurídica por la que se fusionaban bajo su mando los partidos Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS) y la Comunión Tradicionalista (carlistas), creándose un nuevo partido único con el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Los restantes partidos políticos y sindicatos fueron suprimidos en la zona sublevada. La Iglesia católica, aunque no participó directamente en el alzamiento, consideró la guerra como una cruzada religiosa contra el comunismo y, por tanto, se convirtió en uno de los pilares fundamentales del nuevo Estado que se estaba creando. Desde el punto de vista militar la España “nacional” contaba con la mayor parte del ejército de Tierra (junto con las fuerzas de seguridad), que tenían a sus órdenes alrededor de 150.000 soldados. Al empezar la guerra los sublevados tenían una extensión aproximada de 230.000 km2, con algo más de 10 millones de habitantes. Apenas dispónían del 20 % de la producción industrial del país, pero contaban con el 70 % de la agrícola. Por ello, la población asentada en estos territorios no padecíó los graves problemas de abastecimiento y escasez del otro bando.

Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra.

El 16 de Febrero de 1936 se celebraron nuevas elecciones al Parlamento. Los partidos de izquierda se presentaron agrupados en el Frente Popular, una coalición de izquierdas, formada por socialistas, comunistas, nacionalistas y republicanos. Esta agrupación se había creado a través de un pacto firmado el 15 de Enero de 1936. Con la experiencia del fracaso electoral de 1933, que dio paso al bienio conservador, la izquierda vio esta vez la necesidad de unir sus fuerzas para conseguir más votos y sacar de la cárcel a los dirigentes detenidos tras la revolución asturiana. Según sus planteamientos, se trataba de “devolver al régimen republicano sus valores democráticos”. Su programa se basaba en la recuperación de las reformas económicas y sociales. En la derecha no hubo tanta uníón, aun-que la CEDA y Renovación Española (de José Calvo Sotelo) fueron en coalición en algunas provincias. Su programa electoral se basó en el rechazo al marxismo y en los peligros de la revolución social. Por su parte, otros partidos como Falange Española y el PNV se presentaron por su cuenta.El Frente Popular consiguió una importante mayoría en las principales ciudades, en las provincias del sur y en la periferia. Por el contrario, la derecha triunfó en el norte y el interior del país. En número de votos la diferencia no fue muy destacada, pero el sistema de reparto de los diputados favorecíó en esta ocasión a la izquierda. Tras las elecciones, se formó un nuevo gobierno presidido inicialmente por Manuel Azaña y compuesto íntegramente por republicanos, sin la participación de los socialistas. Sus principales actuaciones fueron:  Se decretó una amnistía para los represaliados de la Revolución de 1934 y se permitíó el reingreso en sus puestos de trabajo. Se restauró plenamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el gobierno de la Generalitat. Se recuperaron las reformas puestas en marcha por el Bienio reformista: Ley de Reforma Agraria, enseñanza, Ejército, cuestión religiosa, etc. El Congreso destituyó al presidente de la República: el conservador moderado Alcalá Zamora, y fue elegido para el cargo Manuel Azaña. La presidencia del gobierno fue ocupada por Santiago Casares Quiroga, de Izquierda Republicana. Los últimos meses de la II República fueron de una gran conflictividad social y política. La izquierda más radical defendía posiciones claramente revolucionarias y la derecha extrema, con el apoyo de un sector de Ejército y la Iglesia, buscaba fórmulas para acabar con el régimen republicano. Se produjeron enfrentamientos violentos callejeros entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Los sectores más anticlericales promovieron incidentes, que acabaron con la quema de algunas iglesias y conventos. Hubo, además, huelgas y grupos de jornaleros ocuparon las tierras de los terratenientes. El gobierno, conociendo las intenciones golpistas de algunos miembros del ejército, ordenó diversos traslados forzosos de los posibles cabecillas: Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Pamplona. Pero la conspiración fue extendíéndose.El 12 de Julio fue asesinado por extremistas de derecha, el teniente José Castillo, oficial de la Guardia de Asalto. Al día siguiente, en represalia, fue asesinado José Calvo Sotelo por miembros de las fuerzas de seguridad. Calvo Sotelo era entonces uno de los principales líderes de la derecha monárquica. El 17 de Julio de 1936 el ejército de Marruecos inició una rebelión contra el gobierno de la República, en Melilla. El 18 se extendíó a la Península. El fracaso parcial del Golpe de Estado, y la división del territorio en dos bandos llevó a España a la Guerra Civil.

Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.

Después de la dimisión de Manuel Azaña, en Septiembre de 1933, se convocaron elecciones generales para el mes de Noviembre. Fueron las primeras con sufragio femenino y dieron la mayoría a las derechas. Las dos principales fuerzas en parlamento eran la CEDA y el Partido Radical de Lerroux. Lerroux formó en un principio un gobierno con ministros republicanos de centro, pero que contaba con el apoyo de la CEDA en el parlamento. Comenzaba así el llamado Bienio Radical-Cedista (1933-1936). Lerroux se vio así obligado a iniciar lo que los grupos de derecha reclamaban desde hacía tiempo: una política de rectificación de las reformas del bienio anterior: – Paralización de la reforma agraria, con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado miles de jornaleros. Paralización de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente antirrepublicanos como los generales Franco o Mola. Los participantes en el golpe de Sanjurjo en 1932 fueron amnistiados.  Intento de conciliación con la Iglesia. El Estado volvíó a asumir los gastos del clero. Los colegios católicos siguieron funcionando. – Paralización de las reformas educativas. – Enfrentamiento con los nacionalismos. Freno al proyecto de estatuto de autonomía vasco y tensión con la Generalitat catalana. Fue una época muy inestable. La posibilidad de colaboración entre los radicales y la CEDA era muy limitada porque diferían en puntos muy importantes. Pero, además, la hostilidad de la izquierda y de los nacionalistas hicieron imposible la gobernabilidad. La tensión entre izquierdas y derechas se materializó en la Revolución de Octubre de 1934. Su origen fue la decisión de Lerroux de incluir en el gobierno a tres ministros procedentes de la CEDA. Los partidos y sindicatos de izquierda se opusieron y convocaron una gran huelga general revolucionaria. Los acontecimientos más graves tuvieron lugar en Cataluña y Asturias. En Cataluña el presidente de la Generalitat, Lluís Companys (ERC), proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”, pero la falta de apoyo hizo fracasar el levantamiento y el gobierno suprimíó la autonomía catalana. En Asturias se produjo una auténtica revolución social entre los días 5 y 18 de Octubre, ya que aquí sí se logró forjar una gran alianza obrera que agrupó a la UGT, la CNT y a los comunistas. La revolución partíó de dos importantes centros mineros: Sama de Langreo y Mieres. Grupos de mineros armados ocuparon las cuencas mineras y las ciudades de Avilés y Gijón, se adueñaron de la fábrica de armas de Trubia y llegaron a tomar el centro de Oviedo. Los sublevados crearon el “Comité Regional de la Alianza Obrera”. En su intento de controlar los servicios públicos y los transportes, adoptaron las primeras medidas de socialización y de represión de los «enemigos de la revolución social», que se tradujeron en diversos actos de violencia contra los grandes propietarios y el clero. Para sofocar la rebelión, el gobierno declaró el estado de guerra y recurríó a los regulares del ejército de Marruecos, al mando del general Franco, que, junto a la Guardia Civil, llevó a cabo una fuerte represión. El balance aproximado final de los enfrentamientos fue de más de un millar de muertos. Tras el fracaso de la revolución la represión continuó durante los días siguientes. En toda España se practicaron miles de detenciones y se dictaron algunas condenas a muerte. Azaña, aunque no había participado en los hechos, fue acusado del delito de rebelión y detenido temporalmente. La contundente reacción del gobierno frente a la Revolución de Asturias fomentó la desuníón entre las fuerzas de centro y derecha y aumentó la influencia de la extrema derecha. Por el contrario, en la izquierda se produjo una aproximación entre el PSOE y el PCE. Finalmente, fueron una serie de escándalos de corrupción los que hicieron caer el gobierno de Lerroux, convocándose elecciones generales para Febrero de 1936.

Especifica las carácterísticas esenciales de la Constitución de 1931.

El gobierno provisional creado tras la proclamación de la República convocó elecciones para el 28 de Junio de 1931. La victoria en estos comicios fue para los republicanos de izquierda y socialistas, con una mayoría de casi dos tercios de la Cámara. Estas cortes eran constituyentes, por lo que durante los meses siguientes comenzaron a elaborar el proyecto de la nueva Constitución. Su texto, aprobado el 9 de Diciembre del mismo año, se organizaba en 10 títulos, con 125 artículos en total. La Constitución de 1931 fue el resultado de un compromiso entre socialistas y republicanos de izquierdas para establecer una república democrática y no confesional. Estuvo vigente durante todo el periodo y en la Guerra Civil en los territorios controlados por el bando republicano. En el Franquismo se continuó reconociendo de alguna manera su vigencia entre los sectores del exilio, hasta 1978, cuando el proceso político de la Transición permitíó la elaboración de una nueva Carta Magna. La Constitución de la II República supuso un avance notable en el reconocimiento de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado: dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales Sus carácterísticas esenciales son las siguientes: -Se define el nuevo régimen político como «República de trabajadores de toda clase»; y España como un “Estado integral” pero con la posibilidad de crear autonomías en las llamadas regiones históricas. Se recogen un gran número de derechos, individuales y políticos, fijando la mayoría de edad en 23 años, extendiendo el sufragio universal al voto a las mujeres y la igualdad jurídica. En cuanto a la familia, economía y cultura, se dispone la igualdad de los cónyuges, el divorcio y el matrimonio civil; la obligación social del trabajo; y el deber del Estado para extender la educación a toda la población junto a la igualdad de oportunidades.  Con respecto a la cuestión religiosa se establecíó el principio de laicidad, por el que se iba más allá del estado aconfesional o la mera separación entre la Iglesia y el Estado para adentrarse en un ámbito de total eliminación de las manifestaciones religiosas de la vida política. El Poder ejecutivo estaba a cargo del Presidente de la República que es el Jefe de Estado, con un mandato de seis años. Su elección la efectúan las Cortes junto a un número de compromisarios elegidos por sufragio universal. Le corresponde nombrar y separar al Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros. – El poder legislativo reside en una asamblea unicameral llamada Congreso de los Diputados y elegida por sufragio directo. Tenía una amplia capacidad legislativa y de control político sobre el gobierno.  Respecto al poder judicial, se basa en la autonomía e independencia de los jueces. Se introdujo el Jurado como una forma de participación popular en la Justicia.  Se reconoce la propiedad privada, pero se incluye la posibilidad de realizar expropiaciones forzosas de bienes a cambio de una indemnización, por razones de utilidad social, así como la posibilidad de nacionalizar ciertos sectores de la economía.  La República se configuraba como un “Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones”. Cataluña consiguió la aprobación de su Estatuto de Autonomía en las Cortes en 1932. Más tarde, se pusieron en marcha estatutos para el resto de las regiones españolas. El 10 de Diciembre de 1931, Niceto Alcalá Zamora fue designado por las Cortes Presidente de la República y Manuel Azaña Presidente de Gobierno. Comenzaba un período de reformas, ya iniciadas por el Gobierno Provisional, y de desarrollo de las leyes complementarias conocido como Bienio Reformista (1931-1933).

Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

En Diciembre de 1931 se aprobó la Constitución. Las cortes eligieron a Alcalá Zamora como presidente de la República (1931-1936) y a Manuel Azaña presidente de un gobierno de una coalición de republicanos y socialistas. Se acordó también no disolver las Cortes y que prosiguiesen con su labor hasta que se aprobasen una serie de leyes fundamentales. Este gobierno puso en marcha un ambicioso programa de reformas:- La ley de Bases de la Reforma Agraria (1932). Se pretendía modernizar la situación en el campo, mejorar el nivel de vida de los jornaleros y aumentar la productividad. Se proyectó la expropiación de los latifundios que no se cultivaran adecuadamente y su reparto entre los campesinos. La ley no alcanzó todos los objetivos propuestos, entre otras cosas, por falta de presupuesto y la fuerte

oposición de los grandes terratenientes. La reforma militar. Buscaba garantizar la fidelidad del Ejército al nuevo régimen republicano y propiciar la reducción del excesivo número de jefes y oficiales. Se exigíó un juramento de fidelidad o bien el retiro voluntario. Se creo también la Guardia de Asalto, un cuerpo policial leal a la República. Las reformas autonómicas. Se aprobó el Estatuto de Autonomía catalán en 1932 y se reconocíó la Generalitat como órgano de gobierno. También se comenzaron a elaborar los estatutos de autonomía de otras regiones:País Vasco, Galicia, Aragón, Asturias, Castilla, Valencia, etc. La reforma religiosa. Se pusieron en práctica los artículos de la Constitución en lo referente a la separación Iglesia-Estado y se aprobó el matrimonio civil y el divorcio. Se apostó por la educación laica y se proyectó el cierre de los centros docentes religiosos. Las reformas educativas. En España había más de un millón de niños sin escolarizar y un alto porcentaje de la población era analfabeta. Se construyeron nuevas escuelas e institutos, Se impulsó la investigación científica con la creación del CSIC. Se crearon las “misiones pedagógicas” (1932) destinadas a la extensión de la cultura en las áreas rurales y en las que colaboraron destacados intelectuales como García Lorca, Manuel Machado o María Zambrano.  Las reformas sociales. Se intentó aumentar los salarios de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales. La “Ley de asociaciones obreras” reguló la actividad de los sindicatos”. Tanto la derecha como sectores de la izquierda y los sindicatos estuvieron contra el programa reformista de Azaña. Los grandes propietarios, la jerarquía eclesiástica y sectores del ejército consideraban demasiado radicales las reformas. Los anarquistas y los sindicatos eran partidarios de transformaciones más profundas. El fallo de las expectativas puestas en la Reforma Agraria provocó reacciones obreras, principalmente por parte de anarquistas, integrados en la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), dando lugar a disturbios fuertemente reprimidos. En Agosto de 1932 tuvo lugar un intento de Golpe de Estado dirigido por el general Sanjurjo en Sevilla, que fracasó. Los anarquistas, por su parte, protagonizaron levantamientos y ocupaciones de fincas, descontentos por la lentitud en la aplicación de la reforma agraria. En la localidad de Casas Viejas (Cádiz), hubo un levantamiento campesino en Enero de 1933, que se saldó con varios muertos. Aunque el gobierno consiguió eprimir el levantamiento, sufríó un gran desgaste político. En Septiembre de 1933, ante el agravamiento de la crisis económica y la creciente impopularidad del gobierno, Azaña presentó su dimisión y se convocaron nuevas elecciones para Noviembre de 1933. La derecha acudíó a las elecciones unida en un bloque llamado CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), partido católico dirigido por José María Gil Robles. El triunfo de las derechas permitíó crear un gobierno del Partido Radical con el apoyo de la CEDA.

Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.

Después de la dimisión de Primo de Rivera, en Enero de 1930, Alfonso XIII encargó formar un nuevo gobierno al general Dámaso Berenguer, con el objetivo de restaurar la Constitución de 1876 y el régimen parlamentario. Este breve periodo es conocido como la “Dictablanda”. Se pretendía una vuelta al sistema constitucional, pero Berenguer no contaba con el apoyo ni de conservadores, ni de liberales. Los avances fueron escasos y la oposición al rey continuaba en aumento ya que se le consideraba cómplice del régimen de la dictadura. Los principales sectores políticos de la oposición convocaron el 17 de Agosto de 1930 el llamado “Pacto de San Sebastián”. Fue una reuníón promovida por los representantes de los partidos republicanos, y en la que se acordó la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República. En Octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas: el PSOE y la UGT. Ante su incapacidad para volver a la normalidad, Berenguer fue sustituido, en Febrero de 1931, por el almirante Juan Bautista Aznar, en cuyo gobierno estaban representados los sectores más fieles a la monarquía. Aznar prometíó la convocatoria de elecciones municipales y establecíó un calendario electoral. La causa inmediata de la caída de la monarquía fueron las elecciones municipales del 12 de Abril. Los republicanos y los partidos de izquierda consiguieron un importante triunfo en las principales ciudades. Esto se interpretó como un rechazo a la monarquía. Alfonso XIII se vio forzado a renunciar a la corona y abandonó España. El 14 de Abril de 1931 se proclamó la Segunda República El nuevo régimen llegó en un ambiente festivo. Para una parte importante de la población la República supónía el símbolo de las reformas políticas y sociales que necesitaba el país. Pero muy pronto el nuevo régimen se enfrentó a graves dificultades. La Iglesia, una parte de las clases medias, terratenientes, industriales y financieros, así como las nuevas fuerzas de la derecha conservadora, reaccionaron con una gran hostilidad frente a las primeras reformas. La depresión económica internacional de los años treinta dificultó también la consolidación de la democracia en España. Los grupos sociales más humildes: los jornaleros en el campo y los obreros en las ciudades, fueron los más perjudicados por la crisis. Las reformas del gobierno y los conflictos sociales dividieron profundamente la sociedad española de esos años. La economía española, aunque manténía una política proteccionista con fuertes aranceles a las importaciones, estaba muy influenciada por el contexto internacional. El comienzo de la Gran Depresión en 1929 y sus consecuencias posteriores acabaron afectando a España como al resto de los países: disminución del comercio exterior, freno de las inversiones extranjeras, reducción de la emigración a América y regreso de los emigrantes, aumento del desempleo, etc.

Por otro lado, para gran parte de las organizaciones obreras de izquierdas las reformas eran insuficientes y demasiado lentas, y en diversos momentos rechazaron el juego parlamentario y apostaron por la vía revolucionaria. La actividad en la calle de grupos de extrema derecha y de activistas socialistas, comunistas y anarquistas dio lugar a graves alteraciones del orden público. Tras el exilio de Alfonso XIII se formó un Gobierno Provisional, integrado por los partidos que habían promovido el Pacto de San Sebastián, y presidido por Niceto Alcalá Zamora. Inmediatamente este gobierno inició una serie de reformas económicas y sociales, y convocó para el mes de Junio de 1931 elecciones a Cortes Constituyentes. La victoria fue para los partidos republicanos y socialistas. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1931. El nuevo Estado se definía como una “República democrática de trabajadores de toda clase”.

Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.

El general Miguel Primo de Rivera dio un Golpe de Estado el 13 de Septiembre de 1923, suspendíó la Constitución de 1876, puso fin al turnismo y disolvíó las Cortes. Su proyecto consistía en crear un gobierno fuerte, que garantizase la estabilidad política y el orden social, y que reformara España desde arriba, por medio de un sistema autoritario. El triunfo del golpe se vio favorecido por varios factores. El desastre de Annual en Ma rruecos (1921) había generado un gran malestar entre los militares por la pérdida de su prestigio y la exigencia de responsabilidades. El auge de los nacionalismos vasco y catalán era visto como una amenaza para los sectores más conservadores, así como el aumento de la presencia de socialistas y republicanos en el parlamento. El contexto internacional, en el que los fascismos comenzaban a adquirir fuerza en toda Europa, favorecía también una solución autoritaria. Alfonso XIII, incapaz de poner fin a la inestabilidad y a las continuas crisis políticas, acabó aceptando el golpe del estado y colaboró con el nuevo régimen. De este modo, su destino quedó unido al del propio dictador.Este apoyo aumentó aún más las críticas a la monarquía y aceleró su caída en la etapa final de la dictadura. Primo de Rivera creó en un principio un gobierno formado íntegramente por militares: el Directorio Militar (1923-1925). Este ejecutivo aseguró el orden público, combatíó el terrorismo, reprimíó las huelgas y los movimientos sindicales y anarquistas. Se suprimieron la libertad de prensa y los partidos políticos. En su lugar se creó un partido único llamado “Uníón Patriótica”, totalmente subordinado a la personalidad de su líder. Para poner fin al conflicto de Marruecos se organizó el desembarco de Alhucemas (1925), que supuso un gran éxito para el ejército español. Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por el Directorio Civil (1925-1930), en el que se incluyeron nuevos políticos de Uníón Patriótica que no estaban ligados al sistema de la Restauración, como José Calvo Sotelo. La dictadura de Primo de Rivera coincidíó con un momento de un destacado crecimiento económico. Se practicó una política intervencionista, siguiendo el modelo del fascismo italiano. El gobierno invirtió en la mejora de las infraestructuras públicas y en poenciar el desarrollo industrial. Así, se constituyeron las primeras confederaciones hidrográficas, se construyeron carreteras, puentes, presas y líneas de ferrocarril. También se crearon monopolios estatales que controlaban sectores estratégicos como el petróleo(CAMPSA) y las comunicaciones (CTNE). A pesar de la estabilidad política y econó-mica impuesta por la dictadura, a partir de1927 aumentaron las críticas hacia el régimen, encabezadas por intelectuales, estudiantes, colectivos obreros y sectores nacionalistas. La fuerza de la oposición era cada vez mayor y el rey, viendo su situación comprometida, retiró su apoyo a Primo de Rivera a finales 1929, que dimitíó en Enero de 1930. El fin de la monarquía (1930-1931) Alfonso XIII encargó formar un nuevo gobierno al general Dámaso Berenguer, con el objetivo de restaurar la Constitución de 1876 y el régimen parlamentario. Este breve periodo es conocido como la “Dictablanda”. Los avances de Berenguer fueron escasos y la oposición al rey continuaba siendo muy fuerte, especialmente la de socialistas, republicanos y nacionalistas, ya que se le consideraba cómplice de la dictadura. Berenguer fue sustituido, en Febrero de 1931, por el almirante Juan Bautista Aznar, en cuyo gobierno estaban representados los sectores más fieles a la monarquía. Aznar prometíó la convocatoria de elecciones municipales y establecíó un calendario electoral. En las elecciones municipales del 12 de Abril los republicanos y los partidos de izquierda consiguieron un importante triunfo en las principales ciudades. Esto se interpretó como un rechazo a la monarquía. Alfonso XIII se vio forzado a renunciar a la corona y abandonó España. El 14 de Abril de 1931 se proclamó en toda España la Segunda República.

Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.

En el verano de 1917, el sistema político de la Restauración atravesó por una de sus situaciones más críticas al producirse simultáneamente una triple crisis: militar, política y social. Todo ello debe enmarcarse en un contexto internacional de graves tensiones sociales y políticas, y en las consecuencias de la I Guerra Mundial. La crisis militar: Las Juntas de Defensa. Dentro del ejército español existía un ambiente de gran tensión. El malestar se centró en los bajos sueldos y en el “Proyecto de Reforma Militar”, que pretendía modernizar la institución mediante una reducción del excesivo número de oficiales y un sistema nuevo de ascensos en el que primaban los méritos de guerra. Esto favorecía a los militares que servían en África: “africanistas”, frente a los “peninsulares”. El conflicto surgíó entre los jóvenes oficial les peninsulares, que exigían el establecimiento de la escala cerrada, es decir, que los ascensos fueran por rigurosa antigüedad. El descontento desembocó en la formación de las llamadas “Juntas de Defensa”, que se extendieron a todo el ejército. En Junio de 1917 estas agrupaciones presentaron un ultimátum al gobierno, conocido como el “Manifiesto de las Juntas”. En el duro pulso entre el gobierno y las Juntas, que contaron con el apoyo del propio Alfonso XIII, lograron imponer sus demandas. La crisis política: La Asamblea de Parlamentarios. La crisis de las Juntas y sus planteamientos regeneracionistas fueron interpretados por los por diversos grupos de la oposición política: catalanistas, republicanos y socialistas, como un síntoma inminente de la quiebra del régimen y la oportunidad para una reforma o una revolución democrática. Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, tomó la iniciativa, y ante la suspensión de las garantías constitucionales, la imposición de la censura de prensa y el cierre de las Cortes decretado por el gobierno conservador de Eduardo Dato, convocó a todos los senadores y diputados españoles a una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona en Julio de 1917. La Asamblea acordó la formación de un gobierno provisional y la celebración de unas Cortes Constituyentes que reformasen la constitución de 1876 y establecieran una autonomía política para Cataluña. Pero el reducido apoyo de los grupos políticos, en su mayoría republicanos y socialistas, y el rechazo de las Juntas a sus pretensiones, permitieron al gobierno disolverla.

La crisis social: La huelga general de Agosto En Agosto de 1917 se añadió un tercer conflicto: el movimiento obrero convocó una gran huelga general revolucionaria, con el apoyo del PSOE y de las dos grandes organizaciones sindicales: UGT y CNT. Para los dirigentes socialistas, la huelga general, en caso de triunfar, debería servir para derrocar al régimen e implantar una auténtica república democrática. La huelga general tuvo una especial incidencia en los centros industriales de Madrid, Barcelona, el País Vasco y Asturias, donde se produjeron los incidentes más graves. En las zonas rurales apenas tuvo seguimiento. El ejército cumplíó la orden de disparar contra los obreros en varios lugares, y se produjeron 71 muertos y 2.000 detenidos en todo el país. Los principales líderes del comité de huelga fueron detenidos y algunos condenados a cadena perpetua, aunque no llegaron a cumplirla. Su elección como diputados en las elecciones al Congreso obligó al gobierno a concederles la amnistía en 1918, tomando posesión de sus escaños. La crisis general de 1917 acabó con los escasos apoyos políticos y sociales que manténían al régimen de la Restauración, y dio argumentos definitivos a los sectores más conservadores que promovieron, pocos años más tarde, el Golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923.

Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.

Los partidos excluidos del sistema del turnismo habían tenido muy poco peso desde el comienzo de la Restauración, pero en los inicios del Siglo XX su fuerza y sus apoyos sociales comenzaron a aumentar. Este resurgir de las fuerzas políticas de oposición al sistema se explica por el descontento que producía entre amplias capas de la población la corrupción y la falta de modernización de la sociedad española. De igual manera, el sindicalismo y los partidos obreros experimentaron un crecimiento considerable, hasta convertirse en auténticos movimientos de masascon gran influencia en la opinión pública. Los republicanos En las primeras décadas del Siglo XX, el republicanismo representaba la aspiración de los intelectuales y de sectores de las clases medias a una democratización de la vida política, que identificaban con el régimen republicano. Conocíó una renovación ideológica, con la inclusión de las doctrinas del nuevo liberalismo democrático, laicista e incluso anticlerical, y más sensible a las reformas sociales. Una nueva generación de jóvenes políticos, con nuevas ideas, trataron de modernizar su proyecto. El mayor impulso a este movimiento llegó en 1903 con la formación de “Uníón Republicana”, creada por Alejandro Lerroux y Nícolás Salmerón. Este nuevo partido logró ese mismo año un notable éxito electoral en las grandes ciudades. Sin embargo, dentro de este movimiento existían importantes diferencias ideológicas y tácticas:- El republicanismo moderado y reformista. Estaba representado por Salmerón y Melquíades Álvarez, y apostaba por el abandono definitivo de la vía revolucionaria y optó por la lucha electoral y parlamentaria.- El republicanismo radical. Estaba representado por Alejandro Lerroux y muy extendido en Cataluña, en especial en Barcelona. Se trataba de un movimiento republicano democrático, con un discurso populista radical y demagógico, anticlerical y antinacionalista.Las diferencias dentro de la “Uníón Republicana” terminaron por dividir de nuevo al republicanismo. En 1908 se escindíó el sector radical liderado por Lerroux, que formó el “Partido Radical”. En 1912 el republicanismo moderado, con unas bases sociales más reducidas, democrático en lo político y conservador en lo social, se constituyó en el “Partido Reformista”, dirigido por Melquíades Álvarez. El nacionalismo catalán De todos los movimientos nacionalistas, el catalán era el de mayor relevancia e influencia política en las primeras décadas del Siglo XX. Estuvo dominado por la “Lliga Regionalista de Catalunya”, fundada en 1901. Su líder era Francisco Cambó y su ideólogo Prat de la Riba. La Lliga defendía que se debía compatibilizar la regeneración de la vida política y la modernización del Estado con su reivindicación de la autonomía para Cataluña. A raíz de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, el catalanismo fue dominado por la Lliga. La constitución de la “Mancomunidad de Cataluña” en 1914, bajo la presidencia de Prat de la Riba, significó el reconocimiento de la personalidad de Cataluña dentro del Estado español. El nacionalismo vasco En los comienzos del Siglo XX, tras la muerte de Sabino Arana, se produjo en el Partido Nacionalista Vasco un enfrentamiento entre el sector radical defensor de la pureza original de las ideas aranistas y otro más moderado y liberal, que aceptaba el juego parlamentario y optaba por la autonomía, manteniendo los principios aranistas. Estas dos corrientes se van a mantener activas en las siguiente décadas. Otros nacionalismos Los otros movimientos regionalistas (el nacionalismo gallego, elvalencianismo y los regionalismos andaluz y Aragónés) apenas tuvieron un desarrollo y una influencia política destacable en el primer tercio del Siglo XX.

Define en qué consistíó el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas.

Alfonso XIII llegó al trono en 1902, al alcanzar los 16 años de edad. Su reinado fue en sus inicios una continuación de la etapa anterior, pues se mantuvo el turnismo entre los conservadores y los liberales. Sin embargo, los dos grandes partidos tradicionales perdieron fuerza e influencia con la desaparición de sus líderes históricos y con el crecimiento de los nuevos partidos, como socialistas, radicales, republicanos y nacionalistas que incrementaron su fuerza electoral. La burguésía catalana y vasca apoyaban a los partidos nacionalistas. Las clases medias y trabajadoras votaban a los republicanos y al PSOE, o bien no votaban, pues sabían que su voto era manipulado sistemáticamente. A fines del Siglo XIX, surgíó una nueva corriente ideológica: el “regeneracionismo”, que denunció las bases de un sistema político dominado por la oligarquía, y realizó propuestas para la modernización política, social y económica de España. La crisis del desastre del 98, con la pérdida de las colonias, impulsó el “revisionismo político”. Se trataba de una nueva forma de entender la política, en la que los dos grandes partidos se comprometían a la aplicación de reformas para acabar con la corrupción y el caciquismo. El revisionismo fue una constante en los primeros gobiernos del reinado de Alfonso XIII. En los años del cambio de siglo se produjo, además, el relevo de los dos líderes de la Restauración: Cánovas y Sagasta. El primero, tras su asesinato en 1897 por un militante anarquista, fue sustituido por Antonio Maura, y el segundo dejó su puesto a José Canalejas. Ambos políticos representan una nueva generación de políticos reformistas, con la introducción de algunas reformas y cambios destacados. Antonio Maura durante sus años de gobierno puso en marcha su proyecto de la “revolución desde arriba”, impulsando reformas del sistema liberal parlamentario, pero sin alterar las bases del régimen. Su iniciativa más importante fue “Ley de Administración Local”, que contemplaba una mayor autonomía para las corporaciones locales y la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales. Su programa incluyó otras disposiciones, como una política de intervención estatal y fomento de la industria nacional; y medidas sociales, como la creación del Instituto Nacional de Previsión (antecedente de la Seguridad Social), la Ley de Descanso Dominical y la legalización del derecho a huelga. En el terreno político modificó la ley electoral para establecer el voto obligatorio y acabar con el caciquismo, pero chocó con la oposición de las oligarquías privilegiadas. En 1909 fue forzado a dimitir por el Rey a raíz de los sucesos de la Semana Trágica. La Semana Trágica de Barcelona (1909) fue, sin duda, la crisis más importante de este periodo. El malestar que provocaba el reclutamiento de tropas para la guerra de Marruecos, compuestas en gran parte por reservistas, fue canalizado por las organizaciones obreras para convocar una huelga general. En Barcelona se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y los huelguistas, así como saqueos, barricadas e incendios de iglesias. La represión policial se saldó con un alto número de muertos y heridos, y desencadenó, poco después, la dimisión de Maura. Entre 1910 y 1912 dirigíó el gobierno el liberal Canalejas, que emprendíó el intento más importante de regeneración del sistema para lograr su progresiva democratización y ampliar sus bases sociales. En materia social hay que destacar la reducción de la jornada laboral, la “Ley de accidentes de trabajo”, prohibición del trabajo femenino nocturno, supresión del impuesto de consumos por otro progresivo de las rentas urbanas, desaparición de la redención en metálico del reclutamiento, etc. Se establecíó el sistema militar obligatorio en tiempo de guerra. Canalejas continuó con la política descentralizadora, que se plasmó en la aprobación de la ley de mancomunidades y la creación de la “Mancomunitat de Catalunya”. También levantó gran polémica su “Ley del candado”, que prohibía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España Su labor fue interrumpida bruscamente en Noviembre de 1912 al ser asesinado por un terrorista anarquista.

Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.

La industrialización en la España del Siglo XIX ha sido calificada por algunos historiadores de “fracaso”, entendido como la no consecución de los proyectos para la modernización económica de forma similar a lo sucedido en el Reino Unido, primero, y en otros países de Europa después (Francia, Bélgica,Alemania). Los intentos puestos en marcha por los sucesivos gobiernos liberales no lograron hacer de España un país industrial. Solo en Cataluña y en el País Vasco sealcanzó un nivel de desarrollo de la industria equiparable a otras regiones de Europa. El balance final es de un fracaso relativo, pues, se diseñó y construyó la red ferroviaria, se organizó un sistema bancario, se puso en marcha el nuevo sistema monetario y surgieron algunos focos industriales, A pesar de todo, España era a fines del Siglo XIX un país eminentemente agrario. Los factores que explican este retraso son variados: la escasez de materias primas, las malas comunicaciones, la falta de un mercado para los productos, tanto por el escaso poder adquisitivo de la mayoría de la población como por la pérdida de las colonias, y la falta de capital inversor. Por otra parte, la agricultura española no se transformó suficientemente en el Siglo XIX. Con las desamortizaciones cambió de propietario, pero no cambió su forma de explotación, ni sus rendimientos. Éstos continuaban siendo bajos y, además, el sector agrario ocupaba a una gran parte de la población. No se generó una mano de obra que fuera a trabajar a las nuevas fábricas, ni la formación de capitales para invertir en la industria. La agricultura no fue un factor que favoreciera el desarrollo industrial. El cambio desde una economía tradicional a otra capitalista fue, por tanto, mucho más lento que en otros países de Europa. Además, hay que tener en cuenta la debilidad de la burguésía española y la dependencia técnica del exterior. Por eso, muchas veces fueron empresas extranjeras las que invirtieron en la creación de fábricas, bancos e infraestructuras como el ferrocarril. Las primeras industrias modernas se localizaron en zonas muy concretas Las más destacadas fueron la textil catalana y las siderurgias vascas, asturiana y andaluza. La industria textil alcanzó un desarrollo extraordinario en Cataluña, con la incorporación de avancestécnicos como el telar mecánico y la máquina de vapor. En Asturias y Andalucía se establecieron algunos centros siderúrgicos, pero a partir de mediados del Siglo XIX tuvieron serias dificultades para competir con las empresas vascas. A partir de 1860, la minería conocíó una fuerte expansión, convirtiéndose España en uno de los principales exportadores de plomo, hierro, Mercurio y cobre Pero, sin duda, la innovación más importante de la industrialización fue el ferrocarril. Entre 1856 y 1866 se crearon en España más de mil kilómetros de vías al año. La modernización del transporte fue posible gracias a la llegada de capital extranjero. En 1848 se puso en funcionamiento la línea que unía Barcelona y Mataró. Poco después, en 1851, se inauguraba la línea Madrid Aranjuez. En apenas veinte años, se construyeron 4.899 kilómetros de vía férrea. La red tenía una estructura radial con centro en Madrid y el ancho entre carriles era mayor que en el resto de Europa. Esto dificultó los intercambios con el resto del continente. A finales del Siglo XIX la industria se consolidó coincidiendo con la llegada de la II Revolución Industrial. También se desarrollaron nuevos sectores: la electricidad (que se usó para la iluminación y como fuente de energía para la industria), el petróleo (que permitíó la difusión del automóvil) y la industria química.Pero la industria española tenía dos graves problemas. En primer lugar, era una industria poco competitiva; por eso, el Estado ponía fuertes impuestos a los productos extranjeros, a fin de encarecer su precio. En segundo lugar, los sectores modernos se concentraban en muy pocas zonas (Cataluña, País Vasco y Madrid), mientras que el resto del país seguía muy retrasado.

Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico.

España había perdido su inmenso Imperio colonial entre 1815 y 1824, durante el período de las guerras de independencia americana, pero conservó dos grupos importantes de islas: Cuba y Puerto Rico, en el Caribe, y las Filipinas, Marianas, Carolinas y otras islas menores en el Pacífico. Sin embargo, en 1898 ambos conjuntos dejaron de ser españoles. Es el llamado desastre del 98. El conflicto primero enfrentó al ejército español con los independentistas nativos en Cuba, y más tarde se produjo la intervención directa de Estados Unidos. El gobierno español no tuvo más opción que pedir la paz. Las negociaciones entre España y los Estados Unidos tuvieron lugar en París. Según los acuerdos de la Paz de París (Diciembre de 1898) España vendía Filipinas a los Estados Unidos, que también pasaron a administrar Puerto Rico. Cuba alcanzó poco después la independencia efectiva. La pérdida de las últimas colonias españolas en 1898 tuvo un gran impacto en los ámbitos económico, político e ideológico. Este desastre conmovíó a la opinión pública española y acabó con el ambiente de confianza y optimismo que se había vivido hasta entonces durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina. En el ámbito económico, no hubo graves pérdidas materiales. Al principio, supuso un fuerte revés para las exportaciones de algunas industrias españolas, que tenían en estas posesiones importantes mercados y eran centros de producción de determinadas manufacturas y materias primas. A pesar de ello, la repatriación de capitales americanos favorecería los negocios en la propia metrópoli. El “indiano” fue la denominación coloquial del emigrante español en América que retornaba rico a su patria e invertía su fortuna en nuevos negocios o en la compra de tierras. En lo político, la pérdida del Imperio de ultramar fue considerada un desastre tanto militar como diplomático, sobre todo porque desde la prensa se había propagado la creencia en la superioridad militar española. A pesar de la derrota, que costó a España unos 120.000 muertos, no produjo un cambio destacable en el gobierno, ni hizo peligrar la monarquía, aunque afectó gravemente al sistema de la Restauración y favorecíó a los nacionalismos. Mayor desprestigio fue el del ejército, que buscó una compensación con una política expansiva hacia el norte de África. El “africanismo” sustituyó al colonialismo ultramarino y al «recogimiento» diplomático de la época anterior. Se mantuvo el régimen de la Restauración, pero surgíó el regeneracionismo, un replanteamiento general llevado a cabo por los intelectuales y políticos que buscaban la dignificación de la política, la modernización social y la superación del atraso cultural. La crisis del 98 fue más bien de carácter ideológico. España había sido derrotada militarmente, ya no era una gran potencia en el contexto internacional y seguía teniendo graves problemas para su modernización. Un grupo de intelectuales y escritores, la Generación del 98, se planteó la necesidad de “regenerar” la sociedad española. Se trataba de un grupo heterogéneo aglutinado alrededor de la exaltación del nacionalismo español y sus valores. Fueron miembros destacados de esta Generación: Unamuno, Ortega y Gasset, Maeztu, Pío Baroja, etc. Propiciaron la crítica al sistema y la aparición de la idea de regeneracionismo del país mediante el saneamiento de la Hacienda, el crecimiento económico, la mejora de la educación y la eliminación del caciquismo. El regeneracionismo fue un movimiento reformista que defendía la moralización de la gestión pública, la reforma del Estado, el fomento de la riqueza, el impulso a la enseñanza y el olvido de las glorias del pasado. Sus principales impulsores fueron Joaquín Costa, Macías Picabea, Julio Senador, etc. Uno de los más importantes logros de este movimiento fue la creación de la Institución libre de Enseñanza, creada por Francisco Giner de los Ríos, que defendía una nueva educación no dogmática, basada en el laicismo y la libertad de conciencia.

Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del Siglo XIX.

En España, la mayor parte de la clase obrera mantuvo una escasa activad durante buena parte del Siglo XIX. A pesar de las duras condiciones de vida y de trabajo, no fue hasta el último cuarto del siglo cuando surgíó una toma de conciencia que dio inicio a un movimiento organizado de las clases trabajadoras. Antes de esta época, hubo acciones espontáneas y poco organizadas. Hasta 1868 Durante la primera mitad del Siglo XIX, el movimiento obrero español se mantuvo en la Clandestinidad. Comenzó, como en otros países, con la creación de las primeras asociaciones de trabajadores, con el antimaquinismo, la publicación de periódicos y las primeras huelgas. En 1839 se aprobó un decreto, en vigor durante casi todo el reinado de Isabel II, que permitía a los obreros industriales crear únicamente mutualidades o Sociedades de Socorro Mutuo, pero no sindicatos. Una de las primeras fue la Sociedad Mutua de Tejedores de Algodón (1840).Las primeras formas de lucha consistieron en revueltas espontáneas, dirigidas contra las máquinas, siguiendo el ejemplo de los movimientos luditas europeos. Estas acciones consistían en asaltar los talleres y destruir la maquinaria. Durante el Bienio Progresista (1854-56) vuelven las revueltas atacando, de nuevo, las máquinas de hilar y producíéndose las primeras huelgas generales en Cataluña. Estos movimientos fueron duramente reprimidos por los gobiernos de Isabel II. También en este momento se publica el primer periódico de carácter obrerista: «El eco de la clase trabajadora». A partir de 1868 Durante todo el Sexenio Democrático tuvo lugar un auge importante del movimiento obrero. La situación de mayor libertad y tolerancia política permitíó a las asociaciones obreras salir de la clandestinidad y actuar públicamente. Esto favorecíó su expansión y una mayor organización. Se reconocíó la libertad de asociación y se introdujo en España la influencia de la I Internacional, que se había creado en Londres en 1864. En este período se inició la movilización social bajo la doble influencia ideológica del anarquismo y del socialismo. El impulso definitivo de la I Internacional en España vendrá con la llegada en1868 de Giuseppe Fanelli, enviado del líder anarquista Bakunin. Esto originó la formación, en Barcelona y Madrid, de dos núcleos internacionalistas. Fannelli difundíó en España la ideología anarquista como si fuese la de la AIT. Los anarquistas defendían la supresión inmediata del Estado, su sustitución por una federación libre de «asociaciones obreras» y la renuncia de los obreros a toda participación política. Estas circunstancias explican la mayor expansión del ideario anarquista, apolítico y radical, entre el proletariado catalán y los jornaleros andaluces. Sin embargo, pronto surgieron las discrepancias y los enfrentamientos entre los anarquistas, seguidores de Mijail Bakunin, y los socialistas marxistas, seguidores de Marx, llegando a la ruptura definitiva dentro de la Internacional en 1872. A finales de 1871 llegó a Madrid Paúl La fargue, yerno de Marx, que difundíó en España las ideas del marxismo. Los socialistas defendían la participación activa de la clase obrera en la lucha política, mediante un partido obrero, cuyo objetivo sería la emancipación de los trabajadores. Su influencia dio origen a un grupo marxista importante en España, aunque en un principio minoritario en comparación con el anarquismo. Su principal líder fue Pablo Iglesias, quien fundó en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y en 1888 la Uníón General de Trabajadores (UGT). Tras la ruptura de la I Internacional, la mayoría de las secciones españolas siguieron a los anarquistas, por considerarlos los auténticos representantes de la AIT. El internacionalismo tuvo su momento de mayor actividad durante la I República, cuando diversos grupos anarquistas aspiraban a provocar la revolución y el derrumbe del Estado, unos pacíficamente y otros empleando la violencia. El principal sindicato anarquista: la CNT, no se creará hasta el año 1910.

Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.

El liberalismo español del Siglo XIX había basado sus fundamentos ideológicos en una idea centralista del Estado y un concepto tradicional de la nacíón española. Algunas fuerzas, como los carlistas y los federales, dentro de los republicanos, defendían una idea de España distinta, como uníón de territorios diversos que debían preservar sus antiguos fueros (los carlistas) o como una agrupación de estados libremente asociados (los federales). A finales del Siglo XIX nacen en el País Vasco, Cataluña, Galicia y Valencia movimientos que cuestionan la existencia de una única nacíón española. Son los movimientos regionalistas y nacionalistas. Los regionalistas defienden el reconocimiento de la identidad diferencial de una regíón, ya sea cultural, económica, administrativa o política y propugnan un estado descentralizado. Los nacionalistas reivindican también el reconocimiento de las diferencias, pero exigen unas cuotas importantes de autogobierno o directamente la independencia y la creación de un estado propio. Por tanto, estos movimientos tendrán planteamientos más o menos radicales: desde el autonomismo al independentismo o separatismo. Su base social, inicialmente, fue la burguésía, el campesinado y sectores del clero. Cataluña había perdido sus leyes y fueros particulares con los Decretos de Nueva Planta, tras la guerra de Sucesión. Durante el Siglo XIX, el siglo del nacionalismo en toda Europa, el sentimiento nacionalista se reavivó entre una burguésía que estaba protagonizando la revolución industrial. Para los nacionalistas, las naciones son grupos numerosos de personas que comparten unos rasgos comunes (historia, lengua, cultura, tradiciones, religión, o incluso una etnia o raza) y la conciencia de pertenecer a un grupo diferenciado (conciencia nacional) En Cataluña, en la década de 1830, en pleno período ROMántico, se inicia la Renaixença, movimiento intelectual, literario y apolítico, basado en la recuperación de la lengua catalana. En 1901 nace la Lliga Regionalista con Francesc Cambó como principal dirigente y Prat de la Riba como ideólogo. Es un partido conservador, católico y burgués con un objetivo principal: la autonomía política para Cataluña dentro de España. La Lliga nace alejada de cualquier independentismo. En el País Vasco la defensa de los fueros vascos quedó ligada a la causa carlista durante el Siglo XIX. Las sucesivas derrotas de los absolutistas llevaron a la abolición de los fueros en 1876. La burguésía vizcaína, enriquecida por la naciente revolución industrial, fue el terreno social en el que nacíó el nacionalismo vasco. El Partido Nacionalista Vasco, PNV, fue fundado por Sabino Arana en 1895. Sus fundamentos ideológicos eran: independencia de Euskadi y creación de un estado vasco independiente en el que se incluirían siete territorios, cuatro españoles y tres franceses. En su origen el nacionalismo vasco es un movimiento contrapuesto al nacionalismo español, o directamente antiespañol que exaltaba la etnia vasca y su pureza. Otros rasgos destacados son el integrismo religioso católico, la promoción del idioma y de las tradiciones culturales vascas, con la idealización de un mítico mundo rural vasco, contrapuesto a la sociedad industrial «españolizada». En Galicia, la situación de atraso socioeconómico dificultó la implantación del galleguismo que en sus inicios se limitó a una minoría intelectual que actúo como su impulsora. Este regionalismo se inició como un movimiento cultural, el Rexurdimiento, que buscaba respuestas al atraso económico y cultural de Galicia y cuyas figuras más destacadas fueron Rosalía de Castro y Manuel Murguía, representantes de un liberalismo progresista. Paralelamente se desarrolló una corriente conservadora, tradicionalista y fuertemente católica, derivada del carlismo, que tiene en Alfredo Brañas su principal exponente.

Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.

El 29 de Diciembre de 1874, el general Martínez Campos se sublevó contra la I República en Sagunto y proclamó rey de España al príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. Unos días antes, Alfonso había firmado en Inglaterra, donde se encontraba estudiando en una academia militar, el Manifiesto de Sandhurst, en el que se ofrecía como rey y aceptaba un régimen de monarquía constitucional. En Enero de 1875, Alfonso XII llegó a Madrid. Comenzaba el periodo conocido como la «Restauración”, que se prolongaría en diversas fases hasta 1931. Antonio Cánovas del Castillo va a ser la figura política clave de este período. Fue él quien inspiró el Manifiesto de Sandhurst y favorecíó la llegada a España del príncipe. Alfonso XII le nombró jefe de su primer gobierno, y será Cánovas quien diseñará los elementos fundamentales del nuevo régimen: la monarquía, el sistema de partidos, el turnismo y la Constitución de 1876. Para Cánovas, la monarquía no solo era una forma de gobierno, sino la propia esencia del Estado. Defendía la monarquía parlamentaria como la solución para garantizar la estabilidad política y modernizar el país. La Constitución de 1876 era la base legal de todo el sistema, pues se mantuvo en vigor durante todo el periodo y permitía gobernar a los dos grandes partidos. Era un texto breve, poco concreto y mezclaba aspectos liberales y conservadores. Siguiendo el modelo británico, la vida política estuvo monopolizada por dos partidos: el liberal conservador, presidido por el propio Cánovas del Castillo (1828-1897); y el liberal, presidido por Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903), luego llamados conservador y liberal, respectivamente. – Los Conservadores, eran defensores del orden social y público, de los valores establecidos por la Iglesia y de la propiedad. Sus bases sociales son la burguésía latifundista y financiera, la aristocracia y la jerarquía católica. Su composición política integraba a los liberales moderados, “unionistas” y parte de Los antiguos progresistas. – Los Liberales, defendían las reformas sociales, la educación pública y un cierto laicismo. Sus bases sociales son la burguésía industrial y comercial, profesiones liberales y funcionarios, más un sector de las clases medias. Su composición política agrupa a parte de los progresistas, demócratas y ex republicanos moderados. Estos dos partidos se turnaban pacíficamente en el poder (turnismo), lo cual evitó los pronunciamientos y la intervención de los militares, pero a costa de la manipulación de las elecciones y un fraude electoral masivo. Este sistema se apoyaba en los “caciques», personas notables y poderosas en los pueblos y municipios que se encargaban de conseguir los votos necesarios.

Las medidas políticas adoptadas por los gobiernos de ambos partidos no fueron, en la práctica, muy diferentes. Se centralizó la administración y se aprobó un nuevo Código Civil. Los Liberales promovieron algunas reformas en favor de una mayor participación de los ciudadanos, como la aprobación del sufragio universal masculino en 1890. Sin embargo, las grandes cuestiones sociales y económicas continuaron sin resolverse. Durante el reinado de Alfonso XII se tuvieron que afrontar dos graves problemas bélicos: el final de la III Guerra Carlista y las sublevaciones independentistas en Cuba.- Alfonso XII proclamó una amnistía para los carlistas, y las últimas tropas rebeldes fueron derrotadas. Con esta tercera derrota, el carlismo entró en una fase de decadencia, pero dio lugar al “fuerismo” y al nacionalismo vasco en los años noventa del siglo.- En Cuba se habían producido varias sublevaciones desde 1868. Tras diez años de enfrentamientos, el general Martínez Campos firmó el llamado Convenio o Paz de Zanjón en 1878. Se otorgaron algunas concesiones a los cubanos: amnistía, libertad de colonos y esclavos asíáticos, pero no se concedíó el estatus de provincia española a la isla. La colonia vivíó así unos años de relativa paz, pero el problema estallará de nuevo en 1898. Alfonso XII murió en 1885, cuando su esposa, María Cristina, esperaba su primer hijo. Un acuerdo no escrito entre conservadores y liberales, conocido como «Pacto de El Pardo» (Noviembre de 1885) posibilitó la continuidad del régimen. María Cristina asumíó la regencia, se mantuvo la Constitución y el turno de partidos, y se aseguró la estabilidad política.

Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

Los últimos años del reinado de Isabel II se caracterizan por el creciente desprestigio de la Corona y la gran oposición al régimen. La corrupción del Estado y la falta de libertades contribuyeron a aumentar el descontento social. Los principales grupos políticos de la oposición, donde había republicanos, demócratas, liberales y unionistas, firmaron en 1866 el Pacto de Ostende (Bélgica) para derribar la monarquía.

En 1868 triunfó una revolución liberal contra Isabel II a la que sus protagonistas llamaron “La Gloriosa”. Supuso el fin del régimen autoritario que había gobernado España durante veinticinco años. El pronunciamiento militar estuvo encabezado por los generales Serrano, Prim y Topete, a los que se unieron los sectores populares que tomaron las calles al grito de “mueran los Borbones”. Isabel II y su familia, que estaban veraneando en San Sebastián, abandonaron España y se exiliaron en Francia.

El 8 de Octubre de 1868 se constituyó el “Gobierno Provisional de la Revolución”, bajo la presidencia del general Serrano, que será nombrado regente y con Prim como ministro de la Guerra. En 1869 se promulgó una constitución, en la que se establecía el sufragio universal masculino y se reconocían importantes libertades, con un estado aconfesional y libertad de culto. El modelo de estado era una monarquía parlamentaria. Los políticos buscaron entonces en Europa a un monarca

liberal y democrático, y las cortes acabaron proponiendo a Amadeo de Saboyá, hijo del rey de Italia Víctor Manuel II. Su principal valedor y apoyo fue el general Prim, presidente del Consejo de Ministros. Pero Prim moriría asesinado el 27 de Diciembre de 1870, poco antes de la llegada del nuevo rey a España. Amadeo I reinó durante apenas dos años (1870-1873). Desde el principio se encontró con falta de apoyos y una creciente inestabilidad política, lo que le llevó a abdicar en

1873 y abandonar España. En su mensaje a las Cortes definíó a los españoles como “in-gobernables”. Sin muchas alternativas, pues no parecía oportuno buscar ahora un nuevo

rey, las Cortes proclamaron la I República el 11 de Febrero de 1873. La nueva forma de estado fue establecida, curiosamente, por unas Cortes en las que no había una mayoría de republicanos. El republicanismo tenía escaso apoyo social, y contaba con la oposición de los grupos e instituciones más poderosos: la alta burguésía, los terratenientes, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica, etc. Los grupos republicanos pertenecían en su mayoría a las clases medias urbanas,

pues las clases trabajadoras apoyaban al incipiente movimiento obrero anarquista.

La República nacíó con graves problemas. Los gobiernos emprendieron una serie de reformas bastante radicales que acabaron volvíéndose contra sus promotores. Los propios republicanos se hallaban divididos entre los que querían una república “federal” y los que la preferían “unitaria”. En 1873 se inició en Cartagena la llamada “Rebelión cantonalista”, protagonizada por los republicanos federales «intransigentes» que querían instaurar inmediatamente la República Federal de abajo arriba. Su objetivo era establecer una serie de ciudades o confederaciones de ciudades (cantones) independientes que se federarían libremente. Se llegaron a proclamar cantones en Valencia, Murcia, Andalucía, Salamanca, etc. El movimiento fue duramente reprimido por el gobierno.

La debilidad del régimen dio lugar a constantes cambios en el gobierno. Cuatro presidentes de la República se sucedieron en el breve lapso de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Además, la República tuvo que enfrentarse al estallido de la III Guerra Carlista y de la Guerra en Cuba. Ante la situación de caos generalizado, el general Pavía dio un Golpe de Estado y disolvíó las

Cortes en Enero de 1874. La I República había durado apenas once meses.

Tras el Golpe de Estado, el general Serrano presidíó el gobierno durante casi un año. Mantuvo las formas republicanas, pero no el espíritu de reforma y modernización que la República representaba. Por todo ello, apenas hubo oposición cuando el general Martínez Campos encabezó un pronuncia-

miento desde Sagunto (Valencia), en Diciembre de 1874, restaurando la dinastía de los Borbones con Alfonso XII.

Describe las carácterísticas esenciales de la Constitución democrática de 1869.

La Constitución española de 1869 fue la Constitución aprobada bajo el Gobierno Provisional de 1868-1871, tras el triunfo de la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. Fue la Constitución que estuvo vigente durante el reinado de Amadeo de Saboyá o Amadeo I, hijo del rey de Italia Víctor Manuel II. Las Cortes Constituyentes iniciaron sus sesiones el 11 de Febrero de 1869 y el debate se prolongó durante varios meses. El texto se promulgó el 6 de Junio, después de aprobarse por una amplia mayoría de 214 votos a favor y 55 en contra. Es un texto de extensión media en comparación con otros, con 112 artículos, influido por la constitución belga y, sobre todo, por la de EE.UU. De 1787. Establecía en el preámbulo la soberanía nacional de base popular y proclamaba la división de poderes y una amplia declaración de derechos y libertades. De su contenido destacaban los siguientes aspectos: – Regulaba todos los derechos individuales que reconocía, incluso «cualquier otro no consignado expresamente». Esos derechos eran los de libertad de cultos, de reuníón y asociación, de residencia, de enseñanza, de expresión y de inviolabilidad del domicilio. Si se hacía uso indebido de esos derechos, estaba prevista su suspensión, pero solo mediante una ley.  La libertad de cultos suscitó un encendido debate entre los defensores a ultranza de los privilegios de la Iglesia, y los diputados republicanos. Se establecía el sufragio universal como la conquista política más destacada de la revolución de 1868, a lo que se opusieron –sin éxito– algunos diputados como el conservador Cánovas, que quería establecer limitaciones a este derecho.  Se instauró un sistema bicameral. El Senado se elegía por sufragio universal indirecto, pero solo podían ser senadores los mayores contribuyentes y las “altas capacidades”, lo que le daba una apariencia censitaria. El Congreso estaba integrado por un diputado por cada 40.000 habitantes, elegido por sufragio universal.  El rey tenía atribuciones semejantes a las de constituciones anteriores, pero la monarquía estaba sujeta a la soberanía nacional, de la que emanaban todos los poderes del Estado. Era una monarquía democrática adaptada a los nuevos tiempos. Esta peculiaridad planteó la necesidad de buscar un nuevo rey, lo que marcó la vida política de España en los meses siguientes. La Constitución del 1869 no sólo era la más liberal de las que se habían promulgado en España hasta entonces, sino que también se colocaba a la vanguardia de las europeas. El texto está considerado por muchos historiadores como la primera constitución democrática española, ya que otorgaba un gran papel a las Cortes, que serían el máximo órgano de representación de la nacíón. No solo legislaban, sino que controlaban al gobierno y limitaban el poder del monarca. Además, se anticipó en varias décadas a otros países europeos en cuanto a los logros políticos y los derechos sociales reconocidos. Sin embargo, a pesar de que consignaba los principios básicos de la Revolución de 1868: sufragio universal y libertades individuales, no fue satisfactoria para casi nadie. Los republicanos se opusieron porque manténía la monarquía, los católicos por la libertad religiosa, los librepensadores por el mantenimiento del culto católico, etc. Parecíó demasiado avanzada a muchos y conservadora, en algunos aspectos, a otros. La abdicación de Amadeo en 1873 dio paso a la proclamación de la I República Española, que puso fin a la vigencia de la Constitución de 1869. En 1874, el pronunciamiento de Martínez Campos acabaría con la experiencia republicana, y favorecería la Restauración Borbónica y la redacción de un nuevo texto: la Constitución de 1876.

Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845


En España el proceso de construcción del estado liberal resultó largo y lleno de dificultades. El reinado de Isabel II (1833-1868) se caracterizó por sucesivas promulgaciones y anulaciones de textos constitucionales, conspiraciones y pronunciamientos militares. El dominio del poder político lo ejercía en exclusividad una nueva clase social dirigente, formada por la burguésía de negocios y la nobleza tradicional. A ella se unieron los militares. El resto de la población estaba prácticamente fuera del panorama político, pues el sistema de sufragio censitario se lo impedía. Las cartas constitucionales promulgadas en este periodo responden a la ideología o a los intereses de clase de los grupos en el poder en cada momento. Por eso, su vigencia fue siempre muy limitada. Cuando un nuevo partido llegaba al gobierno elaboraba su propia constitución y anulaba la anterior. El Estatuto Real de 1834 El texto fue aprobado durante la regencia de María Cristina. Se inspira en la llamada “Carta otorgada francesa” de 1814 y presenta las siguientes carácterísticas:  La soberanía reside en la corona, pero se cede parte de su poder a las Cortes. Estas no pueden legislar sino a propuesta del monarca, que es quien las convoca, excepto para el presupuesto cada dos años. – Las Cortes son bicamerales, y su propia denominación las conecta con el Antiguo Régimen. La nobleza y la Iglesia estaban representados en el “Estamento de Próceres”. El resto de la población tenía su representación en el “Estamento de Procuradores”. Los procuradores eran elegidos por tres años a través del sufragio indirecto y censitario, con un alto nivel de exigencia de Renta. La Constitución de 1837 Los progresistas, en el poder desde el verano de 1836, convocaron unas Cortes que elaboraron esta Constitución. Resulta más moderada, pero también más precisa, que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real. Se buscaba un consenso entre los principales partidos que permitiera la estabilidad política: – Mantuvo los principios de 1812 en lo fundamental: la soberanía nacional, la separación de poderes, el reconocimiento de ciertos derechos individuales y la convocatoria de las Cortes por el monarca. Sin embargo, el Estado no es confesional.- En algunos de sus principios es moderada. Reconoce a la corona una decisiva intervención en el proceso político, compensada parcialmente por la ampliación de funciones de las Cortes, que adquieren la iniciativa legal. Mantiene el sistema bicameral: «Congreso de diputados» (elegidos directamente por sufragio censitario) y «Senado» (cuyos miembros eran elegidos por el monarca de entre una lista que establecen los electores). – El monarca puede disolver las Cortes, lo cual combinado con el sistema de sufragio permitía constituir parlamentos casi siempre con una mayoría favorable al gobierno. La Constitución de 1845 Al poco tiempo de iniciado el gobierno moderado de 1844, se planteó la posible reforma de la Constitución. Al final, se impuso el parecer de reformar la Constitución de 1837, lo que dio lugar a la moderada Constitución de 1845, de la que cabe destacar: – De los 77 artículos, 60 eran los mismos en las dos constituciones. – La nueva recogía las ideas del liberalismo doctrinario, en el sentido de que la soberanía reside en las Cortes con la corona, frente a la soberanía nacional de 1837. – Los derechos del ciudadano se regulaban. Se proclamaba la unidad católica de España. La posibilidad de ser senador directamente por nombramiento regio se redujo a la aristocracia. Se redujo el sufragio para la elección de los diputados y aumentó el nivel de renta para electores y elegibles. Desaparecíó la preeminencia del Congreso sobre el Senado en la legislación financiera y la convocatoria de elecciones estaba, sin limitación, reservada al monarca. Por otra parte, desaparecía la Milicia Nacional, esto es el servicio militar.

Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra


La desamortización fue un proceso que consistíó básicamente en la expropiación de los bienes amortizados o vinculados, las llamadas “manos muertas”, su nacionalización y posterior venta en pública subasta. Estos bienes, según las leyes de la época, estaban “amortizados”, no se podían vender, insuficientemente explotados y fuera del mercado libre. Pertenecían principalmente a la Iglesia y a las corporaciones municipales. Algunos intentos ya se habían producido en el Siglo XVIII, con las reformas borbónicas, y posteriormente con el gobierno de José I, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal. Pero fue durante la época de Isabel II cuando se produjeron las grandes desamortizaciones del Siglo XIX. Primero en 1835-1836 con el ministro Mendizábal, y luego en 1855 con el ministro Madoz. La Desamortización de Mendizábal Juan Álvarez de Mendizábal (desde el cargo de ministro de Hacienda o presidiendo el Consejo de Ministros) inició en 1835, durante la regencia de María Cristina, la desamortización de los bienes y tierras eclesiásticas, además de suprimir las órdenes religiosas (clero regular). Esta desamortización tenía tres objetivos fundamentales:- Financiero: buscar ingresos para hacer frente al problema de la Deuda Pública y conseguir fondos para la guerra carlista.- Político: ampliar la base social del liberalismo con los compradores de bienes desamortizados. Además, buena parte del clero regular apoyaba a los carlistas.- Social: redistribuir la tierra para crear una clase media agraria de campesinos propietarios. Igualmente, mejorar la productividad del campo y favorecer el desarrollo económico. Sin embargo, los resultados no fueron todo lo positivos que se esperaba:- Soluciónó sólo en parte el grave problema de la Deuda Pública. – El liberalismo ganó apoyos, pero también se creó una fuerte división entre el liberalismo y la Iglesia católica. – La mayor parte de los bienes desamortizados fueron comprados por la nobleza y la burguésía urbana, pues los pequeños campesinos no pudieron pujar en las subastas al adjudicarse en grandes lotes de tierra. La desamortización no sirvió para reducir la desigualdad social. De hecho, muchos campesinos vieron como los nuevos propietarios burgueses subieron sus antiguos alquileres. Los resultados de la desamortización explican por qué la nobleza y la burguésía, en general, apoyaron al liberalismo, y por qué muchos campesinos se hicieron antiliberales (carlistas), al considerarse perjudicados por las reformas. Por otro lado, la Iglesia vio reducidas las bases económicas de su poder, aunque a cambio el Estado se comprometíó a mantener económicamente al clero. La Desamortización de Madoz. La última gran desamortización del Siglo XIX se inició en 1855, en el Bienio Progresista, mediante una ley elaborada por el ministro Pascual Madoz. Afectó esencialmente a las tierras de los municipios y supuso la liquidación definitiva de la propiedad amortizada en España. Sus resultados tampoco fueron muy positivos: – Arruinó a los Ayuntamientos, que, entre otras cosas, estaban al cargo de la instrucción Pública.- No soluciónó el problema de la Deuda Pública. – Perjudicó a la mayoría de los vecinos de los municipios al verse privados del aprovechamiento de las tierras comunales, espacios dedicados a pastos, bosques y montes. Pese a todos los inconvenientes, las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz afectaron a una quinta parte del conjunto de la tierra, consiguieron reducir, en parte, la Deuda del Estado y que la nobleza y la burguésía apoyaran el liberalismo y a Isabel II. Desaparecieron para siempre los impedí- mentos jurídicos para la libre explotación de la tierra: señoríos, mayorazgos, manos muertas, derechos feudales y jurisdiccionales. Pero, como elementos negativos, se incrementaron los latifundios en la mitad sur de España y no se modernizó la agricultura. Igualmente, la burguésía se hizo rentista y no invirtió sus capitales en la actividad industrial y comercial. Por tanto, no se favorecíó la industrialización. El atraso técnico y el desigual reparto de la propiedad de la tierra siguieron siendo los problemas fundamentales de la sociedad y la economía españolas.

Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares.

La muerte de Fernando VII en 1833 abríó un período de grave crisis política. Fernando tuvo de su esposa María Cristina dos hijas. Este hecho planteaba un grave problema sucesorio. La Ley Sálica, negaba el trono a las mujeres y por tanto el hermano del rey, el infante don Carlos María Isidro, se convertía en el heredero. Para evitar esto, el mismo día que nacíó su hija mayor, Isabel, el Rey promulgó la Pragmática Sanción de 1830, aboliendo dicha ley. Durante el reinado de Isabel II se instauró definitivamente el régimen liberal en España. El papel de los militares fue fundamental a lo largo de todo el periodo. La práctica totalidad de los gobiernos de la reina estuvieron constituidos y presididos por generales del ejército. Los militares participaban activamente en la política,formaban parte de las élites de los partidos y protagonizaron distintos pronunciamientos, que dieron lugar a cambios en los gobiernos. La minoría de edad (1833-1843) – La primera regente fue la madre de Isabel. Su mandato coincidíó con la I Guerra Carlista y por ello se apoyó en los liberales. Dentro de ellos existían dos corrientes: los moderados, partidarios de una monarquía con amplios poderes y de aplicar unas reformas limitadas, y los progresistas, que defendían unas reformas profundas y mayor poder para el parlamento. En un principio, María Cristina concedíó el gobierno a los moderados. Sin embargo, tras el pronunciamiento de La Granja (1836), se vio obligada a cederlo a los progresistas. En los años siguientes los progresistas, bajo el gobierno de Mendizábal, tomaron medidas para acabar con el Antiguo Régimen, como la desamortización de los bienes de la Iglesia. El punto culminante de este periodo fue la promulgación de la Constitución de 1837, de carácter progresista.  En 1840, María Cristina dejó el trono debido a enfrentamientos con los progresistas y la regencia pasó al general Espartero, un militar de prestigio por su papel en la Guerra Carlista. Pero Espartero establecíó un gobierno autoritario, cosa que no gustó ni a los progresistas ni a los moderados. Ambos grupos acabaron por unirse en un pronunciamiento y Espartero dimitíó en 1843. Ante la

crisis política, Isabel II fue proclamada reina con tan solo trece años. La mayoría de edad (1844-1868) – La Década Moderada (1844-1854). Durante los diez primeros años, Isabel II encargó el gobierno a los moderados que aplicaron una política conservadora. El general Narváez fue la figura política del momento, pues presidíó varios gobiernos. En 1845 se Aprobó una nueva Constitución, con un tipo de sufragio muy restringido. Se limitó la libertad de prensa y se establecíó una política centralista. Se elaboró un nuevo Código Civil y se hizo una reforma fiscal más equitativa. Dentro de los progresistas se produjeron importantes escisiones. Se separaron el partido demócrata, que exigía el sufragio universal, y los republicanos, favorables a la proclamación de la república. En 1854 se produjo el pronunciamiento de Vicálvaro (Madrid), dirigido por Leopoldo O’Donnell, que puso fin a esta etapa.- El Bienio Progresista (1854-1856). Tras el pronunciamiento de Vicálvaro, el poder pasó a los progresistas, que seguían liderados por Espartero y que estaban apoyados por un partido de centro, encabezado por O’Donnell, llamado la Uníón Liberal. El nuevo gobierno puso en marcha un nuevo proceso de desamortización y aprobó la Ley de Ferrocarriles. Fue un período marcado por la crisis económica y las protestas de obreros y campesinos. La grave situación social fue precisamente el argumento que la reina utilizó para retirar del gobierno a los progresistas. – El gobierno de la Uníón Liberal (1856-1868). Este partido se presentaba como una alternativa de centro que integraba a los moderados y a algunos progresistas. Se alternaron en el gobierno la Uníón Liberal de O’Donnell y los moderados de Narváez, mientras los progresistas fueron marginados del poder. En esta etapa el crecimiento económico fue intenso y despegó la construcción del ferrocarril. Pero a partir de 1866 la monarquía entró en una grave crisis al perder los apoyos sociales y políticos. En 1868 una revolución popular, conocida como “La Gloriosa”, puso fin al reinado de Isabel II.

Describe las carácterísticas de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II


Los partidos políticos surgidos en la época isabelina eran muy distintos a los actuales. Se trataba de agrupaciones de élites o de “notables” (personas influyentes y poderosas), con fuerte componente individualista, lo que les llevaba frecuentemente a la división interna y al enfrentamiento entre sus líderes. Además, estaban muy unidos a determinados periódicos afines, lo que les convertía en un instrumento al servicio del partido. Estos partidos tenían un escaso contacto con la realidad social, de la que se situaban al margen. El pueblo, analfabeto y sumido en la pobreza, apenas participaba en las elecciones y en buena medida era un mero espectador de la vida política, centrada en Madrid. El sistema electoral, basado en el sufragio censitario, sólo permitía la participación de los mayores contribuyentes. El porcentaje real de votantes fue siempre muy bajo, oscilando entre el 0,1 % y el 25% de los españoles entre 1834 y 1868. Los cinco grandes grupos políticos de todo el reinado de Isabel II fueron, según su tendencia, desde la derecha a la izquierda: Los Carlistas, el Partido Moderado, la Uníón Liberal, el Partido Progresista y el Partido Demócrata. El partido moderado Este partido gobernó durante buena parte de la época isabelina. Su principal líder fue Narváez. Agrupaba a la alta burguésía y a un importante sector de la clase media (profesionales liberales, propietarios, oficiales del Ejército, etc.). Eran partidarios de preservar los poderes del rey, unos derechos y libertades limitados, de la centralización del Estado y de un poder ejecutivo fuerte. Respecto a la cuestión religiosa defienden un Estado confesional y con amplios privilegios para la Iglesia. Este ideario se reflejó en la Constitución de 1845, promulgada durante la Década Moderada (1844-1854). El partido progresista Accedíó al poder en contadas ocasiones, y casi siempre gracias al triunfo de un pronunciamiento militar. Una de ellas fue el llamado Bienio Progresista (1854-1856). En sus filas integraba a las clases medias y artesanas de las ciudades. Eran partidarios de limitar el poder de la Corona, de la democratización de la vida política y de ampliar los derechos y libertades. Respecto a la cuestión religiosa defienden un Estado aconfesional, aunque con ciertos privilegios para la Iglesia. Este ideario se reflejó en la Constitución “non nata” de 1856, que no entró en vigor. La Uníón Liberal Fue otro de los partidos liberales que llegó al gobierno, en este caso en los últimos años del reinado de Isabel II. Se creó en1856 y pretendía ser un «partido de centro», pues recogía los aspectos ideológicos más moderados de los progresistas y los más progresistas de los moderados. Su principal líder fue O’ Donnell. Entre 1856 y 1868 la Uníón Liberal se alternó en el gobierno con el Partido moderado de Narváez. Partido demócrata Fue un partido creado como consecuencia de la escisión de los sectores más radicales del partido progresista. Su ideología se basaba en el liberalismo democrático y reunía varias tendencias políticas: progresistas radicales, republicanos, simpatizantes del naciente socialismo, etc. Sus bases sociales estaban formadas por las clases medias, las clases populares, intelectuales radicales, etc. Su programa político defendía la soberanía nacional, el sufragio universal masculino,el Estado aconfesional, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, garantizar el derecho a la igualdad entre los ciudadanos y la descentralización del Estado. Tuvieron un papel destacado en la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. Los Carlistas Defienden una monarquía tradicional, el catolicismo, los privilegios y el régimen foral de los territorios del País Vasco, Cataluña y Navarra. Rechazan el liberalismo y la monarquía de Isabel II. Apoyaron como rey legítimo al infante Carlos María Isidro, y luego a sus descendientes. Se enfrentaron a los isabelinos en las Guerras Carlistas.

Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales


Los últimos años del reinado de Fernando VII estuvieron llenos de tensiones. Las políticas reformistas del rey dieron lugar a que los absolutistas más radicales, ante la falta de descendencia del monarca, pusieran sus esperanzas en el infante Carlos María Isidro.

Pero el matrimonio del rey con María Cristina de Borbón cambió la situación dinástica. María Cristina dio a luz en el año 1830 a una niña. El rey, encontrándose ya enfermo firmó la Pragmática sanción, anulando la Ley Sálica. Esto dio lugar a dos partidos en la Corte: – Los absolutistas se opónían a la Pragmática, pues no querían dejar el trono en manos de una niña, ni en las de su madre, de la que no se fiaban. Preferían a Don Carlos, firme tradicionalista. Este partido terminaría por ser el carlista, formado por los enemigos del liberalismo y de las reformas.- En torno a María Cristina y a los derechos de su hija Isabel se fueron agrupando los sectores reformistas de la Corte. Para ampliar sus bases se buscó el apoyo de los liberales más moderados, los cuales vieron una oportunidad para su rehabilitación y acceso al poder. Serían los que se conocerían como “isabelinos” o “cristinos”.Fernando VII murió en 1833. Isabel, con tres años de edad, heredaba la corona y su madre pasó a ser la Reina Gobernadora. Para afianzarse en el trono frente a los carlistas, se apoyó en los moderados, a pesar de su escaso entusiasmo por el liberalismo. Por su parte, Carlos publicó un manifiesto desde Portugal en el que se autoproclamaba rey con el nombre de Carlos V. Durante el Siglo XIX habrá hasta tres guerras carlistas, con diferentes pretendientes al trono: la Primera Guerra Carlista (1833-1839); la Segunda guerra carlista (1846-1849) y la Tercera guerra carlista (1872-1876).La Primera Guerra Carlista tuvo sus principales escenarios en el País Vasco, Navarra y Cataluña, donde los carlistas contaban con más apoyo. Comenzó en 1839 y finalizó en 1839, no obstante, algunas partidas continuaron resistiendo hasta 1840. El final de la guerra supuso el triunfo de las tesis liberales. Por el «Convenio de Vergara» (1839), firmado entre Espartero y Maroto, Don Carlos reconocía a su sobrina como reina de España. Los liberales, a cambio, respetaron ciertas leyes tradicionales en los territorios forales y permitieron incorporarse al ejército a gran parte de los cuadros y mandos de las tropas carlistas. El carlismo defendía el mantenimiento de las viejas tradiciones del Antiguo Régimen, en abierta oposición a la modernización identificada con la Revolución Liberal. En sus comienzos, el ideario político carlista fue difuso: “Dios, patria, rey y fueros”, pero con el tiempo acabó articulándose en torno a los siguientes principios: La tradición política del absolutismo monárquico. – El rechazo a la obra política de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal. – La restauración del poder de la Iglesia y de un catolicismo identificado con la nacíón. – La idealización del mundo rural, frente a la sociedad urbana e industrial. El carlismo contó con menos apoyos en las ciudades. – La defensa de las instituciones y fueros de vascos, navarros y catalanes frente al centralismo político y jurídico que pretendía el liberalismo. Los fueros, especialmente en el País Vasco, representaban una forma de gobierno tradicional organizado en torno a las Juntas Generales, con una Justicia propia y una fiscalidad autónoma. En cuanto a las bases sociales, el carlismo contaba con el apoyo del clero medio y bajo,que percibía el liberalismo como el gran enemigo de la religión y de la Iglesia, y una parte del campesinado, que veía amenazadas sus tradiciones y su situación económica por las reformas liberales, más encaminadas hacia el fortalecimiento de la mediana y gran propiedad y hacia el fin de las tierras comunales. También fue importante el apoyo de la media y baja nobleza del norte peninsular frente a la alta nobleza y la burguésía que, con algunas excepciones, se integró en el naciente Estado liberal. En el ámbito geográfico, el carlismo se extendíó principalmente por las zonas rurales del País Vasco, Navarra, Aragón, la Cataluña interior y la regíón del Maestrazgo (Teruel).

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